El desastre de Chevron en Ecuador

La compañía, condenada a pagar 19 mil millones de dólares por el derrame petrolero ocurrido en la Amazonía ecuatoriana, no quiere aceptar la sentencia

"Nací a 200 metros del pozo petrolífero, criado en este desastre que para mí era lo normal. Solo cuando me mudé a otro lugar entendí que aquí la vida es diferente", relata Donald Moncayo, que ha pasado su infancia en los alrededores de la ciudad de Lago Agrio, en el noreste de Ecuador. Lago Agrio se encuentra en la provincia amazónica de Sucumbíos y ha sido escenario de uno de los más grandes desastres ambientales del mundo: entre 1964 y 1990 la compañía petrolífera estadounidense Texaco —en 2001 fusionada con Chevron— habría vertido alrededor de 68 mil millones de litros de agua tóxica y 680 mil barriles de crudo en la Amazonía.
"Cerca de cada pozo petrolífero Chevron abrió ‘piscinas’ donde echaba los desechos tóxicos", explica Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía. "Las piscinas no fueron revestidas y, por consiguiente, los líquidos se filtraron hasta los ríos y los acuíferos. Texaco perforó más de 300 pozos en la selva ecuatoriana y creó unas 880 piscinas; este territorio está completamente contaminado".
Las que en Sucumbíos llaman "piscinas" en realidad son charcos gigantes de petróleo en medio de la selva. Alrededor de los pozos abandonados por Chevron viven comunidades donde la gente bebe el agua de los pozos y los niños juegan cerca de las piscinas. El desastre causado por Texaco no solo ha tenido un impacto grave en el ecosistema, sino también en la salud de la población: en esta zona del país la tasa de cáncer, abortos espontáneos y de nacimientos con malformaciones congénitas es la más alta de Ecuador. Además, la crisis ambiental obligó al desplazamiento de los pueblos indígenas de la zona, cuyas salud y vida son muy dependientes de la sanidad del territorio.
"En las piscinas echaron barros de perforación y petróleo de prueba, además de las aguas que resultaron del lavado de los pozos. En 1996 Chevron inició la reparación de unas 150 piscinas, que consistió en taparlas con tierra. Ahora le demostraré que no se trató de una verdadera reparación", denuncia Donald Moncayo, habitante de la zona, mientras extrae una muestra de tierra de una piscina reparada. La sumerge en un bote lleno de agua que en pocos instantes se vuelve aceitosa y negra como el petróleo. Sin embargo, después de la falsa remediación, el Estado ecuatoriano liberó a la empresa de toda responsabilidad.
La historia del proceso a Chevron-Texaco es muy larga: en 1993 un grupo de personas —que luego creó el Frente de Defensa de la Amazonía, reuniendo a unas 30 mil personas— llevó a juicio a Texaco y en febrero del 2011 un tribunal de Sucumbíos condenó a la compañía a pagar 9,5 mil millones de dólares para arreglar los daños causados y a disculparse públicamente.
No han presentado las excusas y, el año siguiente, el tribunal aplicó la sanción prevista: la duplicación de la multa. Ahora Chevron tiene que pagar 19 mil millones de dólares, la multa más alta impuesta a una transnacional por daños ambientales.
"El proceso no se acabó; ganamos aquí en Sucumbíos pero falta la ejecución de la sentencia; estamos trabajando en eso", explica Pablo Fajardo, jefe del equipo de abogados del Frente de Defensa del Amazonía, el David que le ganó al Goliat. "Chevron no pagó nada".
"Un juez ordenó el embargo de sus acciones y dividendos, pero la compañía ya no está en Ecuador. De todos modos, logramos que se impusiera una convención internacional que prevé que la medida sea eficaz en otros países como en Argentina, donde se está congelando el dinero de Chevron en una cuenta especial a nombre de los afectados de la Amazonía ecuatoriana.
"Esperamos actuar de la misma forma en otros países también: está cerca un fallo en Canadá para seguir ejecutando la sentencia; nuestro objetivo es seguir hasta cobrar el último centavo que nos deben para limpiar todo esto".
Sin embargo, a principios de junio la Corte Suprema argentina revocó el embargo de los bienes de Chevron Argentina y el 15 de octubre en Nueva York se iniciará un nuevo proceso en que la compañía pide sanciones penales, una indemnización económica y una declaración pública admitiendo que la sentencia de Sucumbíos fue obtenida de manera irregular.
"La empresa dice que es una sentencia fraudulenta, pero el daño está aquí; la evidencia es tan fuerte que no hace falta corromper a un juez. Que demuestren que no contaminaron el medio ambiente", comentó el abogado Pablo Fajardo.

Orsetta Bellani