No alcanza con tener trabajo para no ser pobre.
El Frente de Todos llega al fin de su mandato habiendo roto incontables promesas relacionadas con los intereses de las mayorías y cargando a cuestas la responsabilidad de haber hundido a la pobreza a nuevos contingentes de trabajadores ocupados, incluso en el sector registrado, donde dos de cada diez viven en hogares pobres. La narrativa “nacional y popular” del gobierno se disipó rápidamente como resultado de una gestión embarcada en la ruta del FMI y de los capitalistas.
En primer lugar, no solo no regresó el asado a la vida de las familias trabajadoras, como aseguró Alberto Fernández al momento de asumir, sino que ocurrió todo lo contrario, considerando que el salario promedio del tercer trimestre 2022 podía comprar un 30% menos de carne vacuna que el del mismo período del 2019, según un informe elaborado por el mercado ganadero Rosgan.
Asimismo, “llenar la heladera” también se convirtió en una quimera para amplios sectores de la población. Sin ir más lejos, según los datos de Isepci, los hogares del conurbano bonaerense, que realizan sus compras en comercios barriales, debieron gastar $91.347 para cubrir la canasta alimentaria de abril, la cual varió 42,43% en el primer cuatrimestre del año. Cifra superior a la del salario mínimo, hoy en $84.512.
El gobierno, a través de fomentar paritarias a la baja, fijar aumentos en precios regulados a pedido del FMI, dar vía libre a la remarcación de las empresas y habilitar la extensión del trabajo no registrado -donde la miseria salarial es mayor-, entre otras políticas, sí logró que nuevas capas de trabajadores se vieran alcanzadas por la pobreza debido a la caída real de sus ingresos.
Los microdatos de la EPH del Indec exhiben que, entre 2021 y 2022, la pobreza entre la población ocupada ascendió del 25,8% al 30,5%, totalizando 5,5 millones de personas. El porcentaje de asalariados no registrados pobres pasó del 43,2% al 45,2%. A su vez, el de cuentapropistas subió del 36,3% al 40,1%. El salto más pronunciado se produjo entre los asalariados formales, donde la tasa de pobreza llegaba al 13,6% en 2021 y trepó al 19,3% en 2022.
Finalmente, semejante crecimiento en la cantidad de trabajadores pobres del sector registrado muestra con claridad el fracaso del gobierno. Por otro lado, los índices mencionados se agravarán en 2023 fruto de la estampida inflacionaria y el tope salarial del 60% pautado por el oficialismo, al cual se atiene el conjunto de la burocracia sindical.
Para defender el bolsillo popular necesitamos con urgencia un paro nacional y plan de lucha por trabajo genuino, reapertura de paritarias, aumentos salariales indexados a la inflación mensual y un sueldo inicial equivalente a la canasta familiar. Debemos echar a los responsables de que trabajemos ocho horas diarias y aún así no nos alcance para llegar a fin de mes.
Sofía Hart
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