El proyecto conmovió políticamente al país y le permitió al gobierno retomar la iniciativa luego de la derrota por la Resolución 125. También le dio argumentos a la coalición conservadora para volver al ruedo político. En lo inmediato garantiza el pago de las jubilaciones.
Luego de la derrota frente a la alianza que se tejió alrededor de los reclamos del campo, el gobierno pareció inclinarse por una salida que trataba de agradar a los mercados financieros. Agudizada la crisis internacional, cambió la orientación. El Pago al Club de París quedó para "más adelante"; la apertura del canje a los houldouts se paralizó sin fecha; sólo queda en pie una negociación por los llamados Prestamos Garantizados, bonos entregados en el 2001 a los bancos de los que en 2009 vencen 4.500 millones de dólares. Acto seguido anunció la reestatización de las jubilaciones privadas, lo que implica el pase automático de los afiliados a las AFJP al sistema estatal.
Esta decisión impactó fuertemente en los mercados locales, también en Chile y Perú que tienen regímenes similares y aún en España, que con fuertes inversiones en la región cree ver el peligro -si la crisis mundial se agudiza aún más- de la intervención del Estado en las grandes empresas y el precedente de futuras nacionalizaciones. De hecho la posible expropiación de Aerolíneas Argentinas flota en el ambiente.
No a la solidaridad
En 1994, acompañando la política de privatizaciones de los servicios públicos, se traspasó compulsivamente, por ley nacional, a la totalidad de los aportantes al sistema de reparto al de capitalización. Los trabajadores solo tuvieron 90 días para optar por quedarse en el sistema estatal, lo mismo ocurrió con los nuevos trabajadores que ingresaban al mercado laboral. Así se transfirieron al sector privado unos 4000 millones de dólares al año, acentuando el vaciamiento de las cajas de jubilaciones estatales. Por otra parte se rompía con un criterio histórico de solidaridad previsional. Aquél que dice que las generaciones presentes con sus aportes colaboran al retiro de las generaciones pasadas.
De las 24 AFJP originales hoy quedan en actividad sólo 10, que atienden a 9,5 millones de afiliados de los cuales aportan efectivamente solo 3,6 millones. Durante estos años cobraron por adelantado unos 15.000 millones de dólares en concepto de comisiones y gastos de administración, que llegaron a ser del orden del 20 ó 30 por ciento del capital aportado. El sistema funcionaba así: la ganancia de las AFJP estaba garantizada, no había riesgo empresario, mientras que el capital acumulado por los afiliados dependía del sube y baja de los mercados bursátiles y del criterio inversor de las compañías. El sistema está sometido a la lógica del mercado y armado para períodos de alta rentabilidad, pero no tiene resguardo social alguno cuando la rentabilidad baja o las inversiones dan directamente pérdidas como ahora.
De los actuales 445.000 beneficiarios del sistema de jubilación privada, el Estado concurre al pago de las prestaciones en el 77 por ciento de los casos. 179.000 reciben complementos para que el cobro no sea inferior a la jubilación mínima establecida por ley, en tanto que 33.000 tienen ya su cuenta de capitalización consumida por lo que el Estado paga sus haberes completos. Esto implica erogaciones de las cuentas públicas por unos 6.000 millones de dólares al año.
Los cuestionamientos
a) Es una decisión estratégica del gobierno orientada a garantizar el pago de las jubilaciones ante la fuerte pérdida de rentabilidad de las AFJP y el fracaso del sistema. A esta altura no hay dudas que la jubilación privada ha resultado un fracaso por donde se la mire. No garantiza el pago de jubilaciones y pensiones a los beneficiarios de ese sistema, por lo que el Estado acude en su ayuda. No resulto útil para formar un mercado de capitales para financiar obras de infraestructura e inversiones productivas, tal lo planteado en los objetivos originales. Por si algo faltara no han ampliado la cobertura social que fue del 60% y ahora lo es del 40%, con tendencia a la baja.
b) El Gobierno busca ingresar fiscalmente los fondos del sistema privado de capitalización y así poder hacer frente a los vencimientos de la deuda pública que alcanzan en los próximos tres años los 38.358 millones de dólares. Las estimaciones conocidas indican que con el traspaso de las jubilaciones privadas ingresarán a la caja fiscal del Estado un flujo de unos 4.100 millones de dólares anuales y a la ANSES un fondo de inversiones valuado en 30.000 millones de dólares. Con lo que el Estado tendría el financiamiento asegurado.
Algunas respuestas
Así como está el sistema de jubilación privada no es sustentable y el Estado se ve en la necesidad de transferirle cada vez más recursos para sostenerlo. Quienes cuestionan la reestatización por inconsulta olvidan que cuando el sistema fue creado se hizo también en forma compulsiva y el Estado traspasó a las AFJP miles de millones de dólares.
Quienes plantean que los fondos depositados son de propiedad privada de cada uno de los afiliados desconocen que esos fondos fueron aportados por ellos, pero que no son de libre disponibilidad. Esto es: no pueden presentarse en la ventanilla de la AFJP y decir "quiero mi dinero".
Cuando liberales y neoliberales cuestionan la decisión política acusando al gobierno de hacerse de fondos para mejorar el superávit fiscal, algo bastante obvio, olvidan que cuando ellos proponen enfriar la economía, subir las tasas de interés y reducir el gasto público es precisamente para aumentar el superávit fiscal y también para hacer frente a las obligaciones estatales.
¿Cual es la diferencia? Que para ellos cuando el ajuste para hacer caja lo pagan los trabajadores y las clases populares está bien. Ahora, cuando la caja se hace ajustando al sector financiero, como es el caso actual, está mal. Se cuestiona porque es para pagar deuda. Lo que unos y otros ocultan es que en tanto se insista en "honrar las deudas" sin investigarlas, sin distinguir la comercial de la financiera, sin esclarecer cuanto de lo adeudado es legítimo y cuanto no, este gobierno y cualquier otro que venga se verá en la necesidad de hacer caja como pueda, porque los vencimientos son vencimientos.
El debate sigue
Cuando esta nota sea publicada seguramente el proyecto ya habrá salido aprobado de la Cámara de Diputados con modificaciones, las principales condicionan el uso de los fondos sólo a pagos del sistema provisional, establecen que la ANSES no cobrará comisiones por la administración de los fondos, no podrá invertir en el exterior, y se crean dos comisiones de control: una bicameral y otra asesora, en esta última los miembros serían designados por el gobierno.
Así como está el proyecto mejora la situación actual, pero no puede considerarse un proyecto integral: no contempla el efectivo 82% móvil, no resuelve una jubilación universal para todas las personas por el solo hecho de tener la edad jubilatoria, no hay garantías de financiamiento en el largo plazo, no hay autonomía real de la ANSES. Al menos recupera el rol del Estado y el principio de solidaridad intergeneracional. Vendrán nuevos debates.
Eduardo Lucita, Integrante del Colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
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