Reclamo vigente y alerta

Hace más de una semana que familiares y amigos de Luciano Arruga, junto a organizaciones sociales y políticas, mantienen una vigilia en el espacio que debería ser de la memoria. Funcionarios públicos que desoyen y compromisos que nunca se asumieron.

La violencia institucional está reconocida como categoría en la ley 26.485. No les importó eso a los policías que tenían entre sus manos la vida de Luciano Arruga en enero de 2009, con tan sólo 16 años.
"La única forma de luchar contra la violencia institucional hoy está en trabajar por fuera del Estado", dice Rosaura Barletta a Marcha. Forma parte del espacio Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que desde hace casi 10 días lleva adelante una vigilia en la puerta del lugar donde fue visto por última vez Luciano, el destacamento de la calle Indart al 100, en Lomas del Mirador.
Hasta diciembre de 2011 en ese lugar seguía trabajando la Policía Bonaerense. Ese mismo tiempo lleva el reclamo de que intervenga en un peritaje el Equipo de Antropología Forense. "Ellos hacen un trabajo brillante y están capacitados para poder trabajar en este lugar", manifestó Vanesa Orieta, hermana de Luciano, a Radio Sur.
En enero de este año, la fiscalía ordenó una serie de estudios que incluían la utilización de la máquina conocida como georradar. Con este acampe lo que los familiares requieren es que se complete la primera etapa de ese estudio, ya que quedó trunca. Además la medida también refuerza el reclamo de que se traspase definitivamente el predio para la construcción del Espacio para la Memoria.
Esto último depende del municipio de La Matanza. La gestión que encabeza Fernando Espinoza tiene competencia directa sobre el terreno. "Tienen la propiedad legal y pagan inclusive el alquiler del lugar, pero sin embargo han sistemáticamente intentado desarmar y desconocer, casi con la humillación nuestro reclamo", manifestó Rosaura.
La militante se refiere a los distintos ofrecimientos que la dirección de Derechos Humanos del municipio realizó. La recepción al reclamo nunca fue del todo bien recibida. Antes de que se lograra una mesa de diálogo, los familiares tuvieron que llegar a soportar amenazas de empleados municipales. Luego, cuando el trabajo parecía avanzar, el área que dirige Miguel Rocha comenzó a tirar para atrás. "Primero nos propusieron que funcione un anexo municipal, con lugar para zoonosis y otras cuestiones municipales", contó Rosaura. Entendieron que se trataba de una humillación. "Buscaban desarticular el reclamo, desdibujando totalmente la preservación de la memoria", agregó.
A partir de ahí de esos sucesos se cortó el diálogo con la gestión municipal. Esto devino en que las reuniones quedaran truncas. La tensión llegó a punta tal de que los funcionarios públicos cambiaran la cerradura del lugar, llegándoles a decir a los familiares que no volverían a entrar nunca más al lugar.
Leonardo Santillán, hermano de Darío Santillán (el joven militante popular caído a manos de balas de las fuerzas represivas en Avellaneda) milita en el espacio político que lleva el nombre de su hermano. Junto a otros militantes de organizaciones políticas y sociales rodea el reclamo de solidaridad. "Hay una clara actitud de parte de los funcionarios públicos: complicidad", enfatizó. "Frente a eso, a esa violencia que desconoce, que desaparece, que mata, tenemos que unirnos. Esa es nuestra verdadera fortaleza".
Para continuar fortaleciendo el reclamo es que también se realizan diariamente actividades y eventos en el espacio, además de la transmisión de la radio Zona Libre. En estos días habrá una exposición de la CORREPI sobre casos de violencia. Se suma también pronto un encuentro con integrantes del colectivo Che Pibe, ligados al trabajo con la juventud y la niñez.

Cómplices

"Hemos tenido contacto con la Secretaria de DDHH de la nación, porque tuvimos que insistir y es posible que prontamente haya alguna reunión", comentó Rosaura.
Sin embargo los antecedentes con Martín Fresneda, quien dirige ese ámbito nacional, no son buenos. "Sé que te vas con la sensación de que soy un funcionario más, pero yo te voy a sorprender con hechos", le dijo el funcionario a Vanesa Orieta hace más de un año. Las promesas que asumió no las cumplió.
La hermana de Luciano consideró que "la decisión de que se avance con estos estudios es política. Es un asunto del gobierno nacional, que tiene que tomar cartas en el asunto".
"Creemos que no tienen voluntad política", lamentó Rosaura. La posibilidad de que se avance concretamente depende de que tanto las carteras de provincia como de nación, que entienden sobre DDHH, impulsen el reclamo frente al Municipio, ya este último el que tiene legalmente hoy el destacamento.
"El silencio y la falta de respuestas los hace cómplices", de esa manera califican los familiares a los funcionarios en un comunicado que dieron a conocer recientemente. "Tenemos miedo de que esta situación de tensa calma hoy se empeore aún más cuando pasen las elecciones. No sabemos qué va a hacer gendarmería", manifestó Rosaura.
Quizás esto último motive sobre todo el estado de vigilia permanente y de advertencia. Los familiares y las organizaciones no planean irse con las manos vacías. La complicidad y la desatención pueden llevar a que se extremen las medidas. "No tenemos problemas en llegar, por ejemplo, a una huelga de hambre", concluyó Rosaura. La violencia institucional sigue vigente, a riesgo de que se empeore. Todavía no han recibido respuesta ni gesto alguno de ninguna instancia estatal.

Mario Ortega