Juicios a los genocidas y ¿cárcel común?

ANRed

El tribunal tucumano que juzgó a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi los condenó a prisión perpetua por el secuestro, la desaparición y el homicidio del senador Guillermo Vargas Aignasse. Sin embargo, los jueces decidieron postergar su decisión acerca del lugar en que los genocidas deberán cumplir sus condenas. Todo parece indicar que se mantendrán los privilegios de los que goza Bussi, cuestión que ya suscitó un debate acerca de la cárcel común para los genocidas.
La indefinición del tribunal tucumano sobre el lugar en que Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi deberán cumplir la condena a prisión perpetua reavivó el debate acerca de la necesidad de que los represores cumplan sus penas en cárceles comunes. Los privilegios de los que gozan los genocidas quedaron en evidencia tras el envenenamiento de Héctor Antonio Febres, ocurrido el 10 de diciembre último. A lo que se le suma, la fuga días atrás de Julián "Laucha" Corres, torturador que estaba alojado en una comisaría y compartía grandes tertulias con el responsable de esa dependencia. El domingo último, el matutino Página/12 dio a conocer una lista de privilegios que gozan los represores, que van desde jornadas de gimnasio y natación y caminatas hasta traslados "todas las veces que sean necesarias" al hospital militar para aplicarse inyecciones o procedimientos similares. Todas prerrogativas impensables para un preso común.
En Tucumán, la postergación sobre el lugar donde Bussi debería cumplir la pena de reclusión perpetua despertó la furia de los que esperan afuera del Tribunal. Era el primer juicio que se llevaba adelante en esa provincia y desde días antes se podía percibir que el genocida iba a conservar sus privilegios, que iba a "continuar detenido" en el country de Yerba Buena. "Pareció una provocación la condena a perpetua y que no definieran la cárcel común ya en ese momento. Parece que hubiese estado pensado para generar la represión que hubo posteriormente en el exterior del Tribunal", afirmó Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).
Calvo bosquejó las dos opciones que permiten explicar la postura asumida por los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi: "Si le van a dar finalmente cárcel común aparece como una provocación para justificar esa represión y volver a la teoría de los dos demonios, porque es tan malo el que estaba siendo juzgado adentro como los otros que estaban afuera contra la domiciliaria. La otra es que le continúen la domiciliaria y que la postergación haya sido para no soportar más protestas". La respuesta al interrogante estará recién el próximo jueves 4.
En tanto, en el juicio que se está llevando adelante en los tribunales de Comodoro Py las cosas no parecen muy diferentes. El Tribunal Oral Federal 5 se negó a hacer lugar al pedido de las querellas de Justicia YA! a revocarles la excarcelación a los ex brigadieres César Comes e Hipólito Mariani así como a terminar con la prisión domiciliaria del ex teniente coronel Alberto Pedro Barda. A pesar que desde el Poder Ejecutivo, se escuchó protestar contra la prisión domiciliaria y en unidades militares para los genocidas, el representante del Ministerio Público Fiscal, Félix Crous, adhirió a la decisión de los magistrados.
"Es una contradicción o es el doble discurso. Las excarcelaciones no producen cosa juzgada, pueden revocarse u otorgarse por diversas razones, aún cuando los tribunales superiores hayan confirmado tal privilegio. Entiendo que un acompañamiento de la Fiscalía al pedido de las querellas de cárcel común no la desubicaba frente al Derecho o al tribunal. Lo que sí produjo fue una fuerte desubicación frente a los querellantes y a los sobrevivientes. Más teniendo en cuenta que estamos a un mes de una sentencia y que los procesados no sólo pueden profugarse sino también "suicidarse" o, como sucedió con el represor Febres, que lo maten. Y los sobrevivientes o sus familiares otra vez deberán soportar que los genocidas mueran "inocentes", es decir, sin condena", manifestó la abogada Liliana Mazea.

¿Por qué cárcel común a los genocidas?
El reclamo de cárcel común para todos los genocidas es una de las consignas históricas por las que lucharon los organismos de Derechos Humanos. En muchas ocasiones, se ha remarcado que la Justicia con los privilegios que concede a los procesados por crímenes de lesa humanidad avala la impunidad. Con la dilación del jueves pasado, los jueces tucumanos volvieron a hacer su aporte a este argumento. También, el Tribunal Oral Federal 5 y el fiscal Félix Crous hicieron oídos sordos al reclamo de Justicia YA! para que los tres represores del Primer Cuerpo que están siendo juzgados sean derivados a una cárcel común.
"Tendrían que estar en una cárcel común porque son los peores asesinos, cuando uno recuerda lo que eran los campos de concentración, las cosas que ellos impulsaban, hacían, miraban, se complacían en presenciar y ordenar que otros hicieran son tan aberrantes que no les caben otra pena", sostuvo Adriana Calvo.
Por su parte, Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), remarcó la importancia desde lo social que implica la condena a cárcel común de los genocidas. "Es evidente que desde lo simbólico para la sociedad es más importante que la condena a perpetua la necesidad de cárcel efectiva. Eso se vio en Córdoba, cuando el momento de festejo social fue el momento en que se lo manda a Menéndez a cárcel efectiva y la frustración que en Tucumán implicó la postergación".
La impunidad que se pudo percibir el jueves por la tarde en Tucumán es la misma que se ha venido manifestando desde la apertura de los juicios, después de anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. "Desde la desaparición forzada de Julio López, los secuestros que le siguieron a militantes de derechos humanos, las amenazas a jueces, abogados y testigos, marcan la exigencia de cárcel común, perpetua y efectiva a todos los que perpetraron el genocidio en nuestro país", enfatizó la abogada Liliana Mazea, de la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA).
La abogada Myriam Bregman también coincidió con Mazea acerca de la necesidad de que los genocidas sean destinados a unidades penitenciarias comunes. "El hecho de que los genocidas que están siendo juzgados estén libres envalentona a todo el mundo, es un gran estímulo para que amenacen a los testigos", sostuvo en referencia al último ataque sufrido por Mario Galvano, testigo y querellante en el juicio contra los represores del Primer Cuerpo que están siendo juzgados en los tribunales de Comodoro Py.

¿Cuál es el rol del Gobierno para asegurar la cárcel común y efectiva a los genocidas?
A principios de año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se manifestó como una fiel defensora de la cárcel común para aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, que- según sus cálculos- serían unos 900 represores. Sin embargo, el Gobierno pareciera relegar esas decisiones a los jueces y parece no tener muy articulado el mecanismo para instruir a los fiscales, dado que no en todos los juicios el ministerio público se ha manifestado a favor de la reclusión en unidades penitenciarias.
"Esto se podría resolver fácilmente con una ley del Congreso. Hay una tendencia del Gobierno a dejarlo en mano de los jueces cuando hay un poder legislativo que ha sido muy permeable a la ofensiva de derecha, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Blumberg, donde se impedían las excarcelaciones y las atenuaciones a la prisión preventiva en el caso de la inseguridad", sostuvo Godoy. Además, agregó: "El Congreso con una ley podría impedir, con una modificación que es de forma y no de fondo, que sería decir que en los casos de delitos de lesa humanidad no corresponde ningún tipo de atenuación de la pena. Esto lo deja muy en claro el juez Carlos Rozanski en el fallo donde confirma la prisión efectiva de Christian Von Wernich, diciendo que, en definitiva, la prisión domiciliaria sería una de las formas del Estado de eludir la obligación de condena que tiene de los que fueron crímenes de lesa humanidad".

¿Un precedente para la impunidad?
Juicios llevados adelante a cuentagotas, un mensaje presidencial que presagia el fin de los juicios para dentro de cuatro años y absoluciones constituyen el mapa del "hacer justicia" en la Argentina. "Hay una política de demorar las causas juzgando de a un caso por vez, no a todos los represores sino a pocos. De esa manera se van muriendo", resume Adriana Calvo. A lo que Godoy añade: "Está claro también que la lucha de los represores- a esta altura- no es por evitar las condenas sino por evitar la cárcel efectiva".
Y el genocida Bussi dejó bien en claro que no quería ni afrontar el juicio ni la condena, no dudó en escudarse en una supuesta enfermedad y en su avanzada edad. "Por ejemplo-aporta Mazea-, en la causa Miguel Etchecolatz, el Tribunal Oral que lo juzgó dijo que la atrocidad no tiene edad, y agregó en la sentencia al cura Von Wernich que la peligrosidad tampoco. Y resaltó este tribunal que otorgar la prisión domiciliaria 'significaría en la práctica una nueva versión disfrazada de legalidad, de las leyes de obediencia debida, punto final y de los indultos que tanto vulneraron el sistema de protección de Derechos Humanos al que Argentina orgullosamente pertenece' ".
Lo que es evidente es que si la justicia tucumana decide que Bussi permanezca en el country no sentará un precedente jurídico pero sí un antecedente político. "Está claro que este mismo tribunal si no le da cárcel común ahora, tampoco se la va a dar después cuando se lo acuse de todas los crímenes por los que hay que acusarlo. Por otro lado, esto sienta precedente político. Los tribunales que tienen muchas ganas de dejarlos a los genocidas que se vayan a sus casas más que juzgarlos, con esto se ven perfectamente cubiertos y más con un caso como el de Bussi", afirma Calvo.
Bregman adhirió a lo planteado por la integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos: "Es un precedente enorme. Un genocida que actuó tanto en democracia como en dictadura. También hay que sumarlo a que juzgarlo por un solo caso permite desdibujar el conjunto del plan que comandó Bussi. Todos los que permitieron que este caso, incluido el fiscal, llegue a juicio sólo por un caso fueron cómplices de que se desdibuje la responsabilidad del represor y terminé como que es un 'pobre viejito' y no un terrible genocida como si se lo hubiera acusado por todos los crímenes cometidos en Tucumán".
La tendencia no es uniforme ni todos los juzgados han actuado de la misma manera a la hora de enjuiciar a represores. Si embargo, pareciera existir un dispositivo aceitado en los tribunales para preservar la impunidad. "Mientras tengamos juicios en fascículos coleccionables que impidan demostrar la dimensión del genocidio perpetrado por los hoy procesados-insiste Mazea-, mientras los testigos tengan que declarar por su caso y por el de otros compañeros de cautiverio, revictimizándolos, mientras los tribunales condenen con prisiones domiciliarias o haya absoluciones por admitir las excusas que los genocidas pergeñaron para esquivar una sentencia condenatoria, se achica la justicia y también se acrecienta la impunidad".
La necesidad del juicio y el castigo a los genocidas
Es justamente para combatir la impunidad que gozaron los represores que es necesario que se lleven adelante los juicios y que sean orales y públicos. "Cuantos más juicios se oralicen y publiciten, la sociedad ensanchará o ampliará el conocimiento sobre la verdad y la dimensión de lo ocurrido", apunta Mazea.
"La impunidad enfermó a esta sociedad", sostiene Adriana Calvo. No fueron pocos los años en que los represores se escondieron detrás de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos; tampoco la Justicia se ha demostrado ágil en castigarlos por sus crímenes. Esas son las marcas que quedaron estampadas en la sociedad. "Estos años de impunidad no se terminan con cuatro juicios. Es justamente porque subvierte los valores que las consecuencias de estos años de impunidad son más atroces que las consecuencias propias del genocidio", recalca Calvo.