Una empresaria teme ser procesada por contaminar y advierte a un juez con paralizar los ingenios

La empresaria azucarera Catalina Lonac

No tan sólo contaminan al medio ambiente violando las leyes ambientales. Ahora, se atreven a amenazar a un juez federal, justamente, por hacer Justicia. La empresaria azucarera Catalina Lonac, propietaria de los ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguilares, propuso que los empresarios del sector entreguen al juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, las llaves de todas las fábricas azucareras “y que se haga cargo de las miles de familias” afectadas por esta medida.
“Estoy impulsado, a modo personal, que todos los ingenios le entreguemos simbólicamente las llaves de nuestras fábricas al juez”, afirmó. La empresaria afirmó que los procesamientos de Racedo son medidas “fuera de lugar” y se reconoció “como ciudadana cumplidora del derecho y la ley”.
En declaraciones a radio Metropolitana, Lonac afirmó que los ingenios “estamos cumpliendo con todas las medidas comprometidas con el Gobierno de la Nación y la Provincia, haciendo inversiones millonarias”. “Creemos que no es justo el trato que estamos recibiendo”, agregó.
Cabe aclarar que Lonac fue citada para este lunes por Racedo para declarar en cuanto a la contaminación que causa uno de sus ingenios.
La propietaria de la Universidad de San Pablo fue más allá y responsabilizó a Santiago del Estero por haber construido “un dique de zona montañosa en la llanura”. “No puedo entender que Tucumán no salga a defenderse y decirle que es Santiago el que construyó mal, cosa que nosotros no podemos solucionar”, afirmó.
Racedo resolvió el 9 de mayo el procesamiento del propietario del ingenio Ñuñorco por violar la ley Nº 24.051, sobre residuos peligrosos. Anteriormente se procesaron a los dueños de los ingenios Santa Rosa y La Corona también por contaminar la cuenca Salí-Dulce con desechos industriales.
Fuentes judiciales confirmaron que en los próximos días se resolvería el procesamiento de otros empresarios acusados del mismo ilícito. Esto despertó el temor del sector que ahora intenta presionar a la Justicia para no pagar por los delitos cometidos.