Una criminalización gratuita de las actuaciones de búsqueda de la paz

El Partido Comunista de España considera necesario salir al paso de la detención de la activista de la solidaridad Remedios García Albert, ya que consideramos que la información que se ha dado desde los medios de comunicación ha sido claramente parcial.

Declaración del Partido Comunista de España en relación a la detención de la activista de solidaridad Remedios García Albert
En nota publicada por su Abogado, Enrique Santiago se señala que:
La detención de R.G.A. se produjo bajo la acusación de un delito de "integración en banda armada", acusada de ser la responsable de las FARC en Europa así como de estar integrada en la estructura de esta organización.
La detención se produjo a instancias de las autoridades colombianas, concretamente del fiscal Mario Iguaran, con base en unos supuestos correos electrónicos encontrados en el ordenador del ex responsable de relaciones internacionales de las FARC Raúl Reyes, muerto el pasado mes de marzo en un ataque del ejercito colombiano contra territorio ecuatoriano.
RGA se ha desempañado desde 1.998 como técnico de OSPAAAL, ONG española cuyo objeto social es la búsqueda de la paz y la resolución negociada de conflictos aplicando los principios del Derecho Internacional Humanitario, debido a lo cual mantuvo constantes contactos con las partes involucradas en el conflicto colombiano. Igualmente, RGA es un destacada activista de la solidaridad internacional, habiendo realizado números actividades de defensa de los derechos humanos de las victimas de los conflictos del Sahara Occidental, Palestina o Irak entre otros.
En la mañana del domingo 27 de julio , sin que la policía española utilizara más que un día de los cinco que la legislación antiterrorista le autoriza a mantener a la detenida bajo su custodia, fue puesta a disposición de la Audiencia Nacional, concretamente del Juzgado Central de instrucción nº 5, a cuyo frente se encuentra el Magistrado Juez Baltasar Garzón.
Tras el interrogatorio a que fue sometida en sede judicial, estando presente el fiscal y el abogado defensor Enrique Santiago, el juez rebajó la acusación a un delito de ³colaboración con banda armada², procediéndose a realizar la vista judicial que decide sobre la situación personal del imputado.
En la celebración de la vista el fiscal solicito que se acordara prisión provisional eludible bajo una fianza de 20.000.- euros, mientras que la defensa solicito la libertada de la imputada, subsidiariamente la imposición de una mediada cautelar no pecuniaria ­a tendiendo a la situación económica de la imputada, trabajadora de escasos recursos y sin patrimonio personal- y subsidiariamente, ante la reducción de la fianza solicitada por la fiscalía hasta una cantidad proporcionada a la capacidad económica de la imputada.
Finalmente el Juzgado Central de instrucción nº 5, tras establecer que podría tratarse de un posible delito de ³colaboración con banda armada², acordó la puesta en libertad de la detenida, decretando prisión provisional eludible bajo una fianza de 12.000.- euros que deberá ser depositad en siete días, y en caso de no ser depositada, con al obligación de ingreso en prisión.²
En función de esta información, para el PCE estamos ante un claro intento de criminalizar a los Movimientos Sociales alternativos, toda vez que esta noticia se mezcla con la no confirmadas relaciones entre las FARC y ETA, y de forma muy concreta se trata de deslegitimar a quienes tratan de plantear una salida negociada del conflicto colombiano.
De esta manera tras el 11-S y la posterior política de restricción de las libertades civiles y publicas que invade el planeta, todos los defensores de la paz y la resolución negociada de los conflictos en estricta aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario corren el riesgo de ser criminalizados, como ya está haciendo el gobierno colombiano con toda la comisión de autoridades que intervinieron en el ultimo intento de intercambio humanitario de rehenes de las FARC y presos del estado colombiano.
Los hechos imputados a RGA son claramente una criminalización gratuita de las actuaciones de búsqueda de la paz, de los compromisos de actuación humanitaria dentro del conflicto y de los esfuerzos por poner en contacto a las partes implicadas. Cada vez aparece mas difusa la línea separadora entre las practicas dialogadas para la resolución de conflictos y la ³colaboración² con organizaciones terrorista, tendencia que de seguir así provocara mas temprano que tarde que nadie esté dispuesto en el planeta a realizar tarea alguna de mediación o interlocución para la resolución conflictos armados².
En consecuencia desde el PCE mostramos nuestra solidaridad con RGA y con quienes en todas las partes del mundo trabajan para frenar el imperialismo que intenta imponer una única vara de medir, mediante la que quienes son sus aliados pueden cometer todo tipo de crímenes, caso del terrorista Posada Carriles, mientras quienes no se someten a sus intereses son tratados como terroristas, por mas que defiendan la salida pacifica de cualquier conflicto, y en consecuencia pedimos al Gobierno de España que no se deja arrastrar por quienes tratan de situar al actual Gobierno de Colombia como la punta de lanza del imperialismo para frenar el avance popular que se esta dando en toda Latinoamérica.
28 de julio de 2008