Mauricio Macri y su política social

La ciudad de Buenos Aires se ha convertido en una ciudad en obra, cuadrillas de trabajadores rompiendo veredas, tapando baches. Todas obras visibles, imposibles de eludir si se camina con cierta frecuencia por las calles porteñas. Mauricio Macri pone todo su empeño en publicitarlo, sobre todo antes de las elecciones del 28 de junio.
En el hospital Fernández, ubicado en una de las zonas más favorecidas de la capital, se realizaron una serie de obras evidentes, lo que el gobierno denomina “puesta en valor” de las salas de espera y la construcción de dos áreas de guardia. Hasta aquí parecería no haber ningún problema, salvo por el hecho que hace casi un mes que algunos medicamentos del Plan Médicos de Cabecera, que se otorgan a habitantes de la ciudad que no cuentan con obra social, no están siendo entregados. Y que las dos guardias no cuentan con personal suficiente.
El predio Puerto Pibes fue copado por treinta uniformados a cargo del comisario Julio Ferrón que ocuparon dos cuartos. En Abril se supo, mediante una denuncia de las y los trabajadores del lugar que este seria destinado a la policía metropolitana.
Todo comenzó hace casi dos años cuando empezó el vaciamiento del lugar. Primero cortaron el gas. Luego fueron cayendo los proyectos que funcionaban a través la Dirección de Niñez y Adolescencia de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad. En sus mejores momentos, el predio contaba con alojamiento para 120 chicos/as Puerto Pibes, era utilizado por 30 mil niños y niñas que utilizaban sus instalaciones. Entre los objetivos se contaba la promoción de la recreación, el turismo social para niños, niñas y adolescentes de la Capital Federal en situación de vulnerabilidad. Hoy apenas quedan 30 plazas y casi ningún niño.
El 21 de Mayo la dirección del Hospital Torcuato de Alvear fue notificado por el Gobierno de Macri que el 22 de junio se suspendería el suministro de gas por 150 días. La falta de gas se traduce en dejar sin calefacción, agua caliente a los pacientes y al personal del hospital. Al respecto la Asociación de Profesionales del Hospital Alvear se han declarado en alerta y movilización por considerar que las acciones que viene realizando el Macrismo apuntan a desmantelar el servicio de salud porteño. En un comunicado expresaron: “El desguazamiento del sector, la falta de mantenimiento edilicio, la burocracia en la compra de medicamentos disfrazada de control, orden y transparencia, la iniciativa de dejar sin tratamiento a los pacientes con padecimiento mental con la excusa de la desmanicomialización sin la construcción de dispositivos alternativos y la falta de comunicación sobre un proyecto serio en Política de Salud Mental para la ciudad, hace que trabajadores de la salud mental veamos con profunda preocupación el futuro...”
El Alvear cuenta con 80 camas de internación psiquiatrita que se distribuyen en sala de mujeres, varones y adolescentes y cubre todas las emergencias de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires además de contar con un hospital de día y consultorios externos.
La política o des política con respecto a salud mental comenzó el año pasado con el anuncio, por parte del Gobierno de Macri, del cierre del Hospital Borda y Moyano. El jefe de gobierno porteño y su ministro de Salud, Jorge Lemus, presentaron un Plan de Salud en el mes de abril del 2008, que consiste en la creación de un centro de evaluación y derivación de pacientes de atención en los primeros momentos de crisis. Alrededor de 10 centros de internación con un número reducido de camas para internaciones breves. Hogares de día, casas de medio camino y familias sustitutas para 500 personas. Muy alentador porque esto significaba nada más y nada menos que la desmanicomialización.
No obstante diferentes organizaciones sociales y medicas se expresaron al respecto: “Macri y su Ministro de Salud Lemus incumplieron con esta Ley al no implementarla ni promocionarla, al no convocar y consultar al Consejo General de Salud Mental (CoGeSam) -previsto por la Ley como órgano asesor-, para el desarrollo del nuevo plan, quedando encubierto de esta forma el gran negocio inmobiliario y de la Salud que este representa… Tanto el CoGeSam, el Foro de Instituciones de la Salud Mental , el Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional, el Frente de Artistas del Borda, Profesionales de Salud, pacientes, familiares y la comunidad rechazamos este plan que con el disfraz de la transformación no hace más que ir contra el Hospital Público. La política de Salud Mental que se proponga alternativas a la Institución Manicomial debe actuar simultáneamente sobre el aparato estatal, la conciencia social, y todo el entramado profesional, jurídico, gremial y del Estado.”
A principios de junio de 2009, renunció la principal responsable del área de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Lucía Quiroga por diferencias con la gestión. A más de un año del anunció ninguna obra se ha realizado para materializar el Plan de Salud Mental porteño. Varios hechos demuestran que en realidad, detrás de estos anuncios, se esconde la intención de desmantelar los servicios de salud mental. En el hospital Borda ya se finalizó la refacción del pabellón Amable Jones, un edificio histórico del siglo XIX, pero aún no se ha entregado la obra. El personal medico denuncia que ese pabellón “ha sido trasladado administrativamente del Ministerio de Salud al de Desarrollo Social, como claro signo de desarticulación del hospital”. En el Pabellón Central del Borda todavía no se han realizado las tareas de refacción de la red de gas del edificio. Nuevamente los médicos denuncian que el Gobierno de la Ciudad ya cuenta con el dinero para la remodelación porque recibieron un crédito del BID y ya se realizó la adjudicación de la obra. Para el dirigente de ATE Mario Muñoz: “El lanzamiento de este plan es la pantalla de una maniobra liquidacionista destinada al cierre de todos los hospitales neuropsiquiátricos con el objeto de utilizar ese predio para un fabuloso negocio inmobiliario”.
Actualmente 49 escuelas se encuentran todavía sin gas. Esto surge de las denuncias realizadas por los padres y madres organizados en “Familias por la escuela pública” La falta de gas significa en la imposibilidad de calefaccionar las aulas, preparar el desayuno y el almuerzo, tan necesario para mucho de los niños y niñas que asisten a estas escuelas. En su mayoría ubicadas en los sectores más vulnerables de la Ciudad. La gestión Macrista creo en el año 2008, por decreto, la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Esta unidad ha sido denunciada por su actuación como una verdadera fuerza de choque que violenta a personas en situación de calle. El accionar violento de esta unidad y el recorte en la política social del gobierno macrista, ha quedado de manifiesto en diferentes desalojos ocurridos. En agosto de 2008 fue violentamente desalojado el Hotel Carlos V en San Telmo, que dejó como saldo 23 personas que estuvieron casi dos meses detenidas en los penales de Devoto y Ezeiza. Todo comenzó cuando 20 familias se negaron a pagar el incremento de la tarifa 400 a 1.200 pesos y el dueño del lugar llamo a la policía. Dos meses después, en un hotel ubicado en Acuña de Figueroa 1277, fueron desalojadas 30 familias pobres. Su dueño, Sergio Salaya, un estrecho colaborador de Jorge Macri en la provincia de Buenos Aires y un antiguo militante del PRO, durante años se beneficio de los subsidio para familias desalojadas hasta que decidió vender la propiedad y dejar a estas familias nuevamente en la calle.
En Perón al 1000, 17 chicos en situación de calle fueron agredidos. La legisladora Gabriela Alegre quien denunció este hecho expreso: “…queremos conocer más detalles sobre este procedimiento de desocupación de la vía pública y sobre el modelo de intervención que adopta el gobierno de la ciudad en estos casos… se trataría de trasladar a las personas en situación de calle por medio de la amenaza y la violencia, de un lado a otro, para que no se vean, y no, de asumir la responsabilidad constitucional que le cabe al Estado local ante la situación grave de vulneración de derechos que atraviesan aquellos que no cuentan ni siquiera con un techo”.
A principio de este año, en el mes de febrero, fueron desalojadas 100 familias que vivían en un edificio de Paseo Colón 1588. Fernando Guzmán integrante del servicio Justicia y Paz organización que trabaja con la problemática de la vivienda y que no puedo evitar el desalojo de estas familias, expresó en un diario de tirada nacional. “Me parece que es la punta de lanza de una política que cada vez se clarifica más en el Gobierno de la ciudad, que tiene que ver con la limpieza de la zona sur. El objetivo es convertirla en un espacio exclusivo… Macri tiene una política clarísima de desalojo y de expulsión de los pobres de la Capital, a quienes además los quiere sacar de la vista. Las personas han pasado a ser feos paisajes. Son paisajes desagradables para la ciudad”.Una semana después se produjo el desalojo de 10 familias de un edificio ubicado en Paseo Colón 1574, entraron en forma violenta y les dieron solo 2 horas para desocupar el lugar.
A mediados de Mayo en horas de la madrugada y sinorden judicial, se produjo el desalojo de la huerta “Orgazmika” en el barrio de Caballito. Al emprendimiento ingresaron efectivos de la policía federal con topadoras y destruyeron todo a su paso. Luego integrantes de la UCEP colocaron rejas en el lugar. El terreno esta ubicado al costado de las vías del ferrocarril Sarmiento y pertenece al Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE).
El común denominador de estos desalojos fue la inexistencia de una orden judicial y la participación de integrantes de la UCEP. Todos ellos se realizaron con extrema violencia y siempre a personas en situación de vulnerabilidad social.
La política social del PRO va más allá, durante varias semanas se corrió el rumor que se daría de baja a la línea gratuita 0800-66-MUJER que funciona hace 19 años, las 24 horas, todos los días del año. Esta línea brinda ayuda y contención a mujeres que sufren violencia de género. Según las denuncias la línea seria absorbida por el 147 el un número por el que se gestionan diversos trámites administrativos. Luego de varias alertas originadas por organizaciones feministas y de mujeres, el macrismo salio a aclarar que se mantendría el número y que solamente, el personal, seria trasladado al nuevo Call Center ubicado en la calle Estados Unidos. Sin embargo las trabajadoras y trabajadores consideran que el traslado entorpecería la tarea que realizan, porque les impediría coordinar tareas con las oficinas del área de la Mujer.
Mientras tanto la ciudad esta empapelada con los “logros” de la gestión Macrista: 37 espacios verdes recuperados. 240 guardianes de plaza. 4.134 cuadras repavimentadas. 10.097 rampas para discapacitados. 37.423 baches tapados. 170 cámaras de seguridad coordinadas desde su nuevo Centro de Monitoreo Urbano. Faltan los “logros” en política social: Cientos de personas desalojadas. Escuelas sin gas. Niños en situación de calle agredidos. Hospitales sin insumos, sin gas, ni luz. Represión. Grupos de choques para apretar indigentes. Desamparo. Violencia sobre los sectores más vulnerables.

Zula Lucero (MARIPOSAS - INDYMEDIA)