Ledesma: “Hubo colaboración consentida de la empresa”

El empresario Carlos Pedro Blaquier cuando se presentó a declarar en el juzgado de Jujuy.

Los camaristas confirmaron el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma y de su administrador por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. Dijeron que colaboraron con los secuestros al permitir el uso de vehículos de la empresa.

“Por suerte en estos tiempos hay una luz de justicia”, dijo Ricardo Arédez sobre el fallo de la Cámara Federal de Salta que confirmó el procesamiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma en la localidad jujeña de Libertador General San Martín, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. “Con gran emoción mis hermanos y yo recibimos la noticia de que la Cámara consideró que Blaquier y Alberto Enrique Lemos, administrador de esa empresa, fueron cómplices de los hechos desgraciados cometidos durante la dictadura”, agregó el menor de los hijos del desaparecido intendente de Libertador, Luis Arédez, y Olga Márquez, la mujer que marchó sola en la plaza del pueblo con su pañuelo en reclamo de la aparición de su esposo y que falleció sin poder presenciar el avance de la Justicia. Los camaristas confirmaron el procesamiento del hombre fuerte de Ledesma y de su administrador por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada en tres hechos en concurso real, en calidad de cómplices primario y secundario, respectivamente.
Una de las víctimas fue el médico Luis Ramón Arédez, el luego detenido-desaparecido ex intendente, y las otras dos son Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián. También fueron confirmados los embargos dictados por el juez Fernando Poviña de un millón de pesos a Blaquier y de 500 mil a Lemos. Los familiares de las víctimas destacaron que la Cámara se haya pronunciado de esta manera, a pesar del feroz lobby desplegado en los últimos días con una campaña mediática impulsada por los Blaquier, que los organismos de derechos humanos de Jujuy no dudaron en denunciar como “acción psicológica sobre la opinión pública”.
Los camaristas Jorge Luis Villada, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Federico Santiago Díaz reconocieron la colaboración de los imputados para llevar adelante las detenciones, al señalar que las fuerzas de seguridad que “operaron aquella madrugada (del 24 de marzo de 1976) y días posteriores contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa”. En el mismo sentido, establecieron que “tal asentimiento fue prestado por el presidente del directorio (Blaquier) y ejecutado por su administrador general (Lemos), ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del presidente del directorio”. A criterio de los jueces, las pruebas reunidas en el expediente “indican prima facie que Blaquier tenía conocimiento y control sobre la totalidad de las cuestiones atinentes a la empresa”. Y concluyeron que, “en suma, dado por sentado (con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal) que existió tal colaboración consentida de parte de la empresa, nada desmiente la imputación que se formula en cuanto a que los vehículos fueron entregados voluntariamente y, más aún, al no existir registros de dicha circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo”.
Además, el fallo confirmó el aporte de la empresa Ledesma a la represión dictatorial no sólo el 24 de marzo de 1976 sino también las privaciones de la libertad en días subsiguientes, como en el caso de Melián, e indicó que tal colaboración se prestaba desde la creación de la unidad de Gendarmería con asiento en Ledesma. La Cámara consideró acreditada la actividad política y sindical de las víctimas y en particular la de Arédez, quien, como intendente, había obligado a la empresa Ledesma a pagar impuestos al municipio, de lo que hasta entonces se encontraba eximida. Y afirmó que la actividad política de las víctimas generó enfrentamientos con la empresa, que fueron acreditados en publicaciones de la época. La resolución de la Cámara Federal de Salta rechazó recursos de apelación presentados tanto por la defensa de los acusados como por la fiscalía y los querellantes.
En noviembre de 2012, Poviña procesó a Blaquier y a Lemos como cómplices de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura, en la llamada “Noche del Apagón” y otros operativos. La Cámara se pronunció por la parte de la causa referida a Arédez, Gainza y Melián.
La empresa Ledesma dijo ayer que su presidente y el ex gerente Lemos son inocentes y denunció que la causa judicial es “irregular” y tiene “motivaciones políticas e ideológicas”.
Los organismos de derechos humanos jujeños señalaron que este procesamiento tuvo como base “una abrumadora cantidad de pruebas que durante años aportamos a la Justicia y que llevaron a investigar la responsabilidad de los directivos de la empresa Ledesma, por hechos denunciados durante décadas por víctimas del terrorismo de Estado y diversos sectores de la sociedad”.
El jueves habían emitido una declaración conjunta que repudió “la escalada mediática que lleva adelante la defensa” de Blaquier para evitar su procesamiento. Blaquier y Lemos “utilizan” al diario La Nación “como tribuna para ejercer su defensa mediática”, afirmaron Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos, Red por el Derecho a la Identidad (Abuelas-Conadi), Asociación de Ex Presos Políticos, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma) y Grupo de Abogad@s de Derechos Humanos, entre otras entidades jujeñas. Según el extenso documento, esta campaña tuvo como objetivo “tergiversar la memoria colectiva e instalar una ‘verdad’ por fuera del expediente para presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta” que debían confirmar el procesamiento dictado por el juez Poviña. “Como parte de esa estrategia”, intentaron “deslegitimar la actuación del Ministerio Público Fiscal”, representado por el fiscal federal Pablo Pelazzo, y del juez federal Poviña, destacaron las entidades jujeñas defensoras de los derechos humanos.

Adriana Meyer