Para algunos comentaristas, las restricciones que el gobierno impuso en el mercado de cambios estarían “empujando” a las empresas a un default compulsivo. En efecto, el gobierno no les entregará las divisas que reclamen para cancelar sus deudas, por lo que tendrán que reestructurarlas o defaultearlas. Según informó Miguel Pesce, el presidente del Banco Central, la deuda privada aumentó u$s 20 mil millones desde 2016, pero ni dijo cuál es el monto global, que suponemos no lejano a los cien mil millones. Como las provincias aun no renegociaron sus respectivas deudas con el exterior, concluimos que la cola de quienes tienen que salir del default hay más deuda en la cuerda floja que toda la que se arregló con los bonistas de jurisdicción internacional como local.
El gobierno pretende que las empresas cancelen deuda con los dólares que se han llevado al exterior. Se auto-inculpó al denunciar que fugaban dinero por medio de préstamos que conseguían a una baja tasa de interés que estableció el propio Central. Atribuye a esta fuga el vaciamiento de reservas internacionales del Banco Central. La cuarentena 'nacional y popular' atendió con prioridad al capital financiero Pero todavía no se ha visto que un capitalista pague con dinero que fugó lo que pretende pagar con reservas públicas. El ' castigo' de que hacerlo caer en un default, forzando una renegociación compulsiva que podría ser rechazada, rompería la cadena interna de pagos y podría llevar a la quiebra a buena porción de capitales. También haría imposible la renegociación de deuda de las provincias, o sea que restablecería el default de la deuda pública que acaba de ‘solucionar’. El recurso a una devaluación masiva del peso, además de provocar un aumento inmenso de la deuda general de Argentina en moneda nacional, desataría un desabastecimiento furioso, como antesala de una híper inflación. El gobierno tampoco podría recurrir a una nacionalización de las empresas en desgracia, porque ya demostró que no reúne capacidad para hacerlo en el caso Vicentín – un anticipo del desfalco que tiene lugar ahora a escala generalizada.
La decisión de llevar el dólar ‘ahorro’ a 130 pesos, en la práctica, ya representa un ‘desdoblamiento’ cambiario, que aumenta la deuda externa, local o extranjera, en un 40 por ciento. De otro lado, le ha quitado a la población más pobre una parte fuerte de sus ingresos, que obtenía haciendo un ‘puré’ con los 17 mil pesos que recibe, comprando dólares a 100 y revendiendo en el negro a 130. Un mazazo.
Los tiempos corren contra la posibilidad de negociar un acuerdo con el FMI, que el ministro Guzmán bendijo para junio del 2021. El FMI no puede actuar de paragolpes de la crisis, sino después de que ésta se haya desatado; como ocurrió con Macri. Los desastres de una devaluación a como sea, no afectara sólo a la ‘economía’. Si la conmoción social que produciría en el quebrado cuerpo social de la Argentina de hoy (un millón de pobres, el 30% de la población, en la Ciudad de la ‘opulencia’) fuera la que se supone, el gobierno pediría su salvataje por la oposición, al elevado precio de la renuncia de CFK, o el llamado inmediato a elecciones generales.
La clase obrera no puede esperar pasiva el desarrollo de los acontecimientos. La vanguardia de los trabajadores, establecida en varios sindicatos y agrupaciones, debería llamar a un deliberación colectiva, por medio de asambleas y plenarios de delegados. Una iniciativa de este tipo dinamizaría al conjunto de los trabajadores y les ofrecería un marco de actuación. Le cabría la responsabilidad de declarar un alerta de huelga general y empezar a organizar los piquetes de huelga. Los reclamos serían el aumento del 50% de salarios y jubilaciones, y de los ingresos de los trabajadores ‘informales’ y desocupados, así como la inmediata ocupación de los bancos. Reproduciría lo ocurrido cuando el rodrigazo, en 1975, en que una vanguardia tomó la posta de la huelga y desató una ola huelguística general, que repuso los derechos anulados por el gobierno peronista de esos años.
Jorge Altamira
16/09/2020
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