En una primera instancia el caso se presentó como un extravío. El niño, luego de almorzar en la casa de su abuela materna -quien reconoció que no mantenía vínculo con su nieto-, había ido a juntar naranjas con sus tíos, un conocido de estos y otros niños. Allí se habría separado del grupo, según la primera versión, en una zona que no conocía. Se montó un operativo de búsqueda por las zonas aledañas durante siete días. La policía, se sabe ahora, plantó pruebas -una zapatilla de Loan, supuestas huellas- para desviar la atención y evitar que se investiguen otras hipótesis.
La causa dio un giro cuando se conectó la desaparición de Loan con la presencia de una funcionaria de la Municipalidad de 9 de Julio, María Victoria Caillava, y su marido Carlos Pérez, un capitán de navío de la Armada retirado, en el almuerzo con Loan en la casa de su abuela. En dos vehículos de su propiedad se encontraron rastros de que el niño fue traslado en ellos. Mientras se desarrollaba la búsqueda desesperada de Loan, el comisario de la zona, Walter Maciel, en plena madrugada, difundió información falsa sobre la supuesta aparición del chico para despejar de controles la ruta. En su descargo, la funcionaria Caillava dijo que en esas horas tuvo que abandonar la localidad y viajar a la ciudad de Corrientes capital para un tratamiento médico.
La conclusión de los investigadores es que de allí habrían llevado a Loan hasta Chaco. A raíz de esto, quedaron implicados Caillava, su esposo y el comisario Maciel, quien tendría un historial de denuncias por abusos y atropellos de todo orden. Finalmente trascendió que el comisario presionaba a los vecinos de la zona para que no participaran en las marchas por Loan. La hipótesis más firme actualmente es que los tres actuaron en complicidad con la familia o parte de ella. La causa quedó caratulada finalmente como “captación de menores con fines de trata” y pasó al fuero federal.
El caso ha puesto en evidencia la actuación de una red de trata con vasos comunicantes con el Estado. El propio intendente de 9 de Julio, en una entrevista anterior al cambio de carátula de la causa, dijo que el caso podría estar vinculado al narcotráfico o la trata de personas. En sus propias palabras: "Acá hay mucha mafia y porquería. Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo".
Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aliado de La Libertad Avanza, se mantuvo en silencio. Obligado por los hechos, a 11 días de la desaparición dio la primera conferencia de prensa. Prometió que se aplicará “todo el peso de la ley” a los involucrados, no importa el grado o cargo que puedan tener. Además de las personas ya detenidas, hay responsabilidad del poder judicial y ejecutivo. Distintas organizaciones que defienden los derechos de las infancias, como Missing Children Argentina, denuncian que no se activaron oportunamente los protocolos que corresponden para estos casos, dejando así abiertas todas las fronteras provinciales durante los primeros días de la búsqueda. Saltó a la luz también la política de Milei y el gobierno libertario de desfinanciamiento de los programas de lucha contra la trata. Alguien recordó incluso la posición del presidente durante la campaña favorable a la venta de niños para explicar el alto grado de negligencia del Gobierno. La cartera de Seguridad que encabeza Bullrich, tan presurosa al momento de reprimir protestas, demoró varios días en tomar medidas.
De las crónicas periodísticas surge que el pueblo de 9 de Julio desde un comienzo desconfió de la actuación estatal. Hubo numerosas marchas reclamando la aparición con vida de Loan. Las evidencias sobre la actuación de una red de trata ha provocado un repudio generalizado y se están convocando marchas en distintas localidades de Corrientes. En la capital de la provincia, se marchará a la casa de gobierno.
El caso de Loan ha desatado una crisis política porque puso de relieve, de manera candente, ´aquello que todo el mundo sabe´: la explotación de la miseria social y humana para que un niño sea entregado por sus familiares, el tráfico de personas para su explotación e incluso adopción ilegal, en el caso de los niños; la complicidad de la policía y del poder político, indispensables, para cubrir la ´logística´ de la captación y el traslado, por medio del control sobre el transporte y las fronteras. Se ha desatado una crisis.
Se impone la movilización popular por la aparición con vida de Loan y el castigo a todos los responsables, incluidos los políticos y sus encubridores.
Alejandra del Castillo
24/06/2024
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