El 17 de Octubre pasado la empresa de automóviles Mercedez Benz estuvo sentada en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. A su vez se lanzó una campaña para denunciar la complicidad de la empresa Ford con el gobierno de facto.
Es que la Corte Suprema estadounidense abrió una audiencia, luego de sucesivos rechazos en distintas instancias judiciales, para resolver la demanda que el Dr. Eduardo Fachal, ex obrero de la Mercedes Benz, está planteando contra la empresa por la complicidad con la dictadura en la desaparición de 17 trabajadores de su planta de González Catán.
La posibilidad de iniciar esta demanda se debió a la fusión, a finales de la década del ’90, de Mercedes-Benz con la Daimler Chrysler y la radicación de su casa central en Michigan, Estados Unidos. Esto permitió a los familiares querellantes recurrir a la figura de la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act), que establece la posibilidad de demandar en territorio de los Estados Unidos a personas o corporaciones que hayan violado leyes federales allí o en países con los que tiene tratados celebrados, como es el caso de la Argentina.
Durante la audiencia, mientras que el representante de la empresa (hoy Daimler Chrysler), el abogado Thomas Dupreem omitió hablar de la represión y cuestionó la competencia de los tribunales de ese país para atender, por ejemplo, posibles demandas civiles por accidentes ocurridos en EE.UU con los vehículos fabricados por Mercedes Benz, el Dr. Fachal planteó la “complicidad corporativa de la compañía” y la “participación directa en los delitos como es el caso de los gerentes que actuaron como apropiadores” refiriéndose a la apropiación de Paula Logares nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.
No estuvieron solos los querellantes ni los acusados. En la audiencia hubo muchos “amicus curiae”. Mientras que algunas ONG acompañaron el pedido de reparación, Mercedes Benz presentó como “amicus” a cámaras y asociaciones diversas, como la Asociación de Fabricantes de Autos y la Cámara de Comercio demostrando una vez más el poderío de dicha compañía.
Hay que recordar que en nuestro país la causa abierta en el año 2002 contra la empresa automotriz continua sin novedades ya que ningún directivo ha sido citado a indagatoria. Por otro lado, en Alemania, país originario de la compañía, fue rechazado el pedido de juicio porque las autoridades consideraron “la inexistencia de los cuerpos del delito”.
Otras empresas
Mercedes Benz no es la única empresa acusada de complicidad con el Terrorismo de Estado. El empresario Carlos Blaquier fue procesado en noviembre de 2012 por las desapariciones ocurridas en el Ingenio Ledesma en la “La noche del apagón”. Asimismo el juez Oyarbide tiene en sus manos la causa número 16.251/10 donde se detallan los crímenes cometidos en el marco de la "Operación Serpiente Roja del Paraná" perpetrada en la mañana el 20 de marzo de 1975, cuando la Policía Federal, la policía de la provincia de Santa Fe y un grupo de policías rurales allanaron la planta de la metalúrgica Acindar secuestrando a más de 500 trabajadores y vecinos de Villa Constitución. La complicidad empresaria llego al punto de aportar su helipuerto para el operativo y prestar sus instalaciones en donde funcionó el primer centro clandestino de detención de la Argentina.
La filial Ford Argentina tampoco se queda atrás. En marzo del 2013 comenzaron las indagatorias a directivos de la empresa durante la dictadura, entre ellos Pedro Müller (ex gerente General), Guillermo Galarraga (ex gerente de Relaciones Laborales) y Héctor Francisco Jesús Sibilla (ex jefe de Seguridad). Nicolás Enrique Courard (ex presidente) también iba a ser citado, pero murió impune. La comisión de ex trabajadores no sólo está acusando a la empresa por la desaparición de 28 miembros de la junta interna, sino también por el funcionamiento de un centro clandestino de detención dentro de la misma planta.
En este sentido el último 11 de septiembre se lanzó la Campaña “Ford Genocida”, impulsada por diferentes organizaciones populares como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la citada comisión de ex trabajadores de la Ford y la Comisión de Campo de Mayo.
¿Por qué Ford? Ford es una empresa emblemática, como símbolo del capitalismo, de la sociedad de consumo, y por tanto, como símbolo de la impunidad. Ford tuvo trabajadores esclavos provenientes de campos de concentración durante el nazismo, produjo los vehículos del ejército nazi y armó una Fundación para disputar ideológicamente aquello que no podía resolver sólo represivamente. Así actuó Ford también cuando secuestró a delegados de la planta de Pacheco y produjo los Falcon Verdes utilizados durante los operativos del terrorismo de Estado.
En este sentido, la Dra. Nuria Giniger investigadora del CONICET y miembro del área de investigaciones de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre advirtió sobre la problemática de juzgar las empresas: “Por un lado, los procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad tienen los ritmos de la Justicia ordinaria que no está preparada para juzgar al genocidio. El poder judicial se crea sostenido sobre la premisa de ser de las últimas trincheras de protección a la propiedad privada”. A su vez señala el hecho de que “la salida de la dictadura y el posterior intento por instalar la ‘teoría de los dos demonios’ puso el foco en el rol de las fuerzas armadas. La maquinaria de terror montada por el Estado se redujo al aparato militar, como perpetradores de crímenes”. Y agregó que “muchos años de lucha llevó poner sobre la mesa que aquello que ocurrió durante la dictadura fue Terrorismo de Estado y como tal fue el Estado en su conjunto, y no sólo las fuerzas armadas, el que sembró el terror. Es recién, poniendo sobre la mesa el rol del Estado cuando empieza a ser posible tener una mirada ampliada y empezar a reconocer que los ejecutores no fueron solo militares o policías”.
En relación a la Campaña “Ford Genocida” la Dra. Giniger apuntó que “en el terreno judicial, estamos presentando querellas contra las personas que componían los directorios de las empresas, los gerentes de relaciones laborales, los jefes de personal. Sin embargo, la lucha es por conquistar la posibilidad efectiva de juzgamiento penal a las empresas”. Señalando que el lanzamiento de la Campaña “Ford Genocida” es un intento más “en instalar la responsabilidad penal de esta empresa en el genocidio. La propuesta es ir realizando diferentes acciones que culminen con un Tribunal Ético de los Pueblos, en el cual juzguemos popularmente a la empresa Ford”.
Victoria Silber
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