Impunidad para el esclavista y contrabandista dueño de Soho

Dos jueces del fuero Penal y Económico protegen el depósito de autos de lujos contrabandeados por el esclavista dueño de la marca de ropa Soho y su socio el ex secretario privado de la actual presidenta. El día viernes por la noche los trabajadores de la fábrica Soho junto a la Alameda descubrieron -en el barrio de Villa Urquiza- el depósito de autos de lujo que contrabandea el dueño de Soho, Nelson Sánchez Anterino, junto al ex secretario presidencial, Fabián Gutiérrez, propietario de la concesionaria Machines. Ambos involucrados en la causa por contrabandear autos de alta gama con licencia diplomática lo que permitía reducir los costos de la importancia y luego venderlos en el mercado local a altos costos. El día del escrache al depósito de autos, ubicado en el pasaje Tartagal a metros de avenida Constituyentes, se acercó el subcomisario de la seccional N° 39, Marcelo Prado. El funcionario policial siguió los pasos correspondientes de comunicarse con el juzgado que investiga la causa que fue conocida como el escándalo de las camionetas Hummer, que habían sido adquiridas por varios famosos del ámbito artístico, deportivo y musical, y en la que están involucrado el empresario Sánchez Anterino, quien mientras tanto quiere vaciar la empresa para dejar 400 familias sin trabajo, quien armó esta estructura ilegal asociado a Gutiérrez, el ex secretario personal presidencial apartado por una causa de enriquecimiento ilícito.
El juez Jorge Ángel Brugo, a cargo del juzgado Penal y Económico N° 5, pese a contar con la testimonial tomada en sede policial al delegado de Soho, Ezequiel Conde, se negó al allanamiento para comprobar si efectivamente allí estaban escondido los autos contrabandeados con licencia diplomática. Sabemos que habló el subcomisario Prados con el secretario del juzgado, Horacio Joaquín Segura. No solo rechazó al allanamiento también a dejar custodia policial en el ingreso al depósito. Con la promesa de tomar declaración este lunes 30 el delegado de Soho se acercó al juzgado a cargo de Brugo. Allí informó el secretario Segura que la causa no había sido remitida por la comisaría y que la denuncia había pasado a sorteo. Las versión policial habla que el sucomisario se dirigía a los tribunales con el expediente y a mitad de camino un llamado de un alto funcionario policial hizo desistir al subcomisario ya que la causa había sido remitida al juzgado Penal y Económico N° 8.
Gustavo Dario Meirovich, es el juez que recibió la causa iniciada el viernes a la noche luego que la Alameda y los trabajadores hicieran lo que no hace los jueces y fiscales descubrir la cueva del lavado y contrabando. Los antecedentes del magistrado no dan esperanza para encontrar justicia, sí a los empresarios delincuentes. Ya que el magistrado Meiroviche fue propuesto en junio 2009 al cargo que hoy ostenta. El punto que lo propuso el Ejecutivo Nacional involucrado a través de su relación estrecha con quien fuera su ex secretario personal hoy denunciando por contrabando e enriquecimiento ilícito.
Esta impunidad otorgada por vía judicial demuestra que tampoco actuó la fiscalía por Lavado, y menos un organismo nacional como puede ser AFIP que tantos allanamientos viene realizando contra empresas esclavistas del campo o textiles. Entonces se entiende que Soho es la Awada del gobierno nacional. Es recordado la reiteradas notas periodísticas que dejaron a la luz la utilización de talleres esclavos por parte de la esposa de Mauricio Macri, Juliana Awada, su cuñado Daniel Awada, dueño de la marca infantil Cheeky, y por su secretario Legal y Técnica, Pablo Clusellas, directivo de la empresa que también utiliza talleres clñandestinos, Le Coq Sportif.
Vale recordar que Nelson Sánchez Anterino había zafado de la justicia en el 2008 cuando el juez federal Norberto Oyarbide falló en su favor diciendo que los talleres textiles clandestinos donde enviaba a confeccionar las prendas Soho en realidad formaban parte de un método de trabajo “ancestral propia de las comunidades Ayllú”. Con esa justificación Oyarbide no tomó indagatoria a los dueños de la marca ahora denunciado por contrabandistas y lavadores de dinero.

La Alameda