El gobierno de Ecuador mantiene una batalla política y jurídica contra la multinacional Chevron por haber provocado, según Correa, “uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta” en la Amazonía ecuatoriana. Cronología de una disputa que comenzó hace 20 años.
En 1993, 30 mil indígenas y campesinos ecuatorianos iniciaron una demanda contra la petrolera Texaco (que en 2001 se fusionó con Chevron), acusándola de haber contaminado el medioambiente y afectado la salud de los pobladores de la Amazonia ecuatoriana. La demanda fue hecha en EEUU porque ahí se encontraban las oficinas principales de la empresa.
Durante años, Chevron/Texaco solicitó a la Justicia de EEUU que el caso sea trasladado a Ecuador, alabando la integridad del sistema judicial del país sudamericano. En 2002 finalmente se concedió la petición de Chevron/Texaco, a condición de que la petrolera se someta a la Justicia ecuatoriana, lo cual fue aceptado.
19 años más tarde, en enero de 2012, se ratificó la sentencia emitida en 2011 que condena a Chevron a pagar la suma de $8,6 billones de dólares, duplicando el valor si la petrolera no presenta disculpas públicas a los demandantes. Como Chevron nunca se disculpó, la Corte ecuatoriana estableció el total adeudado por la petrolera en $19 billones de dólares, a ser utilizados para financiar la remediación ambiental de unas 480 mil hectáreas contaminadas y proporcionar servicios de agua potable y salud a las comunidades locales. Como Chevron ya no tiene activos importantes en Ecuador, la sentencia tendrá que ser ejecutada en el extranjero.
De la sentencia se desprende que en los últimos 15 años se ha registrado un exceso de muertes, más de dos mil fallecimientos de distintos tipos de cáncer debido a la contaminación que dejó Chevron. Durante la operación de la petrolera norteamericana se contaminó la selva amazónica con 16,8 millones de galones de petróleo regados en la selva; 18,5 millones de aguas tóxicas arrojadas a los suelos, ríos, esteros y lagunas; 235 mil millones de pies cúbicos de gas quemados al aire libre. Es la catástrofe ambiental más grande de la historia.
Sin embargo, Chevron ha hecho todo lo posible para evitar cumplir con la sentencia. Según los demandantes, Chevron ha invertido más de 250 millones de dólares anuales para su defensa, además de emplear a más de dos mil abogados, asesores y lobistas de más de 60 firmas legales.
Toxivideos: la corrupción de Chevron al descubierto
El 31 de agosto de 2009, Chevron presentó unos supuestos “videos independientes” que fueron grabados clandestinamente. Allí se ve a Diego Borja Sánchez (contratista de Chevron) y su socio, un norteamericano ex convicto por tráfico de drogas, Wayne Hansen, conversando con el juez Núñez -quien tenía a su cargo el juicio- sobre un supuesto soborno y una victoria de los indígenas sobre la petrolera.
Semanas después, Chevron denunció que estos videos revelaban una falta grave de conducta e influencia política sobre el juicio por parte del gobierno de Rafael Correa y solicitó la descalificación del juez.
El 23 de septiembre del 2009, Chevron interpuso un arbitraje ante una corte privada de La Haya, Holanda, en contra de la República del Ecuador, usando como parte de su alegato los supuestos “videos independientes”. Diego Borja Sánchez manifestó que Chevron le había ofrecido seguridad económica a cambio de los videos.
En junio de 2010, Santiago Escobar denunció ante la Fiscalía de Ecuador actos de corrupción realizados por Borja Sánchez y Chevron. Escobar entregó alrededor de seis horas de audios de conversaciones con Diego Borja Sánchez, que demuestran que la empresa había manipulado las pruebas utilizadas en el juicio de los afectados de la Amazonía contra Chevron en Ecuador y que los videos que Chevron presentó en contra del juez Núñez fueron ordenados y financiados por la petrolera. En los audios Borja Sánchez revela que creó empresas y laboratorios junto a su esposa Sara Portilla, en donde se manipularon muestras de suelo en favor de la petrolera. Estos laboratorios vinculados, según la petrolera, eran “independientes”.
Actualmente, Borja Sánchez vive en EEUU bajo protección económica y legal otorgada por Chevron, presuntamente en condición de “asilado político”, aduciendo que es perseguido por el gobierno de Correa. Chevron paga sus abogados y todas sus cuentas incluyendo su sueldo de 10 mil dólares. Según el mismo Borja Sánchez manifestó, “es como tener una tarjeta de crédito ilimitada”.
De acuerdo a documentos obtenidos por el Estado ecuatoriano y los demandantes en EEUU, se confirma que Borja Sánchez no era un inocente hombre de negocios y que por lo contrario tenía profundos nexos con Chevron. Según los documentos obtenidos de la propia Chevron, hasta la fecha Borja Sánchez ha recibido más de 3 millones de dólares y su esposa Sara Portilla trabaja para una subsidiaria de la petrolera en EEUU.
En julio de 2011, Escobar rindió una declaración libre y voluntaria en la ciudad de Toronto, Canadá, por más de seis horas ante oficiales de la corte del distrito Sur de Nueva York, dos abogados de Chevron y un abogado representante de los demandantes amazónicos.
Durante esta diligencia, el abogado de los afectados presentó las grabaciones que Escobar entregó a las autoridades. Ni Chevron ni Borja Sánchez han desvirtuado la autenticidad de las grabaciones que demuestran actos de corrupción por parte de la petrolera y sus asalariados.
Allí el abogado de los demandantes presentó facturas de pagos que Chevron le proporciona a Borja Sánchez, obtenidos bajo orden judicial, específicamente pagos que coinciden con la fecha y valor que Borja Sánchez confesó a Escobar. Igualmente se pudo probar que Borja Sánchez y su esposa, bajo órdenes de Chevron, manipulaban las muestras de suelo y que crearon cuatro empresas en nombre de la petrolera.
Los Tratados Bilaterales de Inversión y el abuso imperialista
En marzo del 2013, el presidente Correa anunció que demandará varios tratados bilaterales de inversión en rechazo a las multas y decisiones ilegítimas impuestas por tribunales privados internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Chevron, en su afán de evadir su responsabilidad en Ecuador, ha iniciado un arbitraje en contra del Estado ecuatoriano ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Así pretende endosar la responsabilidad y la multa que le fuera impuesta al Estado ecuatoriano, basándose en pruebas fraudulentas como los videos realizados por Borja Sánchez y en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) firmado entre Ecuador y Estados Unidos, el cual entró en vigor en 1997, cinco años después de que Texaco abandonara el Ecuador.
En mayo del 2007 Bolivia notificó su retirada de la Convención del CIADI, dos años más tarde Ecuador siguió los mismos pasos y en enero de 2010 también lo hizo Venezuela.
Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son un tipo especial de contrato bilateral creado por los países hegemónicos para garantizar una “efectiva protección de sus inversiones por parte del Estado receptor” y de esta forma "promover" las inversiones en dicho país dentro de un "marco legal estable".
Mientras nuestros países sigan enmarcados en el esquema del derecho internacional impuesto por los países imperialistas, no se podrá erradicar la injerencia que estos ejercen.
Denise Córdova Jurak.
No hay comentarios:
Publicar un comentario