La autorización dada por el presidente uruguayo, José Mujica, a la empresa UPM (ex Botnia) de aumentar la producción de papel en su planta, alimentó un nuevo conflicto sobre los usos que ambos países pueden hacer del Río Uruguay, cuyas aguas comparten. Qué se dijo desde Cancillería, y el informe argentino sobre la contaminación del río.
El conflicto por la producción de celulosa en la costa del Río Uruguay entró en un nuevo capítulo a partir de la decisión de la empresa UPM (ex Botnia) de aumentar su producción anual de papel en 100 mil toneladas más. El presidente uruguayo, José Mujica, autorizó días atrás los nuevos niveles de producción de la empresa finlandesa y terminó por encender nuevamente el conflicto al tomar esta decisión de manera unilateral y sin consultar a la Argentina, violando de esta manera tratados vigentes que ambos países mantienen en relación al río.
El hecho de concederle a la pastera los nuevos niveles de producción exigidos, se tomó posteriormente a las reuniones mantenidas entre Mujica y la presidenta Cristina Fernández, que el máximo mandatario uruguayo interpretó como poco fructíferas. Tras firmar la autorización, Mujica reconoció: "Nos quedamos sin margen para negociar. Me duele mucho. Esto puede crear tensiones y malentendidos, pero nadie va a separar de mi corazón el sentimiento hacia el pueblo argentino". Es preciso señalar que, sin embargo, esta autorización de Mujica hacia la empresa UPM es ante todo el blanqueamiento de niveles de producción ya alcanzados por la pastera, que se viene “excediendo” hace años de las toneladas de papel establecido.
Desde la cancillería argentina respondieron con cautela y el día miércoles en conferencia de prensa el ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, le pidieron a Mujica que retrotraiga la decisión y se abra una mesa de diálogo. Por otro lado, el canciller argentino expresó que se "rechaza la decisión unilateral" de Uruguay, de aumentar la producción de UPM. El rechazo es producto de que “Uruguay violó en ocho oportunidades el mecanismo de información y consulta acordado por ambos países", afirmó Timerman.
El Río Uruguay, cuyas aguas comparte tanto el país de la banda oriental como Argentina, está manejado por la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU). La misma está encargada de controlar los diferentes usos que ambos países le dan al río y a sus afluentes. La CARU se sostiene en términos jurídicos por el Estatuto del Río Uruguay suscripto en 1976. Entre las reglamentaciones que establece el Estatuto del Río Uruguay figuran un régimen de consulta y comunicación sobre acciones que pudieran contaminar las aguas y afectar su calidad. Dicho régimen de consulta, sostienen desde la posición Argentina, es el que Uruguay no ha respetado.
Argentina intenta por ahora la reapertura del diálogo con el país vecino antes de volver a recurrir a la Corte Internacional de La Haya, como sucediera entre 2006 y 2010. En aquel entonces ambas partes habían llevado sus reclamos ante el tribunal internacional, que terminó dictando sentencia finalmente en abril de 2010.
En esta ocasión desde el gobierno argentino sostuvieron: “Le mandamos a Uruguay dos mensajes, este es el tercero”. Sin embargo, ante el pedido de diálogo, José Mujica respondió aumentando los niveles de confrontación y afirmo: “¿Ultimátum? El único que da un ultimátum es Dios”.
Las pruebas que Argentina tiene sobre la contaminación del Río Uruguay indican que la ex Botnia está vertiendo en las aguas fósforo y fenoles. Esto se encuentra indicado en los informes de dos científicos argentinos de la comisión de monitoreo.
El comité científico encargado de controlar y medir el nivel de contaminación en las aguas del Río Uruguay está integrado por científicos argentinos y uruguayos. En estos años el comité ingresó 28 veces a la planta para realizar mediciones de afluentes, así como instalación de boyas y sondas en diferentes lugares del río. Sin embargo, a pesar de estas 28 veces que se ingresó a la planta y las 32 mediciones realizadas, nunca se difundieron los resultados por diferencias entre los miembros de la CARU. Uruguay interpreta que, a diferencia de lo sostenido en la sentencia que dictó la Corte Internacional de La Haya, se pueden tomar mediciones en cualquier lugar del río y no, como señala la sentencia, en la planta y el caño de desagüe, también se niega a las visitas sorpresa a la planta.
El informe de los científicos argentinos, dado a conocer el día jueves por Cancillería, indica que la pastera está contaminando el río con fósforo y fenoles, vertiendo al río cantidades superiores de estas sustancias toxicas a las que pueden ser soportadas; también fue encontrado exceso de níquel y cromo.
Mientras Argentina espera la respuesta de Uruguay, antes de emprender nuevamente el camino legal ante el tribunal de La Haya, la asamblea de Gualeguaychú retomó su actividad movilizándose e intentando cruzar el puente que conecta a la ciudad argentina, con Fray Bentos. Una caravana de 900 autos, que contó con la presencia del intendente local Juan José Bahill, marchó hasta la frontera. Al llegar y no pode cruzar, leyeron un documento que sostiene: “Este conflicto solamente terminará cuando se erradique la planta de Botnia-UPM y desaparezca la causa que perjudica la unión de dos pueblos hermanos”.
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