La cerealera santafecina que hoy es protagonista de un escándalo al entrar en cesación de pagos, fue denunciada como una de las empresas responsables del genocidio.
Pasan los años, pasan los gobiernos y los civiles partícipes de la dictadura no fueron condenados por los crímenes aberrantes que cometieron. Vicentin es una de esas empresas que se enriquecieron durante todos estos años y mantuvieron el carácter de “intocables”, engrosando sus ganancias a costa del pueblo trabajador.
Durante el golpe de estado, 22 obreros del emporio de granos ubicado en la localidad de Avellaneda, fueron detenidos y desparecidos, 14 de los cuales eran delegados. Muchos fueron secuestrados en el propio establecimiento laboral, identificados por el jefe de personal.
Venían de organizarse sindicalmente desde 1974 ante las deplorables condiciones de trabajo, accidentes laborales e incluso la muerte de un compañero. La resultante fue atacar y “aleccionar” a estos obreros en una pequeña localidad santafecina donde rápidamente fueron estigmatizados y señalados.
En entrevistas que difunden la periodista Sonia Tessa en Rosario 12, y Ana Fiol en Enredando, Efrén Venturini, uno de estos obreros detenidos, relata cómo era el vínculo de las fuerzas represivas con la empresa, que actuaban según sus necesidades a cambio de favores. La escena que grafica este accionar es el momento de la detención de algunos de los obreros, en noviembre de 1976, cuando de manera “coordinada” les llega el telegrama laboral intimando para que se presente en su puesto de trabajo bajo la amenaza de despido. Claro, Efrén y sus compañeros no podían ir a trabajar porque estaban desaparecidos.
Los trabajadores fueron víctimas de innumerables vejaciones y torturas. En un inicio recluidos en Centros Clandestinos de Detención y posteriormente “blanqueados” en cárceles comunes, donde permanecieron años. La segunda parte del castigo fue retornar al pueblo, donde eran estigmatizados.
Esta estrecha relación con los represores era notoria con miembros de Los Pumas (guardia rural) Prefectura y Gendarmería, se llevaban aceite y vales de nafta de la propia planta para los autos que usaban en las desapariciones. Por otro lado, los dueños de la empresa y los militares de la III Brigada Aérea tenían un trato asiduo. La llamada “patota de Reconquista”, condenada por 39 víctimas por delitos de lesa humanidad de 2013 mantenía una cercana relación con la firma.
Una cuenta pendiente
Han pasado casi 44 años del golpe de estado de 1976 y son muy pocos los civiles condenados como responsables del genocidio. En la provincia de Santa Fe sigue sin ser elevado a juicio el resonante caso de Acindar Villa Constitución, donde no solo hubo un accionar conjunto con las fuerzas de seguridad, sino que además se usaron las propias instalaciones de la fábrica como Centro Clandestino de Detención. Incluso considerando que se produjo previo al golpe con un escandaloso actuar del Estado.
En tantos años que pasaron, incluyendo la década de gobierno kirchnerista que dijo ser abanderado en Derechos Humanos, no se ha avanzado en la responsabilidad civil en la dictadura. Aunque esto no es casual ya que que ningún gobierno ha decidido abrir los archivos de la dictadura, lo cual permitiría enjuiciar a todos los responsables del genocidio y que se dejen de exponer aquellos que han sido víctimas de la misma.
Son contados los miembros de la iglesia enjuiciados, los jueces y funcionarios judiciales sin los cuales no habría sido posible un plan de exterminio de la magnitud de la dictadura, además de los miles de militares y miembros civiles de grupos de tareas que no se ha alcanzado por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.
Ahora bien, en particular la responsabilidad de los empresarios no solo los expone impunes ante el pueblo trabajador que fue y es víctima de sus aberraciones, sino que además les garantiza una continuidad en el enriquecimiento que llega hasta hoy. El Ingenio Ledesma, enuncia este concepto.
Es de público conocimiento que la deuda contraída por empresas privadas durante ese período fue estatizada, por lo cual pagada por el conjunto del pueblo trabajador.
Los dólares continuaron entrando en sus arcas, y continuaron sacando tajada de las crisis económicas como en el 2001 y el boom de la soja permitió que sigan acumulando ganancias. Cuando llegó el macrismo al poder, fueron aliados, muy aliados, llegando al nivel de financiar su campaña política. Hoy, sin mucha vuelta, usan las leyes hechas a medida para las empresas y entran en cesación de pagos.
Las víctimas siguen reclamando justicia
Efrén Venturini, como muchos otros ex detenidos desaparecidos no puede ver condenados aun a los responsables de los crímenes. No solo eso sino que son “premiados” nombrando a las instituciones del pueblo con diferentes generaciones de Vicentin, que heredan las propiedades y el modus operandi para explotar trabajadores.
En consonancia con esto apareció el enorme apoyo de representantes empresariales locales que salen a dar su respaldo. En un comunicado reciente, entidades como la Cámara Exterior del Norte Santafesino, la Sociedad Rural de Reconquista, entre otros, le dan su buen augurio a Vicentin: “Ayudar a superar este desafío”.
En la misma línea mancomunada fue el gobierno de Reconquista que habló de “una larga e intachable trayectoria”. Parece que hay capítulos de la historia que son eludidos intencionalmente, el caso de Ramiro Burgueño fallecido en 2007 responde descarnadamente a los dichos del intendente, como las restantes muertes obreras que tiene Vicentin en su expediente, en este caso en la ciudad de San Lorenzo.
Para que estos delitos no queden impunes, ni tampoco el de los emporios económicos seguimos exigiendo el juicio y castigo a los civiles responsables de los secuestros y torturas. Y para terminar con la estafa de los grandes empresarios como la firma Vicentin, hay que estatizarla bajo el control de sus trabajadores, para enfrentar en serio el fraude y la especulación que persiste desde la dictadura.
Celina Tidoni
Abogada del CeProDH Rosario
Miércoles 29 de enero | 16:27
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