A mediados de septiembre, Suárez presentó en la Legislatura provincial un proyecto que, centralmente, presenta a la educación como un servicio (no como un derecho), abriendo paso a una privatización del sistema sin precedentes. Se plantea el retiro progresivo de la responsabilidad del Estado como garante, tanto en materia salarial como presupuestaria, para avanzar hacia su municipalización. A su vez, precariza los salarios por productividad y atenta contra la estabilidad laboral. Plantea la evaluación de la “calidad” educativa, profundizando la política del “Operativo Aprender2, elaborando un ranking de escuelas. En Mendoza recordemos, ya existe el llamado “ítem aula”, que es el cobro de un presentismo para aquellos docentes no falten a clases más de tres veces al mes (el 10% del salario), que rige desde el 2016. La reforma flexibiliza la jornada laboral de los docentes, ya que se consagra la “bimodalidad” (virtualidad-presencialidad), para lo cual se pretende reformar el Estatuto del Docente (art. 142). En definitiva, una ley privatista y anti educativa. No es casual que esta reforma haya sido presentada de manera unilateral e inconsulta con toda la comunidad educativa.
Mientras tanto, las paritarias están cerradas desde comienzos del 2020 y con la educación “virtual” sostenida únicamente con la conectividad e insumos tecnológicos garantizados por docentes y las familias.
La docencia dice NO
A las pocas horas de conocido el proyecto, se extendió un rechazo generalizado entre la docencia y los estudiantes. Se reproducen asambleas de escuelas, grupos de WhatsApp, autoconvocatorias y campañas de fotos y videos en las redes sociales con un mensaje muy claro: #NoALaLeydeEducación.
El pasado lunes 28 se realizó un Plenario Provincial de delegados del SUTE, sindicato docente combativo. Casi 1.000 escuelas estuvieron representadas a través de sus delegados/as en los plenarios departamentales que fueron construyendo el plenario provincial. Entre los mandatos quedó reflejada la necesidad de realizar un paro provincial si el gobierno no retrocede. Por unanimidad se votó el rechazo a la ley de educación, la convocatoria inmediata a la paritaria y la realización de dos caravanas (29 y 30 de septiembre) para respetar la salida a la calle según el DNI.
La jornada del martes 29 congregó a miles de docentes que se sumaron en sus autos, partiendo desde Lavalle y el este provincial para movilizarse hasta la Ciudad de Mendoza, donde la convocatoria central partió desde el Parque Central. La caravana fue tan grande que, cuando la cabecera llegaba a Casa de Gobierno, aún había autos saliendo del punto de inicio. Los caravanazos se replicaron en el Valle de Uco, San Rafael, Malargüe y General Alvear, donde también fueron masivos, expresando el repudio en toda la provincia.
El rechazo a la ley privatista se está convirtiendo en una causa popular. Las familias y los estudiantes comprenden que es un ataque a la Educación Pública y se están sumando a los reclamos de los maestros. Varios medios locales coinciden en que este movimiento de lucha podría adquirir las dimensiones del “Mendozazo” que frenaron la modificación de la Ley 7.722, a principios de año. “El agua no se negocia, la educación tampoco” es una de las consignas que se empieza a popularizar.
El gobierno provincial ha sentido el golpe de las protestas. Durante el transcurso de la caravana, el gobernador Suárez anunció que retrasará el “Congreso Pedagógico” (una fachada para hacer pasar la ley como “democrática”) para fines de noviembre para “lograr los consensos necesarios”.
Se están reuniendo las condiciones para que la docencia construya una huelga general provincial, que imponga el retiro inmediato del proyecto de ley, junto a la convocatoria a paritarias y un aumento salarial de emergencia del 40% de los salarios.
Mariano Hermida
30/09/2020
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