El martes por la noche la presidenta Cristina Fernández anunció modificaciones vinculadas al denominado impuesto a las ganancias para los asalariados y al sistema de asignaciones familiares. Estas fueron las primeras respuestas significativas del ejecutivo a la agenda sindical que resonaron fuerte. Repasemos los números detrás del anuncio y las interpretaciones.
Hace al menos dos años la agenda de reivindicaciones sindicales de todas las centrales de trabajadores incluye la suba del mínimo no imponible como uno de sus ítems. El martes por la noche la presidenta anunció que se aplicará una nueva deducción especial para que no tributen ganancias los asalariados que perciban hasta $15.000 brutos mensuales; que se eliminarán las diferencias entre trabajadores con y sin carga de familia; y que las modificaciones comenzarán a regir el 1 de septiembre. Estas decisiones, comunicadas en el marco del segundo encuentro de diálogo social encabezado por el ejecutivo, fueron acompañadas por los dirigentes sindicales afines al gobierno nacional y marcaron el primer anuncio relevante para la “agenda laboral” desde la fractura de la CGT hace más de un año.
Las deducciones especiales anunciadas en torno a ganancias impactarán de lleno en los bolsillos de 1.300.000 asalariados que dejarán de ser alcanzados por el tributo. En este sentido, las estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) precisaron que desde el 1 de septiembre y hasta fin de año, el Estado nacional debido a esta decisión dejará de recaudar un total de $4.495 millones que engrosarán el poder adquisitivo de los trabajadores. La idea es que ese dinero se vuelque al consumo y que sirva para potenciar la reactivación de la economía.
Si el reclamo por ganancias tomó relevancia en un mundo laboral signado por la informalidad (33% de los asalariados desarrollan su actividad en negro) es por la masividad que adquirió en los últimos años. Las actualizaciones del mínimo no imponible que estuvieron por debajo de la inflación y de los promedios acordados en paritarias desde 2008, la decisión de no ajustar el mínimo no imponible en 2009 y 2012 y la falta de ajuste en las escalas del tributo habían generado un desfasaje importante. Estas medidas generaron que se triplique la cantidad de asalariados que tributaba ganancias entre 2008 y 2012 y que quienes pagaban lo hagan con porcentajes más altos por la falta de ajuste en las escalas.
Mientras en 2008 el impuesto a las ganancias alcanzaba al 8,5% del total de los trabajadores registrados, en 2012 llegaba al 25%. Con los cambios anunciados, pasaran a tributar ganancias un 10,2% de los registrados, lo que retrotrae la situación a cifras parecidas a las de 2008, cuando no era tema de agenda sindical.
Adicionalmente, se anunció que se elevará el mínimo no imponible un 20% para quienes perciban entre $15.001 y $25.000 lo que producirá un alivio para los casi 700.000 trabajadores que se encuentren en esa franja salarial. Por lo tanto, de los trabajadores comprendidos hasta ahora por ganancias, sólo unos 255.000 con ingresos superiores a $25.001 no verán mejorada su situación.
En el mismo momento se anunciaron cambios en el régimen de asignaciones familiares. También desde el 1 de septiembre los montos a partir del cual se pierde el beneficio coincidirán con los que regirán para el pago de ganancias. De esta manera los trabajadores que no tributen ganancias percibirán asignaciones familiares, lo que constituye la restitución de 850.000 asignaciones por hijo. Actualmente, los pagos por hijo alcanzan a 3.193.503 chicos y desde el próximo mes se elevarán a 4.042.000 beneficiarios.
Este anuncio cubre, parcialmente, otro reclamo compartido por todas las centrales sindicales y retrotrae la situación a cifras similares a las de 2008.
Redistribución entre quienes
Con el impacto de la crisis internacional se consolidó un proceso de redistribución de la riqueza que tuvo fuertes componentes endogámicos entre los trabajadores. De esta manera, con la paulatina incorporación de trabajadores a tributar ganancias por un lado y con la pérdida de asignaciones familiares por otro, fueron los propios trabajadores los que aportaron los recursos para subsidiar a otros trabajadores (ocupados o desocupados).
Aunque se esperaba que se grave la renta financiera y finalmente no ocurrió, se anunció que para compensar las cuentas fiscales se impondrá una tasa del 15% sobre las utilidades que arrojen la compra-venta de acciones y títulos valores que no coticen en Bolsa y se fijará una alícuota del 10% para los que cobren dividendos de empresas locales. Estas medidas recaudarán $2.056 millones provenientes del sector privado y marcarán un cambio significativo del rumbo tomado en materia de redistribución. Resta ver si es un camino a seguir o una medida aislada.
Los padres de la criatura
Con el anuncio fresco comenzó la pelea por apropiarse de la medida. Desde los sectores sindicales vinculados al gobierno intentan presentar las modificaciones de ganancias como fruto de sus gestiones en La Rosada. Antonio Caló, de la CGT oficialista, sostuvo que los anuncios consistieron en “darle respuesta al pedido que hacían los trabajadores”. Por su parte Hugo Yasky, de la CTA oficialista, entendió que “significa dar un paso adelante para tener un sistema tributario más justo en la Argentina”.
Los sectores sindicales opositores, en cambio, sostienen que esto es consecuencia de las movilizaciones que incorporaron a la agenda pública el tema cuando todavía era resistido por el oficialismo. Hugo Moyano, de la CGT opositora, expresó que fueron los Camioneros quienes pusieron ganancias en debate con paros y movilizaciones. Pablo Micheli, de la CTA disidente, aclaró que “tomaron bien” la medida y dijo que “lo veníamos reclamando desde hacía dos años con marchas y paros". También los gremios de base clasistas que lideran grandes fábricas expresaron que parte de la decisión del ejecutivo estuvo basada en la presión que pusieron en las calles.
Los dirigentes sindicales que integran el Frente Renovador tampoco dudaron en atribuirse las modificaciones a ganancias. Héctor Daer, secretario General de Sanidad Buenos Aires y candidato a diputado, remarcó que "la decisión de la presidenta no es casual" porque "la baja del impuesto a las ganancias es el proyecto de Massa”.
La decisión del ejecutivo seguramente sopesó la situación gremial y electoral compleja. La necesidad de fortalecer las centrales sindicales afines y otorgarles un anuncio relevante cuando flaqueaban sus fuerzas, la posibilidad de retomar iniciativa política para mejorar su imagen luego de las PASO, la evaluación de una situación injusta en materia tributaria y la eventual reducción de la conflictividad sindical deben haber pesado al momento de resolver. Aunque la solución no llegó por ley, por lo que no se garantiza su continuidad en el mediano plazo, por un tiempo ganancias estará fuera de agenda.
Jorge Duarte
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