La intervención de la brigada en la entrada y en la tribuna del Estadio Islas Malvinas en Floresta para detener a estos hinchas, tiene la excusa de la ley aprobada en junio de 2020 por la Legislatura porteña, que ratificó el acuerdo Netanyahu-Trump y otra decena de Estados, incluída Argentina, que prohibe las expresiones y críticas contra el Estado de Israel, incluso con los votos de los legisladores del FIT U, Gabriel Solano y Myriam Bregman. Lo que debería sorprender en un acto como este es la casi nula movilización, en Argentina, contra una masacre que la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas han calificado de “crímen de lesa humanidad”, y la comparecencia al tribunal del jefe de gobierno sionista, en calidad de “criminal de guerra”. La Justicia de Argentina desecha el sumario iniciado por la CPI, que involucra también a los líderes de Hamas por el asalto a las colonias del sur de Israel y la muerte de más de mil personas, y amenaza con procesar a los hinchas del blanco y negro. Esta hinchada, a fines de 2001, había tomado por asalto la comisaría del barrio, despues de la masacre de tres jóvenes, por parte de un policía, porque estaban festejando las movilizaciones populares que ocurrieron en esa fecha. En el caso de lo ocurrido en el nuevo Gasómetro también fue secuestrada una bandera de Palestina en la tribuna, aunque en este caso no había expresiones directas contra Israel ni contra la comunidad judía. No puede ser caracterizado como antisemitismo el ataque político contra instituciones como la DAIA de Argentina, o la AIPPAC, Estados Unidos (vinculada a Donald Trump), cuando operan como lobbistas de un gobierno calificado como “criminal de guerra”, por las más altas instituciones judiciales internacionales.
Juan Arrecegor
11/06/2024
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