De confirmarse la hipótesis de que a la militante social de Rafaela Silvia Suppo la mataron porque había declarado en el juicio que condenó a la cárcel al ex juez federal Víctor Brusa y a media docena más de ex represores de la capital provincial, será el segundo caso en el país.
Por Jorge Sansó de la Madrid / La Capital
Una derivación escalofriante toda vez que demostraría que los condenados en juicios por lesa humanidad tienen también en la provincia de Santa Fe una capacidad y determinación homicidas todavía eficaces. De confirmarse la hipótesis de que a la militante social de Rafaela Silvia Suppo la mataron porque había declarado en el juicio que condenó a la cárcel al ex juez federal Víctor Brusa y a media docena más de ex represores de la capital provincial, será el segundo caso en el país. El anterior fue la desaparición de Julio López luego de su testimonio en el juicio que condenó en La Plata a Miguel Etchecolatz.
Perpetrado con ensañamiento, el crimen de Suppo (de 51 años), quien recibió 9 puñaladas en su comercio del centro de Rafaela el lunes 29 de marzo del año pasado por parte de dos jóvenes que supuestamente ingresaron para robar, es para el tribunal oral federal que los investiga un caso a abordar desde la hipótesis de una muerte por encargo.
Así lo resolvió en las últimas horas al anular el desdoblamiento de la investigación y ordenar al juez federal Reinaldo Rodríguez que profundice sobre las sospechas de la mencionada hipótesis según la cual la mujer fue atacada y muerta para evitar que vuelva a declarar en otro juicio de similares característica al de la causa Brusa (como iba a acontecer) y para amedrentar a otros posibles testigos.
En 1977, Silvia Suppo fue secuestrada y violada por los grupos de tareas de Santa Fe. Tenía 17 años. Como consecuencia de las violaciones quedó embarazada, y los represores le practicaron un aborto “para subsanar el error”. En 200l su testimonio fue clave para lograr la condena de un grupo de tareas y la de Brusa.
A los pocos meses de aquel testimonio fue asesinada. Desde entonces sus hijos y organismos de derechos humanos sospecharon del simple robo casual como móvil del crimen toda vez que, argumentan, tantas puñaladas buscaron asegurarse de que muriera más que neutralizarla para que no se interpusiera en la acción de saqueo que buscaron realizar los ladrones. Un robo se asienta en la idea de que un ladrón busca acceder y hacerse del botín en el menor tiempo posible para emprender raudamente la huida. Detenerse a apuñalar tantas veces a una mujer que difícilmente los hubiera podido reducir sola va en contra de la rapidez que reclama la eficacia en un robo, insisten los abogados querellantes, Lucila Puyol y Guillermo Munne.
Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, detenidos y confesos de haberle robado 200 pesos y haberla asesinado de nueve puñaladas a Suppo, no serán juzgados hasta tanto el juez Rodríguez confirme o descarte la pista dada por un testigo de identidad reservada que atribuye el homicidio a un encargo para silenciar a la mujer en vista de otros juicios contra policías o militares en los iba a declarar.
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