Aunque Macri aprovecha la volada para "condenar" a Schocklender, el gobierno PRO y sus predecesores han sido cómplices claros del negociado que acaba de estallar.
La salida de Sergio Schocklender de la Fundación Madres de Plaza de Mayo ha destapado una olla más grande y hedionda de lo que sus denunciantes imaginan. Los diarios dan cuenta de un régimen de construcción de viviendas sin licitaciones ni rendición de cuentas; de la Fundación Madres como intermediaria entre la Secretaría de Obras Públicas y la constructora privada Meldorek, perteneciente a Schocklender y beneficiaria exclusiva de todos estos emprendimientos "sociales"; finalmente, se sospecha del uso de estas empresas -armadas en nombre de los "derechos humanos" y la "vivienda popular"- para concretar operaciones de lavado de dinero.
Mientras Filmus dice "no saber nada del tema", otros portavoces oficiales tratan de tirarle todo el fardo a Schocklender -o sea, de colocar la cuestión en el terreno de la defraudación individual. Pero la transformación de las Madres en un emporio económico fue una operación política armada desde el riñón del kirchnerismo. El programa Sueños Compartidos es un "modelo" de la política oficial en la materia; esto es, la cooptación de organizaciones sociales y hasta de derechos humanos como tercerizadas de la obra pública, con un doble objetivo: la manipulación de los desocupados o personas sin techo, por un lado, y el armado de un régimen de obra pública con mano de obra barata y precaria, por el otro. El de Schocklender fue, probablemente, el caso extremo de esta operación política y económica. A diferencia de otros, que constituyeron "movimientos" o "ramas políticas" con los recursos rapiñados, el hombre se dedicó a comprar mansiones, aviones o intensificar sus visitas al Casino de Puerto Madero.
En el obrador de Los Piletones, donde comenzó el emporio de los "sueños compartidos", se reportaron denuncias por el régimen de trabajo vigente en las obras, las que salieron a la luz con la muerte de un trabajador. Por otra parte, no es un secreto que Schocklender manipulaba la adjudicación de las viviendas en favor de los elementos más descompuestos de las vecinales villeras, de modo de reforzar su poder a costa de los delegados combativos o de los que rehuían el contacto con el narcotráfico o los punteros del Estado. Cuando todos saludaban la mística "constructora" de las Madres, el Partido Obrero denunciaba a Schoklender. Sus secuaces de los Piletones, con Prensa Obrera en la mano, amenazaban con el despido al trabajador que "trajera esto (nuestro periódico) al obrador".
Corporación del Sur
Aunque Macri aprovecha la volada para "condenar" a Schocklender, el gobierno PRO y sus predecesores han sido cómplices claros del negociado que acaba de estallar. Las obras de las Madres en la Capital se ejecutan a través de un convenio con la Corporación Buenos Aires Sur, en terrenos que le pertenecen a ésta. Entre la Corporación, que es "autónoma" del Estado porteño, y la Fundación Madres, que recibía fondos por adjudicación directa, se construyó una gigantesca caja paralela en nombre de la "acción social". El gobierno de Macri transfirió la tarea de "atención a las villas" del Instituto de Vivienda a la Corporación, no para avanzar en la urbanización de las villas sino para contener su expansión, realizando obras menores que sirvieran para separar las tierras villeras de aquellas que se encuentran ociosas y están reservadas a futuras operaciones inmobiliarias. Las quinientas viviendas construidas en Los Piletones -que no cubren las necesidades ni del 20% de sus habitantes- tienen ese propósito. La Fundación Madres y Schocklender fueron un brazo más del Estado contra la población sin techo. Por eso, Schocklender en persona denunció a los ocupantes del Parque Indoamericano en diciembre pasado, en vez de reclamar viviendas para ellos. En aquel viernes fatídico de diciembre pasado, cuando las bandas de punteros y barrabravas intentaron someter a los ocupantes a una noche de San Bartolomé, los secuaces de Schocklender se sumaron a la partida con sus propias armas. Como Pedraza, estos otros tercerizadores, los de la vivienda popular, pusieron en marcha a sus Favale para defender sus negocios.
Liquidación de la vivienda popular
Por sobre todas las cosas, los Kirchner y Macri se sirvieron del pañuelo de las Madres y sus viviendas a cuentagotas para encubrir la liquidación de cualquier perspectiva de vivienda popular. Según los propagandistas del kirchnerismo, el modelo productivo ha construido unas 30.000 viviendas por año, en un país donde todos los años se agregan 120.000 familias a un déficit habitacional que asciende a los dos millones de unidades. En la Ciudad, las obras de Schocklender representan ¡la mitad! de todo lo construido en los últimos años. La tercerización de la política habitacional a manos de una banda que conchabó la marca de las Madres ha sido la pantalla de una política que entregó el espacio de las grandes ciudades a la especulación inmobiliaria, al tiempo que expulsaba a los trabajadores a los suburbios. En la Ciudad, esta operación ha sido cogestionada entre los Kirchner y Macri. No hemos escuchado ni a Solanas ni a sus diputados denunciarla. La crisis de Schocklender plantea una auditoría integral de las operaciones del IVC y de la Corporación del Sur a manos de las organizaciones obreras y vecinales del sudoeste porteño, realmente comprometidas en la lucha por el techo; el juicio político a los funcionarios nacionales que, de Kirchner a Kirchner y de Telerman a Macri, han sido cómplices de ello; así como la expulsión de los punteros de Schocklender en la adjudicación de las viviendas. Las tierras y los recursos de la Corporación del Sur deben ser dispuestos a favor de una urbanización de carácter social, gestionada y controlada democráticamente por los que viven de su trabajo.
Prensa Obrera
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