Se cumplen 30 meses de la desaparición forzada de Jorge Julio López, testigo clave para lograr la condena a prisión perpetua para el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. La investigación por su secuestro está paralizada.
Por ANRed - T
La causa por la desaparición forzada de Jorge Julio López sigue siendo la "crónica de una impunidad anunciada", tal como la definió Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos (AEDD). Cuando se estaban percibiendo avances en la investigación y se habían retomado líneas que exigían los querellantes, todo volvió a foja cero. Se apartó el juez Arnaldo Corazza, quien tuvo a su cargo la causa casi dos años.
La desvinculación fue la primera consecuencia de una denuncia que el abogado de la familia López hizo en septiembre último y que abarcaba a los jueces y fiscales que tuvieron contacto con el testigo y a las abogadas querellantes de Justicia YA!. Corazza afirmó que la acusación de la familia le generaba violencia moral y decidió salirse de la investigación. "La verdad es que debería haberle producido más violencia moral el estado en que permaneció esta causa durante más de dos años que la tuvo", replica Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos (AEDD). Por su parte, la abogada Guadalupe Godoy confirma que el magistrado "siempre había estado a la expectativa de ver cómo podía salirse de la causa López".
Como consecuencia del apartamiento de Corazza, la investigación cayó en manos del juez Manuel Blanco. Desde Justicia YA! remarcaron que era un juez de la dictadura y que tiene en trámite desde hace cinco años las causas donde se investiga a los genocidas que actuaron en la Unidad 9, en La Cacha, en la Brigada de Infantería de 1 y 60, en la Comisaría 8° de La Plata. Por todos los crímenes cometidos en esos centros clandestinos de La Plata, Blanco sólo tiene procesados a quince represores. Las cifras hablan por sí solas. Ahora este magistrado tiene que buscar a López, ex detenido- desaparecido vuelto a desaparecer el 18 de septiembre de 2006 cuando debía ir a presenciar los alegatos contra el genocida Miguel Etchecolatz. Al hacerse cargo, Blanco sacó la investigación de la órbita de la Secretaría Especial, abocada especialmente a las causas contra los genocidas y que gracias a su intervención se estaban dando algunos avances en la búsqueda de López, y la derivó a la secretaría 3 de su juzgado, a cargo de María Cristina Grau.
"La forma de paralizar esta causa de nuevo- afirma Calvo- era sacarla de la secretaría especial, cosa que no era obligación que sucediera porque el juez puede inhibirse y cambiarse por otro y la secretaría seguir siendo la misma". Por su parte, Godoy afirma que la remoción de la secretaría especial acarrea dos graves consecuencias. "Una, que se paralice pero el otro es que nosotros habíamos peleado durante dos años para que la investigación pasara a la secretaría especial. El motivo no era sólo una cuestión de optimizar la investigación sino una cuestión política que era el reconocimiento de que las líneas que había que investigar eran las que tenían que ver con policías y militares que quisieran impedir la continuidad de los juicios. Esto no es sólo algo simbólico. De hecho, la decisión de Corazza de enviarlo a la secretaría especial lo que hizo, en definitiva, fue direccionar la investigación en esas líneas que nosotros siempre habíamos pedido, Con lo cual, el retroceso no es sólo una cuestión práctica sin que es también una cuestión más de fondo, más política".
Por esta dilación deliberada, desde Justicia YA! se está evaluando tomar acciones concretas. "Si la situación persiste, vamos a denunciarlos tanto a Blanco como a Corazza por provocar en la causa una denegación de justicia. Al segundo por el oportunismo de excusarse en este momento cuando, en realidad, no hay elementos para que lo haga y a Blanco por tomar la decisión de cambiar la secretaría", confió a ANRed Guadalupe Godoy.
Los camaristas Alberto Durán y Alicia Di Donato, dos jueces con algo más que cercanías con la policía bonaerense, deberán decidir si dan a lugar la petición de Justicia YA! de mantener a la secretaría especial. Durán y Blanco son parte de una de las tantas internas judiciales que corroen los tribunales platenses. "Precisamente lo que quisimos evitar en todo este tiempo es que se tomara la causa López como botín de guerra de la Cámara platense", se queja Godoy.
En el último año, la justicia reconoció la desaparición forzada de Julio López, es decir, con esa denominación se dejaba en manifiesto que necesariamente ha habido intervención estatal. También, se separó a la policía bonaerense, principal fuerza interesada en mantener la impunidad en el secuestro de López y a la que pertenecía Etchecolatz, el genocida a cuya condena contribuyó el testimonio del ex detenido. Con la llegada de la Secretaría Especial, se investigaron varias líneas que los querellantes reclamaban y, según trascendió, estaban previstas algunas detenciones. Nada eso pasó. La causa está paralizada.
¿Y las responsabilidades políticas?
Un periodista de la agencia alemana DPA ya había denunciado que en noviembre de 2006 el gobierno conocía qué había pasado con Julio López. Más allá de algunos intentos de distintos funcionarios de apelar al "sentido común" y presagiar el peor de los destinos para el testigo desaparecido, poco ha dicho el Poder Ejecutivo en los últimos tiempos.
"No mencionan a López- sostiene Godoy- porque es lo que denuncia cuáles son las falencias de la supuesta política de Estado que, en definitiva, no va más allá de la declamación sobre los juicios. Ir a fondo contra la dictadura no sólo implica los juicios sino el desmantelamiento del aparato represivo y los cambios estructurales necesarios para evitar a todos aquellos que siguen enquistados en el poder gracias al genocidio".
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