Por el atentado terrorista realizado el 18 de julio de 1994 a la mutual judía, en el que murieron 85 personas, se realizaron varios juicios. El primero de ellos investigó la llamada conexión local, en el que estuvieron acusados un grupo de policías bonaerenses de ser responsables de llevarse la camioneta bomba. El juicio terminó con todos absueltos, ya que el tribunal llegó a la conclusión de la acusación surgió de un pago ilegal ordenado desde el juzgado y la central de inteligencia. Por estas irregularidades, en 2005 el gobierno de Néstor Kirchner decretó la responsabilidad del Estado por no haber esclarecido ni haber prevenido el atentado y se comprometía a tomar una serie de iniciativas para acometer con sus obligaciones. Nada de esto sucedió. En marzo de este año desde Memoria Activa afirmaron en un documento que “pasaron los gobiernos, pero nadie las cumplió”. En este cuadro de situación, la CIDH elevó el caso “Memoria Activa contra el Estado argentino” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto se ordenó al Estado indemnizar a las víctimas.
Un nuevo juicio se llevó adelante entre 2015 y 2019 por el llamado encubrimiento a la investigación, en el que fueron condenados el ex juez de la causa Juan José Galeano, los ex fiscales, el que fuera titular de la central de inteligencia, Hugo Anzorreguy y Telleldín por el cobro de 400 mil dólares en la antesala del segundo aniversario del atentado.
En abril de este año, la Cámara de Casación Penal estableció dos sentencias en este caso, confirmando la mayoría de las condenas por las anomalías cometidas al inicio de la investigación del atentado. En este sentido, el ex juez Galeano quedó condenado a cuatro años y los ex ficales Eamon Mullen y Jose Barbaccia, fueron sentenciados a dos años. Se absolvió. además, a todos los involucrados en la llamada “pista Siria”, referida al desvío de la investigación que en un primer momento apuntaba a un sirio libanés, Alberto Kanoore Edul, vinculado con Carlos Menem, otro absuelto en primera instancia por el encubrimiento. El reducidor de autos Carlos Telleldin fue absuelto. En este proceso judicial el juez Carlos Mahiques sostuvo que los atentados a la embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994 fueron instigados por la República Islámica de Irán y llevados adelante por Hezbollah. También el fallo sentenció que el atentado a la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad”, permitiendo al Estado argentino demandar a Irán. Sobre esta sentencia, la Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), a través de un comunicado afirmó en su momento que el fallo “tira abajo la evidencia acumulada durante 30 años y varios Juicios Orales (…) Sin embargo, las pruebas son concluyentes: el Estado argentino sabia del atentado antes de su realización y organizó el encubrimiento político posterior.” Y proseguía afirmando que “el fallo del máximo tribunal penal no solo no aporta al esclarecimiento del atentado, sino que niega cualquier posible responsabilidad o participación del Estado argentino en la comisión de este crimen político.”
Conjuntamente con el gobierno de Milei, quien celebró el fallo del tribunal fue el Congreso de los Estados Unidos que destacó “el enorme coraje de los jueces” por responsabilizar a Irán por los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.
Desde APEMIA, en el mismo comunicado, llegaban a la siguiente conclusión:“Estamos frente a una campaña política y de comunicación que se viene gestando desde hace años. Pretende negar cualquier responsabilidad del Estado nacional en la comisión del crimen y su encubrimiento, en medio de un contexto internacional abrumador: el nuevo alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel en sus políticas de guerra y genocidio en Medio Oriente. Resulta evidente que la sentencia de Casación se inscribe en esa perspectiva. El Estado argentino y sus socios internacionales vuelven a poner el tema AMIA al servicio de una política de agresión contra los pueblos.”
La sentencia de la Corte Interamericana representa un mojón en relación con las políticas de encubrimiento que se llevaron adelante desde un primer momento desde el gobierno de Menem en adelante, con la anuencia del poder judicial, los servicios de inteligencia y sectores de la comunidad judía.
Cumbre antiterrorista
El 17 de julio, un día antes de que se cumplan 30 años del atentado a la mutual judía, Milei encabezará una “cumbre antiterrorista” en Buenos Aires. Está organizada por el Congreso Judío Latinoamericano, el Congreso Judío Mundial, la DAIA y la AMIA. De la misma participaran más de 200 dirigentes judíos de diferentes países, funcionarios de los Estados Unidos y mandatarios regionales, como Lacalle Pou y Santiago Peña, que ya han confirmado su presencia.
En 2019, durante el gobierno de Macri se realizó una cumbre de similares características. De la misma participó el entonces secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, Mike Pompeo.
Quien tendrá un rol protagónico en la cumbre es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien tiene aceitados nexos con el sionismo y encabezará un foro de ministros de Seguridad e Interior con funcionarios de América, Europa e Israel. A su vez se realizarán dos foros más, uno de Parlamentarios, que va a ser presidido por Martín Menem y otro para la “lucha” contra el antisemitismo y discriminación, organizado por la canciller Mondino.
Milei no solo ha cerrado filas con el sionismo, sino que lo ha hecho con los sectores más reaccionarios de este movimiento, la corriente Jabad Lubabitch, que lo consagró como “embajador de la luz”.
El alineamiento de la Argentina con el sionismo no comienza con la presidencia del liberticida. El primer presidente en pisar suelo Israelí fue Carlos Menem. Durante los gobiernos kirchneristas se firmó un acuerdo de libre comercio con el estado de Israel y Cristina Fernández en su visita al país en 2005 declaro su “admiración por cómo el pueblo judío defiende sus derechos (sic) y que una de sus ventajas es ser un pueblo que posee memoria.” Durante la presidencia de Mauricio Macri por primera vez un primer ministro israelí, el genocida Benjamín Netanyahu, arribó a la Argentina. Por su parte Alberto Fernández en uso de sus funciones presidenciales realizó el primer viaje de su administración a Israel y Jerusalén. Así, el largo brazo del sionismo atraviesa a todos los gobiernos cómplices del encubrimiento de los atentados.
Así las cosas, la cumbre patrocinada por los libertarios representa un salto en la política de alianza con el Estado de Israel y el imperialismo yanqui, en medio de la masacre sionista en la Franja de Gaza.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino no solo debe representar un punto de apoyo en la búsqueda de justicia del atentado de la AMIA, sino también debe servir para develar el carácter encubridor de todas las fuerzas políticas actuantes del atentado para acá, utilizado políticamente por el sionismo para justificar la masacre perpetrado contra el pueblo palestino y el imperialismo yanqui, principal promotor de la extensión de la guerra a Irán.
El esclarecimiento del brutal atentado antisemita de 1994 sólo podrá ser precedido por el desmantelamiento del “Estado de servicios” y sus jefes políticos y judiciales. En ese banquillo deberán sentarse todos los partidos de la burguesía argentina.
Lucas Giannetti
21/06/2024
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