Estatización de las AFJP: Avances y cuestiones pendientes
En la década del 90, la privatización del sistema jubilatorio en nuestro país fue uno de los componentes centrales de la política general de destrucción de las conquistas sociales y laborales obtenidas por la clase trabajadora y el pueblo en largos procesos de luchas.
Los sucesivos cambios legislativos promovidos por Cavallo, iniciados con la aprobación del régimen jubilatorio de “capitalización” en 1994, se basaron en dos políticas centrales: por un lado, se incitaba la afiliación masiva a las AFJP (con un modelo similar al adoptado por la dictadura militar de Pinochet en Chile), llegando a impedir el retorno al sistema estatal de reparto de los afiliados, y repartiendo a los llamados “indecisos” (en realidad, miles de trabajadores que no optaron por ninguno de los sistemas) entre las AFJP mejor posicionadas; y por el otro, eliminando la forma histórica de cálculo de la movilidad jubilatoria y su porcentaje (el 82% móvil, calculado en base al salario de un trabajador en actividad en la misma categoría laboral que el trabajador jubilado).
El sistema de jubilación privada tuvo el objetivo explícito de crear un mercado de capitales que se pensaba indispensable para multiplicar la inversión y el empleo pero que en realidad le dio vía libre a los fondos de pensión para desviar esos dineros hacia la especulación financiera y a prestarle al mismo estado a altas tasas de interés.
Este sistema provisional arrasó con el sistema de aporte solidario e impuso la idea, quizá uno de los triunfos ideológicos más resonantes del capital, de que con la capitalización individual cada uno podría salvarse por su propia cuenta, abandonando a su suerte a los demás. A su vez trataba a la jubilación no como un derecho social y ciudadano, sino como una mercancía más, con la que se pudiera comprar y vender acciones y acrecentar los ingresos mediante la especulación financiera a cargo de los administradores de fondos. Este proceso ha sido parte de la intromisión creciente de las finanzas en los bienes más elementales de la vida: mediante las políticas de desregulación y apertura de los mercados, los alimentos, la salud, la vivienda, dependen en gran parte de los vaivenes de las cotizaciones bursátiles y los estados son incapaces de controlarlos.
En la crisis económica internacional actual este imaginario de un paraíso capitalista con jubilados tomando sol en las playas del Caribe ha llegado a su fin. El resultado de los balances de las AFJP aquí, en Chile y muchos otros países es de un franco retroceso y pérdidas netas de capital. Millones de trabajadores hoy encuentran que “su capital” ha desaparecido de su “cuenta” y que ningún fondo privado se hará cargo de las pérdidas.
Hoy, ante la decisión del Gobierno de Cristina Kirchner de reestatizar las AFJP nos encontramos ante la resistencia de los sectores más relevantes del capital financiero, con un importante aporte mediático de los grandes grupos de medios de comunicación. No es para menos: las AFJP se quedan, en conceptos de comisiones y administración de los fondos, con el 30 % de los aportes de los asalariados, 20 veces más, según diversos analistas, de los que gasta el estado en administrar el sistema de reparto, equivalente al 1,6% de los fondos recaudados. Se trata de una gigantesca apropiación de más de 35.000 millones de pesos en los últimos diez años, 12 mil millones de dólares con los que se podrían realizar obras de infraestructura, dinamizar la economía y realizar grandes inversiones productivas que a su vez que generen empleo multipliquen los fondos recaudados.
La resolución del Gobierno se enmarca en la crisis económica y financiera, que nace en el centro de los países capitalistas más desarrollados. El Gobierno toma esta decisión con el objetivo de aumentar la caja de recaudación, resguardar sus reservas, sostener el tipo de cambio y asegurarse los pagos de la deuda externa, sin necesidad de otras formas de financiamiento externo.
Decimos Sí a la propuesta de eliminar el régimen jubilatorio de capitalización y entendemos que constituye un avance para los derechos previsionales y sociales de los trabajadores. La reivindicación de la eliminación del régimen jubilatorio de capitalización impuesto a través de las AFJP se convirtió en un bastión de la lucha contra el modelo neoliberal y se trata de un triunfo de la causa aun cuando la intención haya sido restituir al estado fondos que el gobierno necesitará para acumular reservas y pagar las deudas sin pedir prestado, dado el panorama crítico de la crisis financiera internacional, es decir, gracias a una política de corte fiscal. La reestatización de los fondos previsionales es una causa por la que durante años organizaciones combativas de jubilados y muchos movimientos sociales y sindicales luchamos en un principio (y en contra de muchos de los funcionarios actuales del gobierno). Para consolidar este triunfo, hay que conseguir el efectivo control por parte de los trabajadores/as del destino de los fondos que el ANSES va a tener a su cargo.
Desde sus comienzos, la política previsional del Gobierno de Kirchner, continuada ahora por Cristina Fernández, tuvo dos caras contrapuestas. Por un lado, hubo aumentos de la jubilación mínima (que, sin embargo, hoy está en apenas 690 pesos) y en la incorporación masiva de personas que no podían cumplir con el requisito de los 30 años de aportes comprobados (más de 1.200.000 nuevos jubilados en esas condiciones). Pero al mismo tiempo, los ingresos de los jubilados que habían realizado aportes mayores, y que por lo tanto tenían jubilaciones mejores, no subieron en la misma proporción. Esta política derivó en que el porcentaje de jubilados que cobraban el ingreso mínimo subió de 17% en 2002 a más de 70% en la actualidad.
Se produjo una distribución interna de los ingresos de los jubilados, donde los que tenían mejores ingresos relativos financiaron a quienes tenían menores ingresos. Mientras tanto el aporte de los empresarios disminuyó, pues no se recuperaron los aportes patronales sobre el salario, rebajados en la etapa de Menem y Cavallo. Quiere decir que fueron los bolsillos de los trabajadores los que subvencionaron el ingreso de nuevos beneficiarios y no la contribución patronal. Además, los ingresos de la ANSES se incrementaron notablemente en el último tiempo, pasando de un déficit crónico a un ingreso superávitario, que ha sido utilizado como fondo de reserva para las necesidades financieras del Estado nacional. Este superávit se explica centralmente porque el aumento de las jubilaciones, pensiones y de todo el sistema de asignaciones familiares ha sido notoriamente inferior al aumento general de salarios en los últimos cinco años.
Una parte central de la política previsional y de seguridad social de Néstor y Cristina Kirchner ha sido la negativa a recuperar la forma de cálculo de la movilidad histórica, pese a los miles de juicios de los jubilados y a la postura de la Corte Suprema en este punto. La reciente aprobación de la ley de “movilidad jubilatoria”, que establece un índice basado en la combinación entre el índice general de variación salarial establecido por el Ministerio de Trabajo y el aumento de la recaudación previsional, es una traba para la recuperación del 82% móvil, que sigue siendo la demanda fundamental de los jubilados. En ese sentido, la falta de reconocimiento de la movilidad jubilatoria es funcional a la acumulación de reservas de la política económica del kirchnerismo.
La gran cantidad de trabajadores en “negro”, es decir sin aportes previsionales ni de sistema de salud, y el pago de una parte considerable de los salarios sin aportes (como sumas fijas no remunerativas), es un gravísimo problema, en dos aspectos : en primer lugar, significa que un porcentaje importante de la clase trabajadora (estimado en alrededor del 40% del total de los asalariados) carece de derechos previsionales, de Obra Social y de derechos sindicales; por el otro, implica un problema para sostener cualquier sistema previsional solidario, que debería funcionar con los aportes patronales y de los trabajadores en actividad en su conjunto. El Estado en todos sus niveles es el mayor empleador y pagador en “negro” de nuestra economía. Exigimos el fin de la precarización laboral en el Estado y una nueva normativa laboral que impida y penalice efectivamente la contratación en negro.
Además, corren peligro las cajas de previsión provinciales. La liquidación de las cajas jubilatorias de la etapa de Menem y Cavallo se detuvo ante el comienzo de las sucesivas crisis financieras en los países “en desarrollo” y los trabajadores estatales de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y otras, no han perdido totalmente sus derechos jubilatorios. Pasada la etapa de mayor inestabilidad, el Gobierno de Kirchner firmó varios convenios de “armonización” con los gobiernos provinciales que busca achicar el déficit crónico de varias provincias y amenaza con desconocer los derechos provisionales de miles de trabajadores.
Para terminar, entendemos que los ingresos previsionales deben destinarse al financiamiento genuino del sistema de seguridad social. Si se respetara el 82% histórico de movilidad jubilatoria, sobre un base de salario promedio de 1.800 pesos para los trabajadores registrados, la jubilación mínima promedia debería estar en el orden de los 1.470 pesos, es decir un aumento de más del 100% en relación a la jubilación mínima actual. Con un retraso similar, encontramos al sistema de asignaciones familiares (hijos, ayuda escolar, matrimonio, nacimiento, etcétera), que además no incluyen a la gran cantidad de trabajadores no registrados (“en negro”) y a los desocupados, que no cobran asignaciones familiares (profundizando de este modo las diferencias sociales al interior de la clase trabajadora).
Los fondos del sistema previsional no deben destinarse ni a pagos de deudas del Estado, ni a cubrir gastos permanentes estatales, ni a compensaciones al capital (subsidios a las empresas de servicios públicos concesionadas, compensaciones a bancos y a las AFJP), sino a generar infraestructura e inversiones productivas.
Aunque hoy la derecha sostenga su discurso en defensa de las AFJP en el peligro de que el gobierno sólo quiera “hacer caja”, no deja de ser cierto que todos los gobiernos la han utilizado para tapar baches fiscales que vaciaron sus arcas. Un sistema previsional superavitario depende de la marcha de la economía y de otros factores, pero también del control efectivo por parte de todos los interesados en que las cajas provisionales no sean saqueadas. Una nueva Ley jubilatoria debe institucionalizar mecanismos de representación, elegidos por voto directo, de representantes de los trabajadores activos y jubilados, que actúen en un control eficiente y con poder real sobre el manejo de los fondos previsionales, además de representaciones de las organizaciones de jubilados, sindicatos y asociaciones de profesionales.
En definitiva, una verdadera recuperación del sistema previsional en nuestro país debe cumplir con los siguientes puntos, que sólo obtendremos en la más amplia unidad de las luchas populares de nuestro país:
1) Recuperar la forma histórica de cálculo de la movilidad jubilatoria, es decir en relación al salario real del trabajador en actividad comparado con el trabajador con el ingreso del trabajador jubilado, y el porcentaje histórico del 82% para la totalidad de los trabajadores de nuestro país. Derogación de la actual Ley de movilidad jubilatoria.
2) Eliminar todas las formas de precarización laboral, como el trabajo en “negro”, los pagos parciales en “negro”, las contrataciones bajo las figuras de locaciones de servicios, las falsas “pasantías”, etcétera, para incrementar los fondos del sistema de seguridad social y otorgar plenos derechos laborales y sindicales a todos los trabajadores. Incorporación de todas las sumas no remunerativas a los salarios básicos.
3) Restituir todos los aportes patronales sobre los salarios, en la etapa de Menem y Cavallo, como forma legítima de incrementar los ingresos del sistema previsional.
4) ANSES bajo control de los trabajadores y jubilados para garantizar que los aportes de los trabajadores y de las patronales sean utilizados centralmente para extender y mejorar el sistema de seguridad social, no como fondos de financiamiento para cubrir las deudas del Estado y de los sectores del capital privado, ni para el pago de la deuda externa y al Club de París, y terminar definitivamente con las pensiones de privilegio. En segunda instancia, debe servir como motor para un desarrollo nacional, a través de un plan de obras públicas, que tome en cuenta las necesidades de las mayorías populares.
Carlos “Perro” Santillán
Luciana Santillán
Corriente del Pueblo
Movimiento Tupac Katari
Movimiento Campesino Jujeño (MOCAJU)
Armando Jaime, MOCEP (Movimiento Campesino Estudiantil y Popular)
Corriente Praxis
Militancia Comunista
Bases Socialistas
Surcos (La Plata)
Colectivo “Rompecabezas”
CIBA (Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires)
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