Según la autopsia el dirigente social murió por las heridas recibidas en la represión durante un corte de ruta. El gobernador K busca sortear la crisis echando algunos funcionarios.
Pese a que ya no debe afrontar el difícil fin de ciclo kirchnerista como jefe de Gabinete de Cristina, Jorge Milton Capitanich no duerme tranquilo. Esta semana una autopsia confirmó que Ángel Verón murió a causa de la salvaje golpiza que le propinó la policía del gobernador kirchnerista de la Provincia del Chaco. Así, su estrategia para zafar de la responsabilidad política por el asesinato, tuvo un importante primer traspié.
Como informó La Izquierda Diario, el referente del MTD “No al desalojo” murió el lunes 19 de octubre tras pasar casi un mes internado. La Policía chaqueña lo había detenido el 24 de septiembre, cuando él y sus compañeros del MTD cortaban la Ruta Nacional 11 a la altura del kilómetro 997, en reclamo de viviendas. Las torturas lo dejaron con un cuadro irreversible y finalmente falleció.
En una entrevista realizada días después de la muerte de Verón, el abogado Marcelino Leiva confirmaba a este diario que en ocho años de gobierno de Capitanich ya son cuatro los dirigentes muertos por represión a la protesta social.
La particularidad de la muerte de Verón es que el hombre, de 43 años, perdió la vida a causa de los brutales golpes propinados por los agentes policiales que tuvieron a su cargo la represión del corte de ruta del 24 de septiembre. Y que durante el mes de agonía desde la Gobernación chaqueña hicieron infinidad de maniobras para sembrar la impunidad e intentar demostrar que el mismo Verón se había “autoinfligido” las heridas mortales.
Ayer se supo que un informe preliminar de autopsia realizado por la Oficina Médica Forense del Poder Judicial del Chaco corroboró la denuncia que las organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron desde el principio. El Centro Mandela de Derechos Humanos difundió que, según ese informe oficial, “los agentes y funcionarios policiales que intervinieron en el procedimiento de desalojo provocaron la muerte violenta de Ángel. Los golpes y castigos propinados a este dirigente social fueron fatales y determinantes de su fallecimiento”.
El Centro Mandela informó también que el cadáver de Verón fue exhumado el sábado pasado, a pesar de que la esposa del dirigente fallecido “había solicitado a la justicia penal que se realizara la autopsia de sus restos antes de ser sepultado, como correspondía dado que su fallecimiento venía precedido de violencia policial”. Pedido que había sido denegado por el fiscal especial de Derechos Humanos, Daniel Turraca.
Cabe recordar que Capitanich y sus funcionarios buscaron encubrir el homicidio apelando a diversas maniobras. Entre ellas estuvo la realización de un certificado de defunción, expedido desde el hospital Julio C. Perrando, en el que se atribuía la muerte de Ángel a una “enfermedad”. Y como denuncian desde el Centro Mandela, desde la represión del 24 de septiembre “nunca se informó a la opinión pública sobre las circunstancias de los hechos de la violencia institucional que provocó la muerte de Ángel. Las dos únicas comunicaciones oficiales salieron de la oficina de prensa de la Jefatura de Policía del Chaco. Argumentaron que Ángel se autoinflingió (provoco) una herida, que no se efectuó un procedimiento de desalojo, que el personal policial actuó de acuerdo a las normas legales y que Ángel falleció de enfermedad. El jefe de policía nunca reconoció que el operativo policial no contó ni estuvo avalado por ninguna orden judicial de la justicia chaqueña ni del juzgado federal de Resistencia”.
Crisis política y fusibles quemados
Conocidos los resultados de la autopsia sobre el cadáver de Verón, se desató una crisis política de proporciones en el gobierno de Capitanich. El ministro de Gobierno y Justicia Javier Oteo, el secretario de Seguridad Marcelo Churin y el jefe de la Policía del Chaco, comisario general Gustavo Peña, debieron presentar su renuncia al gobernador una vez fracasado el plan oficial para conseguir la impunidad.
“Si el disparador ha sido la lamentable pérdida de vida del Sr Angel Verón, asumo la responsabilidad política de ser fusible de tal circunstancia”, manifestó Oteo horas después de renunciar. El funcionario responsable de la represión del 24 de septiembre (que tuvo, entre otras alternativas, la “cacería” de manifestantes en el monte), hizo circular una carta en la que no sólo fundamenta su “inocencia” sino que defiende a la propia policía asesina.
Entre otras definiciones, Oteo manifiesta en la carta que “la Policía del Chaco como institución es un instrumento de seguridad y orden público, y así como tal es utilizada, también debe ser respaldada por el poder político, caso contrario se crea una desazón en los cuadros, que no ayuda al desarrollo de la difícil tarea que tiene a su cargo y que me consta la cumplen con abnegación y sacrificio personal y el de sus familias”.
Y luego de agradecer a sus subordinados, a sus colegas y a sus compañeros de gabinete, agrega que se retira “con la tranquilidad de haber cumplido para con el gobierno y con el partido a que pertenezco”.
En reemplazo de Oteo el gobernador designó al actual ministro de Hacienda, Federico Muñoz Femenía. Y en lugar de Peña Capitanich nombró a quien lo sucedía en la jerarquía policial, el comisario general Ariel Alejandro Acuña. Es decir, continuidad política y un mensaje de impunidad redoblado.
Así, quemando fusibles y cambiándolos por otros de igual valor, Capitanich busca surfear una crisis que amenaza continuar más allá de las transformaciones cosméticas. Una crisis que en otras oportunidades supo esquivar a base de un enorme aparato de propaganda oficialista, de compra de voluntades y de negación explícita de responsabilidades.
Daniel Satur
@saturnetroc
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