Después del informe donde traza un balance de la situación económica y financiera de Argentina, el FMI publicó su “hoja de ruta”, es decir, aquello que anticipa y recomienda para el país. Lo que ve por delante es la “desafiante” (sic) deuda pública. Para 2025, Argentina enfrenta vencimientos equivalentes a 50.200 millones de dólares, el 60% en moneda extranjera. Por eso, el Fondo advierte que es “crucial (…) acceder a los mercados de capitales internacionales a finales de 2025”, para poder pagar esta deuda con nuevo endeudamiento, algo que es, a sabiendas, imposible, por la magnitud de esas obligaciones. Con ese propósito cuestionable, el FMI reclama una nueva devaluación del peso que desbloquee la retención de la cosecha de soja por parte del agronegocio. Devaluar para pagar la deuda, y aumentar la tasa de interés para que ingrese el capital golondrina, es la hoja de ruta del FMI.
El planteo ha producido el furioso rechazo tanto de Caputo como Milei, desatando una crisis política de alcance incierto. El dúo liberticida se aferra a una devaluación del dólar, no del peso, para evitar una nueva estampida inflacionaria y para desvalorizar la deuda pública, sea en dólares o en pesos que se ajustan al dólar y a la inflación. Pero las ‘recomendaciones’ devaluatorias del FMI han desatado un movimiento contrario al propósito de la pareja oficialista: han disparado la demanda de los títulos mencionados y una retención de mercaderías aún más dura por parte de los exportadores. El Fondo no sólo `aconseja´: le está moviendo el arco al gobierno libertario. Para desgracia de los arribistas de este gobierno, el dólar se está valorizando a nivel internacional, provocando la devaluación de las monedas periféricas, con la probable excepción del rublo.
Dolarización
Milei-Caputo han quedado acorralados. El presidente, en su lugar habitual, o sea, en el extranjero; Caputo, con invectivas por “X”, jurando que no habrá devaluación. Saben mejor que nadie que el levantamiento del cepo y la devaluación podrían detonar a la bomba de tiempo que ellos mismos diseñaron: financiar el superávit fiscal, suplantando el pago de los gastos del Tesoro mediante el incremento de la deuda. A esto se ha agregado la reconversión, todavía muy incompleta, de la deuda del Banco Central con los bancos en una deuda del Tesoro, que deberán pagar los contribuyentes. La deuda ha crecido, desde diciembre pasado, en el equivalente a 65 mil millones de dólares. Además de ajustarse por dólar o inflación, sus tenedores se benefician de un seguro del Banco Central, que está obligado a comprar los títulos por el único medio que dispone –la emisión monetaria.
Milei-Caputo han reaccionado mal al Fondo, porque las exigencias de éste destruyen la política de dolarización que estaban ejecutando. El plan de congelar el valor de la base monetaria (o los pesos en circulación) y habilitar el uso del dólar para mayores operaciones financieras, no ha tenido otro propósito que arribar, a término, a una dolarización, o sea a la circulación del dólar para transacciones corrientes. La crisis política que se ha desatado podría llevar a un nuevo episodio hiperinflacionario, en caso de devaluación, o a un golpe dolarizador que salve la continuidad del gobierno. Pero la dolarización, sin un ingreso masivo de dólares del exterior o del circuito monetario paralelo, haría colapsar la economía, por el derrumbe que provocaría en el crédito comercial.
Milei y Caputo han tratado de conseguir esos dólares mediante negociaciones en el exterior que no dieron en nada, aparentemente, y en un blanqueo de capitales cuyo resultado es una incógnita.
Una crisis de conjunto
El emplazamiento económico del FMI -y la crisis política que conlleva- se produce en las vísperas del tratamiento final de la Ley Bases. El gobierno deberá aceptar la versión de la ley recortada por el Senado, en especial las privatizaciones, aunque no en el paquete fiscal, donde se insistirá en la versión aumentada del impuesto al salario, en la reducción del impuesto a bienes personales y en el blanqueo. Para esto, Diputados deberá ingresar en la inconstitucionalidad, porque no está autorizado a insistir en las leyes y artículos rechazados por el Senado.
La crisis abierta ha dejado en un segundo plano la noticia de la caída de un 6.5% del PBI, un hundimiento sólo equiparable al de la pandemia o la crisis de 2002. La desocupación ha subido al 8%, aún contando como ocupados a los inscriptos en el monotributo social y en el Potenciar Trabajo.
Un error frecuente en la caracterización de la situación política consiste en no advertir que las contradicciones de fondo del capitalismo, incluidas las guerras, se han convertido en el factor dinámico o irreprimible de la crisis política en su conjunto. Esto significa que penetrará profundamente en todas las clases sociales –de arriba, el medio y abajo– hasta alcanzar un carácter histórico. Las encuestas electorales son, al respecto, un GPS desconectado de los satélites; las mismas clases sociales se encuentran rezagadas en la comprensión de la crisis que atraviesa la humanidad, el capitalismo en su conjunto y, como es natural, uno de sus eslabones más débiles –Argentina.
La tarea fundamental de este momento es clarificar en la clase obrera el impasse catastrófico de la economía y la política capitalista, y hacerlo por medio de un programa de transición que demuestre la viabilidad de las reivindicaciones obreras y populares una vez que se conviertan en el motor de una movilización de masas.
Marcelo Ramal
25/06/2024
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