Hace 40 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaba a la Argentina (CIDH), y recibía más de cinco mil denuncias. El triunfo de la Selección sub-20, y el reparto de sticker con la consigna: “Los argentinos somos derechos y humanos”.
La CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), llegó a la Argentina el 6 de septiembre de 1979, después de tres años de gobierno de facto, cuando las denuncias por violaciones a los derechos humanos en la Argentina habían llegado a todo el mundo.
Miembros del organismo visitaron varias prisiones donde funcionaban Centros Clandestinos de Detención: La Rivera y La Perla, en Córdoba; El Atlético, el Olimpo y la ESMA, en Buenos Aires, entre otros. Estos lugares habían sido “acondicionados” para recibir a los integrantes de la CIDH.
El general Luciano Benjamín Menéndez -condenado en decenas de causas de lesa humanidad- conociendo la visita del organismo a La Perla y otros centros clandestinos de Tucumán, ordenó matar a los detenidos. Mientras que los detenidos desaparecidos que estaban en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fueron trasladados a una isla en Tigre, y solo algunos fueron “blanqueados” como presos políticos. Para este traslado la patota compró la isla El Silencio.
Según consta en la escritura, el vendedor fue Emilio Teodoro Graselli, secretario del Vicariato General Castrense, amigo de marinos que pertenecían al grupo de tareas. También recorrieron las cárceles de Devoto, Caseros y Rawson.
Uno de quienes denunció ante la CIDH fue Alfredo Olivera. "Cuando estoy detenido, en ese momento en La Plata, llega la Comisión y me llaman para que declarare cómo son mis condiciones de detención. Ahí denuncié a César Milani".
Además, los integrantes de la comisión, durante su permanencia en el país, se entrevistaron con el presidente de facto Teniente General Jorge R. Videla y miembros de la Junta Militar Roberto Viola, Omar Graffigna y Armando Lambruschini, entre otros.
Los objetivos de James Carter
Desde el año 1977 el presidente de los Estados Unidos, James Carter, buscó que el gobierno militar invitara a la CIDH, porque evaluaba los inconvenientes de continuar haciendo oídos sordos a las graves denuncias de los familiares de desaparecidos y miembros de organismos de derechos humanos que eran realizadas ante organismos internacionales, y en los principales países del mundo.
Al mismo tiempo, la administración Carter, que tenía que reponerse de la primera derrota militar en manos de una semicolonia como Vietnam, se propuso demostrar que Estados Unidos se tomaba en serio el problema de los derechos humanos, después del desprestigio de haber apoyado la sangrienta dictadura de Pinochet y los golpes militares en el cono sur. Por su parte, el gobierno de facto buscó que la presencia de la CIDH pudiera desmentir a la prensa europea que sostenía que en Argentina funcionaban centros de detención clandestinos.
Las cifras de la denuncia
El número total de denuncias que recibió la Comisión durante las dos semanas de su estadía fue de 5.580, a las que se sumó las 3.000 obtenidas por organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo y la Comisión de Familiares Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, entre otros.
Cabe destacar la temprana militancia de los organismos de derechos humanos que desde los años de la dictadura se ocuparon de denunciar el golpe militar y de reclamar por los desaparecidos.
En los días que estuvo la CIDH, el aparato de comunicación de las Fuerzas Armadas repartió cientos de miles de obleas con la consigna: “Los argentinos somos derechos y humanos”. Mientras que el relator de fútbol, José María Muñoz, conocido por su apoyo desenfadado a favor de los militares, convocaba a Plaza de Mayo para festejar el triunfo de la selección juvenil de fútbol, que el 7 de septiembre de 1979 se había consagrado como campeón en Japón. Una canallada del relator estrella del Mundial 78, que pretendió mostrar a los miembros de la CIDH que en el país había motivos para festejar. Esta movilización pasó por las puertas de la sede de la OEA (Avenida de Mayo al 700), donde con más de tres cuadras de cola, se encontraban quienes esperaban presentar su denuncia ante la CIDH.
Voceros de la dictadura
El día que llegó la CIDH al país, la revista Para Ti, publicación de Editorial Atlántida de la familia Vigil, publicó un reportaje apócrifo a la madre de un desparecido, Thelma Jara de Cabezas. En su portada se podía leer: “Derechos humanos. Habla la madre de un subversivo muerto”. Los editores de la revista, en combinación con la patota de la ESMA que dirigía el represor Ricardo Miguel Cavallo, organizaron esta entrevista a Thelma que estaba secuestrada desaparecida en la ESMA. Ella solo tenía dos opciones: darle la entrevista falsa en una confitería de Belgrano a Para Ti o que la patota terminara con su vida.
Después de más de tres décadas uno de los editores, Agustín Bottinelli, fue imputado en la causa por falsificar este reportaje, pero un fallo reciente dictó la falta de mérito.
En los días que la CIDH permaneció en la Argentina, asociaciones empresarias y profesionales firmaron una solicitada donde afirmaban, entre otras cosas, que en "idénticas circunstancias volveríamos a actuar de idéntica manera". Por su parte, los directivos de medios de comunicación negaron que rigiera algún tipo de censura, adhirieron a la tesis según la cual en la guerra antisubversiva los enemigos carecen de derechos y denunciaron la “intromisión en los asuntos internos del país”. A la vez que el diario La Nación “informaba” que “los presuntos desaparecidos viven en el exterior”. Mientras que la opinión de la curia estuvo representada por Monseñor Octavio Derisi, rector de la Universidad Católica Argentina, quien sostuvo que “no tenía por qué una comisión extranjera venir a tomarnos examen (...) pido a Dios que sean objetivos y no se dejen influenciar por aquella gente que ha creado este problema en la Argentina: las familias de aquellos guerrilleros que mataron, secuestraron y robaron”.
Informe de la CIDH
El informe redactado por la Comisión sobre Argentina, OEA 1980, reconocía que "personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención (esta es) la situación de miles de detenidos desaparecidos". Por otra parte, exigía que se diera cauce a los reclamos de esclarecimiento y justicia.
Pero los militares salieron al cruce de este informe, rechazaron su contenido y objetaron la autoridad del organismo para evaluar y cuestionar las leyes y decretos del gobierno argentino en su lucha antiterrorista. A partir de ese momento los militares intentaron que el informe de la CIDH fuera rechazado por la Asamblea de la OEA.
Finalmente, la declaración anual del organismo no hizo ninguna mención específica al caso argentino. El reporte de la visita al país fue dado a conocer por la Comisión, pero no publicado oficialmente por la OEA. Incluso, cuando se inició la Asamblea, las delegaciones de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay amenazaron con abandonar la OEA si no se respetaba la soberanía de los Estados.
Mientras que en la argentina los medios de comunicación no sólo rechazaron el informe de la CIDH, sino que insistieron con la teoría de que había una campaña internacional contra la Argentina.
Pero el poder de las Fuerzas Armadas comenzaba a resquebrarse. A la crisis económica interna, más las denuncias incesantes de los organismos de Derechos Humanos, se sumó el primer paro nacional convocado por la CGT. Además, frente al conflicto con Chile por el canal de Beagle, la mediación papal se pronuncia a favor de la posición chilena.
Esta crisis llevó a que el General Leopoldo Fortunato Galtieri asumiera la comandancia del Ejército a fines de 1979 y desplazara a los generales videlistas y violistas para ubicar gente de su confianza. Estos nuevos jefes del régimen buscaron un nuevo acercamiento con el Departamento de Estado. Para esto colaboran con el golpe de García Mesa en Bolivia; envían asesores para colaborar con la “contra” nicaragüense y con la represión en el resto de Centroamérica, y continuaron con las operaciones del Plan Cóndor.
El Proceso buscó, a través de estas medidas, resolver el problema del aislamiento internacional que le pudieran generar las denuncias por los desaparecidos. Pero la crisis interna continuó. Galtieri, que ocupaba la presidencia desde fines de 1981 -tras el desplazamiento de Viola-, y la Junta Militar deciden embarcarse en la aventura de recuperar las Malvinas en abril de 1982, creyendo que un triunfo podría represtigiarlos. Pero la capitulación ante las tropas inglesas no hizo más que precipitar el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Se vieron obligados a llamar a una concertación pactada con los partidos burgueses para llamar a elecciones.
A 40 años de la visita de la CIDH, familiares y sobrevivientes de la dictadura, junto a organismos de derechos humanos siguen reclamando juicio y castigo a todos los culpables del genocidio.
Rosa D'Alesio
@rosaquiara
Viernes 6 de septiembre | 22:55
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