Entrevista con Hugo Gutiérrez, diputado del PC chileno y abogado de derechos humanos
El político chileno plantea la importancia de la coordinación de las acciones de derechos humanos a nivel regional para cruzar información sobre la Operación Cóndor organizada por las dictaduras militares.
Por Luciana Bertoia
–¿Con qué objetivo visitó Buenos Aires?
–Junto con trabajadores de los derechos humanos estamos avanzando en una coordinación entre los que sufrieron la Operación Cóndor. La originalidad de este proceso de confluencia es que se piensa sistemático, permanente y organizado. Yo tengo la impresión de que esta coordinación, de manera tácita, ha funcionado. Por ejemplo, en todo el trabajo conjunto que hubo en los juicios de Madrid, que permitieron el juzgamiento de represores argentinos y chilenos, y el principal fue nada menos que Augusto Pinochet Ugarte.
–¿Por ejemplo?
–Yo creo que la brillantez que tuvieron los argentinos, con el abogado Carlos Slepoy a la cabeza, con los juicios de Madrid, fue impresionante. Los juicios de Madrid son un proceso por la dictadura argentina, que nosotros logramos instalarlo con cierto oportunismo con el tema de la Operación Cóndor. En realidad, no fue por la causa iniciada por los chilenos que fue capturado Augusto Pinochet, sino por el proceso abierto por los argentinos. Yo creo que la solidaridad judicial que ha habido entre Chile y la Argentina ha permitido que Chile tuviera un proceso interesante de ruptura de la impunidad, pero no se abrieron las puertas de esto hasta que se detuvo a Pinochet. Lo demás eran gotitas. Nosotros tuvimos un símil al Juicio de las Juntas, que fue el juicio a la DINA que mató a Orlando Letelier (N. de R: embajador de Salvador Allende en Estados Unidos). Fue nuestro show, transmitido por todos lados. Después esto se cerró hasta el año ‘98, cuando se rompe con la detención de Pinochet.
–¿Cuáles fueron los efectos concretos que tuvieron esos procesos en España hacia el interior de Chile?
–Esos juicios permitieron la apertura de la Justicia en Chile, como ocurre el día de hoy con unos 1300 juicios que hay allí en contra de violadores de los derechos humanos y cerca de 700 represores que están siendo enjuiciados, más de 70 ya en prisión. Son números importantes que demuestran la coordinación que hemos tenido. Claro, esa coordinación no ha sido sistemática ni cotidiana, pero sí concurrente entre los trabajadores por los derechos humanos de Argentina y de Chile.
–¿En qué innovaría esa coordinación hoy por hoy?
–Pero yo creo que lo novedoso es que hoy en día somos ciudadanos que tenemos poder estatal, es decir que somos diputados de la República, y que podemos ser parte de esta coordinación. Ya no somos estos “marginales” que hacen la política desde la puerta del Parlamento. Hoy en día, estamos instalados en el Parlamento, tenemos cierto poder e influencia y queremos utilizarlos para crear condiciones reales de coordinación entre los distintos grupos sociales que se puedan entrelazar para hacer justicia en nuestros países. Yo creo que la Operación Cóndor puede resultar una muy buena excusa para reunirnos, dialogar y traspasarnos experiencias. Pero también estos encuentros nos tienen que servir para estar atentos y que la Operación Cóndor no vuelva a pasar nunca más. Tenemos la sabiduría incorporada dramáticamente en nuestros genes para saber cuándo se avecina una nueva coordinación de la muerte, como fue la Operación Cóndor, y si no la usamos, estaremos fallando a nuestro deber de evitar que nuestro pueblo sea víctima nuevamente, el día de mañana, de un genocidio.
–¿Cuál es la importancia de juzgar la Operación Cóndor como tal, como una coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur y los Estados Unidos?
–Por una de esas curiosidades de la vida, yo presenté el 11 de septiembre de 2001 la querella en Chile. Me acuerdo que la estaba presentando con el fallecido diputado Juan Bustos y justo me avisan que se estaban cayendo las Torres Gemelas. Esa querella estaba direccionada en contra de Henry Kissinger y era la primera vez que se lo trataba como el imputado de un delito, como el autor mediato de toda la Operación Cóndor. Nosotros lo responsabilizábamos de crímenes contra la paz. Logramos que saliera una petición de interrogatorio desde los tribunales chilenos al Departamento de Estado norteamericano, pero que hasta el día de hoy nunca tuvimos respuesta porque Estados Unidos ampara a Kissinger. Justamente, unos días atrás, me preguntaban mi opinión sobre la muerte de Osama bin Laden y respondí que el presidente estadounidense dio la orden de ir a matarlo por los crímenes que había cometido y con eso lo que estaba justificando es que el día de mañana un presidente chileno diera la orden de ir a matar a Kissinger porque hizo lo mismo que Bin Laden en Latinoamérica. Si vamos a justificar el ojo por ojo, nosotros todavía tenemos mucha sangre en el ojo por los crímenes que cometió Kissinger.
–¿Por qué usaron la figura de crímenes contra la paz?
–Lo que hicieron la Operación Cóndor y los golpes de Estado en América latina fue interrumpir procesos populares democráticos por una decisión norteamericana, y allí se atentó contra la paz. Los crímenes de guerra son con posterioridad a los golpes. Este tipo penal lo utilizamos nuevamente cuando nos querellamos por el caso de Salvador Allende y que es una de las figuras que surgen después de los tribunales de Nurenberg.
–¿Cree que el no haber sido parte de los juicios de Madrid influye para que Uruguay siga teniendo problemas a la hora de juzgar a los represores?
–Yo creo que Uruguay es un poquito más lerdo, va un paso más atrás. Aceptó con mucha propiedad ese veredicto popular que convalidó la Ley de Caducidad, a diferencia de los argentinos y de nosotros. En Chile, veníamos con la amnistía de la dictadura. En Argentina, tenían la amnistía que les diseñaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Uruguay está en el medio porque fue el pueblo el que la aprobó. Ahí tenemos las tres variantes, pero la chilena es la más claramente ilegítima.
–¿Qué pasa con la amnistía en Chile?
–Sin haber derogado esa ley, hoy en día no se aplica, lo que es muy interesante. Nosotros hemos batallado contra toda una institucionalidad, que luego de la dictadura no ha cambiado nada. La construcción política que diseñó Pinochet es la misma que está hoy vigente en Chile: el modelo económico, los jueces, los tribunales militares, que se terminaron el año pasado.
–¿A qué cree que se debe la insistencia del gobierno de Sebastián Piñera para poner en el debate la posibilidad de indultar a los represores condenados?
–Estamos en un gobierno de derecha y este gobierno, sin duda, tiene un compromiso con todos aquellos que “salvaron al país del cáncer marxista”. Como dijo Salvador Allende en su último discurso en La Moneda, esta derecha gobernante recuperó con mano ajena, con las fuerzas armadas chilenas, el control del Estado. En consecuencia, yo creo que hay una “deuda” que este gobierno de derecha tiene que pagar con los “salvadores de la patria”, que hoy en día están encarcelados por violar los derechos humanos. Por eso, todo lo que vemos en cuanto a indultos, libertades condicionales, restricciones de los plazos de investigación de la Justicia son una concesión de favores a esos con los que comulga.
–Pero el año pasado, una encuesta mostró que la población estaba mayoritariamente en contra de indultar a los represores y Piñera dio marcha atrás. ¿Eso no muestra que está tratando de evitar el costo político?
–Yo creo que si hay algo que está impidiendo que Piñera indulte a los violadores de derechos humanos en Chile es justamente una opinión pública que es renuente a que eso ocurra. Pero si hubiese una encuesta que dijese que no se ve mal indultarlos, Piñera lo haría.
–Los procesos abiertos por el juez Baltasar Garzón fueron un puntapié para que chilenos y argentinos empezaran a llevar a los criminales ante la Justicia. ¿Cómo percibe el proceso que tiene que afrontar actualmente ese mismo magistrado cuando pretende investigar los propios crímenes del franquismo?
–El auto de apertura del juicio contra el franquismo dictado por Garzón es un enjuiciamiento de la transición democrática española y de la institucionalidad vigente. En ese instrumento jurídico, Garzón señala de manera clara y en varias oportunidades que la institucionalidad existente en España es producto de un acto criminal. Es decir, surge de un terrorismo y de un acto de insubordinación de las fuerzas armadas. Es una institucionalidad que nace de la fuerza más violenta y descarada contra el pueblo español. Garzón se encarga de demostrarlo y señala los casos de mujeres embarazadas privadas de la libertad que eran fusiladas después de tener a sus hijos; de la unidad que crearon para ir a traer e introducir en orfelinatos a los niños, hijos de republicanos, que habían huido a Francia. La persecución que se direcciona en contra de Garzón es producto de haber evidenciado una verdad que todos ocultan o niegan en España. Además, él enjuicia la transición cuando desvirtúa la aplicación de la Ley de Amnistía, aludiendo a la doctrina de derechos humanos, aunque sea una norma que surgió cuando Francisco Franco estaba muerto. La transición española está basada en una ley de amnistía. Es tan fuerte la crítica que hace Garzón, que provocó una sobreRreacción del Estado español, que hizo que le inventaran todos estos juicios por prevaricato. La idea era enlodarlo para que lo que estaba diciendo en su auto de apertura no tuviese influencia en la gente. Pero la verdad está dicha en ese auto y el día de mañana, ése va a ser considerado como un documento histórico y vital en lo que se refiere a la historia reciente en España.
–¿No es paradójico que grandes sectores sociales españoles hayan apoyado los juicios a los represores latinoamericanos pero no estén interesados en llevar a los represores franquistas al banquillo de los acusados?
–Yo todavía no dejo de repudiar la postura que tuvieron los partidos populares en España. Sigo sin entender cómo los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista Español (PCE), juraron lealtad a la monarquía. La otra cosa es que hayan sido parte de los acuerdos de La Moncloa y hayan aceptado la amnistía. Son cosas que son intolerables.
–¿Cómo se construyó memoria de lo que significó la dictadura en Chile?
–Siento que en mi país, la historia alternativa o no oficial ha sido muy potente. No logró instalarse una verdad sobre el poder. Nosotros hemos instalado una historia no oficial, que es un gran logro en Chile. No obstante, la transición democrática en los términos en que se hizo fue llevada a cabo con mucha cobardía política. Yo creo que si algo hay que repudiarles a las autoridades que redireccionaron la transición política chilena es que fueron abiertamente unos cobardes, que no quisieron enfrentar a las fuerzas armadas sino que, por el contrario, respetaron toda la institucionalidad dejada por Pinochet y que fueron incapaces de cambiarla por dentro, como ellos querían hacerlo. Es por eso que hasta el día de hoy tenemos la Constitución, el modelo económico, una doctrina de seguridad pública y la cultura represiva diseñados por Pinochet. En lo único que logramos romper los esquemas fue en la mantención de la impunidad que había dejado Pinochet y que, por supuesto, la clase política instalada durante la transición también estaba dispuesta a respetarle. Pero fueron las organizaciones sociales y los partidos populares los que lograron romper con eso.
–¿Sólo por cobardía entiende que se mantuvieron las estructuras?
–Muchos integrantes de la clase política que gobernó hasta hace un año atrás la transición están cooptados por el modelo neoliberal, y eso lo puedo ver día a día en el Parlamento. ¿Por qué no se puede construir oposición en Chile? Porque los partidos de la Concertación nunca tuvieron un proyecto político contrario a la dictadura, su proyecto político siempre fue subalterno a las políticas públicas diseñadas por la dictadura. Entonces, la pregunta es cómo pueden ser ellos oposición a algo que ellos mismos administraron.
–¿Un ejemplo de ello sería la Ley Antiterrorista, un legado de la dictadura pinochetista que se mantuvo durante los años de gobierno de la Concertación?
–Efectivamente, la Ley Antiterrorista es una ley de Pinochet, pero quien la hizo más perjudicial para las fuerzas sociales y políticas fue la Concertación. Porque agregó tipos penales como los incendios. Durante la presidencia de Ricardo Lagos, hubo una modificación que permite que el Ministerio Público por sí solo califique tus hechos como terroristas y te aplique toda la legislación antiterrorista, sin tener que mediar un juez. Ahora vamos a presentar un proyecto para que vuelvan a ser los tribunales de garantías los que señalen si una conducta es o no conducta terrorista.
–¿Qué involucra su aplicación?
–Significa aumentar los plazos de detención extrajudicial, los plazos de incomunicación, que pueden aplicarse los testigos sin rostro, es decir, los que declaran en estas causas que son anónimos desde que se presentan hasta después. La legislación antiterrorista fue agravada por los gobiernos de la Concertación y que hoy la utiliza muy bien el gobierno de derecha.
–¿Qué opina de la reapertura del caso por el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y el consecuente reclamo a la Argentina de que extradite a Galvarino Apablaza?
–Yo creo que lo que ha pasado con el caso Guzmán es una evidencia de la necesidad que tiene la derecha de construirse una agenda de derechos humanos, que se pueda oponer a la agenda de derechos humanos que tenían los gobiernos de la Concertación, que –con todas las críticas que uno les puede hacer– tuvieron la deferencia de no instar por la impunidad. Ese es el gran logro que tuvo la Concertación en sus 20 años de gobierno. La derecha igual tiene necesidad de instalar una agenda de derechos humanos y no sólo involucra el caso Guzmán sino también el caso Manuel Olate, el caso “Bombas” (que es un caso contra los anarquistas), el caso del paquistaní que detuvieron supuestamente entrando con explosivos a la embajada norteamericana, el caso de los mapuches. Con todos esos temas, le salió el tiro por la culata.
–En el juicio por la extradición de Olate a Colombia por supuestos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo involucraron a usted también. ¿Cómo responde a esa acusación?
-Trajeron a un agente antisubversivo colombiano a declarar y él determinó una cadena de mandos al interior de esta estructura terrorista y por supuesto me pone dentro de ella. Me han acusado de tantas cosas que una más... (bromea). Yo creo que lo que busca Colombia es internacionalizar la lucha contra las FARC y básicamente involucrar a todos los países latinoamericanos para quitarles cualquier tipo de apoyo. Nosotros, como Partido Comunista Chileno (PCCh), seguimos reivindicando nuestro derecho a solidarizarnos con todas las organizaciones que luchan por la justicia social y reivindicamos lo que ha hecho Olate, que no fue nada ilegal. Nosotros somos partidarios de un entendimiento en Colombia, que el Estado inicie el diálogo con las FARC para encontrar una solución a un proceso larguísimo de violencia que nosotros también queremos que termine.
–¿Cómo tomó la noticia del asesinato del ex agente Enrique Arancibia Clavel, ocurrido días atrás en Buenos Aires?
–Fue una noticia que impactó. Porque creo que haber condenado a Arancibia Clavel por la Justicia argentina y después haber permitido un juicio en Chile sobre el asesinato del general Carlos Prats y su señora rompió un mito: el que decía que los crímenes cometidos por la dictadura eran excesos y que no había una institución comprometida con las violaciones a los derechos humanos, es decir que las fuerzas armadas –fundamentalmente el ejército– estaban ajenas a esos crímenes. Con el asesinato del general Prats lo que se demuestra es el compromiso de la dictadura encabezada por Pinochet y del ejército, que se atrevió a nada más y nada menos matar a un comandante en jefe de esa fuerza. Yo creo que fue muy determinante que en estos juicios, tanto en Argentina como en Chile, el primer condenado haya sido Arancibia Clavel.
–¿Qué expectativas tiene con la exhumación del cuerpo de Allende?
–Unos meses atrás estuve hablando con Joan Garcés (N. de R.: Jurista, fue asesor del presidente socialista) y me decía: “Si a un vecino cualquiera se lo encuentra muerto en una ciudad cualquiera de Chile, su muerte se va a investigar en un proceso penal. ¿Por qué en el caso de Salvador Allende, él no ha tenido proceso penal? Después llegué a Chile y justamente una de las motivaciones que llevé de vuelta era que el tema de Salvador Allende no podía quedar en la penumbra. Yo creo que se están llevando a cabo investigaciones que pueden ser relevantes. De hecho, el próximo 23 será la autopsia.
–¿Y qué opina de la apertura de la causa por el asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva?
–Fue el primer presidente de la República que ha sido asesinado en Chile. Al margen de que se logre acreditar quién ha sido su autor, lo grave es que la dictadura no tembló ante nada, que incluso le cortó la vida a un ex mandatario. Esas son las dimensiones que tuvo la dictadura en mi país, que llegó a matar a un ex presidente, también salió fuera de las fronteras a matar gente. Fue una dictadura con gran vocación internacionalista.
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