En la cárcel de Villa Urquiza, la presencia militar a partir de la Operación Independencia, primero, y el golpe del 24 de marzo, después, significó para los presos políticos el maltrato, la tortura constante y la muerte.
La Cárcel de Villa Urquiza, en San Miguel de Tucumán, funcionó como campo de concentración y fue la sede de un grupo operativo integrado por militares, policías, guardiacárceles y presos comunes desde 1975. Dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, destinó el sector “E” y una parte de la guardia para alojar a prisioneros varones y mujeres. En su interior fueron asesinados al menos dos presos y varios desaparecieron. Los sobrevivientes lo llamaron “Pabellón de la Muerte”. Los presos comunes le decían “el de los subversivos”. Las mujeres presas sufrieron idéntico trato, con el agravante de que fueron sometidas a todo tipo de violencias de género, que incluyó violaciones.
Desde antes del golpe de Estado de 1976 la Cárcel de Villa Urquiza fue para los militares un lugar de enorme importancia. Desde mediados de 1974 ya estaban alojados en el penal centenares de presos políticos, los que aumentaron en número a partir de febrero de 1975, cuando se puso en marcha la Operación Independencia. En ese período las condiciones de detención eran duras pero eran respetadas algunas normas legales. Eso desapareció cuando los militares, antes del golpe de Estado de marzo de 1976, se adueñaron de la cárcel y sometieron a los prisioneros, al decir de la Justicia, “a un régimen de excepcionalidad que implicó la suspensión absoluta de sus garantías procesales y penales y la comisión de delitos en su perjuicio”.
El 5 de febrero de 1976 asumió la dirección del penal el comisario Marcos Fidencio Hidalgo, quien hasta entonces era uno de los jefes del grupo terrorista que funcionó en la Jefatura de Policía. Producido el golpe, el dictador Bussi visitó la cárcel y anunció su primera medida: los presos debían solventarse sus gastos. A partir de entonces los familiares de los detenidos políticos debían llevar su comida. Los “comunes” hasta debieron matar gatos para alimentarse.
El sector “E”, destinado a “los subversivos”, fue prácticamente sellado, ya que se soldaron chapas en las ventanas y se eliminó la iluminación. Además, se les sacaron a los prisioneros las colchonetas de los camastros y las frazadas, dejándoles solamente la ropa puesta. En los días de frío la mayoría dormía en cuclillas.
Pocos días después de la instauración de la dictadura, el 5 de abril, se produjeron las primeras desapariciones de detenidos. Ese día fueron sacados de sus celdas Guillermo Vargas Aignasse, ex legislador peronista, y Pedro Rubio, dirigente estudiantil de izquierda. Desaparecidos desde entonces, los restos de Vargas Aignasse fueron recuperados recientemente, en tanto de Rubio nunca se supo nada. Vargas estaba en el pabellón de los presos políticos, en su mayoría funcionarios del gobierno depuesto por la dictadura. Rubio fue sacado del “Pabellón de la muerte”.
El sector “E” estaba en la planta baja del enorme edificio del penal. Muy cerca de allí, al lado de la guardia y de la panadería de la cárcel, estaba el sector destinado a las mujeres. En los dos casos hubo celdas de aislamiento donde permanecieron detenidas mucho tiempo personas que, en el caso de las mujeres, fueron sometidas a vejaciones de todo tipo. Y en el caso de los hombres, varios fueron desaparecidos y nunca más se supo de ellos.
Una mujer sobreviviente relató en la instrucción judicial que “había un salón con siete u ocho celdas de cada lado, que no tenían instalaciones sanitarias y hacíamos nuestras necesidades en una lata que se limpiaba una vez al día”. Otra prisionera contó que “había gente detenida en forma clandestina”, que identificó a una de ellas una vez trasladadas a Villa Devoto, que le relató que “había estado en Villa Urquiza mucho tiempo totalmente aislada, sin ver el sol ni hablar con nadie”. Otra presa dijo que “Hidalgo hacía abuso de su poder, ya que tenía un trato diferente con las mujeres que accedían a tener relaciones sexuales con él y quienes no, a las que denominaban peligrosas subversivas”. Las que permitían ese trato “eran alojadas en otro sector con mejores condiciones, con visitas, entrega de correspondencia, etc. Con este grupo hacían fiestas, orgías, y fueron las primeras en obtener la libertad”.
Sobre los crímenes cometidos en el penal se tiene la certeza y la prueba de dos casos. Juan Carlos Sutter y José Cayetano Torrente fueron salvajemente asesinados por la patota comandada por Hidalgo, secundado por un cabo y varios guardiacárceles. El Gordo Sutter había sido uno de los fundadores del PB (Peronismo de Base). Torrente, que en el penal enseñó a leer y escribir a varios reclusos, era acusado de pertenecer al PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Otros presos, tanto “comunes” como “políticos”, relataron haber visto cuando eran sacados del penal cadáveres en varias oportunidades. Uno de ellos vio cajones de muertos de criaturas.
En la cárcel fueron vistos numerosos detenidos que están desaparecidos. Tal es el caso de Manuel Tajan, un obrero del surco, dirigente gremial del sindicato obrero del ingenio Concepción y vocal de la Fotia (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera). Lo mismo pasó con Marcos Antonio Pérez, un obrero de la Banda del Río Salí, quien fue visto integrando un grupo de 15 prisioneros trasladados al cabo de una huelga de hambre en el penal y de quienes nunca más se supo nada. Mejor suerte tuvieron Leopoldo César Bustos, de la conducción de la Fotia, y Orlando Gerardo Brizuela, quienes después de sufrir torturas y malos tratos generalizados fueron legalizados y permanecieron en cárceles del sur del país por varios años.
La vida en el penal fue un infierno para todos los alojados en el “Pabellón de la muerte”. Hidalgo tenía una patota que dirigía el cabo Carrizo, un personaje temido por todos por su brutalidad. Un sobreviviente cuenta: “Los presos eran golpeados y verdugueados todo el tiempo. Carrizo y toda la Guardia pasaban primero por el pabellón de los presos políticos, luego por donde estaban los comunes y por último por donde estaban las mujeres, sembrando miedo, llanto y gritos. Golpeaban con bastones de goma, garrotes y los hacían morder por los perros de Carrizo”. Otro afirma “haber visto a las mujeres, que estaban desnudas, recibiendo golpes, siempre con el cabo Carrizo al frente”.
Una metodología usada por Carrizo y sus hombres consistía en formar filas a lo largo de un pasillo enjabonado y hacer correr de un lado a otro a los prisioneros. Mientras caían y golpeaban contra el piso, las paredes y las rejas, los guardias descargaban sus bastones de madera o goma dura contra sus víctimas.
Un capítulo que hasta ahora no ha sido suficientemente investigado es el referido a la actuación de un grupo secuestrador que operaba desde el interior de la cárcel. Estaba dirigido, en distintas oportunidades, por militares, gendarmes o policías. Por órdenes emanadas de la dirección del penal, los vehículos en los que se movilizaba este grupo no eran revisados al entrar o salir del penal. Pese a ello, en los libros quedaron registradas numerosas salidas que son la prueba más evidente de su accionar criminal. En esas anotaciones figura hasta la entrega de cargadores llenos de municiones que, al regreso de las patotas, eran devueltos vacíos.
Quienes más veces aparecen saliendo a operar son el ya mencionado cabo Miguel Carrizo y el interno (preso común) Martín Triviño. Uno de los vehículos utilizados era un Rastrojero Diesel que había sido robado a un detenido desaparecido en la ciudad de Concepción. En los libros del penal está escrito que no tiene chapa y que pertenece al Comando de la Quinta Brigada y al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Sus salidas son siempre a la medianoche y el regreso en las primeras horas de la mañana, sin municiones en sus armas y sin las cadenas de seguridad provistas.
Un capítulo aparte merece la actuación de la Justicia en relación con estos prisioneros de la cárcel de Villa Urquiza. Numerosos testimonios obrantes en la instrucción mencionan el accionar por lo menos complaciente, cuando no cómplice, del doctor Manlio Martínez, procesado ya en otra causa. La joven Julieta Locascio, salvajemente torturada y sometida a un simulacro de fusilamiento, llevada ante el juez Martínez le mostró las cicatrices de las torturas, a lo que el magistrado le contestó que “eran las reglas del juego”. El mismo magistrado dispuso la entrega del cadáver del asesinado Torrente en cajón cerrado, sin realización de autopsia alguna. Un jornalero del ingenio San Juan, Juan Cayetano Cajal, detenido en su casa en octubre de 1974, vivió un periplo increíble. Detenido en democracia, fue sometido a torturas e interrogado por su actuación en la huelga que durante 15 días llevaron a cabo los obreros azucareros de la Fotia. El juez Manlio Martínez le dictó la prisión preventiva por el delito de tenencia de armas de guerra, plantadas por la policía en el allanamiento a su domicilio. Alojado en el “Pabellón de la muerte”, sufrió las torturas y vejámenes a los que eran sometidos a diario todos los prisioneros. Allí fue testigo del crimen de Torrente y logró identificar a los asesinos: cabo Carrizo, principal García, sargento Soria, cabo Gordillo y agente Lazarte. En 1978 fue condenado por el juez Martínez a cuatro años de prisión. Como ya había transcurrido ese tiempo encarcelado, solicitó la libertad. Le respondieron colocándolo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Preso en la cárcel de La Plata, le otorgaron la libertad vigilada en julio de 1979.
Los presos del “Pabellón de la muerte”, además de sufrir condiciones de detención inhumanas y aberrantes, eran sometidos permanentemente a interrogatorios por parte de los hombres de la Inteligencia Militar. Su entrada y salida de la cárcel quedó registrada en los libros respectivos. Es evidente que los militares asignaban a la cárcel y a ese sector “E”, particularmente, una enorme importancia y era para ellos fuente de informaciones y elucubraciones de sus afiebradas mentes. Casi todos los jefes del Comando de la Quinta Brigada de Infantería aparecen visitando el penal. También los funcionarios, civiles y militares, del gobierno militar de la provincia. El propio Bussi aparecía a menudo, siempre de noche, entrada ya la madrugada.
El fiscal de Estado de la provincia, capitán José Roberto Abba, era un asiduo visitante de la cárcel. Conocido como el “perro faldero” de Bussi, se apersonó ante los prisioneros días antes de las fiestas de fin de año, los reunió y pronunció una arenga: “Por la caridad divina de su excelencia, el señor gobernador de la provincia, general Antonio Domingo Bussi y con motivo de las fiestas, vengo a desearles unas cristianas y soportables Nochebuena y Navidad”.
Marcos Taire
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