Las próximas batallas

Está a la vista el desmadre económico. Lejos de atenuarlo, las medidas anunciadas por el gobierno están agregando leña al fuego.

El default que arrancó con el reperfilamiento se está expandiendo con rapidez. La semana se ha iniciado con la noticia de que no podían cobrar la deuda los poseedores de bonos corporativos y provinciales residentes en el exterior.
Las restricciones se extienden a las transacciones comerciales. Hay crecientes trabas a las importaciones, pues las empresas no pueden cancelar las deudas contraídas con sus proveedores.
La paradoja es que el cepo macrista es más restrictivo que el que imperaba bajo el kirchnerismo. Bajo el mandato de los K, no se llegó al extremo de impedir el pago de las deudas financieras corporativas y menos aún las deudas comerciales. No es una sorpresa que gobiernos neoliberales terminen siendo más intervencionistas que los populistas y nacionalistas. La política capitalista no tiene ningún prejuicio ideológico y se vale de una u otra clase de recursos, si los mismos le sirven a sus necesidades e intereses. El macrismo no es la excepción.
Lo cierto es que en caso de persistir, corporaciones y provincias entrarían en default técnico. Este cepo ampliado confirma que el “reperfilamiento” no es suficiente para hacer frente a los compromisos, de aquí hasta fin de año. Hay quienes van más lejos y señalan que no cierran las cuentas para llegar ni siquiera hasta las elecciones, a fines de octubre. Con más razón, cuando se acaba de confirmar que el Fondo no desembolsaría los 5.000 millones previstos en los acuerdos firmados. La precariedad es tan grande que el gobierno dudó hasta de pagar el vencimiento de un cupón de intereses del Bopomo 2020, que vence los próximos días. Como un default de la deuda en pesos significaría la admisión de una quiebra soberana extrema, el gobierno ha optado por pagar dichos títulos, corriendo el riesgo de que todos esos pesos se vayan a la compra de dólares y vuele por los aires la precaria estabilidad cambiaria de la última semana. El gobierno pagará a costa de los fondos de los jubilados, pues le ha enchufado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses dos Letras del Tesoro para poder pagarle el Bopomo a Pimco, uno de los principales fondos de inversión del mundo y a otros especuladores.
Las calificadoras internacionales están estudiando devolver a la Argentina a la categoría de “país fronterizo”, la que tenía cuando asumió Macri.
Entretanto, las restricciones cambiarias echan más leña al fuego a la recesión industrial y productiva. A las trabas en la cadena de abastecimiento y al comercio exterior se unen la parálisis en que han entrado sectores clave, como el inmobiliario. La decisión de flexibilizar el cepo para compras de inmuebles hasta 146.000 dólares, cuyo destino sea primera vivienda, está muy lejos de poder revertir dicha retracción.
Otro flanco de crisis es el del sector energético. El aumento que se ha operado en los precios internacionales del petróleo, como resultado del conflicto en Yemen, ha agrandado el desfasaje con los precios internos a que se vende la nafta, que están calculados a un dólar de 40 pesos. El choque entre las corporaciones y el gobierno está escalando velozmente. La tensión se extiende a las provincias, ya que como resultado del congelamiento están resignando regalías que le hubieran correspondido. La oferta del gobierno de compensar dicho perjuicio con un subsidio fue considerado una burla por el gobernador neuquino Omar Gutiérrez, quien señaló que la oferta del Ministerio de Hacienda apenas representa un 10% de la pérdida y además es una extorsión, pues obliga a las provincias a renunciar en iniciar un juicio por el diferendo.

La brecha se agranda

El macrismo tampoco está en condiciones de festejar por la llamada calma cambiaria. La brecha con el mercado paralelo se está ensanchando. La divisa norteamericana en el llamado “contado con liqui” (compra-venta de bonos en pesos en el país que luego se negocian en una plaza del exterior), que es la operatoria a la que apelan los grandes operadores para hacerse de dólares, ya cotiza a 70 pesos. Esto preanuncia nuevas devaluaciones. Ya hay voces, incluso dentro del gobierno, que dicen que se debería sincerar esta situación de alguna forma y plantean un desdoblamiento cambiario.
Por lo pronto, dicha brecha está permitiendo una bicicleta fabulosa para los especuladores. Pero, además, la brecha empieza a incidir sensiblemente en los precios internos. “Algunos empresarios ya remarcan sus precios según la cotización del dólar a 70 pesos en el contado con liqui” (Ambito, 16/9).
El impacto de la devaluación está abriendo una escalada de tal magnitud que abre el riesgo de una hiperinflación. El hecho de que los precios mayoristas hayan aumentado un 11% en agosto es una alerta en esta dirección.
Este derrumbe ha terminado de fundir al BCRA. No puede sorprender la noticia de que el balance de dicha entidad, que acaba de publicarse, arrojara patrimonio neto negativo, una diferencia en contra de más de 370.000 millones de pesos entre el pasivo y el activo. El desplome de precios de los títulos públicos, reservas internacionales en franca caída y un importante aumento de los títulos de deuda empezaron a resquebrajar el equilibrio de sus cuentas. Las Leliqs (títulos que tienen en su poder los bancos que vienen prestando al Central a una tasa que en la actualidad llega al 85%) se han vuelto una bomba de tiempo.

Ganar las calles

El “reperfilamiento” ha fracasado antes de nacer. No sólo no va a pasar por el Congreso, sino que todo indica que ni siquiera va a salir por decreto.
El FMI y el gran capital han dilatado sus tiempos para negociar directamente toda la reestructuración de deuda con el nuevo gobierno. Ahí la agenda de la reforma laboral y previsional volverá al centro de la escena en el marco de un pacto social, que cancelaría todo aumento salarial y las paritarias por 180 días.
Entretanto, funciona un acuerdo tácito entre Macri y Alberto Fernández, para que la desorganización económica en el marco del default haga su trabajo sucio, degradando las condiciones de vida de las masas. En medio de la transición en curso, estamos en presencia de un cuidadoso operativo de contención. La tregua de las centrales obreras es un pieza clave de esta política. Las direcciones sindicales se ajustan al libreto que les ha dado Alberto Fernández, quien viene llamando a “evitar las calles”.
La emergencia alimentaria con la cual se ha echado lastre frente a algunas de las necesidades y demandas es utilizada como una cortina de humo para sostener la tregua. El triunvirato piquetero pretende bajar la cortina y meter violín en bolsa, una vez aprobada la ley en el Senado, cuando los reclamos fundamentales por los cuales se salió a la calle siguen sin tener respuesta.
La “paz social” es una condición central para hacer pasar la ofensiva actual pero, sobre todo, los nuevos ataques que se vienen a partir de la renegociación de la deuda y de los acuerdos con el FMI, que estará en manos del gobierno entrante.
Esto es lo que está en la base del procesamiento que vienen sufriendo dirigentes piqueteros, como Belliboni o Kuperman o las amenazas contra Pitrola y Del Caño proferidas por Hebe Bonafini.
En medio de este escenario, adquiere una enorme relevancia la pueblada que vienen protagonizando los trabajadores de Chubut. La provincia está en pie de lucha contra el ajustador y albertista Arcioni.
Lo mismo vale para el imponente acampe del movimiento piquetero en la avenida 9 de Julio de la semana pasada, que desafió y derrotó el operativo represivo, así como el paro y movilización que acaba de protagonizar el Sutna por la reapertura de las paritarias.
Estamos frente a un esfuerzo por romper el chaleco de fuerza que hoy impera en el movimiento obrero con la tregua de la burocracia sindical. En el mismo campo, hay que ubicar las luchas aguerridas, pero todavía aisladas, de sectores del movimiento obrero, como el que acaba de dar Ansabo con la ocupación de la fábrica.
En este contexto, las deliberaciones y las resoluciones adoptadas por el plenario nacional abierto, realizado el fin de semana en Sutna Pilar, constituye un punto de apoyo importante para impulsar una respuesta colectiva de la clase obrera. Constituyó un factor de clarificación sobre el contenido del pacto social que se está pergeñando y estableció una delimitación con el kirchnerismo y la burocracia sindical, que reclaman no hacer olas para no afectar a la campaña electoral. El plenario reunido en el Sutna resolvió llamar a ganar las calles el próximo 24, encabezado por el conjunto de los reclamos motores de la lucha en curso.
Al actual descalabro y a las alternativas capitalistas en danza, debemos oponerle un programa para que la crisis la paguen los capitalistas y abrir paso a una salida propia de los trabajadores a la bancarrota nacional. Este programa incluye: reapertura de paritarias, aumento del salario mínimo a 35.000 pesos, actualización por inflación, duplicación del monto de los planes sociales y apertura a los nuevos desocupados, prohibición de despidos y suspensiones, ocupación y continuidad productiva garantizada por el Estado de toda empresa que cierre; como parte de un plan económico de conjunto de la clase obrera, rechazando el pago de la deuda y por la nacionalización de la banca, el comercio exterior, la energía, la apertura de libros, impuestos progresivos a grandes rentas y fortunas, así como el control obrero general. El momento actual pone más en el orden del día la necesidad del paro activo nacional de la CGT y de todos los sindicatos, y de un Congreso de trabajadores ocupados y desocupados mandatado por asamblea, de modo que los trabajadores pasen a ser protagonistas.
La campaña electoral del FIT-Unidad cobra redoblado valor en medio de esta transición convulsiva para la agitación de este programa y de esta perspectiva, que debe contribuir a la irrupción de los trabajadores en la situación política.

Pablo Heller