El gobierno refuerza su red de contención, con las iglesias, los intendentes y las organizaciones sociales cooptadas, a la cabeza.
Los efectos de la pandemia del coronavirus en nuestro país han desatado todas las alarmas respecto a los sectores más pobres de la población, que deben enfrentar el aislamiento obligatorio en las peores condiciones sanitarias y habitacionales y en medio del derrumbe de sus precarias economías. Las miradas están puestas en el área metropolitana (que acumula el 70% de los casos de contagio) y particularmente en el conurbano bonaerense, donde proliferan los asentamientos más pobres y donde la las necesidades económicas y alimentarias pueden desembocar en un conflicto social de dimensiones imprevisibles. El Comité de Emergencia, convocado por el gobierno, tratará de contener el descontento en medio de una crisis excepcional.
A esto responde la convocatoria del gobierno nacional, a través de la cartera de Desarrollo Social y su ministro Daniel Arroyo, a representantes de la Iglesia Católica y evangelistas, intendentes de las localidades más afectadas del conurbano bonaerense y dirigentes de las organizaciones sociales integradas al gobierno (UTEP), con el propósito de establecer un Comité de Emergencia que administre los escasos recursos destinados a los sectores más vulnerables de la población a fin de evitar una escalada de conflictos en la región. Para este propósito, desde el Ministerio de Desarrollo Social ha destinado una partida extraordinaria de $2.000 millones, de los cuales la mitad sería destinado al conurbano y la otra mitad al resto de las provincias del país. Mientras parte de los recursos destinados al conurbano irán a parar a la administración de los municipios, el resto será para reforzar los alimentos e insumos sanitarios a cargo de los comedores comunitarios y la asistencia de las iglesias.
De la convocatoria, fueron excluidas las organizaciones piqueteras independientes, como el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero, sin mediar explicación alguna, las cuales denuncian los límites materiales de las medidas del gobierno. La iniciativa se replicaría en los distintos municipios.
El conurbano al rojo vivo
Se trata de recursos más que escasos si tomamos la real dimensión de los problemas que afectan a toda la región.
Solo en el Gran Buenos Aires, que alberga unos 40 distritos, existen unos 1.271 “barrios informales”, donde hay unos 400 mil hogares en los que viven alrededor de 2 millones de personas (Infobae 30/3). Las condiciones de vida de esta población no supera los estándares mínimos de habitabilidad: las familias viven hacinadas en casillas confeccionadas improvisadamente que no los refugian ni del calor ni del frío; niños y adultos se multiplican en espacios reducidos y en la mayoría de los casos comparten habitación entre varios de los integrantes de la familia; en muchos casos, los hogares se edifican directamente sobre la tierra, sin piso ni aislamiento de la humedad y de los suelos altamente contaminados. Todas son condiciones que agravan la proliferación de focos infecciosos, no solo del coronavirus, sino de todo orden.
Un informe del Observatorio de la Universidad de General Sarmiento revela que el 80 de estas viviendas se encuentra instaladas en lugares donde no existe red cloacal, ni instalaciones de gas natural. El 35% no tiene agua de red, pavimento ni medidores de energía eléctrica. El agua es un bien escaso y costoso, así como el gas que se compra en garrafas o la luz que a muchas familias no llega o si lo hace colapsa debido a las instalaciones defectuosas. Las medidas tomadas por el gobierno respecto a los servicios esenciales no implican ningún alivio sustancial para la vida de estas familias obreras.
La crisis se manifiesta
Desde el gobierno nacional y provincial son bien conscientes de esta realidad que golpea a los barrios populares. De allí que se hayan destinados recursos extraordinarios en materia de efectivos policiales y gendarmes para custodiar y amedrentar a la población de las zonas más humildes. En la misma dirección va la instalación del ejército en el distrito de Quilmes, medida que fue refrendada por quienes ahora integran el Comité de Emergencia, camuflada bajo la colaboración de las Fuerzas Armadas en las tareas de reparto de alimentos y otros insumos.
Algunos periódicos han reflejado que en los últimos días se suscitaron distintos hechos que alarman a las autoridades nacionales, provinciales y municipales: robos y hurtos en las localidades de Quilmes y San Martín; y manifestaciones en Rafael Castillo. El pasado viernes los cajeros de la provincia estallaron de gente que se agolpaba en largas filas para poder cobrar el “plus” para las AUH y jubilaciones. En algunos puntos, como en Lanús, surgieron cortes y manifestaciones ante la falta de efectivo.
Gran parte de los intendentes empezaron a cerrar los “accesos” a sus municipios y a avanzan en transformar a los barrios populares en guetos aislados. Los domina el miedo y la convicción de que la actual crisis puede dejar al descubierto el vaciamiento de los recursos públicos (sanitarios, infraestructura, alimenticios, etc.) e incluso barrer con ellos, ante eventuales puebladas.
La amenaza de un salto en el desempleo, lo que conllevaría un agravamiento de todas estas condiciones, también aparece como otro flanco de crisis para el gobierno. Solo la construcción preanuncia unos 100.000 nuevos desocupados si no se toman medidas urgentes como la prohibición de despidos y suspensiones. Se trata de sectores obreros que viven en las barriadas populares y cuyos ingresos, en muchos casos, son el endeble sostén de miles de familias y sus vecinos.
Defendamos una salida obrera y popular
El gobierno quiere convencernos de que con programas sociales que alcanzan los $11.500 –por única vez ya que los montos están congelados en $8.500 hace largos meses-, un bono casi imperceptible para jubilados y AUH, $10.000 para desocupados y monotributistas, y bolsones alimentarios que incluso no llegan a todas las familias y comedores, ha tomado todas las medidas posibles para paliar el hambre en los hogares más pobres. Pero la militarización de los barrios y estos comités de contención, más bien revelan todo lo contrario: no está en sus planes redirigir todos los recursos nacionales, públicos y privados, para defender la vida de los trabajadores.
Al plan de miseria del gobierno y su comité, las organizaciones piqueteras de lucha le han opuesto un programa con reivindicaciones inmediatas que plantea la provisión en los barrios de agua potable, alimentos, insumos de limpieza y para higienizarse; aumento de las partidas alimentarias; extensión de la tarjeta alimentaria a todos los desocupados con hijos menores a 18 años; apertura y universalización de los programas sociales; seguro para el desocupado de $30.000 indexado por inflación; control obrero-vecinal de la ayuda social y la distribución de los recursos; no al pago de la deuda externa y que los recursos se utilicen para atender la emergencia.
Marcelo Mache
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