La complicidad del sindicato químico de Zárate con la dictadura militar
Secretario adjunto de una nueva federación de trabajadores, amparada por el moyanismo y por el ministerio de Trabajo porque la federación preexistente quedó alineada en el barrionuevismo, el secretario general de los trabajadores químicos de Zárate, Nelson Palacios, personifica uno de los casos más claros de complicidad de la burocracia sindical con la dictadura, siempre en asociación con las poderosas patronales petroquímicas. Complicidad tejida en los hilos de la delación de activistas de base y delegados, muchos de los cuales engrosan las filas de los detenidos-desaparecidos. Tres fotocopias de cartas quedan como pruebas de esa siniestra práctica que compartieron tantos otros burócratas, además de los testimonios de dos detenidos-desaparecidos sobrevivientes, Alberto Calvo y Lidia Biscarte, quienes, encima, deben afrontar en octubre un juicio por injurias que les inició Palacios.
Las cartas fueron intercambiadas por Palacios, entonces adjunto del sindicato, y el ya muerto secretario general de la época, Pedro Valiente, con los jefes sucesivos del Comando Zona Delta Área 400 –el aparato militar encargado de la inteligencia y la represión en la región- coroneles Cigliotti y Jorge Valladares. Hay que aclarar que, y no precisamente por casualidad, el sindicato de trabajadores químicos de Zárate fue uno de los muy pocos en el país que nunca resultó intervenido por la dictadura.
Uno de los activistas denunciados por Palacios y Valiente en las cartas, José Álvarez, fue quien recibió las fotocopias, se las tiraron por debajo de la puerta de su casa en cuando se acercaba el fin de la dictadura y las duplicó para hacerlas circular entre otros compañeros. Luego, en 1983, apenas diez días después de que asumiera la presidencia Raúl Alfonsín, publicó una solicitada denunciando la entrega de trabajadores a la que se habían dedicado Valiente y Palacios.
Álvarez, quien también ya falleció, es la víctima de uno de los casos más repugnantes de los que se evidencian en las cartas. “Señor Coronel –dice una carta de los dos dirigentes enviada al coronel Valladares el 22 de julio de 1983- el promotor y cabecilla del grupo (de trabajadores que plantearon una protesta en la empresa Petrosur, hoy Petrobrás) es el operario Alvarez, con gravísimos antecedentes políticos y gremiales, que no corresponden a nuestro mundo Occidental y Cristiano y forma digna de convivencia de paz y trabajo logrado por nuestras Fuerzas Armadas, Policiales y de seguridad con la vida de nuestros héroes. Este operario en varias oportunidades agitaba al personal, recibiendo de parte del compañero Abdala varias recomendaciones, cuyas notas privadas A.B.325.1981/A.S.386.1981/A.B.1982-S.N.G.T.S./acta 4/4/1983 gremialismo negativo; todas ellas deben constar en los servicios de dicha área cuya jefatura Ud. ejerce todavía; no fueron nunca prestada la mínima atención, siendo que este trabajador de ideología sistema de vida Occidental y Cristiano y cuya prédica y agitadora es constante (sic)”.
El 18 de agosto del mismo año, Valladares les contestó que, pese a que Alvarez tenía antecedentes de activismo gremial desde 1955, “por sus antecedentes gremiales no pesa condena firme alguna, no siendo elemento irritativo como Uds. Mencionan; pero reconoce este Comando que no es deseable para prestar servicios en los gremios por su tendencia a hacer inflexible a la posición adoptada y su marcada presdisposición a ser exigente con los cumplimientos legales y leyes laborales”. En concreto, en relación con Álvarez los dirigentes gremiales eran más papistas que el Papa. Por si acaso, en la misma carta, para enfatizar que las denuncias de Palacios y Valiente eran en general bien tenidas en cuenta por el Comando, Valladares les recuerda con sus códigos 9 casos de acción del Comando a partir de esas denuncias, que involucran a varios trabajadores detenidos-desaparecidos, como por ejemplo Gerbi, Garello, Tognoni y Berra.
En esas acciones también figura el nombre de Alberto Calvo, quien estuvo chupado y desaparecido durante más de un mes y luego, “blanqueado”, pasó dos años preso en terribles condiciones “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. Calvo, uno de los sobrevivientes que ofreció valiosos testimonios para las causas por crímenes de lesa humanidad en la zona que instruye el Tribunal Federal de San Martín, también denunció a Palacios. Su denuncia, apoyada por la ex subsecretaria de Derechos Humanos de Zárate Lidia Biscarte, también detenida-desaparecida sobreviviente, fue respondida por Palacios con la iniciación de la causa por “injurias” que tratará en octubre la justicia de Campana.
Prensa de Frente
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