lunes, 13 de julio de 2009

El comisario (re) de la Federal Jorge “Fino” Palacios: cuanto más cuestionado, más apto para "cuidar" la ciudad


El 2 de julio, algo más de 72 horas después de las legislativas en las que se impuso por un margen muy inferior a aquel que lo hizo jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri ungió a uno de sus más estrechos amigos como jefe de la policía metropolitana: el comisario (re) de la Federal Jorge “Fino” Palacios.
Sería reiterativo enumerar aquí las acciones del uniformado, así como los repudios que su nombramiento generó y genera; del mismo modo, sería ridículo suponer que se crea una “policía metropolitana” para garantizar la seguridad de los porteños cuando en realidad, su tarea específica es la de perseguir a los díscolos que saquen los pies del plato.
Como quiera que sea, dispuesto a no permitir que la lógica y la razón lo contradigan, Macri defiende la designación del “Fino”, cada vez con esmerado énfasis. Citó a las conducciones de las máximas instituciones de la comunidad judía y les explicó, en menos de media hora y sin permitir réplicas, por qué había decidido como lo había hecho.
Mención especial merece el papel cumplido por el ministro de justicia y seguridad porteño, Guillermo Montenegro, un papel que mantuvo estoicamente, frente a cuanto micrófono y/o periodista se le puso enfrente; destacó Montenegro, en una entrevista a la Agencia Judía de Noticias, "la honestidad y la excelente designación" de Palacios y subrayó, como si la AMIA no hubiera sucedido y los esfuerzos del “Fino” por obstaculizar la investigación no hubieran existido (el fiscal Alberto Nisman lo acusó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, destrucción de prueba y omisión de actuar en la persecución y represión de delincuentes, acusaciones por las que puede ser procesado) que: "Es una muy buena incorporación. Lo distingue su ética, sus principios morales y es bueno para la ciudad que asuma este cargo"; sostuvo, como para ponerle un punto final a cualquier resistencia: "Hay una denuncia sin condena. Además, él (por Palacios) no mató a nadie". Para sumarle más oropeles al elegido, Montenegro recordó que Palacios "tiene el premio mayor que da la embajada de Estados Unidos".
A despecho de los elogios, las críticas crecieron al punto que Montenegro debió ir a dar explicaciones a la legislatura porteña; allí, obvió cargarle las tintas de una decisión personal a su jefe Macri y redobló la defensa de Palacios; el ministro admitió sin embargo, dos ignorancias de su parte: desconocía que el “Fino” era asesor de la policía neuquina para la época de la represión que costó la vida al maestro Carlos Fuentealba; y no había leído el libro escrito por el uniformado en 2003, exaltando el Terrorismo de Estado.
Tuvo un pobre desempeño: no mostró argumentos novedosos, ni referidos a la trayectoria de Palacios ni, mucho menos, explicativos del por qué de una medida a la que Macri considera absolutamente indeclinable; es decir, Montenegro se comportó como un leal y confiable soldado: actuó con obediencia debida a su superior en primer término, más allá de las simpatías que le despierte Palacios.
El jefe de justicia y seguridad tan poco creativo en materia de argumentos estudió en el Liceo Naval; transitó pasillos de tribunales desde los ’90, como fiscal federal; luego, en 2004, fue profesor de la Universidad Kennedy de Lomas de Zamora, época durante la cual, el entonces presidente Kirchner lo postuló para el fuero federal; ya como juez federal, a partir de 2005 tuvo causas relacionadas con delitos de lesa humanidad; en 2007 Macri lo tocó con la varita mágica y lo catapultó al puesto que hoy ocupa.
Montenegro no es cualquier funcionario, ni siquiera cualquier amigo del empresario jefe de gobierno porteño; Montenegro es un “hombre de leyes y de Derecho” y como tal, se espera de él –infructuosamente, por cierto- un desempeño objetivo, acorde con tales características; asusta admitir que no difiere mucho en sus pensamientos y sus acciones, de la mayoría de los jueces que integran el Poder Judicial, el más elitista de los tres poderes del Estado, el único a cuyos jueces -aquellos que deciden sobre las haciendas y los destinos de los sufridos ciudadanos comunes- no elige el pueblo sino los funcionarios de turno. Demás está decir que cualquier ciudadano que hubiera hecho en su vida, la mitad de las trapisondas que se le comprobaron a Palacios, estaría detenido sin posibilidad de salida por un largo tiempo y sin muchas esperanzas de lograr rápidamente un juicio que aclare la situación. Pero hablamos del “Fino” Palacios, un íntimo amigo de Macri, un hombre de azul cuyo nombramiento no hace más que ratificar las preferencias del empresario por la mano dura… elegante eso sí, capaz de esconderse tras un discurso “Fino”.
Baste, para corroborarlo, recordar a los colaboradores de Macri consustanciados con una remozada doctrina de la seguridad nacional: el ex juez de la dictadura Federico Young, a cargo durante un buen tiempo de la Agencia de Control Comunal; Young a su vez contrató como sus colaboradores a dos coroneles (re) del ejército: Carlos Pietrobelli y Federico Guillermo Toranzo, este último agente de la SIDE durante el menemismo, miembro del Opus Dei y fundador de la agencia de seguridad Acecho S.A. No contento con esas designaciones, Young –con respaldo de Macri, insistamos- contrató a catorce oficiales (re) de gendarmería y del ejército como inspectores o administrativos; entre ellos al menos seis ocuparon cargos de jerarquía en el ejército en la dictadura; gral de brigada Enrique Santiago Servatico, quien fue jefe del Regimiento de Caballería de Tanques VI de Concordia, Entre Ríos, donde funcionó un campo de concentración; tte cnel Lucio Strazza integrante del batallón de arsenales 181 durante la dictadura y delegado de la SIDE, en el menemismo; oficial de inteligencia Luis Rogelio Sánchez miembro del batallón 601 del ejército; cnel Rubén Arturo Ortega fue el jefe de operación del regimiento de infantería de monte 22 de San Juan; capitán Juan Jorge Ferreyra, que entre enero de 1976 y septiembre de 1979 revistó en el grupo de artillería 7 (GA 7); y tte cnel Enrique Jordana Testoni, que fue director de la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu en Rosario. También entre los colaboradores de Young figuró Diego María Ibarbia, intendente de Pehuajó, durante la dictadura.
Por si esto no fuera suficiente, ahí está la Unión de Control de Espacio Público Porteño (UCEP), el GT creado por Macri –y tolerado por Montenegro, dicho sea de paso-, en octubre del año pasado y puesto bajo la responsabilidad del ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, encabezado por el ex rugbier Juan Pablo Piccardo; por unos módicos mil doscientos pesos al mes, los muchachos de la UCEP se esfuerzan para desalojar a palos y trompadas, muchas veces con el apoyo de la policía federal, a los indigentes que viven en situación de calle; ya fueron denunciados repetidamente por amenazas, golpes, sustracción y destrucción de mercaderías; cualquiera que quiera ampliar conocimientos en estos temas, no tiene más que consultar los diarios de los últimos meses del 2007 y, en el caso de la UCEP, los de la primera quincena de abril de este año.
En este escenario, el “Fino” Palacios viene como anillo al dedo para mantener su propia impunidad y construir la de los funcionarios que así lo requieran, además de garantizar la paz de los cementerios en la ciudad.

María Cristina Caiati (especial para ARGENPRESS.info)

Foto: Comisario (re) de la Federal Jorge “Fino” Palacios.

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