La presencia de Mauricio Macri en Salta el fin de semana despertó un cruce dentro de la Iglesia local. El Presidente llegó el sábado para participar de la Fiesta del Milagro, un acontecimiento religioso que reúne 800.000 personas. Mientras el presbítero Raúl Méndez, un reconocido sacerdote, indicó que la presencia del Presidente “será una provocación” y que no tiene sentido “empañar la fiesta de los salteños”, el Obispo, Mario Cargnello, le cursó una invitación formal.
No obstante, en un sorpresivo mensaje al final de la multitudinaria misa, se dirigió en primera persona al Presidente: “Mauricio has hablado de pobreza, llévate el rostro de los pobres, que son argentinos, dignos, respetuosos y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos”. Y continuó: “Cuando empezó usted dijo que iba a luchar por la pobreza cero. ¿Qué puede decir Salta ahora? Le da los rostros de la pobreza”.
Argentina no es Biafra, pero…
Macri que llegó a la presidencia, entre otras promesas, con el leitmotiv de «pobreza cero», dejaría el gobierno con un piso de 40% después de haber creado casi 5.000.000 de pobres.
Según los datos del Indec, en el segundo trimestre de 2016 la pobreza en Argentina era de 32,2%. De esa cifra a la actual del 35%, hay una diferencia que se ampliará de forma considerable a fines de este año, pudiendo ubicarse a fines de diciembre en el 40%, sobre todo si se toma como dato excluyente la vertiginosa devaluación que sacudió al país en agosto pasado.
La pobreza golpea particularmente a la niñez. El Observatorio Social de la UCA ubicó en casi el 50% el total de chicos argentinos menores de 15 años que viven en condiciones de pobreza.
“A partir de 2016, las políticas destinadas a la protección de la niñez y adolescencia experimentaron un proceso regresivo. Se redujeron en términos reales las transferencias a los hogares representadas por la AUH en un contexto de incremento de la vulnerabilidad económica por la grave crisis que está atravesando el país, se dieron de baja programas como el Qunita, el Conectar Igualdad y se desfinanciaron los programas de vacunación, se redujo ostensiblemente la cobertura del programa Precios Cuidados y ello impactó en las canastas de consumo de niñez y adolescencia, se incumplió la promesa de la construcción de 3.000 jardines infantiles (y también fue incumplida la promesa que vino en su reemplazo, de 10.000 aulas) y se produjo un sensible ajuste presupuestario en programas destinados a niñez y adolescencia en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Plan Nacional de Primera Infancia”, señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Emergencia alimentaria
El oficialismo dio quórum y el jueves se aprobó, con media sanción de la Cámara Baja, el proyecto de «emergencia alimentaria» con 222 votos afirmativos, sin votos negativos y una abstención. Se espera que en el Senado también tenga plena aprobación. En las afueras del Congreso Nacional se concentraron miles de personas organizadas por un sector de los movimientos sociales.
Pero el bloque de organizaciones sociales que acampaban en el Ministerio de Desarrollo Social, ratificaron que continuarán con la medida de fuerza reclamando que «solo con la emergencia social no alcanza» y mantienen el pedido de reapertura de los programas sociales y el aumento de su monto.
También instalaron ollas populares en Plaza de Mayo en reclamo de aumento salarial y puestos laborales. Las consignas fueron: «¿Quién vive con $7.500? Aumento salarial ya» y «Sin trabajo no se come». La jornada de protesta se replicó en otras provincias del país.
El día anterior, la CTEP Capital realizó en simultáneo y en más de siete Shoppings de la Ciudad de Buenos Aires una protesta para reclamar la emergencia alimentaria, habitacional, educativa, laboral y sanitaria y responsabilizó a la ministra de Desarrollo Social, Guadalupe Tagliaferri y al Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta de la aplicación del programa de hambre en la Ciudad.
El sindicalismo combativo y el movimiento piquetero independiente rompen la tregua
Más de 2.000 representantes de sindicatos, Comisiones internas, delegados de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Santa Fe, Salta, Chaco, entre otras, llegando a representaciones de 21 provincias, y una delegación de dirigentes y delegados de gran parte de las organizaciones del frente piquetero que viene desarrollando un plan de lucha con acampes progresivos, deliberaron el sábado 14 en el camping del Sindicato del Neumático en Pilar.
“Nos unimos en la acción trabajadores ocupados y desocupados para luchar por nuestras reivindicaciones más urgentes, como punto de partida a una salida donde la crisis no la paguemos los trabajadores. Planteamos la reapertura de las paritarias, la actualización del salario por inflación, un aumento de emergencia a jubilados y planes sociales duplicando su importe mínimo, que cubran la canasta familiar”, sostienen.
Exigen que la CGT y las CTA convoquen un paro activo de 36 horas con movilización.
Apoyan las luchas de los trabajadores y movimientos sociales, en particular la gran lucha del pueblo de Chubut.
Reclaman la libertad inmediata a Daniel Ruiz y el desprocesamiento de todos los perseguidos por luchar y los juicios por desafuero.
Promueven el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI. No al pacto social.
Y convocan para el martes 24 de septiembre a una jornada nacional de lucha, con movilizaciones en Plaza de Mayo y todo el país, por las reivindicaciones y el programa resuelto.
Estuvieron presentes docentes, trabajadores de la salud, estatales, neumático, periodistas, alimentación, del subte, gráficos, bancarios, telefónicos, ferroviarios, ceramistas, chóferes y dirigentes sindicales de otros sectores. Un lugar importante tuvieron los obreros de la papelera Ansabo quienes el viernes cortaron Puente Pueyrredón en defensa de sus puestos de trabajo.
Referentes de organizaciones como el Sutna, Ademys, Suteba, Atech Chubut, AGD-Uba, Cicop, Sindicato Ceramista de Neuquén, Ferrocarril Sarmiento, ente otros, también participaron junto a fábricas recuperadas como Madygraf, World Color, Cerámica Neuquén y Zanón.
Por parte de los movimientos de desocupados se encontraban el Polo Obrero y el Teresa Vive. Organizaciones políticas como el PTS, Izquierda Socialista, el Partido Obrero, Opinión Socialista, entre otros, también se hallaron en el lugar.
El dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, afirmó: "Al pacto de contención debemos responderle con más unidad para que la crisis la paguen los capitalistas. El plan de lucha votado aquí hoy, que incluye una jornada nacional en los próximos días con movilización y cortes de ruta, será parte de las acciones del movimiento de desocupados frente a Desarrollo Social si no hay respuesta a los 3 reclamos centrales de las organizaciones."
Por último se refirió a la imputación a Oscar Kuperman y a él mismo luego del acampe piquetero de 48 horas: "Que un gobierno responda a los reclamos de los trabajadores con la criminalización de los dirigentes que encabezan las luchas pone de relieve que ha elegido el camino de la represión, por ese camino los De La Rúa y los Duhalde provocaron la rebelión popular y se tuvieron que ir”.
Catalano: "Necesitamos ya un gran paro nacional de todos los sindicatos”
Ante una multitud de estatales, Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital y Adjunto de la CTA cuestionó duramente al Gobierno y pidió "abrazar" la pelea de todas y todos los compañeros que están por debajo de la línea de pobreza: "No se puede esperar el 27 de octubre y no se puede esperar el 10 de diciembre; nosotros necesitamos aumento salarial ahora, porque nuestros compañeros no están comiendo, el hambre es hoy y no hay tiempo electoral en nuestros pibes”.
Por último, convocó a todos los gremios a realizar un paro nacional para “cambiar las condiciones de nuestro pueblo, porque no alcanza con decir que tenemos que ser pacientes y no alcanza con llegar al 27 de octubre, porque el hambre no espera”, concluyó.
Fue en el marco del paro nacional de estatales el pasado 11 de setiembre y la movilización a la Secretaría de Modernización de la Nación y al Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires para decirles nuevamente a los funcionarios y funcionarias del macrismo que #ElSueldoNoAlcanza y exigir la #ReaperturaDeParitarias.
“Demostramos que la deuda con el FMI es ilegitima, ahora vamos por su NULIDAD”
El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, dio a conocer un comunicado el pasado 13/9: “El día de ayer la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con los votos de los jueces Argento, Fernández y Grecco, ordenó al Poder Ejecutivo publicar la información sobre los dos empréstitos públicos acordados por el Estado Nacional con el FMI. La decisión judicial llega en el marco de la causa iniciada por Eduardo “Vasco” Murúa, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y por Eduardo Codianni, integrante del Centro de Estudios para la Integración Financiera (CINFIN). Ambos impulsaron desde conocerse el acuerdo la necesidad que el pueblo argentino supiera de qué se trataba el mismo, cuáles eran sus condiciones, para qué se usaría ese préstamo, cómo se pagaría, cuáles eran las jurisdicciones donde se dirimirían las controversias, qué tipos de punitorios si no se cumplía con los pagos, qué condicionamientos políticos exigía el acuerdo. Se estaba consumando la mayor estafa de la historia de la deuda argentina entre gallos y medianoche, después de un golpe de mercado encabezado por el JP Morgan, socio del Departamento de Estado y por ende del FMI, que como en un juego de pinzas y con la complicidad del Estado Argentino se endeuda al pueblo y sus futuras generaciones. Este endeudamiento es el elemento central para lograr poner en la órbita de los intereses de EE UU a la Nación ARGENTINA. Ante el reclamo de derecho a la información pública que hicimos y la recurrente y repetida respuesta del Ejecutivo que todo el acuerdo estaba publicado en la página del Ministerio, conocido como memorándum de entendimiento -que ni siquiera tenía los firmantes de dicho acuerdo- y gracias a la labor emprendida por nuestros abogados Andrés Bernal, Francisco Verbic y Augusto Martinelli, y su saber sobre derecho administrativo, nos encontramos con la sorpresa que el acuerdo se había consumado sin respetar el Estado Argentino las obligaciones dispuestas por el propio Estado para tomar deuda, tornándola totalmente ilegítima . Se violaron la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo (nº 19.549) y la Ley de Administración Financiera (nº 24.156). Más allá de la responsabilidad que le cabe a los funcionarios que no cumplieron con su deber -que deberán explicar su situación ante la justicia-, LA RESPONSABILIDAD MAYOR HOY LA TIENE EL PUEBLO Y SUS REPRESENTANTES DE DECLARAR ESTA DEUDA NULA DE NULIDAD ABSOLUTA Y EMPEZAR A ACTUAR COMO NACIÓN Y NO COMO COLONIA .
Muerte y envenenamiento en la ciudad de Larreta
Agentes de tránsito del Gobierno porteño marcharon frente a la TV Pública para visibilizar su reclamo por mejores condiciones laborales, así como justicia por la muerte de su colega, Cinthia Choque.
El hecho contribuyó a visibilizar los reclamos de los agentes tránsito por mejores condiciones de trabajo. Según denunciaron, el 80% de los empleados de tránsito en la calle son monotributistas y cobran 22.000 pesos por siete horas de trabajo, cinco días a la semana.
Se trata de casi 3.000 trabajadores que tampoco cuentan con ART, ni con seguro de vida al momento de ejercer sus labores.
También afirman que los uniformes que utilizan son de mala calidad y se sienten desprotegidos, al no estar acompañados por policías.
Choque, de 28 años y mamá de dos niñas, murió el domingo 8 por la madrugada en la intersección de Figueroa Alcorta y Tagle, luego de ser atropellada por el periodista Eugenio Veppo.
Junto con Cinthia se encontraba Santiago Siciliano (30), quien fue herido de gravedad. A una semana del hecho, Siciliano continúa en terapia intensiva.
Agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires se reunieron este domingo para participar de un plenario abierto, en donde debatieron sobre los reclamos que vienen llevando adelante tras el asesinato de Cinthia y la hospitalización de Santiago.
En el mismo, resolvieron realizar una concentración para este jueves 19 de septiembre a las 15:00 en frente del Obelisco. La misma será para aguardar la respuesta que dará el Ejecutivo en la mesa de trabajo, frente a los reclamos presentados que hacen hincapié en terminar con la precarización y la cobertura médica a través de la afiliación a la obra social, cuestión que hasta ahora era negada a los monotributistas.
Los agentes de Prevención de la Ciudad de Buenos Aires denuncian que el 90% del personal de ese cuerpo encargado de colaborar con la policía trabaja en condiciones de precarización laboral, similares a las que denunciaron los agentes de tránsito porteño. De 800 personas, sólo 72 son trabajadores de planta. El resto, bajo el modelo de flexibilización cambiemita, es monotributista, como los trabajadores de delivery. Sin ART, ni viático ni horas extras, y con apenas una muda de ropa provista por las autoridades, el personal de esta dependencia constituida por civiles sin armas, que tiene a su cargo cuidar los senderos escolares, efectuar controles en estadios y recitales, y realizar tareas de monitoreo en el espacio público, donde enfrentan situaciones de riesgo, exige el pase a planta permanente.
Los trabajadores del subte destacaron como una conquista la firma de un acta en la Subsecretaría de Trabajo con representantes de la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Metrovías, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y el INTI, sobre parte de sus reclamos por la asbestosis.
Fue suscripta el miércoles pasado y establece que “todos los trabajadores de los talleres que están expuestos al asbesto deben ingresar al Registro de Agentes de Riesgo (RAR)”. Lo cual implica que serán sometidos a estudios anuales bajo la cobertura de la ART, incluso una vez jubilados, para determinar el avance, o no, de una potencial contaminación con asbesto.
El acuerdo prevé que el 11 de octubre se inicien los estudios médicos a los trabajadores de tráfico (conductores y guardas) de la Línea B.
Los estudios ya realizados arrojaron como resultado que 11 técnicos de los talleres de material rodante de la Línea B presentan ensanchamiento de la placa pleural producida por aspiración de partículas de asbesto. Se trata del 14,5% de los 76 estudios que ya tienen un diagnóstico, sobre un total, al momento, de 160 casos relevados.
La presencia de esa sustancia en el organismo, puede derivar en afecciones mayores como cáncer. Es lo que ocurrió con 3 operarios del Metro de Madrid que fallecieron por operar las formaciones CAF 5000 que circulan en la Línea B desde 2011, cuando fueron compradas por el gobierno de Mauricio Macri, por entonces jefe de Gobierno de la CABA. A pesar de que ese material está prohibido en Argentina desde el 2000.
Además de comprobar la exposición de los trabajadores, se identificó la existencia de asbesto dentro de los vagones Mitsubishi, que se compraron en 1996, tanto en los techos como en las paredes internas.
Roberto Pianelli, secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), amplió: “Encontramos cosas más graves, como que en el techo había amianto azul, una variedad prohibida desde mucho antes porque es más peligrosa y, además, en estado friable (hecho polvo). También está en la pintura interna de las carrocerías, porque en Japón andaban en superficie nevada y lo usaban para aislar el frío. Esos trenes deambularon esparciendo amianto por todas las líneas”. Lo cual pone en debate la exposición de los propios usuarios. Para lo cual es preciso hacer un estudio ambiental con filtros para evaluar lo que se respira dentro del vagón.
Al respecto, Pianelli, sostiene que: “es mentira que los usuarios no tienen exposición, porque la fibra está en el aire y no distingue entre trabajador y usuario. Es obvio que un tipo que trabaja seis horas está más expuesto que uno que viaja 40 minutos. Ellos van a decir que fibra de amianto hay en toda la Ciudad, pero no es lo mismo al aire libre que en un lugar cerrado”.
Al respecto, Lilian Capone, médica neumonóloga y secretaria de Salud Laboral de la CTA bonaerense, señala que “hay expuestos directos y no directos. Los trabajadores que manipulan piezas están expuestos directamente, pero la población en general tiene contaminación con amianto. No estaría de más que se hiciera una medición sobre los usuarios, pero que primero se focalicen los análisis en los trabajadores. No conviene tirar una bomba ahora, pero el gobierno va a tener que impulsar un plan de prevención de usuarios y trabajadores”.
Gabriel Solano (FIT-PO) convocó a una nueva audiencia pública para el viernes 20 de este mes en la Legislatura porteña, donde parte de los Metrodelegados expondrán en detalle la situación referida a la contaminación por asbesto y se promoverá la comparecencia de los funcionarios responsables en el recinto -entre ellos, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel- para su interpelación.
Nueva semana de despidos y suspensiones
Desde inicio de 2019, la empresa que explota el Bar Plaza Dorrego, comenzó con un paulatino y constante proceso de cierre del emblemático bar ubicado en pleno barrio de San Telmo, frente a la Plaza Dorrego.
En la actualidad lxs trabajadorxs se encuentran sin percibir el salario del mes de agosto y los dueños cierran el local varios días a la semana y los pocos días que se encuentra abierto, de modo injustificado cierra a las 16:00, cuando la afluencia de clientes es mayor. Los domingos permanece cerrado o baja sus persianas a las 12:00 lo que constituye un virtual lock out patronal con el fin de desligarse de todas las responsabilidades empresariales.
Al inicio de la semana pasada recibieron la noticia que el bar se cerrará y lxs trabajadxs no percibirán sus salarios ni las indemnizaciones. Más de 10 familias dependen de estos ingresos y quieren seguir trabajando.
Los trabajadores de la textil Iberoamericana, ubicada en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía, se manifestaron en la puerta de la empresa para reclamar el pago de salarios adeudados y expresaron su temor al cierre de la planta de producción. Hay 100 empleos en riesgo.
«La fábrica no está cerrada. Estamos todos, pero no hay materia prima para trabajar. Los clientes retiraron mercadería que había que procesar y no se hizo por la falta de gas. Estuvimos un mes sin gas. Pero la gente si no cobra no va a trabajar» , dijo una trabajadora.
Según datos de la Asociación Obrera Textil, esta industria perdió casi 9.000 puestos de trabajo en todo el país en los últimos tres años como consecuencia del cierre de plantas de producción y de la reducción de personal por la caída de la demanda en el mercado interno y el ingreso de productos importados.
Los trabajadores de Ansabo realizaron un nuevo corte en Puente Pueyrredón el viernes en reclamo por los puestos de trabajo y las 50 familias que quedaron en la calle luego del cierre de la empresa. Reclaman la estatización. Fueron acompañados por la Coordinadora de Trabajadores en Lucha de zona sur del GBA integrada por Ferroviarios de MCM, Petronas, Siam, tercerizados de LATAM, Kimberly, Coca-Cola, RanBat, Expreso Lomas, Secretaría de Salud del SUTEBA Quilmes, desocupados en lucha del FOL y el Polo Obrero.
El lunes se dirigieron al Ministerio de Trabajo, donde fueron informados de que la AFIP había solicitado la quiebra de la empresa.
Ante la situación desesperada de no poder llevar sustento a sus familias, el abandono patronal y la falta de respuestas del intendente Martiniano Molina y la gobernadora María Eugenia Vidal, y luego de agotar todas las instancias posibles asistiendo a las audiencias en el Ministerio de Trabajo y realizando acciones en las calles para visibilizar su situación, los obreros decidieron que pondrán la fábrica a producir bajo su control.
Continuarán además exigiendo al gobierno municipal y provincial la colaboración económica necesaria para la puesta en producción de este lugar que puede generar fuentes de trabajo vitales en un momento de crisis como el actual.
Gustavo Melgarejo, representante de los trabajadores de la planta de calzado DASS emplazada en Eldorado, habló sobre la posibilidad de que decidan cerrar otra parte de la fábrica, rumor que se instaló en las últimas horas en Misiones por los movimientos de la firma.
«Estamos preocupados. Se están llevando máquinas que se utilizan para hacer suelas de zapatos», señaló Melgarejo.
DASS cuenta en la actualidad con 800 empleados menos a comparación de años anteriores donde el número superaba los 2.000 trabajadores.
Hace más de tres meses que la fábrica Eitar que produce componentes para línea blanca permanece con su maquinaria instalada pero está todo parado. En mayo pasado, después de 60 años, la empresa cerró sus puertas y dejó a 240 trabajadores en la calle, sin pagarles la indemnización.
Mientras tanto, los trabajadores han puesto un cartel “lavadero” y se ganan el sustento diario en la fábrica. También han colocado una parrilla en el intento de subsistir a esta difícil situación en la que algunos de los despedidos tenían casi 30 años de servicio en la empresa. En ese escenario los ex trabajadores buscarán la posibilidad de crear una cooperativa.
El Sindicato de la Actividad Naval Mar del Plata (SANAM), integrante de la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de la Argentina (FeMPINRA), acusó al Gobierno y a YPF de «estar entregando» oportunidades de trabajo a un astillero paraguayo.
Una licitación de YPF para la construcción de barcos destinados al servicio de transporte de hidrocarburos fue adjudicada a una empresa de capitales extranjeros radicada en la Argentina, pero que utilizará un astillero de Paraguay, destacó el gremio en un comunicado de prensa.
En lo que va del año los mercantiles ya cuentan medio millar de despidos en San Juan. Así lo aseguró el gremio mercantil sanjuanino. Las cesantías se dan por la caída de las ventas, sobre todo en los sectores de electrodomésticos e indumentaria.
«Si hablamos del último mes relevado que fue el de agosto, detectamos unos 20 desempleos lo cual mantiene al sector en el promedio que registró en meses anteriores de otros años», explicó Mirna Moral, secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio.
Tras el fallo judicial que restringió el horario nocturno de vuelos en el aeropuerto de El Palomar, JetSmart y Flybondi avisaron que deberán revisar sus operaciones. Ya hablan de cancelar rutas y llevarse aviones.
La resolución de la Justicia fue consecuencia de una demanda iniciada por organizaciones sociales de esa localidad del partido de Morón, que denunciaron los inconvenientes generados por el ruido de los aviones y por la afectación del medio ambiente en una zona poblada.
Ante esta situación, la Justicia restringió las operaciones en la estación aérea entre las 22:00 y las 7:00.
Julio mostró números negativos para la industria: según el informe que dio a conocer este miércoles el Indec, el uso de la capacidad instalada cayó a 58,7 %. Esto significa una caída del 1,4% con respecto al mismo mes del año pasado y de un 0,4% con respecto a junio último.
El porcentaje actual indica que en promedio la industria argentina usa 6 de cada 10 máquinas de producción. Las industrias en situación más delicada son Automotriz, que trabaja a un alarmante 30% de su capacidad; Sustancias y productos químicos, al 47,5%; Metalmecánica, al 48,5%; Productos de caucho y plástico, al 51,6%, y Edición e impresión, al 58,1%.
En julio del año pasado, la industria automotriz trabajaba al 48,1% de su capacidad instalada. Esto significa un derrumbe del 18,1% en apenas un año.
«El sector automotriz está en un 35 o 40 % de la capacidad operativa. De 90.000 puestos de trabajo perdimos 10.000 y otros 10.000 están en jaque. La crisis nos afectó mucho» , sostuvo Ricardo Pignanelli, titular del Smata.
Petroleros y Neumáticos piden reabrir las paritarias
Después de conocerse que la inflación interanual sube a 54,5% por el 4% registrado en agosto, la Comisión Directiva de l a Federación Argentina de Petroleros, Gas y Biocombustibles comunicó que aprobó por unanimidad la propuesta de solicitar «el pedido de reapertura de paritarias frente al impacto causado por el proceso inflacionario sobre los salarios».
También el Sindicato del Neumático resolvió ir por ese camino. La organización conducida por dirigentes del sindicalismo clasista lanzó un paro de 24 horas para el martes desde las 13:00 y se movilizará a la secretaría de Trabajo para reclamar la reapertura de las paritarias , hecho previsto para octubre, pero desde el gremio consideran hay que adelantar por la devaluación y la disparada de precios.
El directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) envió una carta al presidente Mauricio Macri para pedirle un “aumento de emergencia” de al menos un 20% para empleados, becarios e investigadores.
El texto describe que un becario graduado universitario recibe $29.800; un doctor (máximo nivel universitario del país) recibe una beca posdoctoral cercano a los $36.000. “Ambas cifras se enmarcan por debajo de la línea de la pobreza, según los datos del INDEC”, destaca.
“Muchos empleados administrativos con vasta experiencia en el sector perciben salarios brutos por debajo de los 22 mil pesos; (…) un Investigador Principal con 20 años de trabajo con dedicación exclusiva en la institución, que dirige doctorandos y otros investigadores y que dicta conferencias internacionales representando al país, percibe un salario de bolsillo cercano a los 68 mil pesos”, agrega.
La carta cierra con el pedido de un aumento de emergencia del 20% para todo el personal y becarios del CONICET, que incluye a los empleados administrativos de planta y contratados, a los miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico como así también a los miembros de la Carrera del Personal de Apoyo a la investigación que se sume a los que se vayan a otorgar por paritaria.
La Corte Suprema pidió fondos para otorgar un 30% de incremento salarial adicional a los judiciales. En el año habían tenido un 25% de aumento en tres tramos.
Aunque tiene presupuesto propio, el Poder Judicial de la Nación depende del Gobierno para aumentar sus sueldos. Específicamente, de una reasignación de partidas del jefe de Gabinete de Ministros. Por eso, la Corte Suprema le remitió a Marcos Peña su pedido salarial. Requiere casi 4.000 millones de pesos.
Sin embargo, el miércoles 11 tras una jornada de lucha de 48 horas de paro sin concurrencia lanzada por SITRAJU, señala que: “Hasta el día de hoy, los judiciales sólo obtuvimos un aumento del 15%, pagado en dos cuotas de 7,5% cada una, en mayo y junio. En tanto que el 10% pagado en marzo de este año, que los medios suman a la cuenta, corresponde a la pauta salarial del año pasado. Y el 30 % escalonado que cargan a cuenta en el haber salarial de los judiciales, todavía resulta una promesa, y en todo caso terminaría de abonarse en enero del año próximo.
Por otra parte, la sociedad debe saber que los judiciales no tenemos Convenio colectivo de trabajo, razón por la cual no existen negociaciones paritarias en el ámbito de la Justicia nacional y federal. Los incrementos salariales son decididos en absoluta soledad por la Corte Suprema, que resuelve aplicar índices de incremento iguales para un juez de la Corte y para un ordenanza. Es por eso que desde SITRAJU pedimos la conformación de una mesa de negociación salarial, para que se reconozca la brecha existente entre los salarios de magistrados y empleados y empleadas a la hora de resolver un aumento, porque no impacta del mismo modo en todos los bolsillos”.
El sindicato del personal de televisión (Satsaid), se movilizó el viernes en reclamo de la “aplicación de la revisión salarial” que fuera acordada en la paritaria firmada en octubre del año pasado que “las empresas se niegan a cumplir”. Aunque Trabajo dictó la conciliación obligatoria, habrá más marchas esta semana.
Chubut
Trabajadores estatales manifestaron su protesta frente a la Legislatura en Rawson, tras el accidente donde murieron dos docentes de Comodoro Rivadavia que volvían de participar de un plenario regional para unificar las medidas de lucha del sector, cuando el auto en el que regresaban cinco de ellas volcó. Fueron identificadas como Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, ambas delegadas de la escuela 738 de Comodoro Rivadavia.
La protesta comenzó con un acampe frente al edificio legislativo, pero tras conocerse el grave accidente sobre la ruta 3, encendieron maderas fuera y dentro del recinto. Como consecuencia, se vino abajo parte del cielorraso en la entrada del Parlamento local. La policía respondió con gases a los manifestantes que pedían explicaciones.
En horas de la noche y luego de conocerse la lamentable noticia, los docentes, vecinos y estatales se concentraron en Rawson, Puerto Madryn, Esquel, Trevelin y Trelew donde expresaron la bronca por el fallecimiento de «estas dos muertes evitables».
En Trelew se organizó una marcha de antorchas que recorrió las calles de la ciudad y pasó frente al hospital donde se encuentran internadas las otras docentes que se encontraban en el vehículo en el momento del accidente y que en estos momentos permanecen con pronóstico reservado. En Puerto Madryn, también se concentraron para repudiar la muerte de las maestras y al gobierno que el mismo día presentó un Proyecto de ley Nº 91/2019 para incrementar los salarios de los altos funcionarios que incluía al propio gobernador Arcioni en un 100%.
El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, reconoció que el gobierno provincial no cuenta con fondos suficientes para el pago de los empleados estatales. « Frente a este panorama, hemos decidido pagar 30.000 como adelanto para los jubilados y volver al cronograma de pagos que teníamos el mes pasado, es decir, depositar este viernes 13 los salarios de los trabajadores hasta 40.000 pesos, el viernes 20 entre 40.000 y 65.000 pesos de sueldo y finalmente, el tercer rango, será depositado el viernes 27», explicó.
El bono de la discordia
Tras confrontar con la industria por el pago del bono de 5.000 pesos el gobierno adelantó que llamará a las empresas y los gremios para discutir la iniciativa, además de considerar la posibilidad de flexibilizar las condiciones según los casos particulares.
Desde que se conoció la intención de Balcarce 50 el martes último las empresas salieron al cruce con fuertes críticas, fundamentalmente las industrias y en particular las pymes.
Los cuestionamientos estuvieron a cargo de dirigentes como Daniel Funes de Rioja, dirigente alimenticio, y coordinador del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), que agrupa a empresas de todos los sectores de la economía.
El miércoles el presidente de Asociación Pyme y referente del Frente Productivo Nacional, Algunas empresas, sin embargo, ya comenzaron a hacer efectivo el pago de bonos antes de la reglamentación oficial. Aerolíneas Argentinas confirmó el pago de 5.000 pesos para los sueldos de menos de $100.000, Fernet Branca acordó el pago de 6.000 pesos, La Virginia pagó 8.000 y la multinacional Unilever anticipó el pago de 20.000 pesos en dos veces para los trabajadores de sus plantas de alimentación.
Unilever se negó a reabrir las paritarias y ofreció el pago de este bono, primero con una oferta de 10.000 pesos, que fue rechazada por sus trabajadores que amenazaron con un paro, para luego llegar a la cifra de 20.000 en dos pagos (8.000 el 20 de septiembre y 12.000 el 12 de diciembre). “Como consecuencia de la devaluación post PASO, Unilever fue la primera empresa que retuvo las ventas en todo el país por casi 72 horas porque dijo que no tenía un dólar de referencia. Cuando las reanudó, aumentó los productos un 25%. Nosotros planteamos que nuestros salarios tampoco tenían dólar de referencia”, aclararon los representantes de los 600 trabajadores de la planta de Pilar.
Además, se pagaría en las plantas de La Rioja (200 operarios) y Mendoza (120 trabajadores). En principio no se contempla el pago en las plantas de Gualeguaychú (donde recientemente se llevó adelante una lucha contra el despido de personal), Gobernador Gálvez y Tortuguitas.
Gastón Pinchetti, delegado de planta de La Virginia de Rosario (800 operarios) explicó: “En agosto logramos que nos pagaran un bono de $8.000; al principio querían darlo a cuenta y no aceptamos. Si el Gobierno dice que tienen que pagar un plus de $5.000 es otro tema, no estaba contemplado en lo que nos dieron».
A mediados de agosto, los 82 trabajadores de Fernet Branca comenzaron a luchar por un bono extraordinario para compensar la devaluación post electoral. José Vera, delegado la planta de Tortuguitas relató: “La patronal nos ofreció un bono de $6.000 a cambio de paz social hasta diciembre. Lo rechazamos en asamblea, porque no sabemos qué puede pasar hasta fin de año. Nos propusieron pagarlo igual y lo liquidaron a fin de agosto y seguir negociando. Hoy nos volvemos a reunir. Nosotros pedimos que ese bono lo incorporen al sueldo en enero y que nos den por lo menos dos bonos más hasta fin de año”.
La Comisión Interna del Banco Nación acordó con sus autoridades que los 17.511 trabajadores de la entidad reciban una gratificación extraordinaria de 31.000 pesos . La compensación será en concepto de gratificación por el 129º aniversario de la institución fundada en 1891.
En simultáneo, el líder del gremio bancario, Sergio Palazzo, solicitó la semana pasada un bono extraordinario para los 107.235 trabajadores de la actividad por la pérdida del poder adquisitivo del salario, un pedido que las Cámaras todavía analizan.
El mismo día que los industriales rechazaron a viva voz el pago del bono, se reunieron con Alberto Fernández en Tucumán, a quien presentaron un texto en el que se manifiestan a favor del diálogo social “para buscar las políticas estructurales que necesita el país” con los empresarios y trabajadores como “actores clave de ese diálogo, que tiene que ser liderado por la política”. Cabe recordar que la UIA, como el resto de las Cámaras empresariales, tiene entre sus objetivos principales las reformas laboral, tributaria y previsional.
Créditos UVA: ¿Fracaso o fraude?
El Colectivo Nacional de Hipotecados UVA se concentró este sábado 14 de septiembre en Plaza de Mayo. Exigieron freno a las ejecuciones hipotecarias; congelamiento del valor de la UVA para todos los hipotecados por igual, sin topes arbitrarios y sin límite de tiempo hasta tanto se sancione una Ley e impulso a la sanción de una ley que destierre todo tipo de indexación de los créditos.
Además, el Colectivo denunció que el gobierno y el sistema financiero son cómplices y responsables de un sistema que ha hipotecado el presente y el futuro de las economías familiares. En la convocatoria, el Colectivo afirma: “Créditos UVA: El reclamo llega a la Plaza de Mayo. La crisis sigue pegando fuerte a los argentinos. Las familias Hipotecadas estamos llegando a un límite, en el cual se nos hace imposible afrontar la deuda generada por esta economía. Cuotas y deudas duplicadas en 2 años se vuelven impagables, y ya hay familias recibiendo cartas documento de parte de los estudios jurídicos de los Bancos, amenazando con ejecutar las propiedades hipotecadas. No podemos permitir que familias enteras queden en la calle debido a los malos manejos de la economía por parte del gobierno”.
A modo de ejemplo, a la familia Miranda le otorgaron un crédito a 30 años de $ 2.700.000 en mayo de 2018, hoy debe $ 4.600.000. Una deuda que se incrementa cada mes en más de $ 100.000. La cuota pasó de $ 18.000 a $ 32.000 ¡en un año!
En un claro tinte electoral, el presidente Macri y el ministro Frigerio anunciaron que las cuotas de quienes tomaron una hipoteca de este tipo se congelarán por cuatro meses. Y rige solo para viviendas menores a 140.000 UVA, dejando fuera a miles de familias. Se estima que hay 150.000 familias afectadas en todo el país.
Doce millones de argentinos con problemas de vivienda
El último cálculo oficial habla de la falta de 3,5 millones de viviendas, pero las fuentes privadas lo elevan a 4 millones. Simultáneamente hay 150.000 viviendas desocupadas en la Ciudad de Buenos Aires y se estima que a nivel nacional cerca del 10% de las viviendas disponibles están en la misma condición.
En los últimos años el carácter estructural se combinó con la crisis financiera del 2018 que afectó a la obra pública y disparó los costos de la construcción. También la política mercantilista de Cambiemos.
El arquitecto Jaime Sorín, decano de la Facultad de Arquitectura de Avellaneda y ex decano de la FADU-UBA, apuntó que en los últimos años “se suspendieron casi todas las políticas mediante las que se construyó un millón de soluciones habitacionales entre 2013 y 2015, entre viviendas nuevas y obras de mejoramiento”.
En la provincia de Buenos Aires se construyeron 2.200 viviendas nuevas en 3 últimos años (sic). A propósito, un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), señala que entre 2017 y 2018 el presupuesto de vivienda destinado a las provincias cayó un 24%, teniendo en cuenta que el financiamiento de Nación representa el 50% en la mayoría de los presupuestos provinciales.
Concluye Sorín que de manera similar a la Nación, el gobierno porteño “piensa que la vivienda es un bien de mercado y desconoce que es un Derecho Humano. Pero nunca hubo una política integral más allá de los signos políticos. Hoy tenemos 4.500 villas y asentamientos con una enorme cantidad de habitantes y ese combo va a exigir una política concreta”.
Crecen las deudas de la población
Los datos del BCRA muestran que la cantidad de morosos entre las familias que tienen algún tipo de deuda bancaria, ya sea a través de préstamos personales, hipotecarios, prendarios, UVA o tarjetas de crédito, pasó desde diciembre de 2015 hasta junio de este año del 2,3% al 4,9%.
En tarjetas de crédito del 2,1% al 5,5%, casi el triple. El 37% de los deudores realizan el pago mínimo. Lo cual implica una gran toma de deuda a futuro por las enormes tasas de interés al ejercer esa opción.
“El pago de las cuotas le insume en promedio el 27% de los ingresos familiares”, estimó en un documento la consultora D’Alessio IROL, y calcula, que la mitad de ellos tardará tres años para pagar esos pasivo.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalla que entre junio 2017 y junio 2018, los jubilados y pensionados tomaron deuda con Anses por $ 33.500 millones, en préstamos individuales que promediaron los $ 10.600. Pero entre junio 2018 y junio 2019, la toma de deuda se duplicó ya que ascendió a $ 77.800 millones que promediaron $ 14.000 que se debitan directamente de los haberes.
Las deudas también jaquean a las pequeñas y medianas empresas. Según CMA, la Cámara que las agrupa, la Afip es acreedora del sector en $ 25.000 millones.
De acuerdo a la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, las expensas aumentaron entre un 40% y 50% en los últimos doce meses. Para la Dirección Nacional de Estadística y Censos de la Ciudad, la suba fue del 55%. Por lo cual uno de cada tres vecinos de edificios porteños debe expensas.
Hoy el 35% de la población porteña tiene que alquilar, una proporción que en el resto del país es del 20%.
Libertad a Daniel Ruiz
El jueves se realizó un acto en la esquina de Córdoba y Corrientes, frente a la Bolsa de Comercio, en Rosario, al cumplirse un año del encarcelamiento del militante Daniel Ruiz. Del mismo participaron sus compañeros del PSTU, las organizaciones que integran el Frente de Izquierda Unidad (PTS, PO, IS, MST), el Nuevo Mas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), trabajadores de La Toma, Amsafe Rosario y La Sexta Resiste, entre otros.
Recordemos que Ruiz fue detenido en el marco de las movilizaciones de diciembre de 2017, en la cual se expresó el repudio ante un Congreso que finalmente aprobó el robo a los jubilados, a quienes perciben asignaciones universales y a los ex combatientes de Malvinas para pagarle al FMI.
Durante la jornada también se reprodujo una grabación de Daniel Ruiz desde la cárcel en la cual reivindica la lucha por la que fue apresado, agradece el apoyo de todas las organizaciones y deja en claro que no va a bajar los brazos y que sus principios y su moral permanecen intactas para afrontar el duro trance del cual está siendo víctima ante la persecución del Estado.
Al mismo tiempo, el PSTU, organización política de la que Daniel Ruiz forma parte, anunció el inicio de una huelga de hambre del trabajador: « hace casi un año que Daniel Ruiz está preso en el Penal de Marcos Paz por haber participado junto a miles de trabajadores de la protesta contra la reforma previsional . Un año de prisión preventiva sin ninguna razón legal de peso y sin tener siquiera fecha de juicio. Todos los recursos presentados por la defensa han sido rechazados . Frente a esto Daniel Ruiz comenzó esta medida para solicitar una urgente reunión entre el Tribunal, la Defensa y a Fiscalía para discutir su situación», informó la organización.
Mario Hernandez
Fuentes: IProfesional, Clarín, La Nación, Tiempo Argentino, Diario Popular, Página12, APU, InfoGremiales, Canal Abierto, Red Edo Alternativo, Anred, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario.
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