Por medio del golpe de estado el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del gobierno e instauraron el periodo más sangriento y autoritario de la historia argentina.
Las desapariciones, asesinatos y torturas a los miles de presos políticos eran prácticas habituales del periodo, cuyo soporte ideológico se encuentra en la Doctrina de la Seguridad Nacional, estrategia contrainsurgente formulada desde los Estado Unidos “como reaseguro efectivo de los intereses imperialistas en Latinoamérica que pone todo su esfuerzo ya no fundamentalmente en los marines o rangers norteamericanos, sino en sus ejércitos interiores” (1).
Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos fueron acompañadas por una política cultural que buscaba el convencimiento –o mejor dicho la pasividad- de grandes sectores de la población y pudiéndose graficar en palabras de un general del proceso la tarea emprendida por las fuerzas armadas: “(...) combatió la subversión, realizó acción cívica y catequizó a su población ideológicamente. (...) la única victoria definitiva en la guerra es la victoria cultural (...) Más que lucha por las armas, es una lucha por las almas”(2). El control de los medios de comunicación a través de la censura, la manipulación informativa y la persecución a opositores, artistas, periodistas o a personas cuya peligrosidad se describía a partir de su “alto desarrollo intelectual” (3), se constituyeron en elementos claves del accionar militar.
Sin embargo, a la hora de explicar las razones y las motivaciones de fondo que llevaron al establecimiento de la dictadura argentina, consideramos que las mismas hay que buscarlas en la instauración de un nuevo modelo económico y social. Como expresó Rodolfo Walsh en su célebre Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar (4), entendemos que “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Siguiendo en trabajo a Jorge Schvarzer (5) el programa económico de la dictadura centró su esfuerzo en “La modificación de las condiciones de funcionamiento del sistema financiero local y la apertura acelerada de la economía (y sobre todo del las finanzas) (...) Esas maniobras fueron acompañadas por una baja en el salario real (fenómeno considerado ‘natural’ por el equipo económico) y un deterioro de los sectores productivos”, siendo el sector industrial el mayor afectado por esas políticas “pues sufrió el peso de los costos financieros, la competencia externa (a medida de que se levantaban las barreras de importación) y la desaparición de buena parte del sistema promocional puesto en vigor durante medio siglo anterior”.
Para el mencionado autor, la aplicación del programa económico en cabeza del ministro Martínez de Hoz “logró modificar la estructura del poder económico (y político) en favor de los dueños del dinero y, sobre todo, de aquellos que operan en el mercado financiero”.
La política de endeudamiento y fuga de capitales impuso una política de valorización y especulación financiera a través del endeudamiento externo llevado adelante por grandes empresas, bancos y grandes ahorristas que en última instancia tuvieron que ser cancelados a través del propio del Estado.
En definitiva, el objetivo de las medidas fue liquidar el poder social y político de la burguesía urbana nacional y del movimiento obrero que se asentaba en una estructura económica y social construida desde fines del ’30 y disciplinar económica y socialmente a toda la sociedad argentina.
El discurso económico
Más allá de los resultados, creemos conveniente señalar algunos de los argumentos que utilizaron quienes fueron los encargados de llevar adelante el modelo económico que aplicó la última dictadura.
A pocos días de asumir, el ministro de economía Martínez de Hoz expresaba cuales iban a ser las ideas centrales de su gestión: “Lograr el saneamiento monetario indispensable como base para la modernización y expansión del aparato productivo del país, en todos sus sectores, lo que garantizará un crecimiento no inflacionario de la economía (...) Acelerar la tasa de crecimiento económico (...) Alcanzar una razonable distribución del ingreso, preservando el nivel de los salarios en la medida adecuada a la productividad de la economía”(6).
Aplicados a rajatabla los postulados de la corriente monetarista conocida como la Escuela de Chicago, cuyas ideas se asientan en el rechazo a las políticas keynesianas y de intervención del Estado en la economía, y a que la tasa de desempleo puede resultar ser un indicador natural de la marcha de la economía que en todo caso se puede reducir a largo plazo. En definitiva, por fin se pudieron plasmar las políticas de ajuste siendo el programa económico de la dictadura pionero en el mundo en aplicar políticas que más tarde se conocieron como neoliberales. Decimos por fin ya que la implementación de esas políticas no eran nuevas en sus formulaciones, ya que habían sido planteadas con distinto éxito por ministros de economía como Alsogaray o Krieger Vasena, y poco tiempo antes del golpe a través del Rodrigazo con las políticas de ajuste, que fueron derrotadas por la movilización del movimiento obrero, siendo esa una de las causas que originaron el terrorismo de estado: en 1976 ese modelo económico solo pudo ser aplicado a través de políticas represivas. Esas ideas permanecieron más que vigentes con el advenimiento de la democracia y a partir de los ‘90 se realizó una profundización de esas políticas, aunque ya no fue necesario el uso de la fuerza.
El pensamiento económico de Martínez de Hoz se pude graficar citando un trabajo que realizó una vez que hubiese aplicado sus recetas económicas: “se procuró suplantar un sistema basado en disposiciones particulares de protección sectorial o individual, necesariamente superpuestas y contradictorias, por otro régimen de reglas más generales y objetivas, con un Estado más prescindente, en que pueda desenvolverse con libertad la iniciativa individual como motor de la riqueza colectiva y en el cual sus decisiones sean convergentes con el Bien Común”(7).
Quién representaba los intereses de la Sociedad Rural, de una fracción estratégica de la comunidad argentina de negocios y con sólidos contactos con núcleos financieros internacionales además expresaba: “Por un lado se les enseñaba o de alguna manera obligaba a los agentes económicos a adaptarse a un sistema en que sus beneficios dependían más de los favores discrecionales que podían obtener del Estado que de sus propios esfuerzos en lograr una mayor eficiencia y productividad (...) El sector de mayor eficiencia en el país por sus condiciones naturales, el agropecuario, se vio durante largos periodos desincentivado por la existencia de las retenciones o derechos de exportación y de los tipos de cambio diferenciales que implicaban un subsidio directo que se extraía del mismo en beneficio del sector industrial o del consumidor” (8), pensamiento que aún hoy está más que vigente, ya que son los mismos argumentos que todavía utilizan los empresarios agropecuarios.
El modelo liberal corporativo
Según expresa Ana Castellani, los grandes cambios ocurridos en la economía argentina a partir de la última dictadura fueron el “resultado de la aplicación de una serie de reformas inspiradas en una nueva corriente de la tradición económica liberal, entre las cuales se destacan la apertura comercial y la reforma del sistema financiero”(9). Sin embargo, para la autora el modelo económico llevado a cabo por la dictadura no puede considerarse como un modelo liberal ortodoxo en términos estrictos sino que lo define como “el modelo liberal corporativo” que combina los postulados liberales que representaba el ministro de economía con las ideas intervencionistas de sectores de las fuerzas armadas y distintas fracciones de la gran burguesía que tuvo como consecuencia “la expansión de un sector de las grandes empresas que operan en el mercado local en base a la obtención de altos márgenes de ganancia extraordinaria originados en la existencia de contextos privilegiados de acumulación creados y sostenidos por el accionar del aparato estatal.”
Se trata de la superposición contradictoria de diferentes modelos, claro que la orientación intervencionista no se aplicó en defensa del interés nacional y/o colectivo, sino en función de intereses particulares.
Es decir, que por la aplicación de ese modelo económico, se produjo una expansión de determinados agentes económicos que obtuvieron “cuasi rentas de privilegio”, que según Castellani no son derivadas de innovaciones tecnológicas, sino que “se originan en un conjunto de regulaciones estatales que permiten que las empresas fijen posiciones oligopólicas en sus respectivos mercados”.
Se trató de un grupo selecto de empresas del sector industrial, que la autora denomina complejo económico estatal privado integrado por empresas públicas, privadas y mixtas que operan en el sector petrolero, construcción de obra pública y en algunos servicios como la provisión de gas, electricidad y comunicaciones: “La realización de estas actividades implican, generalmente, la existencia de vinculaciones preferenciales entre el sector público y el privado que permite sostener la expansión de las firmas privadas, gracias a la conformación de contextos privilegiados de acumulación”.
Así se fue desarrollando un nuevo marco donde emergieron grandes empresas- la mayoría nacionales- que fueron beneficiarios de las privatizaciones periféricas o con concesiones de obras públicas. Para Schvarzer se consolidó una fracción de la burguesía integrada por “empresas grandes, con tendencia a formar conglomerados en torno a las actividades que brinda el sector público, con precios y mercados determinados en forma externa e independiente de sus costos (...) Empresas que nacen a partir de decisiones del sector público y que crecen en función del espacio dejado por éste con un dinamismo que, objetivamente no depende de ellas”.
Como uno de los datos más salientes del modelo económico que se aplicó durante la dictadura, se puede resaltar la consolidación “de una nueva y poderosa fracción de la gran burguesía argentina” que en los años subsiguientes obtuvo un “inmenso poder económico y político imposible de soslayar”, según expresa Castellani.
Por ejemplo la rentabilidad de las empresas vinculadas al complejo económico estatal privado aumentó de 7,6 % en 1976 a 24% en el 83. Pero esos datos adquieren aún más relevancia si se tiene en cuenta que el impacto que tuvieron las medidas económicas sobre la actividad industrial. En efecto, en el citado trabajo de Azpiazu, Basualdo y Khavisse se destaca que el PBI industrial de 1983 equivale al 90 % del que se generó una década atrás (1973), fenómeno solo comparable “en casos de destrucción física de los medios de producción (como consecuencia de conflictos bélicos o de grandes catástrofes naturales) o de programas económicos monetaristas como los implementados, también, en otros países del cono sur latinoamericano”, agregando los autores que “la contracción del nivel de actividad industrial constituye la repercusión más relevante de la política económica del régimen militar”.
El proceso de reorganización del mercado laboral
“La razonable distribución del ingreso” que había planteado Martínez de Hoz tuvo su correlato en los sectores asalariados.
Aumento de la desocupación, deterioro de la calidad del empleo y menor poder adquisitivo de los salarios son otros de los elementos esenciales a la hora de describir tanto las consecuencias como las causas de la aplicación del modelo económico.
“El mercado de trabajo se caracteriza, a partir de 1976 y más específicamente del segundo trimestre, desde la concreción del golpe militar,- señalan Azpiazu, Basualdo y Khavisse- por la expulsión sistemática e ininterrumpida de trabajadores que solo se revierte en 1983, cuando la ocupación en el sector se incrementa un 3,3% y se alcanza un nivel equivalente a menos de los dos tercios de la dotación personal existente antes del golpe militar de 1976”.
El resultado de las medidas económicas fue un deterioro en la calidad del empleo -más adelante a esa situación se la denominaría flexibilización laboral- que significó la prolongación de la jornada media de trabajo, la disminución del salario real y del costo salarial ambos en casi un 20%, congelamiento de salarios y deterioro del salario real superior al 30%.
Ese golpe a los sectores asalariados por supuesto fue acompañado con la disolución de la Confederación General del Trabajo (CGT), la supresión de las actividades gremiales y del derecho de huelga, las reformas a la Ley de Contratos de Trabajo, la eliminación de las convenciones colectivas en materia salarial.
La congelación del salario y la liberalización generalizada de precios significaron solo en 1976 la pérdida de un tercio de los ingresos de los trabajadores, que si bien en lo sucesivo en algunos sectores se reacomodó el salario, nunca más alcanzaría los niveles anteriores al golpe militar.
En ese contexto, y si se comparan con los ajustes realizados un año antes del golpe, surge como clara diferencia la aplicación del terrorismo de estado como único medio capaz de imponer medidas económicas de ese tipo, que en última instancia tuvieron como principales motivaciones aplicar una redistribución del ingreso en favor de los sectores dominantes de la economía y por lo tanto reduciendo la participación de los asalariados en el ingreso nacional.
Las medidas económicas “generaron un profundo impacto negativo en lo social, no solo reconfigurando económica y socialmente a la clase obrera, y a los asalariados en general, sino también en el desmantelamiento del Estado de compromiso social construido varias décadas atrás (10)”. La disminución de los aportes en los presupuestos de salud, educación, seguridad social, y la transferencia de responsabilidades –y no de recursos- a las provincias y municipios son indicadores de ese proceso, que también castigó a las capas medias.
Rodolfo Walsh en el texto que ya hicimos referencia expresaba: “Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la ‘racionalización’".
Lamentablemente ese panorama que se describía al cumplirse el primer año de la dictadura militar se ha profundizado proporcionalmente a la cantidad de años en que se continuaron aplicando esas políticas y a las víctimas no solo hay que medirlas de acuerdo al número de desaparecidos y asesinados, sino en relación a la cantidad de mujeres, hombres, niños, ancianos excluidos y marginados del sistema económico y a las existencia del hambre en un país como Argentina.
Notas:
(1) DUHALDE, Eduardo Luis, El Estado Terrorista Argentino. Quince años después, una mirada crítica. Buenos Aires, Eudeba, 1999.
(2) Palabras del General de Brigada Edgardo Vilas a la Revista Somos, del 16 de septiembre de 1977. Citado por CARABALLO, Liliana; CHARLIER, Noemí, GARULLI, Liliana en: La dictadura (1976-1983). Testimonios y documentos. Oficina de Publicaciones del C.B.C., Universidad de Buenos Aires, 1996.
(3) LACAY, Celina. Prólogo a su libro Sarmiento y la formación de la ideología de la clase dominante, Buenos Aires, Editorial Contrapunto, 1986.
(4) Tomada de WALSH, Rodolfo, El violento oficio de escribir. Obra periodística 1953-1977. Edición a cargo de Daniel Link, Buenos Aires, Planeta, 1998.
(5) “Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y el 2000”. Bs. As., AZ editora, 1998.
(6) Discurso del 2 de abril de 1976, c itado por Daniel AZPIAZU, Eduardo BASUALDO y Miguel KHAVISSE. El nuevo poder económico en la Argentina de los años ’80. Bs. As., Siglo XXI, 2004.
(7) Bases para una Argentina moderna 1976-80, Bs. As., 1981.
(8) 15 años después , Emecé, 1991. Citado por CARABALLO, Liliana; CHARLIER, Noemí, GARULLI, Liliana, ob. cit.
(9) CASTELLANI, Ana. Gestión económica liberal – corporativa y transformaciones en el interior de los grandes agentes económicos de la Argentina durante la última dictadura militar. En Alfredo Pucciarelli (coord.) Empresarios, Tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura. Bs. As., Siglo XXI.
(10) GRACIANO, Osvaldo. Seminario Naturaleza y estrategias de desarrollo del capitalismo argentino en el siglo XX. Un análisis histórico. Maestría en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Quilmes.
Javier Torres Molina
Rebelión
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