El día anterior al del 5° aniversario del asesinato de Mariano, Ángel Verón murió esposado a la cama de un hospital chaqueño. Verón había sido herido por la policía cuando el gobierno provincial ordenó reprimir una movilización por la vivienda. Juan García, candidato a concejal de Resistencia por el PO-FIT, nos envía esta reseña.
El crimen de Angel Verón nos revuelve las tripas. Un luchador social, asesinado por reclamar los derechos más básicos. Una familia pobre devastada, con diez hijos y una madre quebrados por el dolor y la pobreza. Un gobierno que responde a los reclamos populares con una andanada de balas, sobre docentes, estatales, tanineros, campesinos e indígenas.
Los episodios que llevaron a la muerte de Verón son aún más graves. La represión se desató en la tarde del 24 de septiembre. El MTD "No al desalojo" había planificado una movilización y corte de ruta. El reclamo inmediato era la concreción de planes de vivienda prometidos antes de las elecciones provinciales.
La policía se concentró con varios patrulleros de la Comisaría 4ª y miembros del COE. Como resultado de la presión policial, los miembros de la organización se retiraron de la ruta. La represión se produjo luego de la retirada: no tuvo por lo tanto un objetivo preventivo frente a la medida de fuerza, sino un propósito aleccionador y de amedrentamiento.
La cacería humana que se desató terminó en la casa del propio Verón, a quien las fuerzas de seguridad buscaban por ser el dirigente del movimiento. Se trató de un caso de persecución política, dirigido especialmente contra la dirigencia de una organización popular. La casa de Verón fue ilegalmente allanada. Sus pertenencias fueron robadas y Verón fue golpeado salvajemente, abriendo la herida de una operación abdominal previa. La herida que luego le causó la muerte. Verón y su hermano fueron encarcelados toda la noche.
La detención fue, en verdad, un secuestro. Sus compañeros y familiares debieron buscarlo por todas las dependencias policiales de Resistencia, mientras no se informaba su paradero. Reapareció hospitalizado, esposado, encadenado a la cama. La policía se anticipó a las denuncias del caso y armó una causa contra Verón y otros miembros de la organización por haber atacado a las fuerzas de seguridad.
La denuncia es parte de un operativo de impunidad. La jefatura de policía publicó, el día después de la represión, un comunicado en los diarios señalando que Verón se "autoinfligió" las heridas. Y defendió la hipótesis de un "enfrentamiento" entre manifestantes armados y fuerzas de seguridad. Según abogados del caso, hay 16 testigos que presenciaron los hechos. La fiscalía, sin embargo, todavía no avanzó en la investigación. Los testigos, que viven en territorio de la misma comisaría, denunciaron, por medio del abogado querellante, Marcelino Leiva, presiones policiales y aprietes para no declarar.
El operativo de impunidad lo encabeza el gobierno. En la movilización que siguió a la represión, el secretario de Seguridad, Marcelo Churín, aseguró que no salió de ellos la orden de reprimir. Una posición insostenible en un operativo de semejante envergadura, en el que no solo intervino la Comisaría 4ª sino también el COE (un grupo especial para reprimir movilizaciones).
Churín se comprometió, en esa ocasión, a sumariar a los policías involucrados y separarlos del caso. No ha ocurrido. En cambio, luego de la muerte, ha vuelto a esgrimir la hipótesis de las heridas autoinfligidas. Quieren desligar a Capitanich, al ministro de Gobierno, Javier Oteo, y al gobierno provincial de la responsabilidad que les toca.
Esa comisaría es una guarida de torturadores. Revistan en ella los agentes Gómez y De La Fuent, acusados de haber empalado a un joven y golpeado a su hermana en 2011; en premio, recibieron ascensos todos los años desde entonces. Actúan con la venia y la impunidad del poder político.
Las responsabilidades gubernamentales saltan a la vista. Incluso familiares de Verón denunciaron que el gobierno dio la orden de tratar de mantenerlo con vida hasta que pasaran las elecciones presidenciales. El gobierno de Capitanich envió una corona al velorio, que fue quemada por los presentes.
Reclamamos la renuncia del ministro Oteo, el secretario de Seguridad, Marcelo Churín, y el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales.
El asesinato de Verón no debe quedar impune.
Juan García
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