El default sigue a la vuelta de la esquina.
El gobierno nacional lanzó finalmente su propuesta para avanzar en la reestructuración de la deuda externa. En plena pandemia, en un cuadro de agudización de la crisis social y sanitaria, las prioridades siguen siendo las mismas: proceder a un rescate de los bonos que están en manos de grandes especuladores internacionales.
Si bien falta aún la letra chica de la oferta que el gobierno hizo a los bonistas, surge de manera evidente que los lineamientos presentados por Alberto Fernández y Martín Guzmán representan un reconocimiento integral de una deuda fraudulenta y usuraria, ya que el capital de los bonos se mantiene casi intacto, con una quita de apenas el 5%. Esto fue saludado hasta por el ex ministro de Economía de Macri, Hernán Lacunza.
La oferta incluye un período de gracia –sin tener que pagar vencimientos- por tres años, y una quita que dejaría los intereses alrededor del promedio de las tasas internacionales en un 2,33% (aunque para poder calcular mejor hace falta saber los plazos en que se cancelarán esos cupones). El diablo, como se dice, habita en los detalles.
La decisión de no precisar aspectos sustanciales de la oferta de canje posiblemente sea un adelanto de que la rigidez que simuló Guzmán, al afirmar que es la única propuesta que puede pagar la Argentina, sea solo una pose para negociar. Sin embargo, más allá de precisar plazos, son escasos los recursos con los que el gobierno podría adornarla para hacerla más tentadora. La emisión de una suerte de cupones PBI, que pagan extra en caso de crecimiento de la economía argentina, no entusiasman porque ya antes del derrumbe generado por la pandemia llevaba una década de estancamiento. Tampoco aparece como muy factible un adelanto en efectivo antes de iniciar el período de gracia, porque las reservas internacionales del Banco Central son ciertamente pobres.
Si bien los bonistas han dicho que estudiarán el canje ofrecido, quienes han seguido de cerca las negociaciones destacan que había sido ya rechazado -antes de su presentación oficial- por los grandes fondos como BlackRock, Fidelity, Greylock Capital o Pimco. Estos fondos pesan no solo por sus tenencias, sino porque han cartelizado tras de sí a los otros acreedores. Según Marcelo Bonelli (Clarín, 17/4), en Wall Street circuló ayer un paper que sugiere que el gobierno argentino flexibilizará más la oferta antes de caer en default.
El plazo de la negociación tiene fecha de vencimiento el 22 de mayo, porque se incluye en la reestructuración los vencimientos por 500 millones de dólares del 22 de abril, que deben ser cancelados o renegociados en un lapso de 30 días para no caer en default. La otra cuenta regresiva es el compromiso para mayo con el Club de París por 2.100 millones de dólares, que el gobierno habría pedido postergar por un año pero sin haber conseguido aún una respuesta del organismo.
Ante el hecho de que las reservas netas del BCRA quedarían reducidas a cero si el gobierno cancela los vencimientos de los próximos meses, Alberto Fernández ha puesto su suerte en manos de los organismos multilaterales de crédito, en particular del FMI, con el cual pactó un reconocimiento del 100% de los 44.000 millones de dólares que debe a cambio de un apoyo a la oferta de reestructuración. A pesar de ello, y más allá de referencias benévolas de Kristalina Gerorgieva, el directorio del Fondo no ha fijado una posición sobre la oferta argentina. Una garantía de este organismo representaría para el país una pesada carga, porque implicaría una supervisión de las cuentas bajo el famoso Artículo IV, reforzando la presión por medidas de ajuste duraderas –como el robo en marcha a los jubilados.
Pero incluso si el gobierno lograra reunir la adhesión de los bonistas en una renegociación, la perspectiva del default sigue asomando como el horizonte más probable, porque tras los años de gracia deberá cargar con los vencimientos de capital, que se acumularían casi intactos. A esto se suma que no puede reperfilar para siempre el pago de los bonos en dólares bajo ley local. El quebranto solo se patearía para adelante, tiempo en el que la economía argentina puede seguir contrayéndose (casi todas las estimaciones pronostican una caída mayor al 6% del PBI en 2020) con un déficit fiscal aumentando –por los subsidios a los capitalistas. En estas condiciones, la oferta de un cupón PBI serviría para compartir un “rebote” de la economía con los usureros, ya que se parte de un derrumbe.
El rescate de la deuda, como muestra la corrida hacia el dólar de los últimos días, es a costa de una mayor sangría del pueblo argentino. Parafraseando sus promesas electorales, entre la banca y los trabajadores, Alberto Fernández se quedó del lado del capital financiero.
Iván Hirsch
No hay comentarios:
Publicar un comentario