Serán juzgados los civiles Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, por integrar la organización paraestatal de la derecha peronista.
Este miércoles 11 comenzará en la ciudad de Mar del Plata el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), una organización paraestatal de la derecha peronista que operó en forma simultánea en Mar del Plata y La Plata entre 1974 y 1976 al amparo del gobierno peronista provincial de Victorio Calabró, del ministro de Educación Oscar Ivanissevich y de la burocracia sindical.
Después de más 44 años de impunidad, intimidaciones y amenazas a testigos, con genocidas prófugos, complicidades políticas y judiciales, serán juzgados los civiles Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa por integrar una asociación ilícita cuyo objeto era el de perseguir, secuestrar y asesinar a distintos a militantes políticos en la ciudad de Mar del Plata.
Adicionalmente, por haber permanecido prófugo, se juzgará la responsabilidad del Eduardo Salvador Ullúa en los homicidios de Jorge Enrique Videla, Guillermo Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Enrique Pacho Elizagaray y Bernardo Alberto Goldemberg, todos ellos vinculados a la organización Montoneros. Este hecho, ocurrido en 21 de marzo de 1975, fue conocido como “La Noche del 5x1”, ya que horas antes Patricio Fernández Rivero, líder de la CNU, había citado frente al ataúd de Ernesto Piantoni (también integrante de la organización parapolicial) la conocida frase de Juan Domingo Perón en su discurso del 31 de agosto de 1955, según la cual “cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”.
También se juzgará a Ullúa por su responsabilidad en los asesinatos de Daniel Norberto Gasparri y Jorge Alberto Stippani el 24 de abril de 1975 y, finalmente, de María del Carmen Maggi, asesinada el 9 de mayo del mismo año y decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata.
La CNU
La CNU fue una organización paraestatal de derecha peronista creada a fines de la década de los ´60, que tuvo como principales líderes y referentes Carlos Alberto Disandro, los mencionados Fernández Rivero y Ernesto Piantoni, Raúl Viglizzo y Gustavo Demarchi. Golpeó con fuerza especialmente en el ámbito universitario de Mar del Plata y la capital provincial: sus integrantes cometieron más de un centenar de secuestros y asesinatos de estudiantes y docentes universitarios, alumnos de los colegios de la Universidad Nacional de La Plata, militantes de izquierda; de montoneros, sindicalistas e integrantes de comisiones internas.
La organización cobró notoriedad en Mar del Plata a partir del asesinato de la estudiante Silvia Filler el 6 de diciembre de 1971 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Provincial de Mar del Plata. Los integrantes de la CNU interrumpieron en esa ocasión una asamblea estudiantil de más 300 estudiantes, con cadenas y disparos de armas de fuego, dejando varios heridos; uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Filler, quien falleció horas después. La policía provincial actuó en complicidad con la CNU: uniformados que estaban frente a la facultad no intervinieron en el ataque, y lo hicieron después para reprimir y detener a los heridos. El velorio de Filler contó con una masiva movilización, en la que se produjeron varios incidentes.
El reemplazo de Victorio Calabró por Oscar Bidegain al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la intervención de las universidades nacionales por el ministro de Educación Oscar Ivanissevich y la primacía en el movimiento obrero local de sectores vinculados a la derecha peronista y sindical permitió a la organización paraestatal obtener la cobertura que necesitaba para avanzar en los asesinatos. Varios de sus integrantes se vincularon a los espacios institucionales de la vida política de la ciudad y ocuparon cargos en el poder judicial federal, en la Universidad Provincial y en los sindicatos de la ciudad, a partir de los cuales obtuvieron recursos, cobertura e impunidad para sus crímenes.
La impunidad y la persistencia de algunos de esos vínculos institucionales permitieron la “reconversión” de parte de sus integrantes luego del retorno a la democracia. Tal fue el caso del condenado Gustavo Demarchi, ex fiscal de Mar del Plata, quien dilató las investigaciones judiciales que lo involucraban en la comisión de delitos para, finalmente, fugarse del país y solicitar asilo político en Colombia, desde donde debió ser extraditado para su juzgamiento. Finalmente fue condenado, junto con otros imputados, a la pena de prisión perpetua, por ser coautores de los homicidios cometidos en la “noche del 5x1”.
La CNU contó con el aval político de la burocracia sindical peronista, especialmente por parte de la burocracia de Foetra, Supe, Uocra y el núcleo “más duro” de la CGT de Mar del Plata; y algunos de sus miembros se integraron en espacios sindicales relacionados con la estructura de la UOM y las 62 Organizaciones. Patricio Fernández Rivero, uno de sus ideólogos principales, fue custodio personal de José Rucci.
Asimismo Calabró, López Rega y Oscar Ivanissevich (al frente del Ministerio de Educación de la Nación) aportaron al financiamiento y sostenimiento de esta organización criminal. Hacia fines de 1975, la CNU quedó bajo el mando del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército y parte de sus miembros fueron incorporados a los grupos de tareas que operaron durante la dictadura como miembros de inteligencia u operativos.
Los acusados
Oscar Héctor Corres afrontará el juicio en libertad. Viene de ser favorecido en 2010 por una resolución que lo excluyó del primer debate oral vinculado a CNU-Mar del Plata, al decretar su falta de mérito. Tres años antes, había sido apartado del cargo docente que ocupaba en la Universidad Nacional San Juan Bosco luego de hacerse pública su participación en el asesinato de Filler (crimen por el que había sido condenado en 1971 y luego indultado por el presidente Cámpora).
Durante la democracia, Corres fue apoderado de la empresa petrolera Chañares Herrados S.A. mientras la misma permaneció bajo la dirección de Héctor Basilio Lapeyrade (interventor de YPF durante la última dictadura cívico militar). Según un artículo de Página12 (27/10/08), Chañares está sospechada de colaborar económicamente con prófugos con imputaciones por delitos de lesa humanidad. Tanto esta como otras empresas de Lapeyrade han estado a su turno a cargo de Luis Alfredo Zarattini, otrora miembro de la organización derechista Tacuara y sospechoso de colaborar con las dictaduras centroamericanas durante los años ochenta y de haber actuado en varios centros clandestinos de tortura y exterminio.
Por su lado, el imputado Eduardo Salvador Ullúa había sido condenado en 1988, en el marco de la llamada “Operación Langostino”, a la pena de 17 años de prisión por su participación en una banda dedicada al narcotráfico vinculada a un cártel colombiano que operaba desde Argentina. Pero permaneció prófugo de la justicia federal desde 2010 hasta 2017, cuando fue capturado mientras realizaba trámites administrativos.
El inicio del debate oral implica un avance contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el tercer gobierno peronista. Hasta el momento solo se juzgaron pocos represores de la CNU, pero en los debates precedentes y en las investigaciones en curso, queda demostrado que este grupo paraestatal estuvo conformado por un numeroso grupo, que excede ampliamente a los juzgados y cuyas víctimas llegarían al centenar.
Cuando el macrismo opera para terminar con los juicios y dar nuevos pasos en la reinstalación de los militares en la represión interna –cuadro en que se inscribe la reciente absolución del genocida, y ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo, César Milani-, es indispensable redoblar la lucha para que todos los genocidas militares, civiles, eclesiásticos y empresariales sean juzgados y condenados, por la apertura de los archivos y contra la impunidad.
¡Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los miembros de la CNU y todos los genocidas!
Cecilia Dinius
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