En números absolutos, la pérdida de puestos de trabajo se estima en unos 3.600.000, de los cuales unos 2.000.000 serían trabajos informales. Pero ello significa entonces que hubo 1,6 millón de despidos de efectivos, en medio de la supuesta “prohibición” dispuesta por el gobierno nacional. Los acuerdos entre las patronales y la burocracia -avalados por el decreto oficial sobre despidos- han tenido consecuencias devastadoras. La prorroga de la “prohibición” de despidos, que el gobierno anuncia en estas horas, es una hoja al viento.
La estadística oficial añade otro 21% de trabajadores ocupados que revistan como “ausentes”, en su mayoría, por suspensiones dispuestas por las patronales.
Esta verdadera masacre laboral tuvo lugar con toda la batería de subsidios al capital dispuesto por el gobierno, como los ATP (sueldos pagos por el Estado), la exención de aportes previsionales y las tasas de interés subsidiadas.
Es muy claro que los recursos del Tesoro, del Banco Central y hasta del ANSES aseguraron en estos meses el rescate de los capitalistas, pero ni siquiera mitigaron el estallido de una crisis social de características inéditas.
En las mismas horas en que se anunciaba la desocupación por los aires, los indicadores económicos registraban otro récord: el de la liquidez del sistema bancario, el cual, por la boca de los propios observadores financieros, “no tienen a quien prestarle”. La crisis capitalista aparece en toda su dimensión, y más allá de las circunstancias de la pandemia: los capitales sobrantes no pueden cambiarse por capital productivo, mientras el 30% de la fuerza laboral se encuentra ociosa. En el mundo, y por las mismas razones, esa cifra alcanza hoy a casi 500 millones de personas.
La desocupación en masa delata a los gritos el agotamiento de la organización social capitalista.
Marcelo Ramal
23/09/2020
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