El cuadro de colapso sanitario que sufre la provincia acaba de ingresar en una fase producto del aumento de los casos en el resto del país. Sucede que Jujuy venía solicitando asistencia de personal médico a Nación y otras provincias para la atención de camas críticas, y también el seguimiento de casos por el sistema de telellamada. Con el crecimiento de casos en el resto de las provincias, esta ayuda queda completamente condicionada a la realidad de cada provincia – ¡sálvese quien pueda! Hace un mes atrás, se estaba acordando un convenio con Salta para la ocupación de camas con pacientes jujeños de regiones colapsadas; hoy ese acuerdo es historia por el aumento de casos en Salta, particularmente en el norte. Como vemos, la crisis sanitaria provincial se combina y potencia con la crisis nacional.
Colapso sanitario y vaciamiento
Los contagios en la provincia ya superan ampliamente los 8 mil, con el agravante que la aceleración de la cantidad de casos en el último periodo, unos 350 casos diarios, hace que el sistema vuelva a colapsar. El gobierno había informado la reducción de la ocupación de camas críticas y la incorporación de más camas, por la vía de mayor personal y de un convenio con clínicas privadas, pero al aumentar la cantidad de contagios y, por ende, el porcentaje de pacientes que se complican, el sistema vuelve a colapsar. Los profesionales vienen denunciando casos de aplicación de protocolos de bioética para la internación, optando entre pacientes a cuál salvar, según la comorbilidad (jujuyalmomento, 31/8).
El gobierno tuvo que reconocer la necesidad de ampliar las camas, adaptando la escuela Pucaritas para la atención medica; sin embargo, lo hace de manera limitada, ya que se deberían acondicionar todos los edificios públicos para una real atención y seguimiento de los pacientes.
Gobierno en retroceso
El gobierno provincial, especialmente el gobernador, vienen en el último periodo de dar pasos en falso. Presionado por la necesidad de mostrar seguridad o iniciativa, y una crisis sanitaria que se agrava día a día, ha realizado una serie de anuncios y medidas de los que tuvo que retractarse inmediatamente. El último fue un decreto por el que disponía multas, suspensiones de matrícula y hasta denuncias penales a los trabajadores de la salud que “incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente…” (Art °1 Decreto Acuerdo 741 –G -20). Este hecho fue repudiado por la opinión pública y por los trabajadores, y obligó al gobierno a anular el decreto en menos de 24 horas. Sin embargo, este no fue el único recule del gobierno: antes había establecido la disponibilidad de los trabajadores de servicios generales dependientes de Educación para colaborar en las tareas que determine el COE y también tuvo que mandar al archivo ese decreto; también decretó la vuelta a fase 1 en capital y Palpalá y, ante un “bocinazo” de comerciantes, volvió atrás en su decisión a las horas, permitiendo la reapertura de todas las actividades habilitadas hasta el momento e incorporando nuevas.
Frente a este cuadro, el gobierno volvió a echar lastre, anunciando un nuevo bono para trabajadores de la salud y seguridad, y la posibilidad del pase a planta en el estado de un familiar de aquel agente que haya perdido la vida por covid en sus funciones.
El margen de intervención del gobierno es cada vez más estrecho y el primero en reconocerlo es el propio Morales, que justificó la apertura de las actividades económicas en el mayor pico de la pandemia y con 10 ciudades en la “zona roja” ya que se agotaron los recursos para mantener un esquema de subsidios a los comerciantes (gran parte de su base social de apoyo), por eso planteó la apertura de comercios, las actividades de cuentapropistas y venta ambulante, arguyendo que están menos expuestos en un comercio con protocolo que en un banco.
Impulsar todos los reclamos
Sin llegarse a aplicar, el gobierno tuvo que anular dos decretos antiobreros. Los trabajadores de la salud vienen reclamando por falta de pago y atrasos, descuentos ilegales, precarización, falta de insumos y la saturación del sistema sanitario de manera sistemática, sin una coordinación o dirección por parte de las burocracias sindicales, completamente ausentes en la etapa.
Es el momento de reclamar todo el pliego reivindicativo de los trabajadores: pase a planta, paritarias y bono extraordinario del 30%. Por la disposición de todos os edificios públicos en las barriadas y el interior para asegurar un correcto tratamiento y seguimiento de los contagiados. Por la centralización de todo el sistema sanitario bajo el control de los trabajadores.
Para asegurar los recursos que el sistema sanitario público y la cuarentena suponen, por el no pago de la deuda; para asegurar todos los puestos de trabajo necesarios en salud y todo el equipamiento, para asegurar un ingreso a todas las familias jujeñas que no tienen ingresos o no revisten como servicios esenciales, para poder garantizar el efectivo cumplimiento de la cuarentena.
Iñaki Aldasoro
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