Siempre están, y no son como el sol, que durante horas desaparece de la vista de los mortales. Las corporaciones económicas están en todos y cada uno de los momentos del proceso de saqueo acelerado del bienestar argentino iniciado, en su última etapa, el 10 de diciembre de 2015.
Los pulpos financieros internacionales también: instalaron a sus cuadros en el gabinete nacional, se encargaron de “colocar deuda” durante el primer tramo de la gestión de la alianza Cambiemos, aparecieron junto al presidente Mauricio Macri, su familia y sus socios en la contundente denuncia internacional conocida como “Panamá Papers” y ahora, con el país fundido y millones de familias alimentándose en los comedores solidarios, en los tachos de desperdicios y hasta en los basureros que rodean a las ciudades, ya plantaron sus servicios para entrar en el negocio de “reperfilamiento” de la deuda contraída por le gestión del PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, los socios de Cambiemos.
Alberto Fernández, el candidato presidencial convertido en “mandatario de hecho” antes de tiempo por decisión de la mayoría de las argentinas y los argentinos, recibió en el transcurso de la semana una nueva muestra de la situación que vive el país -y él mismo- cuando una jueza de Nueva York, Loretta Preska, con el lenguaje que corresponde a su magistratura anunció que esperará que las elecciones presidenciales del 27 de octubre en la Argentina terminen con el actual vacío de poder y haya una autoridad en condiciones de definir la estrategia del país ante el juicio por la renacionalización de YPF que impulsa el estudio británico Burford Capital.
"A la luz de las próximas elecciones en la República Argentina, la Corte aplaza las fechas hasta (…) que haya una idea más clara de qué administración tendrá el poder de hablar por la República", dijo Preska, jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York, el 17 de septiembre de 2019
El bufete comandado por Christopher Bogart, se especializa en comprar derechos de litigio de empresas quebradas en el mundo para encarar demandas judiciales por sumas muy superiores a su “apuesta”, un mecanismo equivalente al de los “fondos buitre”, que adquieren títulos de deuda de alto riesgo a precio vil y persiguen montos indemnizatorios sideralmente mayores, como sucedió con aquellos a los que la administración Macri les terminó pagando 16.500 millones de dólares, litigados en el mismo tribunal de la “ciudad de los rascacielos”, solo que en aquel entonces estaba a cargo del ya jubilado juez Thomas Griesa.
El Estado capturado
Casi como aquel sol que no es, la circularidad de los hechos sorprende, a menos que la paciencia permita ver cómo un grupo de corporaciones económicas tomaron el control directo del gobierno argentino y sus agencias a partir del 10 de diciembre de 2015, en uno de los casos de “puerta giratoria” más explícitos de la historia mundial.
De ese modo lograron que el Estado perdiese autonomía en la formulación, implementación y regulación de las políticas públicas y generaron decisiones ejecutivas e, incluso, muchas de las legislativas, que respondieron a sus intereses, en detrimento del interés nacional, con la consecuente ampliación de la desigualdad socio económica y el deterioro de las instituciones republicanas.
De la comparación de los actores financieros involucrados en el conjunto del proceso de endeudamiento externo, dolarización de tarifas de servicios públicos, comercialización de hidrocarburos durante la Argentina macrista se observa que los funcionarios que fueron sucediéndose desde aquel jueves en que Macri estrenó su baile espasmódico en el balcón de la Rosada hasta este momento, en el que preparan de apuro las valijas, provinieron de corporaciones económicas y financieras internacionales y sus decisiones beneficiaron a sus mandantes de origen.
Uno de los casos paradigmáticos fue el del presidente y accionista de la Shell, Juan José Aranguren, queen 24 horas, pasó a desempeñarse como Ministro de Energía y Minería de la Nación, la cartera que, entre otras atribuciones, se encarga de la “elaboración y fiscalización del régimen de combustibles y en la fijación de sus precios”. Lo hizo, en beneficio de la transnacional petrolera anglo-neerlandesa, hasta el 16 de junio de 2018, después de haber engendrado una de las rachas más duras de tarifazos que atravesó la sociedad argentina.
Si se lee con detenimiento el listado de bancos y financieras que se encargaron de colocar los bonos de deuda externa argentina emitidos por el gobierno a partir de ese abril de 2016, cuando comenzó su carrera desenfrenada de acumulación de pasivos, y se lo compara con los involucrados en aquellos “Panapapers” o en la sangría de fuga de divisas y, ahora, con los aspirantes a “reperfiladores” de la deuda, prácticamente se verá una nómina y su propia fotocopia.
Si se repite el ejercicio y se compara la lista de los principales integrantes de aquel pool de bancos extranjeros con la nómina de entidades en las que se formaron y a las que representan los más importantes integrantes del “mejor equipo de los últimos 50 años” que saqueó el país, se tropezará, una vez más con los mismos actores.
Por Nueva York de campaña judicial
Menos de cuatro años después de haber comenzado un proceso de endeudamiento acelerado en moneda extranjera y local superior equivalente a 188.000 millones de dólares, con una fuga de divisas estimada, a junio del año en curso, en unos 134.313 millones de dólares, los cuervos asociados al gobierno saliente ya se instalaron en el despacho del secretario de Finanzas, Santiago Bausili, para ubicarse primeros en la fila que pretende encarar, al día siguiente de la derrota electoral formal de Juntos por el Cambio, la negociación de la deuda de u$s101.000 millones imposibles de pagar para esta gestión, como lo reconoció el miércoles 28 de agosto el entonces flamante ministro de hacienda, Hernán Lacunza.
El planteo de los representantes del gobierno nacional en la causa YPF en Nueva York persigue objetivos tan lejanos del interés nacional como el incluir el alegato argentino un tema de campaña electoral, una intención aviesa hoy aplastada por la contundencia del resultado de las internas del 11A.
El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, ex director de Legales del Bank of America, instruyó, al estudio que representa al gobierno ante la jueza Preska, para que introduzca en la página 24 del alegato la denuncia de supuestos actos ilegales en el proceso de renacionalización de la compañía petrolera de bandera. Para ello apeló a una poco prolija alusión a difusas “fuentes periodísticas argentinas” que habrían informado que “una cantidad significativa de dinero recibido por la Provincia de Santa Cruz en regalías de petróleo y por la privatización de YPF en 1993, que más tarde ´desapareció´, en su lugar podrían haber sido utilizados para facilitar y pagar el acuerdo Repsol-Petersen”.
En realidad, la jugada apuntó a inducir la responsabilidad de encontrar una conexión de funcionarios dela ex mandataria y actual candidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner, a los que se refiere como “testigos encarcelados” y a quien fuera su último ministro de Economía, hoy candidato triunfante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Al pedir la jurisdicción argentina para la causa, por la inclusión de supuestos delitos cometidos en territorio nacional por funcionarios locales, apuntó al uso de campaña contra dos de los tres principales candidatos opositores. Alberto Fernández, cabeza de la fórmula presidencial ganadora de las PASO por 16 puntos, nada tuvo que ver con los hechos, sin embargo deberá decidir si se mantiene el pedido de traslado de jurisdicción o incluye el caso en su estrategia global de renegociación de las deudas contraídas por Macri y rechaza la validez de la compra de los derechos de litigio de la quiebra de Petersen Energía, subastados en Madrid.
Casi un jeroglífico. Una complejidad a la que Fernández y sus equipos se arriman cada día más, a medida que se acerca el momento de gobernar.
Consultores, periodistas económicos, buitres, caranchos y todo tipo de aves de rapiña económica sobrevuelan la situación argentina y, muy especialmente su endeudamiento externo, y cada uno saca sus propios cálculos y tira sus datos en la mesa de operaciones… financieras. El candidato solo ha dicho que honrará la deuda “como siempre lo ha hecho el peronismo”, negó una “reestructuración de la misma” y adelantó la necesidad de “renegociar plazos” de pago de la misma. Sin embargo, los apostadores de Wall Street y del mercado local especulan con la posibilidad de un combo que incluya plazos de pago más largos, tasas menores, tasas crecientes, un periodo de gracia, bonos con descuento de capital o intereses y hasta una quita lisa y llana de capital, aproximadamente del 50% de la negociada por Néstor Kirchner.
La estafa circular
El destape de la información financiera provocado por los Papeles de Panamá, instaló en la agenda global el tema de la evasión impositiva, el lavado de dineros mal habidos y la fuga de capitales, una de las causas estructurales de las recurrentes crisis económicas en los países de la región y un verdadero atentado contra sus posibilidades de desarrollo, incluso en la Argentina.
Constituyó además la confirmación de una trama que une a las corporaciones, sus bancos extranjeros y nacionales, los funcionarios del gobierno argentino y los beneficiarios de las políticas que ellos mismos deciden cuando pasan de un lado al otro del mostrador del Poder Ejecutivo. Lo que descubrió esa trama y las investigaciones realizadas sobre las cuentas offshore del mandatario y su equipo, hizo que las carpetas panameñas terminaran alojándose en la de los “Macripapers”.
A los datos. Los encargados de colocar la cifra monumental del nuevo proceso de endeudamiento externo de la Argentina, destinados a satisfacer las exigencias de los fondos buitre, fueron el alemán Deutsche Bank, el británico Hong-kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC, para clientes y víctimas), la estadounidense J.P. Morgan y el Santander Investmen tSecurites, de origen español, como “Coordinadores Globales” de la operación, y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el neoyorkino Citigroup Global Markets y la Unión de Bancos Suizos (UBS), como colocadores conjuntos.
El hilo es fácil de seguir. HSBC, Santander, BBVA y UBS, aparecen en la lista de bancos implicados en los Panamá Papers que también salpican al mandatario argentino, su familia extendida y muchos de sus colaboradores más cercanos. A su vez, JP Morgan y HSBC son dos de las tres empresas que tienen las causas más importantes por fuga de divisas de Argentina -la restante es BNP Paribás- y ambas “perdieron” archivos en el incendio -intencional, según el peritaje policial- del depósito de IronMountian en Barracas, en la que perdieron la vida diez bomberos, voluntarios y rescatistas en 2014.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay representó en el gabinete los intereses del JP Morgan, al igual que Vladimir Werning, su secretario de Política Económica, Planificación del Desarrollo; el presidente Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, al igual que el secretario de Finanzas, Santiago Bausili y el ex Presidente del Banco Central de la República Argentina y ex Ministro de Finanzas, Luis Caputo, uno de los grandes responsables del endeudamiento actual, revistaron en las filas del Deutsche Bank, otro de los colocadores de deuda.
El ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, además de haber trabajado para los grupos Clarín y La Nación, también viene del HSBC.
Si hiciesen falta más datos sobre la forma de actuar de la banca que hoy vuelve a atenazar el presente y a condicionar el futuro argentino, basta recordar que el banco de inversión JP Morgan fue multado en Estados Unidos con u$s 13.000 millones por incurrir en prácticas delictivas en la gestión de los bonos hipotecarios que llevaron al estallido global de la crisis subprime en 2007/2008. Fue acusado por su manejo de los controles de riesgo, al no informar a los reguladores de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre las deficiencias de esas operaciones, a pesar de que su propia administración había identificado los riesgos que implicaban.
El HSBC, que fue de los encargados de “conectarnos con el mundo”, como afirmaba Prat Gay, creó más de 2.300 de esas “cáscaras” financieras, además de estar involucrado en los “SwissLeaks”, que permitieron comprobar la existencia de más de 4000 cuentas de argentinos que fugaron u$s 3.505 millones a Suiza, tras diseñar un circuito destinado a la evasión fiscal.
Como último eslabón de esta cadena se podría agregar que la Unidad de Información Financiera, encargada de investigar la fuga de divisas organizada por el Hong-kong and Shanghai Banking Corporation, el HSBC creado en 1865 con el fin de administrar las enormes ganancias generadas por el tráfico de opio por parte de Gran Bretaña en China. Macri impuso a Mariano Federici y María Eugenia Talerico, al frente del organismo, a pesar de haber sido impugnados por pertenecer a un grupo de abogados que defendían a acusados por el delito de lavado de activos; cuando los cuadros del banco británico desembarcaron en los despachos más importantes de la Unidad… se cerró el caso.
Ese fue el esquema de operaciones del “plan de negocios” con el que el gabinete de la oligarquía llevó el barco de una economía argentina a la que le sustraen el capital generado por sus trabajadores, de modo “legal” a través de fallas en los mecanismos de contralor y decisión o, directamente, por métodos ilegales, impidiendo en buena medida un desarrollo autónomo, basado en los enormes recursos generados en el país.
Constituye la herencia que recibe el gobierno entrante y la ciudadanía argentina, con un endeudamiento que no apuntó al desarrollo del país a través de proyectos de infraestructura e industrialización que generasen empleo y sustitución de importaciones sino que fue destinada a respaldar la fuga de capitales.
Fue la artillería de un ejército de ocupación financiera que deja millones de argentinas y argentinas que ni siquiera alcanzan a comer una vez al día, el mismo dispositivo que resembró el país con enfermedades que estaban erradicadas, una realidad que ya ni ocultan quienes blindaron su imagen durante años.
Carlos A. Villalba. Periodista y Psicólogo argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (http://estrategia.la/). Miembro de La Usina del Pensamiento Nacional y Popular (http://www.usinadelpensamientonacional.com.ar)
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