Tras la ajustada aprobación en general de la Ley Bases (36 contra 36), que requirió el desempate de la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, el proyecto pasó discutirse título por título, con derrotas oficialistas en Ganancias y Bienes Personales, colaboración kirchnerista en el polémico Rigi y la aprobación de la reforma laboral antiobrera.
El gobierno nacional llegó a la votación en general luego de diversas modificaciones al dictamen original del Senado, para negociar su aprobación, entre las que se destacaron cambios de última hora en el Régimen de Incentivos a los Grandes Inversores (Rigi), la quita de tres empresas estatales del listado de objetivos privatizables y la continuidad de las moratorias jubilatorias.
La oposición, la más verborragia y la que negoció hasta último momento sin acuerdo, rechazó la votación en general y le infringió al gobierno alguna derrota parcial, como el caso de Ganancias con la votación en contra de los senadores patagónicos –que habían pactado el diferencial del 22% por zona desfavorable- y Bienes Personales, pero garantizando el quórum para que avance el resto del paquete antiobrero.
Mismo favor le hicieron al gobierno los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes tras afirmar que no darían quórum bajaron para votar la ley en general y luego se marcharon, facilitándole los números al oficialismo para aprobar las delegaciones de facultades (35 a 35 y desempate de Villarruel) y las privatizaciones. Se trata de dos senadores que pasaron toda la jornada rosqueando y negociando con el gobierno.
Carambia es quien había negociado su voto favorable al dictamen para cambiar el tope de las regalías mineras del 3 al 5%. El oficialismo terminó estafándolo con una redacción capciosa que leva el tope solo para las “nuevas” inversiones.
Rigi y blanqueo
Llamó la atención la votación particular del título atinente al Rigi donde el oficialismo amplió su ventaja con la colaboración de senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy), de Unión por la Patria, para bancar el lobby de las grandes multinacionales.
Otra novedad fue la aprobación por “unanimidad” del blanqueo de capitales y la moratoria fiscal para los capitalistas: en materia de beneficios al capital privado no hay brecha alguna en el Senado.
En el mismo sentido, una mayoría abrumadora de 60 contra 5 respaldó los negocios del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, del cual uno de los grandes beneficiados es la familia Caputo con su empresa Mirgor.
El capítulo dedicado a la reforma laboral antiobrera fue aprobado sin muchos reparos, gracias a este espíritu colaborador de la oposición patronal y en sintonía con lo expresado por los distintos representantes políticos patronales en los últimos meses.
Incluso llegó a incluirse a última hora, y por afuera del dictamen oficial, la reforma impositiva del tabaco, aunque con una votación menor y muchas abstenciones.
Cómo sigue
Lo que resta por verse es qué pasará ahora en Diputados, donde se originó la presentación del proyecto de Ley Bases y donde los diputados tienen la potestad de aprobar las modificaciones realizadas en el Senado o insistir con el proyecto votado en la Cámara Baja.
A estas horas circulan múltiples interpretaciones sobre los alcances de este proceso de aprobación/revisión.
El propio Guillermo Francos señaló que buscarán recuperar los capítulos rechazados en el Senado, así como redacciones originarias del proyecto, lo que no está claro que sea posible y demandaría nuevos acuerdos y roscas con la oposición patronal.
Lo que ha dejado de manifiesto esta votación es el carácter servil de la oposición política patronal y las reservas de lucha de la clase obrera que, pese al fuerte operativo represivo, rodeó el Congreso de la Nación para rechazar la Ley Bases, manteniendo cacerolazos y puntos de concentración durante toda la noche. Una buena señal de que existe una oposición real al plan de ajuste del gobierno nacional y sus colaboradores.
Marcelo Mache
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