Pero el desfalco previsto sobre el ANSES tiene una dimensión mayor. De acuerdo al proyecto de ley, el Fondo de Garantía se haría cargo “del costo que tuvo la pandemia en la reducción de la parte de los impuestos que van al ANSES” (ídem), así como de la caída de los recursos previsionales por el mismo motivo. La misma fuente estima que esos ingresos no percibidos estarían en el orden de los 3.000 millones de dólares, un 20% más de lo que esperan recaudar con el impuesto a la riqueza de Heller y Máximo K. El ANSES tendrá que concretar esa compensación desprendiéndose de títulos públicos.
De este modo, los recursos previsionales que no se percibieron en el marco de la pandemia deberán ser bancados por los propios jubilados. Es necesario recordar que el programa de “Asistencia para el Trabajo y la Producción” (ATP) les permitió a las empresas la “postergación o reducción” de hasta el 95% de los aportes patronales. Ahora, con la ley enviada al Congreso, esa eximición de aportes queda totalmente compensada por los propios fondos del ANSES. Los jubilados, por lo tanto, han “cancelado” una deuda… de los capitalistas, los cuales, además, recibieron fondos estatales -hasta dos salarios mínimos- para el pago de sueldos.
Finalmente, el proyecto prevé la creación de un Fondo de “Inversiones estratégicas” con recursos del ANSES, pero no con su administración. Ese fondo estará administrado por un banco estatal orientado a la financiación de proyectos empresarios (BICE).
Es claro que los fondos del ANSES están siendo ampliamente aplicados al rescate de estados -nacionales y provinciales- que a su vez rescataron a grupos capitalistas, y también al socorro de éstos últimos. Que el ANSES y el Fondo de Garantía sean dirigidos por trabajadores y jubilados electos es una reivindicación irrenunciable para terminar con este saqueo.
Marcelo Ramal
22/09/2020
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