Los “dólares productivos” de Alberto

En defensa de las nuevas restricciones establecidas por su gobierno al acceso a la divisa norteamericana, Alberto Fernández sostuvo este miércoles en un acto en Tigre que la misma debía dejar de ser “una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar”. Pero las nuevas medidas gubernamentales no solo vienen a reconocer que su política ha llevado a una recesión creciente, sino que a su turno la agravarán. Por un lado, el límite impuesto a la adquisición de dólares para pagar las deudas empresariales en el extranjero presiona hacia el default de las empresas y al encarecimiento de sus costos de financiación. Por el otro, por las presiones devaluatorias del cepo, que el gobierno busca negar pero se revelaron rápidamente con el salto del blue. Ello en la medida en que en la industria es generalizado el requerimiento de insumos importados, y a su vez porque la inflación que vendrá aparejada asestará nuevos golpes tanto a sus costos en pesos como al consumo popular. En vistas a ello, el capital industrial -que dejó expuesto su carácter parasitario haciéndose de suculentos beneficios a costa de la Anses, mientras despide y paga salarios de miseria- alerta sobre ese escenario y exacerbará sus reclamos de subsidios y de flexibilización laboral. La preocupación central del gobierno no es la «producción», sino hacerse de dólares para el pago de la deuda externa, en pos de garantizar los acuerdos con el capital financiero. Este objetivo prioritario de Alberto Fernández desde su asunción se ve reforzado luego del acuerdo sellado -sucesivos recules mediante- con los bonistas, en momentos en que apunta a estrechar la mano con el FMI. La urgencia por hacerse de divisas, cuya base se venía reduciendo sin pausa, está en la base de las medidas tomadas, y de la concentrada atención del gobierno en el sector exportador. Con esta vara, el Ejecutivo ha otorgado a lo largo del año enormes concesiones, desde la demora en aplicar las retenciones a la soja y la baja de las mismas para el girasol y otros productos, a la vuelta atrás en la anunciada «expropiación» de Vicentin. En los últimos meses se cocina un ambicioso plan de beneficios para la agroindustria, entre ellos esquemas de devolución de las retenciones, exenciones impositivas y créditos a tasas minúsculas. Así empoderado, el capital agrario viene manteniendo junto a estas demandas una sistemática presión por una mayor devaluación. Estas presiones se intensifican en el escenario presente, en la medida en que los sojeros cuentan también con insumos importados y a que esperarán, ahora, a que el dólar oficial se ponga a tono con el blue para liquidar sus rebosantes graneros. A este frente devaluador se suma otro de los sectores mimados del gobierno, el de las petroleras, que venía exportando con el beneficio de una quita de las retenciones. Los pulpos de la actividad mantienen una extorsiva huelga de inversiones, y se ha planteado la perspectiva -que el gobierno busca evitar a toda costa- de comenzar a importar gas. El Ejecutivo ya les habilitó el mes pasado un naftazo con evidentes consecuencias inflacionarias, y hasta el devaluadísimo proyecto de Máximo Kirchner de “aporte solidario obligatorio” prevé destinar un 25% de lo recaudado a subsidiar la producción de gas. Las prioridades del gobierno determinan las tendencias a una mayor depreciación del peso, que por varias vías agravará la recesión reinante y la primarización de la economía nacional. Las consecuencias de esta política recaerán sobre la población trabajadora, por la vía del aumento de los precios, las suspensiones y los despidos, y una mayor reducción presupuestaria en la educación y la salud. A su turno, las medidas dispuestas refuerzan las extorsiones de todas las alas de la burguesía por una reforma laboral flexibilizadora, que ya viene avanzando en numerosos acuerdos firmados por las burocracias sindicales, y a través del teletrabajo. Para sumar un nuevo clavo al bolsillo popular, el Ejecutivo ahora limita aún más la posibilidad de los trabajadores de adquirir dólares a precio oficial y venderlos en el blue, para salvaguardar aunque sea una parte menor de su capacidad adquisitiva. Todo lo cual, es claro, alimenta la recesión. La lucha inmediata por la defensa de las condiciones de vida del pueblo trabajador –reclamando por el salario, contra los despidos y la precarización, por la salud y la educación- aparece unida a una necesaria reorganización integral de la economía, nacionalizando y poniendo bajo control de los trabajadores la banca, el comercio exterior y el aparato productivo concentrado. 

 Tomás Eps