Un artículo en Urgente 24, firmado por Edgar Mainhard referido al levantamiento policial, describe una crisis política, cuya profundidad oculta. Mainhard ve una contradicción entre las necesidades salariales que exhiben los levantiscos con la vocación de servicio que debe caracterizar a todo aquél que se conchaba en esa fuerza. Descubre entonces que lo que animó a los revoltosos a buscar un puesto en la policía es la necesidad del empleo, no la vocación de servicio. Con esta caracterización de la asonada de la bonaerense, recomienda que el aparato policial efectúe un examen psicológico vocacional de los postulantes. Vista la historia argentina, el psicólogo del caso debería asegurarse de la disposición consciente y subconsciente del futuro uniformado a actuar en “grupos de tareas”, practicar la tortura, secuestrar personas y violentar mujeres y hombres. Desplegar una vocación innata.
El punto de vista ´normativista´ de Mainhard (qué es y qué no es un policía) distrae la atención acerca del régimen salarial en la policía, que redunda en una mensualidad de $30 mil pesos. El régimen de adicionales por servicios extraordinarios se distingue fuertemente de las horas extras de un trabajador, en el sentido de que son cobrados, en gran parte, por quienes manejan esos servicios adicionales – los jefes policiales. El ingreso monetario del policía raso depende del aparato de jerarcas, que determina el ejercicio de esas laborales adicionales y las distribuye a su conveniencia. Existe un sistema de servidumbre implícita, que convierte al aparato policial en una sociedad anónima, en el sentido lato de la palabra, o sea, en detrimento de su condición de fuerza pública, destinada a aplicar en forma coactiva e incluso violenta los códigos penales – y los de su hermano menor, las contravenciones.
La contradicción insalvable de esta organización de la función de represión es que los Códigos en cuestión no se aplican, por regla general, a la policía misma, para no vulnerar o debilitar su disposición para aplicarla, cuando lo entienda así, contra el resto de la ciudadanía. Además de la vocación que reclama Mainhard, la policía y las fuerzas represivas en general gozan de inmunidad permanente, muy por encima de la que beneficia a los parlamentarios. Los condenados por gatillo fácil no llegan al puñado. Las tropas estadounidenses, por ejemplo, no son responsables ante las autoridades de los países a las que son asignadas, por cualquier delito – penal o civil. Las movilizaciones gigantescas que tienen lugar en EEUU, contra la brutalidad policial, ponen en evidencia la discrecionalidad, de un lado, y la impunidad, del otro, con que es ejercida la coacción estatal que se confiere al aparato policial. El estado de derecho no es otra cosa que un derecho del Estado - a la auto preservación. El derecho de propiedad lo consagran todas las Constituciones, no así el derecho a la vida – ha coexistido con la pena legal de muerte. El primero tiene un rango superior al segundo. El derecho a la vida se dirime en los tribunales, después del hecho, no siempre de acuerdo a lo que establecen los Códigos. El sistema estatal moderno ha desarrollado todas las condiciones de opresión y represión para que la primera acción de cualquier proyecto o movimiento emancipador sea la destrucción del Estado ´realmente existente´.
Clarificados estos puntos, es incuestionable que la chirinada policial es producto de un derrumbe fiscal. La pandemia y la crisis capitalista mundial, por un lado, y la deuda impagable del Estado, por el otro, han convertido la crisis fiscal en endémica (incluso pandémica); es mundial. El aparato del Estado no se auto solventa. Los servicios públicos están en ruinas, como lo muestra la debacle hospitalaria y el agotamiento y desgaste físico y psicológico del personal de salud. Como una fuga hacia adelante, los adoradores del capital ofrecen salidas ´digitales´ -tele medicina, tele educación-, sin viviendas y sin alimentación adecuada. El ´aislamiento social´ permanente. Los panegiristas presentaron como prueba de su visión futurista la disparada de acciones de las ´tecno´ internacionales, en especial Apple, hasta que se descubrieron las operaciones fraudulentas del japonés SoftBank para crear una burbuja especulativa, encima de las operaciones aún más fraudulentas de los bancos centrales que regalan el dinero, para jugarlo en la Bolsa.
Las rebeliones populares vienen acompañadas, en todo el mundo, por el derrumbe de los estados y de sus aparatos de represión. El caso más evidente es el de EEUU de Trump, aunque los más explosivos sigan siendo, por ahora, los que ocurren en la periferia. Una ex diputada acaba de caracterizar, en La Nación (10/9), que “La sociedad ´está haciendo gestión por mano propia´”, o sea que se postula para sustituir al Estado. Para ilustrar el punto agrega: “(la sociedad) da por terminada la cuarentena, ocupa predios y terrenos, reclama salarios y mejores condiciones de trabajo con inusitada vehemencia” – un giro literario para denominar la rebelión popular. La palabra de orden de esta mujer es ominosa: “Llego la hora de unificar el mando y el comando”. Un reconocimiento del derrumbe y una conclusión contrarrevolucionaria. Este es el cuadro de situación.
Jorge Altamira
10/09/2020
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