viernes, 31 de enero de 2020
Es con Todos: uno de los responsables de la Masacre del Pueyrredón asume en YCRT
Aníbal Fernández nombrado por medio de un decreto presidencial
Con la designación de Aníbal Fernández al frente de la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), el gobierno suma a otro de los elementos más polémicos y cuestionados del pasado político argentino.
Aníbal Fernández es uno de los responsables de la represión asesina que terminó con la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, cuando ocupaba el cargo de secretario de la Presidencia de Eduardo Duhalde, aquel 26 de junio del 2002. Se suma al gobierno que integra otro de sus socios de aquella época, Felipe Solá, quien revestía el carácter de gobernador de la provincia de Buenos Aires durante los sucesos del Pueyrredón y que ahora ocupa el cargo de canciller.
La empresa en cuestión es uno de los puntos sensibles para este gobierno. La administración kirchnerista de YCRT encubrió un desvío de fondos de $ 176 millones que corroboró la Justicia federal y terminó con Julio De Vido preso en noviembre de 2017. Cabe señalar aquí también que la intervención macrista de Omar Zeidán impulsó despidos masivos que fueron enfrentados por los trabajadores.
Aníbal Fernandez se presenta como un hombre versátil, que supo ocupar distintos cargos bajo el gobierno del kirchnerismo. Fue jefe de Gabinete y ministro de Seguridad y Justicia del kirchnerismo. Desde este último cargo protagonizó un bochornoso escandalo cuando intentó responsabilizar al Partido Obrero del incendio de las formaciones de trenes luego del descarrilamiento en la estación de Castelar por el año 2008.
El PO de la cuenca carbonífera ha emitido una declaración en que plantea que “nada esperamos de semejante Interventor, todo depende de la lucha y movilización de los trabajadores y el pueblo de la cuenca”.
Prensa Obrera
Aníbal Fernández al frente de Yacimiento Carbonífero Río Turbio
Declaración del Partido Obrero de la Cuenca Carbonífera
Reproducimos la declaración del Partido Obrero de la Cuenca Carbonífera ante la designación de Aníbal Fernández y la situación de YCRT
Ante la designación de Interventor en YCRT, impulsemos un nuevo Congreso del Carbón
Ha sido designado Aníbal Fernández en la Intervención de YCRT. El decreto de designación se limita a considerar que reúne las capacidades para ejercer ese cargo. Nada se ha dicho sobre la reactivación de la empresa, su figura legal o la situación de los desocupados que reclaman ingresar a YCRT después de los 1.000 despidos de 2017-18.
YCRT es una “papa caliente” para un gobierno nacional empeñado en pactar con los acreedores de la deuda. En YCRT hay que invertir para poner en marcha la producción de carbón y electricidad. La expectativa de los trabajadores, los desocupados y en general de la cuenca carbonífera que votó masivamente al Frente de Todos es la reactivación.
La falta de decisión del gobierno nacional, la demora de dos meses en designar autoridades, no son precisamente datos alentadores. Así como Macri hizo al principio la “plancha” con Río Turbio y recién avanzada la gestión se lanzó a los despidos masivos, todo indica que por ahora Fernández también hace la “plancha”.
Estamos en un momento clave para el futuro de la cuenca. Es hora de que los trabajadores y el pueblo nos hagamos escuchar. Más que nunca necesitamos un Congreso del Carbón con amplia participación obrera y popular para fijar la agenda ante las nuevas autoridades, plantear las cuestiones pendientes y movilizarnos para conseguir los puestos de trabajo, el pago a los jubilados, la reactivación de la usina y un directorio con mayoría de trabajadores.
Aníbal Fernández ha sido un provocador contra los reclamos populares en general y en su momento fue el responsable político del asesinato de Mariano Ferreyra, ya que a sus órdenes estaba la Federal que liberó la zona para que se realizara el crimen de Barracas en 2010 y con sus declaraciones cubrió a la policía. También tuvo responsabilidad en la masacre de Avellaneda donde fueron asesinados por la policía bonaerense Kosteki y Santillán y se refirió a ella como un “enfrentamiento entre grupos piqueteros”. Tiempo después inculpó al Partido Obrero por el incendio de trenes en el Sarmiento, acusación que rechazó la propia justicia.
Nada esperamos de semejante Interventor, todo depende de la lucha y movilización de los trabajadores y el pueblo de la cuenca.
Reproducimos la declaración del Partido Obrero de la Cuenca Carbonífera ante la designación de Aníbal Fernández y la situación de YCRT
Ante la designación de Interventor en YCRT, impulsemos un nuevo Congreso del Carbón
Ha sido designado Aníbal Fernández en la Intervención de YCRT. El decreto de designación se limita a considerar que reúne las capacidades para ejercer ese cargo. Nada se ha dicho sobre la reactivación de la empresa, su figura legal o la situación de los desocupados que reclaman ingresar a YCRT después de los 1.000 despidos de 2017-18.
YCRT es una “papa caliente” para un gobierno nacional empeñado en pactar con los acreedores de la deuda. En YCRT hay que invertir para poner en marcha la producción de carbón y electricidad. La expectativa de los trabajadores, los desocupados y en general de la cuenca carbonífera que votó masivamente al Frente de Todos es la reactivación.
La falta de decisión del gobierno nacional, la demora de dos meses en designar autoridades, no son precisamente datos alentadores. Así como Macri hizo al principio la “plancha” con Río Turbio y recién avanzada la gestión se lanzó a los despidos masivos, todo indica que por ahora Fernández también hace la “plancha”.
Estamos en un momento clave para el futuro de la cuenca. Es hora de que los trabajadores y el pueblo nos hagamos escuchar. Más que nunca necesitamos un Congreso del Carbón con amplia participación obrera y popular para fijar la agenda ante las nuevas autoridades, plantear las cuestiones pendientes y movilizarnos para conseguir los puestos de trabajo, el pago a los jubilados, la reactivación de la usina y un directorio con mayoría de trabajadores.
Aníbal Fernández ha sido un provocador contra los reclamos populares en general y en su momento fue el responsable político del asesinato de Mariano Ferreyra, ya que a sus órdenes estaba la Federal que liberó la zona para que se realizara el crimen de Barracas en 2010 y con sus declaraciones cubrió a la policía. También tuvo responsabilidad en la masacre de Avellaneda donde fueron asesinados por la policía bonaerense Kosteki y Santillán y se refirió a ella como un “enfrentamiento entre grupos piqueteros”. Tiempo después inculpó al Partido Obrero por el incendio de trenes en el Sarmiento, acusación que rechazó la propia justicia.
Nada esperamos de semejante Interventor, todo depende de la lucha y movilización de los trabajadores y el pueblo de la cuenca.
"El crédito del FMI fue otorgado para que Argentina acompañe la política exterior de EEUU en la región"
Entrevista al economista político argentino Julio Gambina
M.H.: Kristalina Gueorguieva, Directora Gerente del FMI, búlgara de nacionalidad ¿se ha hecho peronista?
J.G.: No. Sucede a Christine Lagarde que ahora dirige el Banco Central europeo y fue la responsable del préstamo más grande que otorgó el FMI en su historia, el préstamo a la Argentina por 57.000 millones de dólares, otorgado a mediados de 2018 y que alcanzó a liquidar 44.000 millones. Un fracaso total ese préstamo, porque el objetivo era que Macri ganara un nuevo período de gobierno, que utilizara ese dinero para lubricar la situación económica de la Argentina y tener un segundo período. No lo logró y hay muchas dificultades para que la Argentina devuelva su deuda, por eso es que el Riesgo País de la Argentina creció muchísimo, llegó a 2.500 puntos, que es un nivel muy importante, bajó en los últimos tiempos desde que asumió el nuevo gobierno, pero cuando se conoció el Proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda externa, donde lo que se propone es una reestructuración de la deuda en dólares y de legislación extranjera para modificar los plazos o las tasas de interés o los montos, los inversores internacionales de deuda externa en divisas, y bajo legislación externa tienen temor de que la Argentina haga quita de capital, disminución de tasas de intereses y proyección de los plazos y, por lo menos, han bajado las cotizaciones y eso ha hecho subir el riesgo país de la Argentina.
Entonces, el primer dato es que el FMI tenía que cambiar de titular porque estaba muy expuesto con el fracaso en términos financieros de la gestión Lagarde. Por lo tanto, el FMI está atrapado sin salida y obligado a negociar con la Argentina. Es más, Martín Guzmán, ministro de Economía de la Argentina dice con relación al FMI “la Argentina tiene el control de la situación” porque el que está preocupado por cobrar es ahora el FMI. Es corresponsable de un préstamo que no funcionó para lo que se imaginó, es responsable del potencial default en que está la Argentina en la actualidad y, por lo tanto, Kristalina Gueorguieva viene a generar las condiciones para un diálogo dirigiendo un Directorio donde ya no está la responsable de ese préstamo impagable.
No nos engañemos, atrás del Directorio del FMI están los accionistas, sobre todo el principal accionista que es EE UU, nada menos que el gobierno de Donald Trump. El crédito fue otorgado por decisión de EE UU para que Argentina acompañe la política exterior de EE UU en la región especialmente, eso es mirando a Venezuela, el petróleo venezolano, a Cuba y la alianza Cuba-Venezuela, y obstaculizar todo proceso de crítica a la política en defensa del orden capitalista. Ese es el marco general.
En el Foro económico mundial de Davos, en Suiza, donde participa el FMI, el pasado 17 de enero la directora gerente del FMI hizo un discurso sobre las condiciones del funcionamiento de la economía y ahí planteó algunas cosas que a algunos les hizo creer que el discurso del FMI podría estar en sintonía con la orientación ideológica y política del gobierno argentino y por eso dicen que podría ser peronista. Ahí, Kristalina Gueorguieva señala con mucha preocupación que la característica de la economía mundial es la incertidumbre, pero hay factores que agravan la incertidumbre mundial como el cambio climático. Aludiendo a los incendios forestales en Australia como tema central.
M.H.: Tema que también sería central en esta reunión de Davos.
J.G.: Así es, y obviamente ni se le ocurre a la titular del FMI asociar el cambio climático al modelo del capitalismo contemporáneo. Digamos que en todo caso esta es una cuestión tomada como si hubiera una crisis en el clima, por eso la llaman así “cambio climático” como si no fuera que la afectación del clima tiene que ver con el modelo productivo, con la exacerbación de la explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos naturales por parte del capitalismo contemporáneo. Pero al mismo tiempo dice que el problema es la guerra comercial entre EE UU y China, aunque señala como dato positivo que se suscribió la fase uno de un acuerdo que ha dejado como fase dos los temas más importantes de la negociación entre EE UU y China para el futuro, que tiene que ver con los temas de fondo, tecnológicos, de comunicación, donde evidentemente China le está sacando ventaja a EEUU. Además el déficit comercial de EE UU con China es de 420.000 millones de dólares. China le vendió a EE UU el año pasado por 539.000 millones de dólares y EE UU solo vendió a China por 120.000 millones de dólares.
M.H.: ¿Podemos pensar en una nueva Guerra Fría?
J.G.: Este es un año electoral en EE UU y por eso Trump firmó este acuerdo de fase uno. Está perdiendo, largó la guerra comercial porque está perdiendo económicamente, tiene el poderío militar y el ideológico cultural por detrás que es lo que China aún no logra en el plano global. China aventaja productivamente, está haciendo muchos esfuerzos por mundializar el Yuan, su moneda local para internacionalizarla, está estimulando con sus alianzas especialmente con Rusia, Irán, sus circuitos financieros y tecnológicos alternativos. La misma Europa está intentando salir de los controles financieros que impone EE UU. De momento no hay muchas condiciones para repetir la Guerra Fría, Socialismo vs Capitalismo, que imperó en el sistema mundial entre 1945 y 1991, pero sí hay una discusión de dos grandes que están disputando quién domina la organización del sistema económico mundial.
Y volviendo al FMI, Gueorguieva dice que en este clima de incertidumbre el principal problema que hay es que ha crecido la desigualdad y ahí es donde muchos la asocian al peronismo o a cierta concepción socialdemócrata en el plano de las ideas, especialmente en economía. En este sentido propone llamar la atención en tres cuestiones, una, impulsar políticas tributarias progresistas, eso llama la atención, a muchos les gusta oír eso, yo lo traduzco como un “que paguen los ricos” pero es difícil que lo hagan cuando en el propio Foro económico mundial Oxfam acaba de difundir los datos de la desigualdad en el sistema mundial, ahí vemos que 2.153 personas, multimillonarios, tienen la misma riqueza acumulada que el 60% de la población mundial.
Hay un nivel de desigualdad en el mundo muy importante. La propia titular del FMI dio en su discurso del 17 de enero el ejemplo de que un porcentaje muy reducido de la población británica, el 10% más rico del Reino Unido, tiene la misma riqueza que el 50% de la población más pobre del país. Y algo similar pasa en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El tema de la desigualdad aparece como una novedad en el FMI. Ya lo había tratado el Banco Mundial. Vos mismo has colaborado en la difusión de una crítica al libro de Piketty, que publicó en 2013 El Capital en el Siglo XXI para mostrar que en la historia del capitalismo lo que crece es la desigualdad. Uno puede hacerle muchas críticas teóricas a su viejo libro y a su nuevo libro Capital e ideología, pero si hay algo en lo que se pone el acento es en la desigualdad. Kristalina Gueorguieva pone el acento allí.
M.H.: Piketty analiza una serie de 200 años.
J.G.: Y el FMI ahora está diciendo “vamos a impuestos progresivos” que no tiene nada que ver con lo que dice en el acuerdo con la Argentina, por ejemplo. En segundo lugar dice “preocupémonos por el gasto público social. Especialmente educación y salud”. No tiene nada que ver con el ajuste que empuja en Argentina, en Grecia, Turquía o cualquier país que ha hecho acuerdos crediticios con el FMI. Y en tercer lugar, dice que hay que hacer reformas estructurales, y se refiere a la reforma laboral, la reforma previsional, que apuntan a quitar derechos históricamente conquistados por la población. Es importante leer lo que está diciendo el FMI, porque Gueorguieva compara la economía actual con la de hace un siglo y dice “cuidado que en 1920 el mundo estaba de fiesta y 10 años después vino la gran crisis del 30” como abriendo el paraguas de una crisis de la profundidad que supuso aquella crisis que fue una gran conmoción y que estuvo acompañada, desde el punto de vista civilizatorio de una revolución.
Apareció la revolución bolchevique en 1917, constituyéndose la URSS en la década del 20 y proyectándose como poder global hacia la concepción de bipolaridad hacia 1945 y por eso Gueorguieva dice que si no toman medidas correctivas lo que se viene es el populismo y la agitación política. Yo diría que están mirando con seriedad lo que acontece en Francia, o en Chile, o en Colombia o en Haití, para mencionar luchas muy visibles y que han aparecido en todos los medios en los últimos tiempos, pero que se proyectan en Asia, África, América Latina, en todo el planeta.
Este es el momento de mayor acumulación de poder de la ofensiva del capital con la hegemonía neoliberal, pero al mismo tiempo se expresa el mayor nivel de descontento de este tiempo histórico con movilizaciones explicitadas de distinto nivel entre las cuales está el estímulo a los “nacionalismos proteccionistas” de Donald Trump o el Brexit en Gran Bretaña o salidas hacia la derecha como Brasil con Bolsonaro o en otros casos europeos como el de Polonia y la propia Liga en Italia.
Lo que se está viendo es un mundo convulsionado donde la materialidad de los asuntos económicos está en vísperas de un estallido, de un potencial problema. Entonces deben tomar algunas medidas de carácter preventivo, medidas por las que algunos irónicamente dicen que podría afiliarse al Partido Peronista. Pero es una ironía porque el Peronismo también ha sido el Menemismo en los ´90, es un conglomerado que expresa diferentes cuestiones, hay muchos peronismos, se puede pensar en los peronismos en el gobierno y vas a encontrar matices diferenciados, incluso podés ubicar la dinámica social de acumulación del peronismo en la resistencia, desde el 55 en adelante hasta el 73 con el retorno de Perón, incluso mucha dinámica cultural, social, política organizativa de tradición en el peronismo, nacionalismo popular, nacionalismo popular revolucionario. Es una diversidad muy grande, pero me parece que hay que tomar nota que el principal problema lo tiene hoy el FMI que está obligado a negociar y no es sólo el FMI, sino que atrás de él se mueven otros intereses económicos, políticos, globales como el propio Vaticano. Luego del Foro mundial hay una reunión convocada en Roma por el Vaticano, donde el tema central va a ser la situación de la Argentina, de la deuda.
La deuda es odiosa porque no fue a favor del pueblo argentino, el deudor sabía que no podía pagar y el acreedor que no podía cobrar
M.H.: Reunión a la que concurrirán Kristalina Gueorguieva, Martín Guzmán y Joseph Stiglitz.
J.G.: A eso iba. El año pasado por primera vez se reunieron el Papa Francisco y Joseph Stiglitz y coincidieron en muchas cosas. Vale la pena mencionarlo, porque a modo didáctico yo digo que en el orden capitalista hay dos grandes propuestas para gestionar el capitalismo contemporáneo, una es la hegemónica mayoritaria, la corriente principal que es la que constituyó en los últimos 40 años la liberalización de la economía. Lo que se identifica en términos globales como neoliberalismo, que tiene matices, contradicciones muy variadas, que ahora aparecen estas variantes proteccionistas a lo Trump, que curiosamente este acuerdo con China es una vuelta a los acuerdos de liberalización de la economía; pero esta es una, la que ha construido la globalización de los últimos 40 años, desde 1973 para acá. Desde el ensayo de las dictaduras militares del Cono Sur, del terrorismo de estado en el Cono Sur en adelante se constituyó el neoliberalismo.
La otra corriente que pretende administrar el orden capitalista es la que congenia y concilia en la ideología de la Encíclica papal Laudato Sí, en la concepción del Papa Francisco y Stiglitz que sustentan una vuelta al período previo a la hegemonía neoliberal. Reinstalar las concepciones del Estado de bienestar. Yo diría que hubo Estado de bienestar porque había intento de construcción socialista. Sin esa contracara de la URSS es muy difícil que haya construcción de capitalismo reformista o Estado de bienestar. Por eso yo decía que no veo ahora condiciones de Guerra fría, porque lo que está ahora en disputa es la gestión del capitalismo. Mientras que entre el 1945-1991, aunque se discuta cuánto de socialista tenía el “campo socialista”, sí había un debate civilizatorio entre capitalismo y socialismo.
Se van a encontrar en esta reunión, como bien señalaste, el FMI, Stiglitz que viene de los organismos internacionales, fue economista jefe del Banco Mundial. Pero junto con él, que es premio Nobel de Economía del 2001, en esa concepción también está Paul Krugman premio Nobel de Economía de 2008 y te menciono las fechas porque en los años de las crisis capitalistas los Nobel son reformistas. Ambos años de gran crisis de EE UU, ahí los Nobel de Economía son personajes críticos de la ideología principal pero que están dentro de la restauración del orden capitalista.
Y Joseph Stiglitz es el padrino/mentor de Martín Guzmán el ministro de Economía de la Argentina. La gran sorpresa de Alberto Fernández fue demorar la designación de su ministro de Economía que en los primeros tiempos de su función generó buena aceptación en el mercado de capitales, entre los inversores y especuladores, por eso comentaba que bajó el riesgo país de la Argentina. Y la semana pasada el gobierno ha hecho una restructuración de la deuda en pesos muy importante, de unos 100.000 millones de pesos, modificando plazos, intereses, da una señal de confianza a los acreedores de que la Argentina, al menos su deuda en pesos, no se va a defaultear, porque la está reestructurando la actual gestión.
Y se ha aprobado en el Parlamento el Proyecto de ley para darle sostenibilidad a la deuda externa, la deuda en divisas y bajo legislación extranjera. Eso es lo que los inversores externos ahora ven con cierta desconfianza y van a querer condicionar para que no se vaya tan largo el plazo, para que no se modifique tanto la tasa de interés, para que los montos no tengan quitas. Negociar en las mejores condiciones posibles.
Pero este es un momento de mucha complejidad en cuanto a la situación de la economía mundial y la Argentina está en el foco del debate mundial porque está a punto de ser noticia, como lo fue en 2001 por el default. El propio Ministro dice, cuando presenta esta ley, que la deuda externa argentina es impagable. Dice que tiene voluntad de pago y, por lo tanto, quiere renegociar y que tener aval del Parlamento argentino. Nosotros tenemos que decir que otra vez, estaría perdiendo la oportunidad de avanzar en la investigación a fondo de la deuda, porque esta ley no incluye en sus 9 artículos, que le da facultades al ministerio de Economía para reestructurar la deuda, en ningún lugar aparece el tema de investigarla porque muchos sostenemos que esta es una deuda odiosa, aunque haya sido tomada por gobiernos electos constitucionalmente, es odiosa porque no fue a favor del pueblo argentino, porque el deudor sabía que no podía pagar y el acreedor sabía que no podía cobrar.
Entonces es una gran estafa al pueblo argentino y por esto merecería ser declarada como deuda odiosa, para lo cual requiere una investigación muy amplia, no solo de sectores parlamentarios, de una comisión del propio gobierno, sino que la propia sociedad debería intervenir en esa investigación a fondo. Y mientras se investiga no hay que pagar. Ahora mientras se presenta esta ley al mismo tiempo se paga la deuda. Por eso la ley de solidaridad y desarrollo productivo incluyó la posibilidad de poder utilizar más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelar deuda dolarizada que es lo que viene haciendo el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre.
M.H.: Quisiera saber cuál es tu balance de los primeros 45 días del gobierno de Alberto Fernández.
J.G.: Creo que el gran tema que hemos estado hablando es el gran condicionante de esta etapa que es el endeudamiento. Por otro lado creo que el gobierno asume con una gran expectativa de la población argentina para que se modifiquen las políticas que se implementaron en los últimos 4 años del gobierno de Macri. Pongo por delante este gran condicionante de la deuda en primer lugar.
La realidad es que se ha generado mucha sorpresa a todo nivel, por un lado los opositores esperaban que se declarase el default de la Argentina, no se ha declarado sino que se han generado condiciones de pago y restructuración de la deuda. Eso ha caído bien en los sectores financieros internacionales y por eso este guiño y acuerdo con el FMI y atrás de eso con EE UU.
Por otra parte y respondiendo a las expectativas sociales se han generado algunas medidas donde, por ejemplo, si hablamos en materia de ajuste, viene por el lado del ingreso, o sea más que reducir el gasto público se han hecho medidas para incrementar la recaudación tributaria, entre otras cosas actualizaron las retenciones, se han mantenido algunas exenciones pero eso ha generado un descontento del sector agro exportador, intentando recuperar la crítica de lo que se llamó el conflicto con el campo en 2008.
Se modificaron algunos impuestos como el impuesto a los bienes personales, que supone gravar a los sectores de más capacidad económica. Se mantuvieron los controles cambiarios pero se establecieron impuestos a lo que se conoce como dólar turista, para gravar los viajes al exterior, por ejemplo, por compra-venta de divisas. Se han tomado una cantidad de medidas que han servido para favorecer a una política de distribución del ingreso expresada en un bono para los jubilados beneficiarios de la mínima en diciembre y enero. Una medida que genera mucha polémica es la suspensión de la fórmula de actualización jubilatoria que todavía no se sabe cómo se va a reemplazar. Hay una especulación a partir de información oficial del gobierno, de que en marzo como no se va a utilizar la fórmula de actualización de los ingresos previsionales, va a haber una suma fija donde se va a mejorar el ingreso de la mínima pero se afectará la actualización de jubilaciones normales, no estoy hablando de las de privilegio.
Hay un conjunto de medidas a las que se podría sumar la extensión de los precios cuidados, pero como al mismo tiempo se suspendió la exención del IVA, el tema del incremento de los precios sigue siendo un tema preocupante. Los datos de inflación y recesión de diciembre fueron muy elevados. Habrá que ver cómo este conjunto de medidas impactan en este contexto de inflación y recesión.
M.H.: Alberto Fernández ha generado un debate respecto a los salarios. ¿Los salarios son condición de inflación?
J.G.: De ninguna manera. Lo que ocurre es que el gobierno plantea que el tema lo resuelvan las Convenciones colectivas, o sea, que es una cuestión entre privados. Entre trabajadores que están en Convenio colectivo con sus empresas. Son muy pocos los trabajadores de la Argentina que están bajo Convenio colectivo de trabajo. En todo caso el Estado va a acompañar ese proceso.
Se dio un bono para el sector privado que se extendió al sector estatal. Lo que pasa es que en el lenguaje de Martín Guzmán lo que está planteando es tranquilizar la economía. Quieren bajar la inflación y dicen que hay que atemperar la puja distributiva. De ninguna manera el salario es generador de inflación. La inflación es el aumento de precios y la capacidad que tienen algunos sectores en la economía para imponer precios. Todos sabemos, y la estadística lo comprueba, que los salarios van por detrás de la inflación. Muy pocos trabajadores reciben actualización de salarios por encima de la inflación. O sea, que la inflación es una cuestión de poder. Pueden aumentar los precios las petroleras, no los aumentan ahora porque están controlados, pero están en negociación con el gobierno para volver a aumentar el combustible. Están congeladas las tarifas de servicios públicos, otra medida bien receptada por la población respecto del gobierno de Alberto Fernández. Pero hay que ver cómo continúa. La inflación ha sido generada en los últimos años y desde siempre, por los que pueden aumentar precios. Los jubilados no pueden aumentar el precio de su asignación, los trabajadores no tienen capacidad de imponer precios a las patronales. El salario no es causante de inflación, la inflación es una cuestión de poder. De quién puede imponer los precios.
Ocurre que este es un gobierno que asume con el 48% de los votos contra un 41% por el macrismo y si le sumás los puntos de los votos a los partidos de derecha tenés un 45% de votación a la derecha. O sea que hay una situación de condicionante muy fuerte para transformar y el gobierno que ganó, el de los Fernández, no se propuso ni en campaña electoral ni en su discurso inaugural un proceso de reestructuración de la economía argentina sino revertir algunas condiciones muy regresivas de la política económica aplicada en los últimos 4 años y esa es la expectativa que hay en la población.
La pregunta es qué capacidad de aguante tiene esa expectativa. El propio Juan Grabois dijo en su momento “ojo que tenemos mecha corta” en el sentido que si no se satisfacen las necesidades de empleo popular, de las necesidades sociales, puede haber un estallido. Entre las medidas tomadas para paliar la situación del hambre, en tanto y en cuanto son urgentes, parecen efectivas como la entrega de la tarjeta alimentaria que se está haciendo ahora. Pero esa no es solución para el problema alimentario de la Argentina, no resuelve los problemas nutricionales, no saca a la población de la pobreza.
Pero me animo a decir que todavía estamos en el tiempo de gracia que en general se le otorga a todo gobierno que trata de asentarse y descubrir los problemas y qué caminos tomar para avanzar. Yo creo que lo más importante es que a nivel de la organización social popular se pueda medir todo esto y haya un nivel de demanda y presión para que las expectativas sociales y populares se cumplan.
Y volviendo al primer tema, nosotros con varias organizaciones populares estamos empujando una campaña para la investigación de la deuda, la suspensión de pagos y, por lo tanto, generar condiciones para mecanismos alternativos de un desarrollo económico diferenciado en la Argentina. Sin movilización popular es muy difícil que avance. Por eso vale la pena mencionar el caso de Mendoza, donde con acuerdo de oposición y oficialismo, provincial y nacional, quisieron afectar la Ley de defensa del agua y la población mendocina movilizada tiró abajo ese intento de mercantilizar el agua. Lo que demuestra que la política no solo es el Parlamento, ni los votos, sino que la política es también la movilización popular organizada.
Mario Hernandez
M.H.: Kristalina Gueorguieva, Directora Gerente del FMI, búlgara de nacionalidad ¿se ha hecho peronista?
J.G.: No. Sucede a Christine Lagarde que ahora dirige el Banco Central europeo y fue la responsable del préstamo más grande que otorgó el FMI en su historia, el préstamo a la Argentina por 57.000 millones de dólares, otorgado a mediados de 2018 y que alcanzó a liquidar 44.000 millones. Un fracaso total ese préstamo, porque el objetivo era que Macri ganara un nuevo período de gobierno, que utilizara ese dinero para lubricar la situación económica de la Argentina y tener un segundo período. No lo logró y hay muchas dificultades para que la Argentina devuelva su deuda, por eso es que el Riesgo País de la Argentina creció muchísimo, llegó a 2.500 puntos, que es un nivel muy importante, bajó en los últimos tiempos desde que asumió el nuevo gobierno, pero cuando se conoció el Proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda externa, donde lo que se propone es una reestructuración de la deuda en dólares y de legislación extranjera para modificar los plazos o las tasas de interés o los montos, los inversores internacionales de deuda externa en divisas, y bajo legislación externa tienen temor de que la Argentina haga quita de capital, disminución de tasas de intereses y proyección de los plazos y, por lo menos, han bajado las cotizaciones y eso ha hecho subir el riesgo país de la Argentina.
Entonces, el primer dato es que el FMI tenía que cambiar de titular porque estaba muy expuesto con el fracaso en términos financieros de la gestión Lagarde. Por lo tanto, el FMI está atrapado sin salida y obligado a negociar con la Argentina. Es más, Martín Guzmán, ministro de Economía de la Argentina dice con relación al FMI “la Argentina tiene el control de la situación” porque el que está preocupado por cobrar es ahora el FMI. Es corresponsable de un préstamo que no funcionó para lo que se imaginó, es responsable del potencial default en que está la Argentina en la actualidad y, por lo tanto, Kristalina Gueorguieva viene a generar las condiciones para un diálogo dirigiendo un Directorio donde ya no está la responsable de ese préstamo impagable.
No nos engañemos, atrás del Directorio del FMI están los accionistas, sobre todo el principal accionista que es EE UU, nada menos que el gobierno de Donald Trump. El crédito fue otorgado por decisión de EE UU para que Argentina acompañe la política exterior de EE UU en la región especialmente, eso es mirando a Venezuela, el petróleo venezolano, a Cuba y la alianza Cuba-Venezuela, y obstaculizar todo proceso de crítica a la política en defensa del orden capitalista. Ese es el marco general.
En el Foro económico mundial de Davos, en Suiza, donde participa el FMI, el pasado 17 de enero la directora gerente del FMI hizo un discurso sobre las condiciones del funcionamiento de la economía y ahí planteó algunas cosas que a algunos les hizo creer que el discurso del FMI podría estar en sintonía con la orientación ideológica y política del gobierno argentino y por eso dicen que podría ser peronista. Ahí, Kristalina Gueorguieva señala con mucha preocupación que la característica de la economía mundial es la incertidumbre, pero hay factores que agravan la incertidumbre mundial como el cambio climático. Aludiendo a los incendios forestales en Australia como tema central.
M.H.: Tema que también sería central en esta reunión de Davos.
J.G.: Así es, y obviamente ni se le ocurre a la titular del FMI asociar el cambio climático al modelo del capitalismo contemporáneo. Digamos que en todo caso esta es una cuestión tomada como si hubiera una crisis en el clima, por eso la llaman así “cambio climático” como si no fuera que la afectación del clima tiene que ver con el modelo productivo, con la exacerbación de la explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos naturales por parte del capitalismo contemporáneo. Pero al mismo tiempo dice que el problema es la guerra comercial entre EE UU y China, aunque señala como dato positivo que se suscribió la fase uno de un acuerdo que ha dejado como fase dos los temas más importantes de la negociación entre EE UU y China para el futuro, que tiene que ver con los temas de fondo, tecnológicos, de comunicación, donde evidentemente China le está sacando ventaja a EEUU. Además el déficit comercial de EE UU con China es de 420.000 millones de dólares. China le vendió a EE UU el año pasado por 539.000 millones de dólares y EE UU solo vendió a China por 120.000 millones de dólares.
M.H.: ¿Podemos pensar en una nueva Guerra Fría?
J.G.: Este es un año electoral en EE UU y por eso Trump firmó este acuerdo de fase uno. Está perdiendo, largó la guerra comercial porque está perdiendo económicamente, tiene el poderío militar y el ideológico cultural por detrás que es lo que China aún no logra en el plano global. China aventaja productivamente, está haciendo muchos esfuerzos por mundializar el Yuan, su moneda local para internacionalizarla, está estimulando con sus alianzas especialmente con Rusia, Irán, sus circuitos financieros y tecnológicos alternativos. La misma Europa está intentando salir de los controles financieros que impone EE UU. De momento no hay muchas condiciones para repetir la Guerra Fría, Socialismo vs Capitalismo, que imperó en el sistema mundial entre 1945 y 1991, pero sí hay una discusión de dos grandes que están disputando quién domina la organización del sistema económico mundial.
Y volviendo al FMI, Gueorguieva dice que en este clima de incertidumbre el principal problema que hay es que ha crecido la desigualdad y ahí es donde muchos la asocian al peronismo o a cierta concepción socialdemócrata en el plano de las ideas, especialmente en economía. En este sentido propone llamar la atención en tres cuestiones, una, impulsar políticas tributarias progresistas, eso llama la atención, a muchos les gusta oír eso, yo lo traduzco como un “que paguen los ricos” pero es difícil que lo hagan cuando en el propio Foro económico mundial Oxfam acaba de difundir los datos de la desigualdad en el sistema mundial, ahí vemos que 2.153 personas, multimillonarios, tienen la misma riqueza acumulada que el 60% de la población mundial.
Hay un nivel de desigualdad en el mundo muy importante. La propia titular del FMI dio en su discurso del 17 de enero el ejemplo de que un porcentaje muy reducido de la población británica, el 10% más rico del Reino Unido, tiene la misma riqueza que el 50% de la población más pobre del país. Y algo similar pasa en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El tema de la desigualdad aparece como una novedad en el FMI. Ya lo había tratado el Banco Mundial. Vos mismo has colaborado en la difusión de una crítica al libro de Piketty, que publicó en 2013 El Capital en el Siglo XXI para mostrar que en la historia del capitalismo lo que crece es la desigualdad. Uno puede hacerle muchas críticas teóricas a su viejo libro y a su nuevo libro Capital e ideología, pero si hay algo en lo que se pone el acento es en la desigualdad. Kristalina Gueorguieva pone el acento allí.
M.H.: Piketty analiza una serie de 200 años.
J.G.: Y el FMI ahora está diciendo “vamos a impuestos progresivos” que no tiene nada que ver con lo que dice en el acuerdo con la Argentina, por ejemplo. En segundo lugar dice “preocupémonos por el gasto público social. Especialmente educación y salud”. No tiene nada que ver con el ajuste que empuja en Argentina, en Grecia, Turquía o cualquier país que ha hecho acuerdos crediticios con el FMI. Y en tercer lugar, dice que hay que hacer reformas estructurales, y se refiere a la reforma laboral, la reforma previsional, que apuntan a quitar derechos históricamente conquistados por la población. Es importante leer lo que está diciendo el FMI, porque Gueorguieva compara la economía actual con la de hace un siglo y dice “cuidado que en 1920 el mundo estaba de fiesta y 10 años después vino la gran crisis del 30” como abriendo el paraguas de una crisis de la profundidad que supuso aquella crisis que fue una gran conmoción y que estuvo acompañada, desde el punto de vista civilizatorio de una revolución.
Apareció la revolución bolchevique en 1917, constituyéndose la URSS en la década del 20 y proyectándose como poder global hacia la concepción de bipolaridad hacia 1945 y por eso Gueorguieva dice que si no toman medidas correctivas lo que se viene es el populismo y la agitación política. Yo diría que están mirando con seriedad lo que acontece en Francia, o en Chile, o en Colombia o en Haití, para mencionar luchas muy visibles y que han aparecido en todos los medios en los últimos tiempos, pero que se proyectan en Asia, África, América Latina, en todo el planeta.
Este es el momento de mayor acumulación de poder de la ofensiva del capital con la hegemonía neoliberal, pero al mismo tiempo se expresa el mayor nivel de descontento de este tiempo histórico con movilizaciones explicitadas de distinto nivel entre las cuales está el estímulo a los “nacionalismos proteccionistas” de Donald Trump o el Brexit en Gran Bretaña o salidas hacia la derecha como Brasil con Bolsonaro o en otros casos europeos como el de Polonia y la propia Liga en Italia.
Lo que se está viendo es un mundo convulsionado donde la materialidad de los asuntos económicos está en vísperas de un estallido, de un potencial problema. Entonces deben tomar algunas medidas de carácter preventivo, medidas por las que algunos irónicamente dicen que podría afiliarse al Partido Peronista. Pero es una ironía porque el Peronismo también ha sido el Menemismo en los ´90, es un conglomerado que expresa diferentes cuestiones, hay muchos peronismos, se puede pensar en los peronismos en el gobierno y vas a encontrar matices diferenciados, incluso podés ubicar la dinámica social de acumulación del peronismo en la resistencia, desde el 55 en adelante hasta el 73 con el retorno de Perón, incluso mucha dinámica cultural, social, política organizativa de tradición en el peronismo, nacionalismo popular, nacionalismo popular revolucionario. Es una diversidad muy grande, pero me parece que hay que tomar nota que el principal problema lo tiene hoy el FMI que está obligado a negociar y no es sólo el FMI, sino que atrás de él se mueven otros intereses económicos, políticos, globales como el propio Vaticano. Luego del Foro mundial hay una reunión convocada en Roma por el Vaticano, donde el tema central va a ser la situación de la Argentina, de la deuda.
La deuda es odiosa porque no fue a favor del pueblo argentino, el deudor sabía que no podía pagar y el acreedor que no podía cobrar
M.H.: Reunión a la que concurrirán Kristalina Gueorguieva, Martín Guzmán y Joseph Stiglitz.
J.G.: A eso iba. El año pasado por primera vez se reunieron el Papa Francisco y Joseph Stiglitz y coincidieron en muchas cosas. Vale la pena mencionarlo, porque a modo didáctico yo digo que en el orden capitalista hay dos grandes propuestas para gestionar el capitalismo contemporáneo, una es la hegemónica mayoritaria, la corriente principal que es la que constituyó en los últimos 40 años la liberalización de la economía. Lo que se identifica en términos globales como neoliberalismo, que tiene matices, contradicciones muy variadas, que ahora aparecen estas variantes proteccionistas a lo Trump, que curiosamente este acuerdo con China es una vuelta a los acuerdos de liberalización de la economía; pero esta es una, la que ha construido la globalización de los últimos 40 años, desde 1973 para acá. Desde el ensayo de las dictaduras militares del Cono Sur, del terrorismo de estado en el Cono Sur en adelante se constituyó el neoliberalismo.
La otra corriente que pretende administrar el orden capitalista es la que congenia y concilia en la ideología de la Encíclica papal Laudato Sí, en la concepción del Papa Francisco y Stiglitz que sustentan una vuelta al período previo a la hegemonía neoliberal. Reinstalar las concepciones del Estado de bienestar. Yo diría que hubo Estado de bienestar porque había intento de construcción socialista. Sin esa contracara de la URSS es muy difícil que haya construcción de capitalismo reformista o Estado de bienestar. Por eso yo decía que no veo ahora condiciones de Guerra fría, porque lo que está ahora en disputa es la gestión del capitalismo. Mientras que entre el 1945-1991, aunque se discuta cuánto de socialista tenía el “campo socialista”, sí había un debate civilizatorio entre capitalismo y socialismo.
Se van a encontrar en esta reunión, como bien señalaste, el FMI, Stiglitz que viene de los organismos internacionales, fue economista jefe del Banco Mundial. Pero junto con él, que es premio Nobel de Economía del 2001, en esa concepción también está Paul Krugman premio Nobel de Economía de 2008 y te menciono las fechas porque en los años de las crisis capitalistas los Nobel son reformistas. Ambos años de gran crisis de EE UU, ahí los Nobel de Economía son personajes críticos de la ideología principal pero que están dentro de la restauración del orden capitalista.
Y Joseph Stiglitz es el padrino/mentor de Martín Guzmán el ministro de Economía de la Argentina. La gran sorpresa de Alberto Fernández fue demorar la designación de su ministro de Economía que en los primeros tiempos de su función generó buena aceptación en el mercado de capitales, entre los inversores y especuladores, por eso comentaba que bajó el riesgo país de la Argentina. Y la semana pasada el gobierno ha hecho una restructuración de la deuda en pesos muy importante, de unos 100.000 millones de pesos, modificando plazos, intereses, da una señal de confianza a los acreedores de que la Argentina, al menos su deuda en pesos, no se va a defaultear, porque la está reestructurando la actual gestión.
Y se ha aprobado en el Parlamento el Proyecto de ley para darle sostenibilidad a la deuda externa, la deuda en divisas y bajo legislación extranjera. Eso es lo que los inversores externos ahora ven con cierta desconfianza y van a querer condicionar para que no se vaya tan largo el plazo, para que no se modifique tanto la tasa de interés, para que los montos no tengan quitas. Negociar en las mejores condiciones posibles.
Pero este es un momento de mucha complejidad en cuanto a la situación de la economía mundial y la Argentina está en el foco del debate mundial porque está a punto de ser noticia, como lo fue en 2001 por el default. El propio Ministro dice, cuando presenta esta ley, que la deuda externa argentina es impagable. Dice que tiene voluntad de pago y, por lo tanto, quiere renegociar y que tener aval del Parlamento argentino. Nosotros tenemos que decir que otra vez, estaría perdiendo la oportunidad de avanzar en la investigación a fondo de la deuda, porque esta ley no incluye en sus 9 artículos, que le da facultades al ministerio de Economía para reestructurar la deuda, en ningún lugar aparece el tema de investigarla porque muchos sostenemos que esta es una deuda odiosa, aunque haya sido tomada por gobiernos electos constitucionalmente, es odiosa porque no fue a favor del pueblo argentino, porque el deudor sabía que no podía pagar y el acreedor sabía que no podía cobrar.
Entonces es una gran estafa al pueblo argentino y por esto merecería ser declarada como deuda odiosa, para lo cual requiere una investigación muy amplia, no solo de sectores parlamentarios, de una comisión del propio gobierno, sino que la propia sociedad debería intervenir en esa investigación a fondo. Y mientras se investiga no hay que pagar. Ahora mientras se presenta esta ley al mismo tiempo se paga la deuda. Por eso la ley de solidaridad y desarrollo productivo incluyó la posibilidad de poder utilizar más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelar deuda dolarizada que es lo que viene haciendo el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre.
M.H.: Quisiera saber cuál es tu balance de los primeros 45 días del gobierno de Alberto Fernández.
J.G.: Creo que el gran tema que hemos estado hablando es el gran condicionante de esta etapa que es el endeudamiento. Por otro lado creo que el gobierno asume con una gran expectativa de la población argentina para que se modifiquen las políticas que se implementaron en los últimos 4 años del gobierno de Macri. Pongo por delante este gran condicionante de la deuda en primer lugar.
La realidad es que se ha generado mucha sorpresa a todo nivel, por un lado los opositores esperaban que se declarase el default de la Argentina, no se ha declarado sino que se han generado condiciones de pago y restructuración de la deuda. Eso ha caído bien en los sectores financieros internacionales y por eso este guiño y acuerdo con el FMI y atrás de eso con EE UU.
Por otra parte y respondiendo a las expectativas sociales se han generado algunas medidas donde, por ejemplo, si hablamos en materia de ajuste, viene por el lado del ingreso, o sea más que reducir el gasto público se han hecho medidas para incrementar la recaudación tributaria, entre otras cosas actualizaron las retenciones, se han mantenido algunas exenciones pero eso ha generado un descontento del sector agro exportador, intentando recuperar la crítica de lo que se llamó el conflicto con el campo en 2008.
Se modificaron algunos impuestos como el impuesto a los bienes personales, que supone gravar a los sectores de más capacidad económica. Se mantuvieron los controles cambiarios pero se establecieron impuestos a lo que se conoce como dólar turista, para gravar los viajes al exterior, por ejemplo, por compra-venta de divisas. Se han tomado una cantidad de medidas que han servido para favorecer a una política de distribución del ingreso expresada en un bono para los jubilados beneficiarios de la mínima en diciembre y enero. Una medida que genera mucha polémica es la suspensión de la fórmula de actualización jubilatoria que todavía no se sabe cómo se va a reemplazar. Hay una especulación a partir de información oficial del gobierno, de que en marzo como no se va a utilizar la fórmula de actualización de los ingresos previsionales, va a haber una suma fija donde se va a mejorar el ingreso de la mínima pero se afectará la actualización de jubilaciones normales, no estoy hablando de las de privilegio.
Hay un conjunto de medidas a las que se podría sumar la extensión de los precios cuidados, pero como al mismo tiempo se suspendió la exención del IVA, el tema del incremento de los precios sigue siendo un tema preocupante. Los datos de inflación y recesión de diciembre fueron muy elevados. Habrá que ver cómo este conjunto de medidas impactan en este contexto de inflación y recesión.
M.H.: Alberto Fernández ha generado un debate respecto a los salarios. ¿Los salarios son condición de inflación?
J.G.: De ninguna manera. Lo que ocurre es que el gobierno plantea que el tema lo resuelvan las Convenciones colectivas, o sea, que es una cuestión entre privados. Entre trabajadores que están en Convenio colectivo con sus empresas. Son muy pocos los trabajadores de la Argentina que están bajo Convenio colectivo de trabajo. En todo caso el Estado va a acompañar ese proceso.
Se dio un bono para el sector privado que se extendió al sector estatal. Lo que pasa es que en el lenguaje de Martín Guzmán lo que está planteando es tranquilizar la economía. Quieren bajar la inflación y dicen que hay que atemperar la puja distributiva. De ninguna manera el salario es generador de inflación. La inflación es el aumento de precios y la capacidad que tienen algunos sectores en la economía para imponer precios. Todos sabemos, y la estadística lo comprueba, que los salarios van por detrás de la inflación. Muy pocos trabajadores reciben actualización de salarios por encima de la inflación. O sea, que la inflación es una cuestión de poder. Pueden aumentar los precios las petroleras, no los aumentan ahora porque están controlados, pero están en negociación con el gobierno para volver a aumentar el combustible. Están congeladas las tarifas de servicios públicos, otra medida bien receptada por la población respecto del gobierno de Alberto Fernández. Pero hay que ver cómo continúa. La inflación ha sido generada en los últimos años y desde siempre, por los que pueden aumentar precios. Los jubilados no pueden aumentar el precio de su asignación, los trabajadores no tienen capacidad de imponer precios a las patronales. El salario no es causante de inflación, la inflación es una cuestión de poder. De quién puede imponer los precios.
Ocurre que este es un gobierno que asume con el 48% de los votos contra un 41% por el macrismo y si le sumás los puntos de los votos a los partidos de derecha tenés un 45% de votación a la derecha. O sea que hay una situación de condicionante muy fuerte para transformar y el gobierno que ganó, el de los Fernández, no se propuso ni en campaña electoral ni en su discurso inaugural un proceso de reestructuración de la economía argentina sino revertir algunas condiciones muy regresivas de la política económica aplicada en los últimos 4 años y esa es la expectativa que hay en la población.
La pregunta es qué capacidad de aguante tiene esa expectativa. El propio Juan Grabois dijo en su momento “ojo que tenemos mecha corta” en el sentido que si no se satisfacen las necesidades de empleo popular, de las necesidades sociales, puede haber un estallido. Entre las medidas tomadas para paliar la situación del hambre, en tanto y en cuanto son urgentes, parecen efectivas como la entrega de la tarjeta alimentaria que se está haciendo ahora. Pero esa no es solución para el problema alimentario de la Argentina, no resuelve los problemas nutricionales, no saca a la población de la pobreza.
Pero me animo a decir que todavía estamos en el tiempo de gracia que en general se le otorga a todo gobierno que trata de asentarse y descubrir los problemas y qué caminos tomar para avanzar. Yo creo que lo más importante es que a nivel de la organización social popular se pueda medir todo esto y haya un nivel de demanda y presión para que las expectativas sociales y populares se cumplan.
Y volviendo al primer tema, nosotros con varias organizaciones populares estamos empujando una campaña para la investigación de la deuda, la suspensión de pagos y, por lo tanto, generar condiciones para mecanismos alternativos de un desarrollo económico diferenciado en la Argentina. Sin movilización popular es muy difícil que avance. Por eso vale la pena mencionar el caso de Mendoza, donde con acuerdo de oposición y oficialismo, provincial y nacional, quisieron afectar la Ley de defensa del agua y la población mendocina movilizada tiró abajo ese intento de mercantilizar el agua. Lo que demuestra que la política no solo es el Parlamento, ni los votos, sino que la política es también la movilización popular organizada.
Mario Hernandez
Arranca campaña popular frente a la Deuda y al FMI
Decenas de organizaciones y una multitud multicolor se hicieron presentes el miércoles frente al Congreso Nacional, para lanzar públicamente la invitación a construir juntas una gran campaña de movilización popular frente a la deuda y al FMI. Mientras tanto y puertas adentro, la Cámara de Diputados se preparaba para ceder nuevamente al ejecutivo, con sólo 2 votos en contra, su responsabilidad constitucional de gestionar la deuda, otorgándole un cheque en blanco para negociar el pago de una deuda fuertemente cuestionada, endeudándonos nuevamente con sometimiento a tribunales extranjeros.
“Es urgente iniciar una muy amplia campaña nacional para suspender ya los pagos e iniciar una auditoría integral y participativa de la deuda, al mismo tiempo que denunciar el acuerdo con el FMI y a la deuda como mecanismo de dominación.” Así reza el manifiesto inicial de la Autoconvocatoria, presentado en la conferencia de prensa por Beverly Keene, de Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, una de las organizaciones impulsoras de la nueva campaña.
“La pretendida sostenibilidad de la deuda pública no puede basarse en la aplicación de políticas de saqueo, contaminación, exclusión y pérdida de derechos laborales y sociales”, plantea además la Autoconvocatoria, afirmando que “la deuda social tiene primacía sobre cualquier exigencia financiera.” Sin embargo, acotó Keene, el nuevo gobierno insiste en promover políticas extractivas que nos están matando, como la megaminería, el fracking, la agroindustria fumigadora, para obtener divisas para pagar una deuda odiosa. La Ley de Emergencia recién aprobada destina 4.000 millones de dólares para pagar intereses y solo 700 millones para el programa contra el hambre.
Durante la conferencia de prensa de lanzamiento pudo escucharse un abanico de voces desde la diversidad de expresiones sociales, ambientales, sindicales, políticas, feministas, religiosas, académicas y de derechos humanos que han empezado a autoconvocarse. Tomaron la palabra representantes de Poder Popular y el Movimiento de los Pueblos, Economistas de la Izquierda, Attac-Cadtm, el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, la CTA-Autónoma, el MST, Opinión Socialista, la Corriente Carlos Chile, Democracia Socialista y la Corriente Nacional Emancipación Sur. También expresaron su apoyo una treintena de iglesias, organizaciones cristianas y ecuménicas, pastores y obispos, que suscribieron una declaración especial.
Cada una con sus matices, expresaron el repudio generalizado a seguir pagando con el hambre y la miseria, el saqueo y la contaminación, una deuda que ni el pueblo ni la naturaleza deben. Reconociendo la probada fraudulencia de la deuda desde tiempos de la dictadura y resaltando el aumento exagerado e incluso criminal impuesto por el gobierno de Macri, fue también unánime la indignación frente a la aparente decisión del nuevo gobierno de no realizar una auditoría integral de esta pesada herencia y seguir pagando, pese a los cuestionamientos expresados en campaña.
Al cerrar el acto, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e integrante de Diálogo 2000, recordó que el Presidente Fernández, al asumir su cargo, pidió que se le alertara desde la calle si se estaba equivocando. “Debe suspenderse ya el pago de esta deuda infame –sentenció Nora– e investigar y sancionar a los responsables para que la deuda la paguen quienes se beneficiaron y no el pueblo ni la naturaleza. En esta campaña están presentes los 30.000 detenidas y detenidos desparecidos y todes que sufren este saqueo y dominación. ¡Venceremos!”.
Diálogo 2000-Jubileo Sur
“Es urgente iniciar una muy amplia campaña nacional para suspender ya los pagos e iniciar una auditoría integral y participativa de la deuda, al mismo tiempo que denunciar el acuerdo con el FMI y a la deuda como mecanismo de dominación.” Así reza el manifiesto inicial de la Autoconvocatoria, presentado en la conferencia de prensa por Beverly Keene, de Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, una de las organizaciones impulsoras de la nueva campaña.
“La pretendida sostenibilidad de la deuda pública no puede basarse en la aplicación de políticas de saqueo, contaminación, exclusión y pérdida de derechos laborales y sociales”, plantea además la Autoconvocatoria, afirmando que “la deuda social tiene primacía sobre cualquier exigencia financiera.” Sin embargo, acotó Keene, el nuevo gobierno insiste en promover políticas extractivas que nos están matando, como la megaminería, el fracking, la agroindustria fumigadora, para obtener divisas para pagar una deuda odiosa. La Ley de Emergencia recién aprobada destina 4.000 millones de dólares para pagar intereses y solo 700 millones para el programa contra el hambre.
Durante la conferencia de prensa de lanzamiento pudo escucharse un abanico de voces desde la diversidad de expresiones sociales, ambientales, sindicales, políticas, feministas, religiosas, académicas y de derechos humanos que han empezado a autoconvocarse. Tomaron la palabra representantes de Poder Popular y el Movimiento de los Pueblos, Economistas de la Izquierda, Attac-Cadtm, el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, la CTA-Autónoma, el MST, Opinión Socialista, la Corriente Carlos Chile, Democracia Socialista y la Corriente Nacional Emancipación Sur. También expresaron su apoyo una treintena de iglesias, organizaciones cristianas y ecuménicas, pastores y obispos, que suscribieron una declaración especial.
Cada una con sus matices, expresaron el repudio generalizado a seguir pagando con el hambre y la miseria, el saqueo y la contaminación, una deuda que ni el pueblo ni la naturaleza deben. Reconociendo la probada fraudulencia de la deuda desde tiempos de la dictadura y resaltando el aumento exagerado e incluso criminal impuesto por el gobierno de Macri, fue también unánime la indignación frente a la aparente decisión del nuevo gobierno de no realizar una auditoría integral de esta pesada herencia y seguir pagando, pese a los cuestionamientos expresados en campaña.
Al cerrar el acto, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora e integrante de Diálogo 2000, recordó que el Presidente Fernández, al asumir su cargo, pidió que se le alertara desde la calle si se estaba equivocando. “Debe suspenderse ya el pago de esta deuda infame –sentenció Nora– e investigar y sancionar a los responsables para que la deuda la paguen quienes se beneficiaron y no el pueblo ni la naturaleza. En esta campaña están presentes los 30.000 detenidas y detenidos desparecidos y todes que sufren este saqueo y dominación. ¡Venceremos!”.
Diálogo 2000-Jubileo Sur
Trump y Netanyahu presentan un ultimátum de “paz” contra el pueblo palestino
El “Acuerdo del siglo” es la hoja de ruta del sionismo en la región.
Con el rimbombante título de “Acuerdo del siglo”, el presidente norteamericano Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, anunciaron el pasado martes, en una conferencia conjunta, un plan para los territorios palestinos que sigue al pie de la letra el guión del sionismo y su política colonialista en la región.
El proyecto coloca el reconocimiento de un Estado Palestino bajo la condición de una rendición total a las demandas del Estado de Israel. El mismo prevé el reconocimiento de los asentamientos ilegales israelíes que abarcan un 30% del territorio palestino de Cisjordania; la anexión de la estratégica zona del Valle del Jordán; el establecimiento de Jerusalén como “capital indivisible” del Estado de Israel –hoy se encuentra mayoritariamente ocupada por el Estado sionista que ha mudado su capital allí con el aval de algunos países, entre ellos los Estados Unidos- y la asignación de una parte de Jerusalén Este a los palestinos; y la desmilitarización de los grupos y organizaciones palestinas. Como anzuelo, el plan incorpora la asistencia con 50 mil millones de dólares para el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo en los próximos diez años, esto luego de que la administración Trump viniera de cortar los fondos destinados a la ayuda humanitaria de los refugiados palestinos.
El mapa ilustra cómo quedaría la zona de convalidarse las anexiones y ocupaciones realizadas por el Estado de Israel.
Tanto desde la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna las zonas bajo control palestino de Cisjordania, como las autoridades de la organización Hamás, cuya influencia es predominante en la administración de la Franja de Gaza, anticiparon su rechazo al ultimátum unilateral del sionismo y el imperialismo, denunciando que de lo que se trata es de convalidar la política anexionista del Estado de Israel, poniéndole un precio a la renuncia a la ciudad de Jerusalén -considerada Ciudad Santa para el pueblo palestino- y que de aceptarse un plan de estas características estaríamos ante la creación formal de un Estado Palestino amputado, conformado por enclaves dispersos y no contiguos, con un futuro inviable y destinado al fracaso.
No buscan la paz
La política del sionismo para construir y consolidar el Estado de Israel ha sido siempre la de primero actuar, para luego presionar por el reconocimiento internacional de sus anexiones.
El Estado de Israel se fundó en 1948 con una incursión bélica que dejó un saldo de más de 800.000 palestinos expulsados de sus tierras y convertidos al estatus de refugiados, además de las miles de personas muertas en la Guerra árabe-israelí. En 1967, la Guerra de los Seis Días dejó otros 200.000 refugiados. Al término de la misma, Israel avanzó sobre la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, y es a partir de este momento que inauguraran la política de anexiones mediante el establecimiento de asentamientos y colonias en territorio palestino.
Con los acuerdos de paz de Oslo de 1993 nace la Autoridad Nacional Palestina como autogobierno interno palestino, aunque condicionada por la presencia militar israelí, quienes en 2004 se retiraron unilateralmente de la Franja de Gaza, cuando avanzó la influencia de Hamás imponiéndose sobre la fuerza Al-Fatah que siguió al mando de la ANP y del territorio palestino de Cisjordania.
Con el reconocimiento del gobierno norteamericano, en diciembre de 2017, de Jerusalén como capital del Estado de Israel, los palestinos rompieron vínculos con los Estados Unidos. Trump fue aún más lejos cuando en noviembre pasado pasó a reconocer los asentamientos ilegítimos de Israel en Cisjordania, violentando las resoluciones de la ONU en la materia.
Por qué ahora
La presentación de este “acuerdo de paz”, que nada tiene de acuerdo ni de paz, parece responder a las necesidades políticas de sus promotores.
Netanyahu enfrenta elecciones dentro de las próximas cinco semanas, mientras afronta cargos criminales de corrupción, soborno y abuso de confianza, una caída de su imagen en las encuestas y la dificultad para armar gobierno propio. Esta medida le daría el respaldo de los grupos más conservadores y reaccionarios, aunque estos no ven con buenos ojos el reconocimiento de un Estado palestino.
Por su parte, Trump enfrenta el impeachment en el Senado y las elecciones que definirán su futuro o no al frente del gobierno yanqui. Esta iniciativa, que tiene más de declaración de intenciones que de un acuerdo consensuado, se inscribe en la línea de la ofensiva contra Medio Oriente, el asesinato de Soleimani y el afianzamiento de la política norteamericana en la región contra el régimen iraní y las organizaciones antiimperialistas locales. Esta ofensiva puede sumarle el apoyo de la comunidad judía estadounidense y de los electores evangélicos que lo apoyaron en el pasado.
El pueblo palestino dice ¡no!
El “Acuerdo”, que fue presentado como una extorsión, fue rechazado masivamente por el pueblo palestino, en contraste con la actitud que asumieron los gobiernos de los principales países árabes quienes en su mayoría se plegaron a la propuesta (Omán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar). La Liga Árabe dijo apreciar los esfuerzos. Solo Siria, Turquía e Irán condenan el plan.
En Gaza se impuso una huelga convocada por el Comité de las Facciones Nacionales e Islámicas en Gaza que paralizó todas las operaciones. Se realizaron concurridas concentraciones donde se quemaron imágenes de Trump y Netanyahu y se proclamaron consignas como "Palestina no está en venta". Las manifestaciones se extendieron a la población palestina en el Valle del Jordán, donde hubo represión con gases y bombas aturdidoras, y a los campamentos palestinos en el Líbano, donde unos 600.000 refugiados reclaman regresar a las tierras de las cuales fueron expulsados.
La organización Hamás convoca a una nueva Intifada, mientras cierran filas con la fuerza de Al-Fatah, históricamente divididos, al frente de la ANP y el gobierno de Cisjordania. Desde los grupos palestinos mencionan que Israel ya ocupa el 78% del territorio palestino histórico. La mayoría de las organizaciones palestinas reclama el restablecimiento de las fronteras a los acuerdos previos a la guerra y a las anexiones israelíes de 1967 en adelante, Jerusalén como su capital, plena autonomía como Estado soberano y el regreso de los refugiados a sus tierras originarias.
La verdadera salida a la situación del pueblo palestino solo vendrá con el fin de la partición de los territorios y la conformación de un Estado único, laico y socialista en la región de Palestina, que garantice el retorno de todos los refugiados a sus tierras y los derechos civiles para árabes y judíos. Esto solo podrá ser sobre la base del desmantelamiento del aparato represivo y las estructuras sionistas. La perspectiva para esta salida es la de la Federación Socialista de pueblos libres de Medio Oriente.
Marcelo Mache
jueves, 30 de enero de 2020
Para Médicos sin Fronteras, la situación de los wichís es peor que la de los refugiados de África
A través de un comunicado, donde piden ingresar al país para socorrer a los pueblos del chaco salteño, la fundación denuncia la gravísima "crisis humanitaria" de los pueblos originarios.
La realidad de los pueblos originarios en nuestra provincia ha tomado público conocimiento en las últimas semanas, generando indignación y no es para menos.
En los últimos 26 días han muerto 6 niñes y otres 26 se encuentran internados en el hospital de Tartatal con cuadros de desnutrición grave. Estas son consecuencias directas de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos desde hace décadas, sin importar quien gobierne, las comunidades quedan relegadas y desplazadas, obligadas a vivir en condiciones aberrantes e indignantes, entre el avance de los desmontes y la soja y sus agro tóxicos, sin acceso a derechos elementales como lo son el agua y la salud.
En esta misma semana y en el mismo sentido del comunicado de MSF, se conoció la carta de un médico de la zona, Rodolfo Franco, quien denuncia que “Entre Misión Chaqueña y Misión Carboncito, a 50 kilómetros de Embarcación suman 6000 habitantes y yo soy el único médico. Los cuatro años de Mauricio Macri fueron muy duros para el interior de Salta. El gobierno de Urtubey hizo un esfuerzo enorme para que no se visibilice.” Franco también advierte que lo que se lleva adelante en la zona es “un plan sistemático de exterminio, (…) Como no lo pueden hacer con balas porque queda muy feo, impiden que se eduquen, que tengan medios para sobrevivir y mejorar en esta sociedad; niegan la comida y el agua, derechos fundamentales”.
Frente a esta gravísima situación, y en el mismo sentido que su colega local, la organización médica y humanitaria internacional que recibe aportes de voluntarios de todo el mundo “Médicos sin fronteras”, emitió un comunicado hace algunas horas en el cual solicitan a los gobiernos nacional y provincial que les permitan instalarse en la zona para poder desarrollar “acciones de contención sanitaria y de infraestructura básica, hasta que los argentinos podamos reconocer y dar una respuesta al problema que nuestro sistema productivo está generando a esta población que se estima entre las distintas etnias de casi 100.000 personas”.
En el mismo comunicados los profesionales, médicos y antropólogos advierten que la crisis humanitaria que se vive en nuestro norte es “similar a la de los refugiados africanos en Europa” o incluso peor, por esto es que consideran necesario que ésta desembarque en nuestro país; planteando que “la respuesta del estado nacional y provincial ha sido totalmente insuficiente para ayudar a los pueblos nativos despojados de sus bosques. Incluso el gobierno de Urtubey siguió autorizando desmontes a favor de grande grupos sojeros en el lugar y sus equipos de salud en el terreno son muy escasos y no cuentan con recursos suficientes ni capacidad para enfrentar la crisis humanitaria”.
El comunicado remarca la necesidad de que la misión de MSF se instale de manera urgente, pero para que esto pueda realizarse, la organización necesita la autorización del presidente Alberto Fernández y de los gobernados de la provincia, Gustavo Sáenz.
A continuación el comunicado completo de Médicos Sin Fronteras:
Argentina, 28 de enero de 2020
La población Wichi, Qom, Iyojwa’ja y Niwaclé que habita desde siempre el este y noreste de Salta y el oeste de Formosa y Chaco se encuentra en CRISIS HUMANITARIA crónica desde hace años, situación que se profundizó en forma de catástrofe en los últimos 10 años en que el agronegocio desmontó 1.200.000 hectáreas del bosque salteño que ocupaban armoniosamente estas poblaciones. Hoy sin monte que les de refugio y alimentos, se acumulan en pueblos y villorrios sin agua, sin alimentos y con profundas dificultades para adaptarse a la nueva situación. Estos pueblos han sido históricamente cazadores-pescadores-recolectores y requieren de nuestra sociedad un trato humanizado con contenido inter-cultural y de género.
La crisis humanitaria es tan grande que en lo que va del año han muerto 6 (seis) niños a causa de la desnutrición, pero solamente el Hospital de Tartagal tuvo 26 niños wichís internados por desnutrición crónica en este mes.
La situación sanitaria es gravísima, el hambre y el strees del despojo para un pueblo tan manso es terriblemente traumatizante, la desnutrición es generalizada, y niños con marasmo y kwashiorkor al estilo africano se detecta en casi todas las comunidades, la tuberculosis y el chagas tiene índices de incidencia altísimos, la mortalidad materna se sospecha que es muy elevada también.
Un grupo de médicos y antropólogos que conocemos la realidad de la región reclamamos que Médicos Sin Fronteras (MSF) se instale en este territorio, esta crisis humanitaria es similar a la de los refugiados africanos en Europa y peor aún. La respuesta del estado nacional y provincial ha sido totalmente insuficiente para ayudar a los pueblos nativos despojados de sus bosques.
Incluso el gobierno de Urtubey siguió autorizando desmontes a favor de grande grupos sojeros en el lugar y sus equipos de salud en el terreno son muy escasos y no cuentan con recursos suficientes ni capacidad para enfrentar la crisis humanitaria. La única posibilidad es que una organización humanitaria honesta, eficiente e imparcial como MSF se instale en la zona y desarrolle acciones de contención sanitaria y de infraestructura básica, hasta que los argentinos podamos reconocer y dar una respuesta al problema que nuestro sistema productivo está generando a esta población que se estima entre las distintas etnias de casi 100.000 personas.
Un grupo representativo de caciques de estos pueblos envió una nota a MSF pidiendo una Misión exploratoria en su territorio, que se adjunta a esta declaración.
Esperamos que MSF, organización que cuenta con el apoyo de miles de aportantes argentinos y decenas de médicos y técnicos argentinos que cumplen tareas solidarias por todo el mundo como miembros de este organismo, sea solidario con nuestros hermanos wichís, y esperamos también que los gobiernos del Presidente Alberto Fernández y del Gobernador Gustavo Sáenz acepten la misión de MSF en territorio Wichí y que preste toda la colaboración que la Misión requiere.-
Verónica Tejerina
Miércoles 29 de enero | 16:55
Todos los caminos conducen al FMI
El fracaso de la reunión del ministro Guzmán con los acreedores se debió a que no presentó ningún plan concreto de reestructuración de la deuda
Cuando la gira por Estados Unidos del ministro de Economía, Martín Guzmán, estaba a punto de culminar en un rotundo fracaso, la reunión final con el FMI -calificada por los propios funcionarios del organismo como “muy positiva”- sirvió para tranquilizar las aguas. Con un gobierno que vive al día, los medios de comunicación que responden al oficialismo salieron rápido a distribuir el comunicado del FMI como prueba fehaciente de que habría avances en su objetivo de reestructurar la deuda. La caída de la cotización de los bonos, muchos de ellos por debajo del 50% de su valor nominal, y la suba correspondiente del riesgo país parecieron mostrar, sin embargo, lo contrario. Más contundente aún fue la confesión de Guzmán ante fondos de inversión y banqueros, cuando reconoció que la aceptación de la propuesta de reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires realizada por Kicillof había tenido sólo un 26% de aceptación, contra un piso necesario del 75%. Así, creció el escenario de default de la principal provincia argentina.
Según toda la información periodística, el fracaso de la reunión de Guzmán con los acreedores se debió a que no presentó ningún plan concreto de reestructuración de la deuda. Esto es establecer qué hacer con el capital, los intereses y los plazos de pago. Días antes, sin embargo, su mentor Joseph Stiglitz había anunciado desde Davos que la deuda argentina requería quitas significativas para ser sostenible. Otros economistas presentaron conclusiones similares, mostrando la envergadura de la bancarrota nacional y el carácter impagable de la deuda del país, no sólo ya del Estado nacional sino también de las provincias e incluso de grupos capitalistas de mucha relevancia. Pero una quita de niveles elevados, más aún si afecta la tasa de interés e incluye un período de gracia de varios años, difícilmente sea aceptado graciosamente por los acreedores. Frente a un escenario así, probablemente opten por vender sus tenencias, que pasarían a mano de fondos buitre que tienen por lógica litigar para cobrar el 100% del valor nominal de la deuda. Esto conduciría al default no ya de la provincia de Buenos Aires sino del conjunto de la deuda. Justamente lo que Alberto Fernández quiere evitar a toda costa, porque implica para un gobierno capitalista la pérdida de todo acceso al crédito internacional y penalidades comerciales y judiciales de diverso tipo.
Esta debilidad estructural del gobierno la conoce mejor que nadie el FMI, que ofrece sus servicios para tratar de facilitar el acuerdo con los bonistas privados. Pero ese servicio tiene un precio, en términos económicos y políticos que hay que ver si Alberto Fernández está en condiciones de afrontar. La reciente gira presidencial por Israel, y la reunión franelera con el primer ministro Benjamin Netanyahu justo cuando éste se apresta a consumar un robo histórico al pueblo palestino auspiciado directamente por Trump, muestra que el nivel de concesiones puede ser superior a lo previsto. Para tratar de envaselinar la carta del FMI el gobierno ha solicitado la bendición papal, que ofrece la discreción de los muros del Vaticano para una reunión directa con la jefa del Fondo y los funcionarios locales que se realizará en los próximos días.
¿Plan económico?
La cuestión del FMI está en conexión directa con la otra demanda que realiza el capital financiero. Las permanentes alusiones de sus voceros a que no se conoce un “plan económico” esconden el más prosaico reclamo de un verdadero ajustazo contra el pueblo. El llamado “sendero fiscal” que todos piden conocer significa ni más ni menos que la utilización del presupuesto de Estado para el pago de los compromisos de deuda. Los primeros pasos dados por Alberto Fernández, suspendiendo la movilidad jubilatoria e imponiendo un impuestazo generalizado, van en esa dirección pero están lejos de ser suficientes. Varios economistas calcularon que incluso con la ley de emergencia las cuentas fiscales arrojarían un déficit cercano al 1% cuando, siempre según esos mismos cálculos, debieran pasar a un superávit del 2% para hacer frente al pago de la deuda.
Un ajuste de este tipo, sin embargo, choca con contradicciones de fondo del proceso económico.
Mientras, el gobierno nacional está apretando a las provincias para que hagan un ajuste en regla.
El intento de reducir al menos parcialmente la inflación, echando mano al congelamiento transitorio de tarifas, naftas y transporte conlleva un costo fiscal que no es compatible con el superávit que reclaman los bonistas y el FMI. Pero, por otro lado, mantener los subsidios millonarios requiere de una emisión monetaria de enormes dimensiones. El gobierno también ha decidido mantener anclado el dólar oficial como medida antiinflacionaria, pero el permanente crecimiento de los precios termina erosionando el tipo de cambio que se utiliza para el intercambio comercial con el extranjero, lo que puede perjudicar el superávit comercial, que es la única fuente actual de dólares.
La ´estabilización económica´ que fue definida como objetivo para esta fase por parte del gobierno no es otra cosa que la muestra de un impasse que posterga contradicciones de fondo, que deberán encontrar una resolución en un plazo acotado. Mientras tanto, el deterioro continúa como lo prueba la inflación de enero que se prevé en un 3.5% o la creciente brecha entre las distintas cotizaciones del dólar. La salida progresiva de fondo requeriría una reestructuración no de la deuda sino del conjunto de la economía, eliminando el parasitismo capitalista y estableciendo un plan integral que establezca la estatización de los servicios públicos y de la energía y el transporte, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la investigación a fondo de la deuda externa y su no pago, la nacionalización de la gran industria y de las cadenas comerciales, y el control obrero general de la economía. Nada de esto, claro está, figura ni por asomo en la hoja de ruta de Alberto Fernández.
Pasar a la acción
El equilibrio delicado en el que se mueve el gobierno muestra que es consciente que las medidas que reclaman el FMI y los bonistas pueden generar una rebelión popular. Pero esto no quita que no avance a tientas en esa dirección.
Este temor está presente en las provincias, quienes reclaman que, a cambio del apoyo a la ley de renegociación de la deuda en el Congreso, el gobierno nacional salga en su salvataje. Eso, sin embargo, choca con el superávit fiscal que busca reunir Alberto Fernández para pagar la deuda. La política de la Rosada es que las provincias lleven adelante un ajuste en regla. La suspensión del pacto fiscal, incluido en el paquete puesto a consideración en el Congreso, tiene como propósito dar luz verde a las provincias para un aumento masivo de impuestos, pero eso abre las puertas a un escenario explosivo.
Lo mismo vale respecto a la decisión de mantener el sistema UVA en los créditos hipotecarios y anular los subsidios que regían para los deudores. Y la decisión del gobierno de Chubut de congelar los salarios por 180 días mientras decide pagar puntualmente los vencimientos de la deuda provincial. Sin embargo, un aumento generalizado de las naftas, el transporte y las tarifas tiene un impacto generalizado de un alcance claramente superior. Después de todo, las rebeliones en Ecuador y en Chile fueron detonadas por aumentos en las naftas y en el trasporte. Ese miedo a la rebelión es esgrimido por el gobierno como carta de negociación con el FMI y los principales estados imperialistas. Los Fernández se ofrecen como estabilizadores de la región y piden no ser desestabilizados. Veremos cómo les va. El capital suele reconocer los límites recién cuando las masas se lo hacen ver de modo palpable e inconfundible. Finalmente, la historia es la de lucha de clases.
Para los trabajadores el desafío que se le presenta es defender sus reivindicaciones, rechazando el chantaje de un gobierno que usa la crisis como un medio para postergar la conquista de derechos y justificar un ajuste. Es lo que hace Kicillof con los docentes a los que les niega la cláusula gatillo para no perder con la inflación, o la eliminación de la movilidad previsional impuesta con la ley de emergencia.
Los aumentos por decreto de los salarios o las sumas fijas aceptadas ya por varios sindicatos muestran la intención de suspender las paritarias de hecho o de derecho. Esto plantea un programa de intervención inmediata, que servirá también para procesar una experiencia de fondo de los trabajadores con el gobierno: paritarias sin techo, recuperación de lo perdido con la inflación y cláusula gatillo, defensa de la movilidad previsional y recomposición de los haberes, prohibición de los despidos y suspensiones, no a los impuestazos pactados entre el oficialismo y la oposición. Es necesario abrir una deliberación en los sindicatos y organizaciones obreras e impulsar la batalla por un Congreso de delegados electos del movimiento obrero ocupado y desocupado para impulsar estos reclamos y superar el chaleco de fuerza que constituye la burocracia sindical, de todos los colores, que viene colaborando con el gobierno.
Sobre esta base planteamos una campaña de lucha inmediata que debe ir acompañada del reclamo de fondo del desconocimiento de la deuda usuraria que busca ser rescatada por kirchneristas, pejotistas y macristas. La misión del FMI que vendrá en febrero ofrecerá otra oportunidad de movilización, que aportará a la clarificación política.
Gabriel Solano
Científicos del Conicet demuestran cómo los agrotóxicos arrasan con anfibios en Sudamérica
Se desprende del estudio del Conicet y la UBA "Plaguicidas en el mundo real, las consecuencias de la agricultura intensiva basada en transgénicos sobre los anfibios nativos".
Un equipo de investigadores de la UBA y el Conicet comprobó el impacto de los plaguicidas aplicados masivamente en Sudamérica sobre las poblaciones naturales de anfibios (ranas y sapos). El trabajo fue publicado recientemente por la revista Biological Conservation bajo el título Plaguicidas en el mundo real, las consecuencias de la agricultura intensiva basada en transgénicos sobre los anfibios nativos.
Un número importante de investigaciones nacionales e internacionales han demostrado el efecto negativo de los plaguicidas sobre la biodiversidad. Sin embargo, este amplio caudal de información fue obtenido a partir de experimentos que se llevan a cabo en laboratorio. La investigación de la doctora en biología Gabriela Agostini -más Ignacio Roesler, Carlos Bonetto, Alicia E.Ronco y David Bilenca- es pionero, ya que explora los efectos de los plaguicidas en escenarios reales, es decir, en el campo, donde ingresan a los humedales de las tierras más fértiles de Sudamérica.
Mapa del sitio de estudio en el centro de Argentina. La superficie gris indica donde se ubicaron las tres áreas principales. Los círculos negros representan los estanques adyacentes a las parcelas agrícolas y los círculos blancos representan los estanques de referencia.
Mapa del sitio de estudio en el centro de Argentina. La superficie gris indica donde se ubicaron las tres áreas principales. Los círculos negros representan los estanques adyacentes a las parcelas agrícolas y los círculos blancos representan los estanques de referencia.
Los efectos fueron comprobados en renacuajos de las especies Boana pulchellus (Ranita del zarzal), Leptodactylus latrans (Rana criolla), Rhinella fernandezae (Sapito cavador) y Rhinella arenarum (Sapo común). Los agroquímicos estudiados y la forma en que se usaron son representativos de las prácticas habituales que se realizan en cultivos de soja en Argentina, sur de Brasil y Paraguay.
Los químicos más tóxicos para los anfibios fueron, en orden decreciente: endosulfán, clorpirifós, cipermetrina, 2,4-D y glifosato.
Comparando cuerpos de agua adyacentes a campos de soja y en campos de pastura, y los efectos con y sin aplicación de agroquímicos, midieron la supervivencia y movilidad de los renacuajos en cada uno. Comprobaron que la mayoría de los plaguicidas evaluados, y sus mezclas, produjeron una drástica disminución de la supervivencia. Además, notaron que los individuos que sobrevivían a las exposiciones exhibieron impedimentos para moverse o nadar. Finalmente, el estudio demuestra que las aplicaciones de glifosato generan claros efectos en el movimiento de los renacuajos, aportando información a la discutida toxicidad de este agroquímico.
Estos profundos efectos en las etapas tempranas del desarrollo de los anfibios tienen implicancia en las etapas adultas y podría explicar la escasa cantidad de anfibios -y fauna en general- asociada a cultivos de soja. En ese sentido, los investigadores sugieren que las prioridades de conservación se enfoquen en el desarrollo de legislación acorde para el uso de pesticidas, incluyendo no sólo la protección de poblaciones humanas sino también de áreas terrestres y a los humedales nativos.
La expansión agroindustrial arrasa con los anfibios sudamericanos
Desde los años 90, en Sudamérica, los pastizales fueron conquistados para abrir paso a la agricultura intensiva a base de cultivos transgénicos, principalmente soja y maíz, resistentes al glifosato. La superficie dedicada a los monocultivos en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay creció hasta cubrir hoy unas 57.000.000 de hectáreas, una superficie casi igual a la suma del tamaño de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
Muchas son las consecuencias de la dedicación de grandes extensiones de tierra a los monocultivos y los agrotóxicos con los que se controlan las plagas. La pérdida de biodiversidad es una de las consecuencias más severas causadas por este modelo productivo. Cada año cientos de especies se suman a la lista de especies en riesgo de extinción. A nivel mundial, los anfibios están entre los grupos más afectados con aproximadamente el 41 % de las especies bajo amenaza y 32 extintas.
Los anfibios son excelentes bioindicadores ya que son muy vulnerables debido a su ciclo de vida. Como renacuajos, viven en medios acuáticos y, en su edad adulta, habitan generalmente ambientes terrestres, aunque siempre permanecen relacionados a sitios con humedad. Además, tienen una piel y un sistema inmune muy delicado, lo que los hace altamente sensibles a cualquier tipo de contaminación.
Laura Borse
Periodista | @lauraborse
Lunes 27 de enero | 13:27
Cinco ilegalidades de la deuda que peronistas, macristas y radicales se niegan a investigar
En Diputados se aprobó la ley para reestructurar la deuda con el aval todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente de Izquierda. Conoce por qué la deuda está plagada de ilegalidades.
Luz verde para comenzar las negociaciones para pagar a los buitres. La Cámara de Diputados aprobó por 244 votos a favor el proyecto del Gobierno de “Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Extranjera”. Juntos por el Cambio y los demás bloques patronales apoyaron la propuesta oficialista. Sólo los diputados del Frente de Izquierda votaron en contra de avalar el endeudamiento macrista a libro cerrado.
¿Por qué la deuda es ilegal?
A continuación, las claves de las irregularidades que ni opositores ni oficialistas quieren auditar:
1-Deuda de la dictadura
El endeudamiento escaló durante la última dictadura militar. El Banco Mundial registró que el 40 % de la deuda contraída por la dictadura financió la salida de capitales, otro 30 % fue a pagar intereses de la deuda anterior y el 30 % restante se destinó a la adquisición de armamentos e importaciones no declaradas.
Domingo Cavallo, en los últimos años de la dictadura, nacionalizó las deudas privadas de empresas como Bridas de la familia Bulgheroni, Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), Ford, Techint, Renault, Pérez Companc, y la familia Macri. Deuda que contrajeron esos grupos y pagamos todos.
Un fallo del juez Jorge Ballestero en el año 2000 estableció 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. Alejandro Olmos Gaona, hijo de quien hizo la denuncia original de esa causa, sostuvo que el fallo se envió al Congreso, pero se cajoneó.
2-Canjes durante los gobiernos kirchneristas
Tras el default de la deuda de 2001, se realizaron dos canjes (2005 y 2010) para reestructurar la deuda y volver a pagar. Claudio Lozano, recientemente asumido como director en el Banco Nación, en su libro “La deuda ilegítima” criticó lo que denomina el megacanje de Kirchner, Duhalde, Lavagna y Prat Gay (quien hasta 2004 fue presidente del BCRA) y afirmó que fue un canje inconstitucional, ilegal y sospechado. Según el economista, se trató de una reestructuración de la deuda sin quita a pesar de lo que destacaban las autoridades en esos momentos.
La declaración de Lozano se puede corroborar en lo que ofertó Axel Kicillof para intentar llegar a un acuerdo con los fondos buitre en 2014. El exministro de Economía ofreció las mismas condiciones del canje de 2005 y su argumento fue “Argentina quiere pagarles en condiciones justas a todos los bonistas. Por eso el señor Paul Singer –titular del fondo NML, principal litigante contra la Argentina– puede venir y conseguir un 300 % de ganancia si compra los bonos reestructurados en las condiciones de los canjes que lanzamos en su momento. ¿Esa ganancia es poco para él? Sí, es poco, porque es un buitre”. La historia es conocida, Singer y los especuladores de Nueva York obtuvieron con el macrismo ganancias superiores al 1.000 %.
3-El acuerdo con el FMI está flojo de papeles
El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof recibió a la delegación del FMI con bizcochitos, y les dijo que el acuerdo con el Fondo “tendría que haber pasado, antes de firmarse, por el Congreso”. Eso sucedió en febrero de 2019, el cuestionamiento al pacto con el organismo ya no se menciona y en febrero vendrá a la Argentina una misión del FMI para controlar la “sostenibilidad de la deuda”.
Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad denunciaron penalmente a Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Guido Sandleris, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y Abuso de Autoridad. La denuncia corresponde al segundo acuerdo firmado con el FMI, los querellantes sostienen que dicho entendimiento "es inconstitucional porque debió necesariamente ser tratados por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del Art. 75 de la Ley Fundamental”.
4-El Fondo incumplió su estatuto
La Sección 1 del Art. VI del estatuto del FMI en su inciso a) establece que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”.
En la era Macri se fugaron del país U$S 88.000 millones. Esa suma representa casi un cuarto del PIB (Producto Interno Bruto). La deuda del Estado aumentó en un monto parecido. ¿El Fondo no estaba al tanto de la fuga? Seguramente sí, pero decidió apoyar la campaña electoral de Macri. Alberto Fernández también denunció la fuga, pero ahora también decide cerrar ese capítulo y negociar con el FMI.
5- Bono a cien años
El exministro de Finanzas y expresidente del Central, Luis Caputo emitió un bono a 100 años (¡un siglo!). El fondo Noctua Partners suscribió papeles de dicho bono por U$S 5 millones, compañía que fue administrada por Caputo, según los Paradise Papers.
La operación del bono fue por U$S 2.750 millones y es récord por tener el plazo más extenso de la historia argentina. Todo normal para el gobierno, después de denunciarlo siendo oposición ahora también lo avalará.
Si llegaste hasta acá seguramente te preguntarás por qué no se investigan todas estas irregularidades y se asume, sin beneficio de inventario, el pago de una “deuda odiosa”. Eso mismo planteó Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda, en el Congreso. Además, cuando “muchos de los que hoy están en el Gobierno cuestionaban la deuda por ilegítima e ilegal”, agregó Del Caño. Ya de eso no se habla. La prioridad en honrar la deuda en vez de poner todos los recursos del país en función de la necesidad del pueblo trabajador.
La Izquierda Diario
miércoles, 29 de enero de 2020
Entrega total: votan la entrada de tropas yanquis a la Argentina
Una garantía extra a los acreedores, en la misma sesión que trata el proyecto de rescate de la deuda.
En la sesión que tiene lugar hoy en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de “sostenibilidad” de la deuda, que otorga un cheque en blanco al gobierno para el rescate –reestructuración mediante- de los acreedores, el oficialismo aprovechó para poner a votación una entrega adicional de la soberanía nacional.
La iniciativa presentada, que el oficialismo y sus socios opositores se aprestan a votar esta tarde, busca autorizar la entrada de tropas extranjeras a nuestro país, así como la salida de tropas nacionales para operaciones militares conjuntas con aquellas, entre septiembre de 2019 y agosto de este año, en el marco del “Programa de Ejercitaciones Combinadas” de Estados Unidos en el continente.
Con este nuevo gesto de sumisión al imperialismo -en línea con la visita de Fernández a Israel, la calificación sostenida de Hezbollah como organización terrorista y la negativa a romper con el derechista Grupo de Lima-, el gobierno afirma su continuidad con la orientación servil del macrismo y busca dar otra garantía del pago de la deuda.
El acuerdo satisface pretensiones clave del imperialismo yanqui en la región, fortaleciendo a los enemigos de las rebeliones que vienen atravesando a nuestro continente ante los efectos de la crisis capitalista, desde Puerto Rico a Chile. Con operaciones como estas, el Pentágono selecciona y trata de cooptar a mandos militares de las naciones sudamericanas, para actuar de forma mancomunada –con pretextos como defender la paz mundial o combatir el terrorismo, el narcotráfico o el contrabando- en la represión de los levantamientos populares y en operativos golpistas como el vivido en Bolivia.
El proyecto viene acompañado con un larguísimo detalle de los numerosos operativos que harán su entrada al país. Para tener noción de la magnitud e implicancias del acuerdo, se puede tomar uno de estos, el llamado “Gringo Gaucho”, que supone la visita de un portaviones yanqui con 5.000 efectivos a bordo, acompañado por una fragata con 330 militares más, que harán ejercicios a lo largo de la costa marítima argentina, acompañados por una corbeta argentina con 115 efectivos, 2 aviones y un helicóptero con 19 militares más. Vale recordar, como hizo la diputada Romina Del Plá, que durante el mayor conflicto en el Atlántico argentino, la guerra de Malvinas de 1982, los Estados Unidos se pusieron del lado del agresor británico, sin importarle el carácter lamebotas de la dictadura argentina.
La norma se coloca a votación en un contexto de acercamiento del gobierno a los mandos reaccionarios de las Fuerzas Armadas, ya expresado con la aprobación meses atrás del proyecto presentado por Agustín Rossi -entonces jefe de la bancada peronista en Diputados, y actual ministro de Defensa- de reequipamiento del aparato militar. En esa ocasión, la iniciativa contó con el apoyo entusiasta de la bancada del PRO.
Quien conoce la historia no sale sorprendido: años antes de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich habilitasen la utilización de los repudiados militares en tareas de represión interna, bajo la anterior gestión de Rossi se había avanzado fuerte en este propósito con la designación de César Milani al frente del Ejército, la sanción de la Ley Antiterrorista y la prórroga del Operativo Escudo Norte, que incrementaba la presencia de milicos en el norte del país. Sin ir más lejos, en 2007 se había aprobado en el Congreso la entrada de tropas extranjeras y salida de las propias para operaciones conjuntas con el imperialismo yanqui entre fines de ese año y mediados del 2008, denominadas con el mismo nombre: “Programa de Ejercitaciones Combinadas”.
El Frente de Izquierda ya anunció su rechazo al proyecto. Como señaló Romina Del Plá, “un gobierno de trabajadores organizará a las Fuerzas Armadas no como instrumentos represivos contra el pueblo, sino sobre nuevas bases sociales, para defender la revolución de nuestro país contra cualquier intento de intervención o agresión imperialista”.
Prensa Obrera
Siguen los créditos UVA: el lobby bancario manda, el gobierno obedece
Los hipotecados marchan al Banco Central este jueves.
Los deudores UVA han salido con justicia a rechazar las recientes disposiciones del gobierno nacional sobre estos créditos hipotecarios indexados por inflación, que desde su creación en 2016 vienen costando sangre, sudor y lágrimas a quienes “osaron” con aspirar a una casa propia.
La resolución comunicada ayer por el Banco Central dispone el fin del congelamiento de las cuotas establecido en agosto del año pasado, en pleno estallido devaluatorio, que de cualquier manera aplicaba solo a una parte de los más de 130 mil deudores estimados –aquella que contaba con créditos y propiedades de menor valor. La medida implica para estos un incremento del 26% de las cuotas, que el gobierno distribuirá en un lapso de 12 meses. Eso es lo que el BCRA denomina en su comunicado un “esquema de bonificación”, ya que de liquidarse sin más el congelamiento, ya en febrero el aumento sería el 26%, y con esta modalidad el incremento en el mes entrante será de entre 5 y 6%. A su turno, lo que ha sido presentado como un “techo” para las cuotas, del 35% de los ingresos familiares, se limita en verdad a un llamado a los bancos a armar un “esquema que atienda puntualmente estos casos” –es decir que la pelota queda en su cancha. El comunicado, de hecho, nada dice del capital adeudado total, que seguirá creciendo sin “bonificaciones” para los compradores, manteniéndolos como inquilinos permanentes.
En esta línea de eufemismos, el gobierno denomina al plan de cuotas “un esfuerzo compartido entre las entidades financieras y los deudores” a lo que constituye en verdad un reconocimiento en favor de tales entidades del salto inflacionario de estos meses, mientras los deudores vieron dinamitada por varias vías su capacidad adquisitiva. Como señaló el legislador Gabriel Solano, “lo único desindexado son los salarios y las jubilaciones”. El BCRA cifra un “aporte” de $1.411 millones de pesos por parte de los bancos durante el período, pero omite las fortunas que se han embolsado –y seguirán embolsándose- gracias a los UVA.
De conjunto, lo que más indigna a los hipotecados es que se mantiene este mecanismo confiscatorio, por lo que señalaron en un tuit que “hoy ganó el lobby bancario”.
El asunto expone crudamente la hipocresía del partido de gobierno. Tanto Alberto Fernández en campaña como la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa, en reuniones con los afectados y declaraciones a los medios, habían reconocido el peso que representan estas cuotas crecientes para las familias, que se ven obligadas a recortar gastos y endeudarse para abonarlos. Previo a ello, cuando era oposición, el kirchnerismo había movido en el Congreso un dictamen para sacar una ley de “emergencia”, que establecía por un año aumentos no mayores a los del Coeficiente de Variación Salarial y preveía la suspensión de desalojos por falta de pago; el limitado proyecto quedará con seguridad en el cajón de los recuerdos.
Todo por la deuda, capítulo mil
El comunicado del BCRA marca a su vez que “producto de las políticas crediticias implementadas por el gobierno anterior, el peso de los créditos hipotecarios UVA recayó, en su mayor parte, en los bancos públicos” y que “el costo del congelamiento ($690 millones desde setiembre 2019 a enero 2020) se financió utilizando los fondos del fideicomiso Procrear”.
Estos señalamientos, junto con las declaraciones del ministro económico Martín Guzmán de que hay que mantener los UVA “con un menor costo fiscal” (28/1), dejan claro que el gobierno no planea usar los fondos de los bancos públicos en beneficio de los deudores hipotecarios y los sectores populares, sino amarrocarlos para el eje ordenador de su política: el rescate (más o menos “reestructurado”) de la deuda externa.
En oposición a ello, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda viene acompañando la lucha y los reclamos de los hipotecados UVA, y presentó el año pasado a través de la diputada Romina Del Plá un proyecto de anulación del sistema UVA, techo a la indexación de las cuotas de un 50% del índice de variación salarial, prohibición de desalojos, rebaja significativo del capital adeudado total y compensación de los sacrificios ya realizados por los deudores.
La lucha de los hipotecados UVA continúa bajo la actual gestión y tendrá un nuevo episodio este jueves 30, con una movilización al Banco Central a las 17.30 h que se replicará en numerosos puntos del país, reclamando una solución de fondo y que se deje “de favorecer a los bancos, los grandes ganadores de la crisis”. El reclamo para que la paguen los capitalistas está, como se ve, a la orden del día.
Tomás Eps
Por una auditoría ciudadana de la deuda pública
Tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía Martín Guzmán lo han dicho sin ambigüedades: “El país está en un virtual default”. “Así como está la deuda no puede pagarse”. “Para pagarla la economía tiene que crecer”. Es obvio, sacar al país de la recesión y “encender la economía” no es posible si al mismo tiempo se quiere hacer frente a los vencimientos. No habría perspectiva de crecimiento y la recesión se prolongaría por varios años más.
Señales
El gobierno comenzó tempranamente a enviar señales a los “mercados”. Reperfila deuda emitida bajo legislación nacional mientras cumple puntualmente con las obligaciones amparadas por legislación extranjera. Entre estas el cupón semestral por 100 millones del bono a 100 años que venció el 28 de diciembre pasado, (Luis Caputo sonriente: “Que la inocencia les valga”).
La señal más contundente son las llamadas Leyes “de Solidaridad” y “de Sustentabilidad de la deuda”. La primera, ya aprobada por el Congreso, contiene transferencias de recursos hacia los más desposeídos que se complementan con la Tarjeta Alimentaria, líneas de crédito ultrablandas, y postergación de pagos a deudores de la ANSES. Al mismo tiempo tiene un sesgo fiscalista que apunta a establecer un marco en el cual renegociar la deuda, el mayor aporte lo hacen los jubilados de haberes medios, también el agro, mientras reduce retenciones a mineras y petroleras y no toca a los bancos. La segunda, que comienza a tratarse esta semana, otorga plena libertad de acción a los negociadores de la deuda al mismo tiempo que les dará una cobertura legal sólida si logra un amplio apoyo en diputados y senadores. Esta semana el ministro Guzmán y el presidente Fernández iniciarán un periplo internacional que culminará en el Vaticano, pidiendo colaboración para renegociar la deuda.
Todo al 31
El ministro de economía lo ha reiterado varias veces: el plazo para renegociar la deuda vence el 31 de marzo próximo. Es que en el primer semestre vencen unos 45.000 millones de dólares. Si se despeja lo que corresponde a deuda intra-estado (37%, renovación automática) y lo que corresponde a organismos de créditos internacionales (23% refinanciables) el 40% restante está en manos de acreedores privados y las reservas de libre disponibilidad no alcanzarían a cubrirlos, el país entraría en default en abril/mayo próximos…
Dudosa legitimidad/legalidad
Es muy evidente, la posible postergación de los pagos no es por convicción sino por necesidad del gobierno y también de los acreedores, saben que no pueden cobrarla. Sin embargo este acuerdo tácito termina legitimando la deuda sin cuestionarla, o investigarla por medio de una auditoria. Suele argumentarse que es legítima porque fue contraída por un gobierno elegido por el voto popular, pero no es el carácter de un gobierno lo que la puede legitimar o no sino el objetivo y el destino de esos fondos. También está cuestionada su legalidad porque no pasó por el Congreso.
Y no es claro el objetivo, mucho menos el destino de la mayoría de los poco más de 100.000 millones de dólares tomados por la administración Macri. No hay ninguna explicación convincente de porqué se emitió un bono a 100 años, con un rendimiento del 7,9%, que duplicaba la tasa promedio de mercado. Se fue de urgencia al FMI porque no se podía pagar la deuda en bonos, poco más de un año después tampoco se puede pagarle al Fondo y estamos en default “virtual”, el préstamo en vez de fortalecer la economía la debilitó aún más. El presidente lo explicó así a los empresarios: “Todo ocurrió con la anuencia del Fondo... es corresponsable” y completó: ¿Cómo le prestaste a este país semejante cantidad de dinero, que además dejaste que salga del sistema financiero graciosamente?”. En la propia pregunta del presidente está la necesidad de encontrar las razones reales de este despropósito.
El FMI violó sus propios estatutos. Primero concediendo un préstamo cuando era evidente que esa deuda era insostenible, luego autorizando la venta de dólares de ese préstamo para contener el tipo de cambio, algo expresamente prohibido por sus normativas. Más aún con el préstamo la economía no se fortaleció, por el contrario incrementó su fragilidad y sus desequilibrios internos. ¿No es válido indagar el porqué?
Bajo las presidencias del Banco Central, primero de Federico Sturzenegger y luego de Luis Caputo, se sucedieron maniobras poco claras con Fondos de Inversión que significaron la salida de miles de millones de dólares en pocos días (¿Mala praxis, connivencia dolosa?). Incluso el día posterior a las PASO, ya bajo la presidencia de Guido Sandleris, el Central dejó avanzar la corrida del dólar sin intervenir (¿Alguna orden de más arriba?).
Como se comprenderá hay muchas razones para pensar que esta deuda no es legítima ni legal, incluso que puede entrar en la categoría de “odiosa”. Esto es una deuda que no se ha tomado en beneficio del país ni de sus ciudadanos.
No perder la oportunidad
En la actitud de los acreedores, en la derrota del macrismo y en la naturaleza del nuevo gobierno está la oportunidad para investigar la deuda, para desnudar las razones de semejante endeudamiento en tan corto plazo, para tener certezas en que se aplicaron esos fondos....
Es el momento para realizar una auditoría por medio de una comisión independiente, constituida por representantes parlamentarios, referentes locales e internacionales y abierta a la ciudadanía, con el objetivo de identificar la parte ilegítima y odiosa de la deuda. Enjuiciar a quién haya que enjuiciar y repudiar lo que haya que repudiar.
Así lo han entendido un numeroso grupo de intelectuales, dirigentes sociales, sindicales y políticos que, encabezados por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la Madre de Plaza de Mayo (LF), Nora Cortiñas, brindarán este miércoles a las 11hs. una Conferencia de Prensa, frente al Congreso Nacional, dando así inicio a la Campaña por la Suspensión de los Pagos y la Investigación de la Deuda Pública del País.
Los apoya un numeroso arco de referentes internacionales que entienden que el endeudamiento de los países forma parte de un sistema global por el cual el capital financiero coloca sus excedentes dinerarios que no tienen cabida en la economía real.
Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda-
Señales
El gobierno comenzó tempranamente a enviar señales a los “mercados”. Reperfila deuda emitida bajo legislación nacional mientras cumple puntualmente con las obligaciones amparadas por legislación extranjera. Entre estas el cupón semestral por 100 millones del bono a 100 años que venció el 28 de diciembre pasado, (Luis Caputo sonriente: “Que la inocencia les valga”).
La señal más contundente son las llamadas Leyes “de Solidaridad” y “de Sustentabilidad de la deuda”. La primera, ya aprobada por el Congreso, contiene transferencias de recursos hacia los más desposeídos que se complementan con la Tarjeta Alimentaria, líneas de crédito ultrablandas, y postergación de pagos a deudores de la ANSES. Al mismo tiempo tiene un sesgo fiscalista que apunta a establecer un marco en el cual renegociar la deuda, el mayor aporte lo hacen los jubilados de haberes medios, también el agro, mientras reduce retenciones a mineras y petroleras y no toca a los bancos. La segunda, que comienza a tratarse esta semana, otorga plena libertad de acción a los negociadores de la deuda al mismo tiempo que les dará una cobertura legal sólida si logra un amplio apoyo en diputados y senadores. Esta semana el ministro Guzmán y el presidente Fernández iniciarán un periplo internacional que culminará en el Vaticano, pidiendo colaboración para renegociar la deuda.
Todo al 31
El ministro de economía lo ha reiterado varias veces: el plazo para renegociar la deuda vence el 31 de marzo próximo. Es que en el primer semestre vencen unos 45.000 millones de dólares. Si se despeja lo que corresponde a deuda intra-estado (37%, renovación automática) y lo que corresponde a organismos de créditos internacionales (23% refinanciables) el 40% restante está en manos de acreedores privados y las reservas de libre disponibilidad no alcanzarían a cubrirlos, el país entraría en default en abril/mayo próximos…
Dudosa legitimidad/legalidad
Es muy evidente, la posible postergación de los pagos no es por convicción sino por necesidad del gobierno y también de los acreedores, saben que no pueden cobrarla. Sin embargo este acuerdo tácito termina legitimando la deuda sin cuestionarla, o investigarla por medio de una auditoria. Suele argumentarse que es legítima porque fue contraída por un gobierno elegido por el voto popular, pero no es el carácter de un gobierno lo que la puede legitimar o no sino el objetivo y el destino de esos fondos. También está cuestionada su legalidad porque no pasó por el Congreso.
Y no es claro el objetivo, mucho menos el destino de la mayoría de los poco más de 100.000 millones de dólares tomados por la administración Macri. No hay ninguna explicación convincente de porqué se emitió un bono a 100 años, con un rendimiento del 7,9%, que duplicaba la tasa promedio de mercado. Se fue de urgencia al FMI porque no se podía pagar la deuda en bonos, poco más de un año después tampoco se puede pagarle al Fondo y estamos en default “virtual”, el préstamo en vez de fortalecer la economía la debilitó aún más. El presidente lo explicó así a los empresarios: “Todo ocurrió con la anuencia del Fondo... es corresponsable” y completó: ¿Cómo le prestaste a este país semejante cantidad de dinero, que además dejaste que salga del sistema financiero graciosamente?”. En la propia pregunta del presidente está la necesidad de encontrar las razones reales de este despropósito.
El FMI violó sus propios estatutos. Primero concediendo un préstamo cuando era evidente que esa deuda era insostenible, luego autorizando la venta de dólares de ese préstamo para contener el tipo de cambio, algo expresamente prohibido por sus normativas. Más aún con el préstamo la economía no se fortaleció, por el contrario incrementó su fragilidad y sus desequilibrios internos. ¿No es válido indagar el porqué?
Bajo las presidencias del Banco Central, primero de Federico Sturzenegger y luego de Luis Caputo, se sucedieron maniobras poco claras con Fondos de Inversión que significaron la salida de miles de millones de dólares en pocos días (¿Mala praxis, connivencia dolosa?). Incluso el día posterior a las PASO, ya bajo la presidencia de Guido Sandleris, el Central dejó avanzar la corrida del dólar sin intervenir (¿Alguna orden de más arriba?).
Como se comprenderá hay muchas razones para pensar que esta deuda no es legítima ni legal, incluso que puede entrar en la categoría de “odiosa”. Esto es una deuda que no se ha tomado en beneficio del país ni de sus ciudadanos.
No perder la oportunidad
En la actitud de los acreedores, en la derrota del macrismo y en la naturaleza del nuevo gobierno está la oportunidad para investigar la deuda, para desnudar las razones de semejante endeudamiento en tan corto plazo, para tener certezas en que se aplicaron esos fondos....
Es el momento para realizar una auditoría por medio de una comisión independiente, constituida por representantes parlamentarios, referentes locales e internacionales y abierta a la ciudadanía, con el objetivo de identificar la parte ilegítima y odiosa de la deuda. Enjuiciar a quién haya que enjuiciar y repudiar lo que haya que repudiar.
Así lo han entendido un numeroso grupo de intelectuales, dirigentes sociales, sindicales y políticos que, encabezados por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la Madre de Plaza de Mayo (LF), Nora Cortiñas, brindarán este miércoles a las 11hs. una Conferencia de Prensa, frente al Congreso Nacional, dando así inicio a la Campaña por la Suspensión de los Pagos y la Investigación de la Deuda Pública del País.
Los apoya un numeroso arco de referentes internacionales que entienden que el endeudamiento de los países forma parte de un sistema global por el cual el capital financiero coloca sus excedentes dinerarios que no tienen cabida en la economía real.
Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda-
martes, 28 de enero de 2020
Sobre la suspensión de la movilidad jubilatoria
¿Se avecina una nueva oleada de juicios previsionales?
En una extensa nota publicada en Infobae del 23 de enero el periodista que la firma (Daniel Blanco Gómez) entrevista a numerosos abogados previsionales de diversos estudios y todos coinciden en que efectivamente se dará esta situación con aquellos jubilados que no reciban los aumentos ya devengados por la fórmula de movilidad ahora suspendida, 11,56% en marzo y 14 o 15% en junio.
Los especialistas coinciden en que podría darse un nuevo caso Badaro quien obtuvo sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2007. En aquel entonces este fallo desencadenó una verdadera catarata de juicios de centenares de miles de jubiladas/os con casos similares al de Badaro y que en general obtuvieron idéntico fallo.
Hay dos perjuicios básicos que destacan los especialistas:
“Todo aquel jubilado que no cobre lo que está estipulado hoy para marzo y junio, que totaliza un aumento del 28%, va a hacer juicio” (Falcone).
Adrián Troccoli opina que “en junio la reducción del aumento será confiscatoria” y agregó que, para que haya un juicio, tiene que haber un daño resarcible. Y precisamente esto es lo que sucedería con el “achatamiento” de la pirámide de haberes, replanteando una situación que desencadenó el caso Badaro.
A todo esto el jefe de gabinete Santiago Cafiero ya anunció que para marzo el aumento de haberes será con una suma fija, pero sin definir como se implementará, no dio precisiones. Previendo la posibilidad de los juicios, los voceros del gobierno dicen que se mantendrá la movilidad en marzo y junio. Lo trascendido (y luego desacreditado por el propio Fernández que ató el monto del aumento a la “situación económica”) es que en marzo se destinaría una masa de haberes igual a la que resulte de la aplicación del 11,56% a la totalidad de los beneficiarios, pero… con una distribución que establecerá (discrecionalmente) el Ejecutivo. En el gobierno especulan que como este mecanismo se aplicaría solamente por un semestre, hasta que se apruebe una nueva fórmula de movilidad, el perjuicio ocasionado en las escalas superiores solo sería por un período muy breve y esto evitaría los juicios.
Independientemente de las especulaciones del gobierno, lo cierto es que la implementación de esta “emergencia” afectará no solo derechos adquiridos por haberes devengados, sino que efectivamente tendrá un carácter confiscatorio (hacia adelante) para los beneficiarios que reciban aumentos inferiores a los que les hubiera correspondido y esto es fácil de entender porque cualquiera sea la nueva fórmula que se aplique en el futuro, en los haberes que sufrieron mermas este perjuicio se prolongará indefinidamente en el tiempo. De allí la similitud con el caso Badaro.
Como la liquidación de los haberes de marzo es un “secreto de Estado” habrá que esperar hasta entonces para ponderar efectiva y concretamente la situación. De verificarse el “achatamiento” de la pirámide de haberes es indudable que apoyaremos la realización de los juicios, al tiempo que promovemos una campaña en defensa de la movilidad jubilatoria y por el 82% móvil con respecto al mejor salario del trabajador en su fase activa. Y claro defendemos un aumento que eleve el haber mínimo y en una magnitud que lo equipare con el costo de la Canasta Básica del Adulto Mayor calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en 40.000$, pero que dicho aumento lo sostengan las patronales con la restitución de los aportes al Sistema Previsional y no por los propios jubilados.
Sostenemos que esta defensa deberá ser llevada adelante con los métodos históricos de los trabajadores. Organización y Lucha.
Mario Diamonte
¿Ciencia para quién? A propósito del debate sobre extractivismo, “desarrollo” y dependencia
Diego Hurtado: “Escribir libros sobre los desastres socioambientales del capitalismo es imprescindible, pero cuando te toca gobernar en un país en desarrollo los libros no alcanzan.”
En una reciente entrevista con la Agencia TSS de la Universidad de San Martín, Diego Hurtado, miembro de CyT Argentina y flamante secretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación del MinCyT, se explaya respecto a la política científica del actual gobierno y las perspectivas para el sector. Hurtado comienza trazando algunas evaluaciones sobre el desmantelamiento del área de Ciencia y Tecnología durante el macrismo y la pauperización de las condiciones laborales. Olvida en su análisis que, en este último caso, la política de ajuste macrista pudo cimentarse rápida y fácilmente sobre la base de la precarización de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sector que se arrastraba desde los gobiernos anteriores y que aún hoy el actual oficialismo se niega a abordar: por caso, la alarmante situación salarial y de inestabilidad de los trabajadores y trabajadoras administrativos, la precarización de los más de 12.000 becarios y becarias, entre otros.
Desarrollismo (?) 2020
La nota desnuda la orientación de la política científica del actual gobierno. De acuerdo al planteo de Hurtado “En Argentina la ciencia es potente pero la tecnología es débil” por lo que necesitaríamos “respuestas tecnológicas que ayuden a escalar capacidad en nuestras economías regionales y en los sectores industriales con potencial agroexportador”. La explicación para este fenómeno se reduciría al “alineamiento incondicional como política exterior de gestiones como las de Menem y Macri [que] presuponen la venta de materias primas con escaso valor agregado”. Para superar esta “grieta”, Hurtado plantea “superar la pesadilla del péndulo industrialización-desindustrialización, sostenido por una derecha anacrónica que no quiere que nos desarrollemos porque solo sabe extraer rentas extraordinarias de los negocios financieros, que se sostiene sobreexplotando el trabajo argentino y apropiándose de los recursos naturales”. El planteo no es novedoso, sino que recupera las teorías pseudodesarrollistas de mediados del siglo XX que planteaban la dicotomía industrialización central/periferia agroganadera y una respuesta de tipo tecnocrática para la superación del atraso de países como Argentina. Lo que resulta llamativo no es el rescate de planteos que han sido ampliamente refutados por el marxismo y por la historia misma, sino la franca contradicción con los lineamientos político-económicos del gobierno que él mismo integra.
El programa económico actual
Los actuales ejes para la “recuperación económica” plantean el reforzamiento de, por un lado, el modelo agroexportador, con el esquema de cultivos transgénicos-agrotóxicos, avance de la frontera agrícola y superexplotación de los trabajadores y trabajadoras rurales. Por otro lado, una profundización de la explotación primaria de los recursos naturales, particularmente de la megaminería y de los hidrocarburos con eje en Vaca Muerta. En ambos casos, se trata de actividades económicas con nula generación de valor agregado, con capitales mayoritariamente extranjeros y con brutales consecuencias socioambientales. Esto, en un esquema de sostenimiento del pago de la deuda externa usurera y de facilidades para la fuga de capitales (giro de divisas a las casas matrices).
Es al servicio de estos negocios, que poco tienen que ver con la “liberación económica nacional”, que se pretende seguir colocando a la investigación pública en Argentina, un planteo tampoco novedoso. La profundización de la mercantilización de la ciencia y los vínculos con el “sector productivo” ha sido una constante de la gestión de pasada de Lino Barañao, determinando la injerencia de las empresas en qué se investiga y la cesión de desarrollos financiados con presupuesto público al ámbito privado (la semilla de girasol resistente a sequía de la Universidad del Litoral a Bioceres, entre tantos otros).
El extractivismo como fatalidad nacional
Pero Hurtado va más lejos. Consultado sobre “el problema del extractivismo” explica que la crítica a la actual situación socioambiental estaría reducida a “una izquierda académica, rigurosa, un poco idealista” a la que le reconoce “habernos empujado a enfrentar algunas de nuestras debilidades con relación al problema de la sustentabilidad del desarrollo y la justicia ambiental”. Para zanjar el debate antes de iniciarlo, Hurtado explica que “escribir libros sobre los desastres socioambientales del capitalismo es imprescindible, pero cuando te toca gobernar en un país en desarrollo los libros no alcanzan”. Así, el sostenimiento de una política consciente de concentración de la tierra, saqueo de los recursos naturales y destrucción socioambiental pasa a ser una consecuencia inevitable de nuestro lugar como país “periférico”, sin ninguna responsabilidad política. Brilla por su ausencia un mínimo análisis histórico de los resultados de estas mismas políticas que se vienen aplicando desde hace más de 200 años donde la promesa del desarrollo dejó tras de sí territorios arrasados y pueblos empobrecidos.
Monsanto vs la burguesía nacional
Este problema histórico se resolvería reemplazando a los monopolios multinacionales por la burguesía nacional: “No se trata de sí o no a la minería, a la energía nuclear, al fracking o a los transgénicos. Una cosa es Monsanto y otra bien diferente son las semillas desarrolladas con conocimiento argentino”. Esta afirmación falaz parte de considerar a la burguesía nacional como un actor independiente del capital financiero internacional y los grandes monopolios, cuando el vínculo entre estos sectores es una constante de la historia Argentina. Por otra parte, ¿Serían distintos entonces los casos de cáncer y malformaciones congénitas en las zonas fumigadas si el glifosato fuera rociado sobre soja transgénica de origen nacional? ¿Se reducirían las consecuencias del fracking en Vaca Muerta con YPF? ¿Resultaría menos dañino dinamitar la cordillera o la meseta patagónica para aplicar la megaminería nacional? Curiosa omisión la de Hurtado cuando evita mencionar que estas técnicas se encuentran prohibidas en muchos países que él denomina centrales.
Vamos por una ciencia al servicio del pueblo, no de las corporaciones y el extractivismo
Las consecuencias brutales de esta verdadera política de Estado que trasciende gobiernos han generado que cada vez más el pueblo argentino le diga basta al extractivismo y al genocidio socioambiental. Las masivas movilizaciones en Mendoza contra la modificación de la Ley 7.722 para habilitar el uso de cianuro y otros contaminantes, la organización de los pueblos fumigados, las marchas en el sur contra la megaminería, la explosión del movimiento juvenil contra el cambio climático, son sólo algunas expresiones de un movimiento que muestra el nivel de consciencia y organización que se ha profundizado en el último tiempo y que tiene alcance mundial.
Haciendo uso del macartismo clásico del peronismo, Hurtado pretende reducir estos movimientos masivos a una “izquierda académica”. Esta falacia se le vuelve en contra en por lo menos dos aspectos. En primer lugar, porque termina evidenciando que es efectivamente la izquierda el único bloque que se ha opuesto a estas políticas con independencia del gobierno de turno tanto en las calles como en el Congreso y las Legislaturas provinciales. En segundo lugar, porque quienes denunciamos desde el interior del sistema científico la subordinación de la ciencia a estos intereses lejos estamos de encontrarnos encerrados en una burbuja académica. Somos parte de los movimientos populares que luchan en las calles y en los lugares de estudio y de trabajo contra el extractivismo. No somos nosotres quienes nos ocultamos detrás de argumentos tecnocráticos y academicistas para disfrazar las consecuencias concretas de la aplicación del fracking o los agrotóxicos. Conocemos de primera mano y sentimos en la piel cómo viven los pueblos estos flagelos. Luchamos por otra forma de hacer ciencia porque luchamos por cambiar de base este sistema social que nada tiene que ofrecerle a los pueblos y los trabajadores y trabajadoras.
Lu Maffey
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