Hay que poner en marcha protocolos sanitarios realizados con la participación y el control de los trabajadores.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) informó hoy que, al 2 de setiembre último, un total de 81.000 empleados registrados y que están actualmente concurriendo a trabajar se contagiaron con coronavirus en los respectivos lugares de trabajo o en los medios de transporte utilizados para concurrir a cumplir sus tareas, lo cual supone casi el 19% del total de los infectados en el país (a esa fecha, 439.000). De estos, según la SRT, el 27% corresponde a trabajadores de la salud.
Pero esta es solo la punta del iceberg, porque a los 6 millones de trabajadores en blanco que hoy están en actividad presencial y que están cubiertos por las ART hay que sumarle 4,8 millones que revistan en negro, 2 millones de monotributistas y autónomos, que en un alto porcentaje han vuelto a la actividad por la necesidad imperiosa de obtener algún ingreso para poder sobrevivir y otro tanto sucede con alrededor de 1 millón de trabajadoras de casas particulares, todos los cuales suelen tener condiciones laborales muy precarias y, por tanto, con mayores posibilidades de contagio.
Si se proyecta de manera lineal la incidencia en esta franja de trabajadores -es decir, sin añadir el factor de agravamiento por sus condiciones de empleo- el total de infectados en los ámbitos vinculados con la actividad laboral ya alcanzaría a casi el 45% del total de los registrados en el país, es decir, alrededor de 195 mil casos. Esto sin computar los contagios provocados por los trabajadores infectados en el seno de sus respectivas familias.
El ocultamiento oficial tiene el exclusivo sentido de evitar que se conozca la implicancia de la apertura descontrolada de las actividades económicas que, en la mayoría de los casos, se ha realizado sin la puesta en práctica de protocolos de seguridad sanitaria para el cuidado de la salud y la vida de los trabajadores. Es la defensa de las ganancias de los capitalistas por encima de la “defensa de la vida” machaconamente proclamada desde el gobierno y por el presidente Alberto Fernández en cada presentación pública.
Estos datos también desmienten la campaña oficial de centralizar los centros de contagio exclusivamente en la “indisciplina” social y en los “encuentros” o “reuniones” festivas, ocultando la responsabilidad patronal y gubernamental en la expansión de la pandemia.
El encubrimiento oficial contrasta con las denuncias realizadas por los propios trabajadores, las agrupaciones sindicales opositoras en los sindicatos y, en algunos pocos casos, por las propias direcciones gremiales que, en su enorme mayoría, se ubican en el terreno del enmascaramiento de la gravedad del cuadro, junto con las patronales y las gobernantes.
Por la masividad y letalidad, el sector más duramente golpeado es el de los trabajadores de la salud. Ya superan los 17.000 infectados y se han computado más de 60 trabajadores fallecidos. Las denuncias y movilizaciones de las organizaciones de los médicos y de los demás trabajadores de la salud por las precarias condiciones en las cuales tienen que trabajar en la primera línea contra el virus, se han multiplicado desde los primeros días y se suceden hasta ahora, cuando la posibilidad de tener o no la posibilidad de ser atendido ante un cuadro de gravedad generado por el virus ya no está garantizada.
Otro ámbito de particular gravedad -por la multiplicación de contagios que permite-, y complementario de los focos de los lugares de trabajo, es el de los medios de transporte, entre ellos el ferrocarril, que utilizan decenas de miles de trabajadores todos los días. Según denuncia la Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra-Lista Gris, en los ramales metropolitanos ya hay más de un millar de trabajadores contagiados y seis muertos.
Y, en lo que respecta al cuidado (o falta de cuidado) de la salud de los pasajeros, destacan que, en los horarios pico de las 4 a las 7 de la mañana y de las 17 a las 20, tal como se pudo ver en fotos distribuidas por las redes, la ocupación masiva de los trenes supera de lejos el protocolo que indica que solo deben viajar pasajeros sentados, lo que convierte al viaje hacia y desde el trabajo en otro fenomenal foco de contagio.
La desinfección de las formaciones se realiza exclusivamente –y sin control oficial alguno- al llegar estas a las cabeceras y, durante la noche, tampoco se les aplica ningún procedimiento de asepsia y así regresan a la actividad.
La gravedad de la situación llevó a que, por contagios, primero se paralizó el servicio del Belgrano Sur durante una semana. Y luego, por la aparición de trabajadores infectados, hubo cancelaciones de varios días en los trenes Sarmiento, San Martín y Roca.
La cancelación de algunos servicios provocó que los demás colapsaran y, cuando la detención fue total, esto se trasladó a los demás medios de transporte. Este cuadro, en su enorme gravedad, ha sido ocultado por las autoridades oficiales y los medios. Y también por las burocracias de los distintos sindicatos ferroviarios.
En otro ámbito de vínculo estrecho con amplios sectores de la población como los supermercados y expendios mayoristas ya se detectaron 2.400 casos positivos, según denunciaron delegados opositores al burócrata mercantil Armando Cavalieri. En el subte de CABA, ya hay alrededor de 150 trabajadores contagiados en los lugares de trabajo y 4 fallecidos y el sindicato denunció que la empresa y las autoridades ocultan la información.
Entre los trabajadores de los bancos, que estuvieron una parte importante de la cuarentena exceptuados de trabajar, la Asociación Bancaria contabiliza 1.100 casos y 5 fallecidos. Y el sindicato de vigiladores (Sutca) registró 700 casos con 9 fallecidos, aunque estiman que la cifra es «extremadamente superior» y denuncian que las empresas se niegan a informar (Tiempo Argentino, 6/9).
La lista de las denuncias es enorme. Los ingenios azucareros en el norte del país son grandes focos de contagio con centenares de infectados y decenas de muertos que se multiplican ante la mirada cómplice de las autoridades oficiales, que ni siquiera han dado orden de detener la producción.
Con alrededor de 10.000 nuevos infectados y 200 fallecidos todos los días desde hace casi dos semanas, el gobierno nacional y los provinciales han profundizado la política de ocultamiento y de desvío hacia la “responsabilidad social” y la “comprensión” de cada uno para mantener a como de lugar la actividad de todos los sectores económicos.
Esto, además, sin el más mínimo control de que las patronales cumplan con protocolos que limiten la propagación de la enfermedad. El “Estado presente” declamado por las autoridades está olímpicamente ausente.
Sigue siendo una prioridad la puesta en práctica de protocolos realizados con la participación y el control de los trabajadores. Va en ello la salud y la vida de los trabajadores y sus familias.
Nelson Marinelli
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