domingo, 27 de julio de 2008

Estado español colabora en la represión del regimen narco-para-terrorista colombiano

Coincidiendo con el 55 aniversário de unos de los más heroicos episodios de rebelión contemporánea, -el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba-, tenemos conocimiento de la detención de Remedios García Albert en la mañana del sábado 26 de julio en un pueblo en las promidades de Madrid bajo la acusación de ser la “máxima responsable de las FARC en Europa”.
La detención realizada tras una entrevista en Bogotá del fiscal de la “Audiencia Nacional” española Javier Zaragoza con el fiscal general colombiano, Mario Iguarán es un paso más de la repugnante colaboración del Estado español con el régimen uribista.
Frente a la cínica retórica de la defensa de los derechos humanos y de la democracia el PSOE colabora abiertamente con el régimen más criminal que actualmente tiene América Latina. Más de 15.000 desaparecidos por la acción combinada de las fuerzas policiales, militares y paramilitares, 4 millones de campesinos desplazados, millones de pobres y excluidos sociales, decenas de miles de niñas y niños que mueren anualmente de hambre, desnutrición y falta de atención médica, matanzas brutales cometidas por el paramilitarismo y el ejército contra la población civil, una parte de los diputados y senadores del uribismo encarcelados o inhabilitados por sus vínculos con el terrorismo paramilitar y el narcotráfico, es el balance real de lo que acontece en Colombia.
Hace unos días, el 15 de julio, tras ser secuestrado en Bogotá el 22 de abril por la policía política de Uribe, apareció e cadaver del Presidente del Sindicato de los Servidores Públicos de la Contraloría Distrital –Sinserpub-, Guillermo Rivera Fúquene, cuyo cuerpo sin vida fué localizado en la ciudad de Ibagué, Departamento de Tolima. Con el asessinato de Guillermo ya son 29 el número de sindicalistas asesinados este año en Colombia.
Pero desde hace decadas amplios sectores populares organizados alrrededor del proyecto político emancipador y patriótico de la insurgencia no se rinden, ni se dejan explotar y asesinar, defendiendo con corage y valentía el derecho a vivir dignamente e una patria soberana. Las FARC-EP no son una organización terrorista, son la expresión de la resistencia popular a la política genocida de la oligarquía. Son la más eficaz auto-defensa popular frente al terrorismo de estado.
Colaborar con ellas no puede ser un delito. La izquierda siempre apoyó el movimiento guerrillero latinoamericano, siempre justificó el direcho a la rebelión frente a las más diversas formas de tiranía que padecieron los pueblos latinoamericanos y caribeños desde el Río Bravo a Tierra de Fuego.
El Capítulo Galiza de la Coordinadora Continental Bolivariana considera que esta detención tan sólo pretende profundizar en la campaña de intoxicación y estigmatización de la resistencia popular del pueblo colombiano frente al régimen genocida de la oligarquía. Con esta detención el Estado español contribuye a obtener del régimen ilegal e ilegítimo que ocupa el palacio de Nariño más y mejores facilidades en el asalto de las multinacionales hispanas a los recursos naturales de Colombia.
Tal como venimos denunciando desde nuestra constitución el PSOE y el Grupo Prisa defienden abiertamente los intereses del capitalismo español en el marco de una estrategia recolonizadora para América Latina. Para lograr la penetración y asalto de las multinacionales a más sectores de la economía latinoamericana es imprescindible derrotar la resistencia popular que representa la insurgencia, así como tumbar todos aquellos gobiernos que no se someten a los dictamenes del imperialismo, de los Estados Unidos y de la Unión Europea.
La detención de Remedios García Albert coincide con la detención el viernes 25 de julio de Carlos García Orjuela, senador, ex-presidente del Congreso colombiano y presidente del partido de Uribe, por sus vinculaciones con el paramilitarismo.
El Capítulo Galiza de la Coordinadora Continental Bolivariana solicita la inmediata liberación de Remedios García Albert y un cambio de política del gobierno español en Colombia reconociendo a las FARC-EP como una fuerza beligerante.

Galiza, 27 de julio de 2008

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