Este lunes se inició por tercera vez la causa que tiene como implicados a 28 policías responsables de torturar a más de 50 detenidos de la Unidad 11 de Neuquén en abril de 2004. La organización Zainuco denuncia que, en el marco de este proceso judicial, se han intensificado las agresiones contra los presos.Por Agencia Walsh.
Por Agencia Walsh
Durante los días 24, 25, 26 y 27 de Abril de 2004, 50 detenidos de la Unidad 11 de Neuquén fueron violentamente reprimidos por la policía, como represalia por el reclamo que estaban llevando a cabo debido al trato indigno que se aplicaba a las visitas femeninas (manoseo, requisas anal y vaginal y otras).
El personal de requisa y celadores accionaron violentamente, con "golpes de puño y patadas, utilización abusiva de gases lacrimógenos y balas de goma (en ámbitos cerrados), colocación en situaciones y posiciones humillantes (esposados, desnudos, tirados en el suelo, mojados, a la intemperie y a bajas temperaturas), pisotones de manos y pies, golpes con barra de hierro en los tobillos y pies descalzos, asimismo eran amontonados en el suelo, les cubrían la cabeza con frazadas y corrían por encima de sus cuerpos.
También fueron sometidos a torturas psicológicas, obligándolos a cantar el himno, encontrándose desnudos, y golpeaban a quien se equivocaba", según informó Zainuco. Esta actitud se mantuvo durante los cuatro días, y fue llevada a cabo por tres cuerpos de requisas diferentes.
La causa judicial
La cusa, titulada "Zarate y otros s/torturas", estuvo parada dos veces. En abril de 2008, la defensa de los policías planteó la inhabilitación de uno de los camaristas ya que, cuando ocurrieron los hechos, éste presentó un habeas corpus en defensa de los detenidos. Luego, el tribunal rechazó la acusación.
En noviembre del año pasado, la defensa nuevamente puso una piedra en el camino para tratar de dilatar el juicio, al argumentar que no disponían de tiempo suficiente para hacerse cargo debido a que estaba abocada a otra causa. La causa quedó suspendida por segunda vez.
Este lunes, 03 de mayo de 2010, se inició un nuevo intento de concluir con el proceso judicial que tiene como implicados a 28 policías, incluyendo al jefe y subjefe de la Unidad de Detención Nº 11 de la Provincia de Neuquén.
Por otra parte, Zainuco realizó una presentación para pedir la exclusión del psiquiatra Raúl Ignacio López Proumen, quien cumplió funciones durante la última dictadura militar. El abogado Santiago Nabaes, comentó a 8300, medio de comunicación neuquino, que: "Esta persona esta llamada como testigo en nuestra causa y creemos que debe estar inhabilitada para dar testimonio en cualquier causa judicial".
Agresiones y preocupación
Los detenidos no son sólo víctimas de las torturas sino, además, testigos claves de lo ocurrido en el 2004. Hay que recordar que la seguridad y resguardo de estas personas privadas de su libertad, está en manos de la misma fuerza de control a la que están denunciando; la cual, hasta ahora, ha actuado corporativamente.
Lo cierto es que la violencia no ha disminuido nunca en la Unidad 11 de Neuquén. Desde un intento de homicidio por ahorcamiento, hasta la pérdida de una falange de un dedo, las agresiones contra los detenidos son constantes. En un relato realizado por Zainuco el año pasado, se informa que "varios detenidos han sido brutalmente golpeados en diversas ocasiones y en diferentes lugares de detención, ya que también se los somete a traslados intempestivos e injustificados (…) Igualmente se ha sometido a los detenidos a tratos crueles y agravamientos ilegítimos de las condiciones de detención, tales como obligarlos a dormir a la intemperie, desnudos, esposados y con temperaturas bajo cero".
Debido a esto, Zainuco presentó un habeas corpus para resguardar a los presos que serán trasladados, por la misma Policía que los torturó, para prestar declaración en el juicio. Además, 8300 expresó la preocupación de esta organización ya que, "temen que se generen irregularidades durante el transcurso del juicio, ya que el lugar elegido para que se lleve a cabo es una sala sin espacio y poco adecuada, que no garantiza la participación de la comunidad y los organismos de derechos humanos".
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