martes, 30 de junio de 2020

Detenciones en la causa por el espionaje ilegal de la AFI, la soga aprieta



Se va cerrando el cerco contra Macri.

En la causa que investiga el espionaje ilegal que llevaba adelante el grupo de espías de la AFI llamado Súper Mario Bros bajo el gobierno de Mauricio Macri, fueron detenidas 22 personas. Entre ellas se encuentra Susana Martinengo, la Coordinadora de Documentación Presidencial durante el mandato anterior, y Diego Dalmau Pereyra, entonces director de Contrainteligencia de la AFI, sucesor de Jaime Stiusso. El único detenido hasta el momento era Alan Ruiz, exdirector de Operaciones Especiales de la AFI.
En la causa se investiga el espionaje ilegal sobre dirigentes opositores, sindicales, empresarios, periodistas, fuerzas de izquierda, obispos y hasta miembros del oficialismo, e incluso la propia hermana del expresidente. Por haber sido señalado como receptor de esos informes fue allanado también el domicilio de Darío Nieto, quien hasta hoy sigue siendo el secretario privado de Macri. Las flechas apuntan también contra otros miembros del núcleo duro el macrismo, como Gustavo Arribas y Patricia Bullrich, que fueron mencionados en las declaraciones de Dalmau Pereyra ante la Comisión Bicameral encargada se seguir estas cuestiones.
El universo en que se desarrollaba este espionaje ilegal solo confirma la extensión y la profundidad del aparato conspirativo del Estado. Como revelaron las escuchas sobre los informes que estos espías realizaban en la previa a la movilización que el 18 de diciembre de 2017 contra el robo a los jubilados, este aparato es un valuarte en la represión a los trabajadores y la persecución a los luchadores.
Pero es también, por supuesto, un terreno más de la despiadada “competencia” entre los capitalistas y disputas entre los partidos patronales. Si el propio Macri se valió del acecho judicial sobre Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno para distanciar al kirchnerismo del pejotismo más abiertamente colaborador, ahora le toca probar un poco de su propia medicina con este cerco que busca ahondar la grieta que lo separa de Rodríguez Larreta, Vidal y los gobernadores radicales, esa “oposición responsable” a Alberto Fernández. La movida no está exenta de choques, como se expresa en el tironeo de los jueces de Comodoro Py por hacerse de la causa, cuestión sobre la que deberá expedirse la Cámara Federal de La Plata en estos días. El método de los carpetazo es representativo, de todas maneras, de la crisis del régimen político.
Toda esta trama vuelve a poner de manifiesto la justeza de la lucha por el desmantelamiento del aparato de conspiración y espionaje del Estado, y la necesidad de desarrollar una investigación a fondo de todo el entramado, basada en la apertura de todos los archivos de los servicios de inteligencia -que son descendientes directos de la Side de la dictadura militar. Esto esclarecería varias sombras de la historia nacional, como el encubrimiento del atentado a la Amia. Pero es una tarea que solamente puede realizarse contra este Estado, y por lo tanto será obra de un gobierno de trabajadores que repose sobre nuevas bases sociales. En cambio, toda esta novela será utilizada por Alberto Fernández al servicio de lubricar los acuerdos con la oposición en función del acuerdo con los bonistas y la suscripción de un nuevo programa con el FMI, con todos los ataques contra el pueblo que eso conlleva.

Iván Hirsch

Almirante Brown: 1.300 contagiados, un exponencial crecimiento

¿Cómo se componen estas cifras y dónde residen las principales causas de esta situación?

En las últimas horas la actualización de los informes arrojó un total de 1.300 contagiados y unos 23 muertos en el distrito.
El regreso a la fase 1 que comenzará a regir a partir del 1° de julio en la zona de Amba tiene como motivo principal la cantidad de contagios producidos por la circulación comunitaria del virus, pero como señalamos en otros artículos de Prensa Obrera, este nuevo confinamiento sigue haciendo enormes concesiones a las patronales de distintas industrias, por lo tanto continúa poniendo en riesgo la vida de miles de trabajadores y de sus familias.

El parque industrial

En Almirante Brown esto puede verse con claridad en relación a la apertura del parque industrial de Burzaco, en el cual siguen funcionando la mayoría de las empresas con la eximición que el Poder Ejecutivo Nacional garantizó para aquellas actividades no esenciales que producen en continuado. Justamente es allí donde se registraron una gran cantidad de casos positivos y también varias denuncias de que las patronales no cumplen con los protocolos para evitar los contagios. El último caso de este estilo se dio en la empresa láctea Danone de Longchamps, en la cual luego de varias denuncias por parte de sus trabajadores, la empresa dio a conocer que uno de sus empleados había dado positivo en sus análisis de Covid, sin embargo las denuncias continuaron en relación a que la empresa incumple con las medidas para garantizar la seguridad del resto de la planta.

La situación en los centros de salud

Como lamentablemente sucede en gran parte del Amba, en Brown también se da que varios profesionales de la salud terminan contagiándose. Los casos aparecieron en Lucio Meléndez de Adrogué, en el UPA de Longchamps y hasta en los centros de atención primaria. El denominador común de estos contagios es la falta de inversión en la salud pública que se traduce en la falta de insumos de bioseguridad y en grandes falencias de la infraestructura que debe albergar a los pacientes. Incluso recientemente, los trabajadores a cargo de los centros de alojamiento de contagiados leves denunciaron falta de pago y precarización laboral. Otro lugar relacionado a la salud que sufrió contagios de su personal, fue el Cotolengo Don Orione que aloja y atiende a personas con distintos tipos de capacidades; en este caso el establecimiento es administrado por la iglesia católica, quién recibe subsidios del Estado.

El virus en los barrios

La situación de los barrios más postergados de Brown, en los que avanza el virus, ha dejado al descubierto que no bastan las publicidades políticas sobre obras públicas si estas no alcanzan a cubrir las demandas básicas de las barriadas que menos tienen; como ya hemos denunciado, muchas de las zonas periféricas no cuentan con servicios básicos e indispensables como es el del agua y también sufren cotidianamente los cortes de suministro eléctrico y la falta de urbanización. Ante esta situación, que está acompañada de una pobreza cada vez más creciente, el estado municipal le da la espalda y no brinda la asistencia alimentaria suficiente para los merenderos y comedores que funcionan en la zona y brindan el plato de comida cotidiano para las familias más perjudicadas. También en este contexto proliferan las denuncias de falta de respuestas del sistema sanitario para asistir rápidamente a quienes tienen síntomas compatibles con los del Covid-19. De esta forma es prácticamente imposible sostener la cuarentena para quienes menos tienen.
Los trabajadores ocupados y desocupados del distrito tenemos que organizarnos para arrancarle al Estado y las patronales los protocolos, los insumos y los alimentos necesarios para poder transitar esta cuarentena preservando nuestra salud y las de nuestras familias.

Facundo Sandoval

Unas 5 millones de personas perderían el IFE



El gobierno le suelta la mano a quienes más lo necesitan.

Con los anuncios oficiales del pasado viernes 26, el gobierno nacional dio a conocer la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en su tercera versión, pero esta vez restringido a las zonas más afectadas por la propagación del coronavirus. Con esta diferenciación, se estima que el gobierno recortaría entre el 55% y el 50% de los beneficiarios del IFE, lo que podría afectar a unas 5 millones de personas.
Si bien aún no está la letra chica de esta disposición, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, brindó algunas precisiones a los medios. El pago del IFE estaría condicionado a tres parámetros que, según la funcionaria, evaluarían “una cuestión de precariedad habitacional, otra de línea de pobreza e indigencia, y una cuestión de cantidad de contagios y en la necesidad de cuidar esa no salida". Estas tres variables habría que combinarlas con “una definición geográfica para definir dónde va a llegar”. Es decir que a todas luces estamos ante un recorte del escaso programa que ofrecía unos $10.000 como prestación económica excepcional, para todos aquellos trabajadores desocupados o independientes que vieran suprimidas sus fuentes de ingreso debido a la cuarentena y los efectos de la pandemia en la economía.
Sobre estas bases, se estima que por zona geográfica abarcada se estaría hablando del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) –que implica a la Ciudad de Buenos Aires y 40 distritos de la provincia de Buenos Aires-, Chaco, y las previsiones más optimistas incluyen la ciudad de Córdoba.
Si consideramos que el segundo pago del IFE implicó a casi 9 millones de personas, de las cuales un 36,3% pertenece a la provincia de Buenos Aires (mayoritariamente al Amba), un 3,8% a CABA y un 4% a Chaco, totalizaríamos un 44%1 del beneficio previsto para el segundo pago, lo que dejaría 5 millones de beneficiarios por fuera del tercer pago. A su vez, se calcula que, en su mejor momento, el costo de este beneficio llegó a alcanzar los casi $90.000 millones. El actual recorte implicaría un “ahorro” para el Estado de $50.400 millones (LPO 28/6). También se ha dejado entrever la posibilidad de un aumento de $2.000 para quienes queden en carrera en la tercera entrega del IFE, lo que llevaría el costo total el programa a $47.520 millones, apenas por encima de la mitad de los recursos destinados en los pagos anteriores.
También es importante señalar que, a más de 100 días de iniciada la cuarentena, aún no se ha depositado la totalidad del segundo pago del IFE, siendo que según el cronograma oficial se concluiría recién el 17 de julio: a casi cuatro meses de iniciada la cuarentena.

La doble vara el gobierno

El gobierno ha decidido cortar el hilo por lo más delgado, en vistas a que se trata de millones de personas cuya capacidad de incidir contra estas medidas hace primero necesaria su organización colectiva. Alberto Fernández se basa para esta decisión en que se estima que el 85% de la actividad productiva y comercial del país ya se ha recuperado, debido a la implementación de fases más flexibles de la cuarentena en la casi totalidad del territorio nacional. Sin embargo, omite el carácter alimentario de la prestación que se dispone recortar para millones de beneficiarios, que por efecto de la pandemia han visto reducirse sus ingresos, independientemente de la fase en la que se encuentre su provincia o región.
Tal es así el reconocimiento de esto que el gobierno nacional aplica una doble vara para resolver respecto al beneficio que perciben los sectores de trabajadores más golpeados y el ATP que va dirigido a subsidiar a los capitalistas. Respecto de este último, el gobierno mantendría una tercera edición del ATP, sin límites a la cantidad de empleados por empresas –abarcando así a los grandes capitalistas con espaldas propias para sustentar los salarios-, y con un aporta más bajos para la empresas del interior, sin diferenciar entre empresas que se encuentran funcionando y las que no (Clarin 29/6). Es decir que el gobierno sigue financiando a los empresarios pero le corta el sustento a 5 millones de trabajadores, cuando estos más lo necesitan.
Con una crisis económica agravada, cientos de miles de nuevos desocupados y una proyección de caída económica del 9,9%, la tarea inmediata consiste en otorgarle una respuesta a millones de trabajadores afectados por esta situación. El IFE debería ser otorgado a todo solicitante que lo necesite y su monto aumentado para satisfacer las necesidades alimentarias, sanitarias y habitacionales de quienes se ven impedidos de garantizárselo por otros medios. Es el señalamiento que desde el primer día realizó el Partido Obrero en pos de un seguro económico de $30.000 para desocupados y trabajadores independientes durante esta crisis. Se instala entonces la necesidad de ir a fondo por el pago nacional del IFE, sin ninguna discriminación geográfica y el aumento del monto a $30.000 para defender las economías de las familias obreras.

Marcelo Mache

El sionismo anuncia el inicio de una acción judicial contra los legisladores del Frente de Izquierda

La Organización Sionista Argentina anuncia en un comunicado emitido el 28 de junio que realizará una acción penal contra los legisladores del Frente de Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires. El motivo de ello es el texto que firmamos los tres legisladores del FIT-U donde rectificábamos un voto emitido en la sesión de la Legislatura del pasado 18 de junio, donde por error votamos positivamente la adhesión del Estado de la Ciudad a la definición de antisemitismo establecida por la Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance) y a la cual ya había adherido el gobierno nacional. Como explicamos en nuestro comunicado, la causa del error es que la votación se hizo de modo subrepticio, pues el asunto fue tratado en un segmento de tablas sin debate referidas a los temas más diversos. En otras condiciones jamás podríamos haber votado ese texto. La propia Organización Sionista Argentina admite que los tres legisladores tenemos “una larga trayectoria antisionista y antiisraelí”, algo que para nosotros es motivo de orgullo político.
El anuncio del comienzo de una acción penal no es solo una clara violación al derecho de opinión dentro y fuera de un parlamento, sobre todo encubre una debilidad de fondo de la Organización Sionista Argentina. Es que en su texto es incapaz de refutar la posición que hemos desarrollado en nuestro comunicado, a saber: “nuestra lucha a muerte contra el antisemitismo la hemos desarrollado siempre sobre la base de la denuncia al sionismo y del Estado de Israel, construido a partir del genocidio y la ocupación y el robo de tierras y bienes al pueblo palestino”. Sucede que aquí se encuentra la clave del asunto, pues el sionismo pretende identificar la denuncia contra él y contra el Estado de Israel al antisemitismo, para encubrir las masacres sistemáticas cometidas contra el pueblo palestino y la función de gendarme del imperialismo norteamericano en toda la región. Esta función no es coyuntural, es decir que no depende de tal o cual gobierno israelí, sino que es estructural. El propio fundador del movimiento sionista Theodor Herzl señaló en su libro “El Estado judío”: “constituiríamos allí –en Palestina- un baluarte de Europa contra Asia, una avanzada de la civilización contra la barbarie” representados en ese momento por las potencias imperialistas que colonizaron a fondo todo el Medio Oriente. Con esta posición la dirección sionista no tuvo empacho de entrar en negociaciones con todos los regímenes antisemitas, desde la autocracia rusa hasta el propio Hitler, esto mientras los propios judíos eran perseguidos y masacrados por estos regímenes reaccionarios.
Los legisladores del Frente de Izquierda tenemos toda la razón cuando diferenciamos el antisemitismo del sionismo y aún más del propio Estado de Israel. El antisemitismo moderno es el resultado de la decadencia capitalista. Vino a frenar el proceso de integración, de la población judía a las distintas sociedades en la que estaba dispersa, abierto por la Revolución Francesa y sus avances democráticos y transformó a los judíos en chivos expiatorios para desviar la lucha de las masas contra el capitalismo y sus Estados. El sionismo, por su parte, es una ideología nacionalista reaccionaria surgida a la luz de la decadencia capitalista, que fue utilizada por el imperialismo primero para dividir a los obreros y campesinos judíos del resto de las clases explotadas de cada país, y para colonizar Palestina luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial que llevó a la disgregación del Imperio Otomano. Esta colonización fue impulsada primero por el imperialismo inglés (Declaración Balfour) hasta que ese lugar lo ocupó definitivamente el imperialismo norteamericano. El salvaje proceso de colonización se llevó adelante con los métodos más criminales, muchos emulados del propio nazismo, tal como lo han probado mediante una gran investigación científica la corriente de los llamados “nuevos historiadores” dentro de Israel. Se probó que la máxima sionista de que Palestina “era una tierra sin pueblos” era una falsedad completa, que sirvió para encubrir que la formación del Estado de Israel se hizo sobre la base de la expulsión violenta de casi un millón de palestinos y la expropiación de sus tierras y propiedades. Estos métodos criminales se han exacerbado con el correr del tiempo, como lo prueba en la actualidad el inhumano cerco a Gaza y la creciente colonización de Cisjordania. Denunciamos que el acuerdo sellado entre Trump y Netanyahu es un nuevo salto en esta política de limpieza étnica, que busca imponer una “solución final” la cuestión palestina en Medio Oriente y reforzar una política de apartheid sobre la población árabe que vive dentro de las fronteras israelíes.
Los legisladores del Frente de Izquierda no solo tenemos el derecho a dar nuestra posición de rechazo a esta ley votada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Más aún, como militantes socialistas de la Argentina tenemos la obligación de hacerlo para deslindar responsabilidades con el gobierno nacional y el gobierno de nuestra Ciudad que cierran filas en su apoyo al sionismo y al criminal Netanyahu.
Como señalamos en el comunicado, nuestra lucha contra el antisemitismo es una lucha a muerte, tal como el Partido Obrero lo ha dejado expresamente claro movilizándose contra todo acto de discriminación y persecución. Hemos estado movilizados desde el primer día repudiando el atentado a la Amia y denunciando a que el Estado argentino fue cómplice y encubridor del mismo, responsabilidad que alcanza a buena parte de la dirigencia sionista con la Daia a la cabeza. Pero justamente porque la lucha contra el antisemitismo tiene un carácter de principios, no admitimos que se la confunda con el sionismo y el Estado de Israel, que son opresores de los pueblos explotados.
Desde ya, repudiamos la amenaza de persecución judicial del sionismo y declaramos que defendemos nuestra posición en todos los ámbitos, sea en el parlamento, en las calles o en los estrados judiciales. Nuestra lucha por el derecho al retorno de las masas palestinas y por una Palestina única, laica y socialista, es innegociable.

Gabriel Solano

Derribar estatuas no borra la historia, nos hace verla con más claridad



Estatua de Colón decapitada, Waterfront Park , 10 de junio, 2020 Boston, Massachusetts.

Los manifestantes que derriban monumentos dedicados a esclavistas y genocidas son a menudo acusados de «borrar el pasado». Sin embargo, sus acciones están obligando a analizar con más detalle a las personas que honran estos monumentos, permitiendo así que la historia se vuelva a contar desde el punto de vista de sus víctimas.
El antirracismo es una batalla por la memoria. Esa es una de las características más notables de la oleada de protestas que ha surgido en todo el mundo tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis. En todas partes los movimientos antirracistas han cuestionado el pasado al atacar monumentos que simbolizaban el legado de la esclavitud y el colonialismo: el general Robert E. Lee de los confederados en Virginia; Theodore Roosevelt en la ciudad de Nueva York; Cristóbal Colón en muchas ciudades de Estados Unidos; el rey belga Leopoldo II en Bruselas; el traficante de esclavos Edward Colston en Bristol; Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Louis XIV y autor del infame Code Noir en Francia; el padre del periodismo italiano moderno, y ex propagandista del colonialismo fascista, Indro Montanelli, etc. Ya sean derribadas, destruidas, pintadas o grafiteadas, estas estatuas personifican una nueva dimensión de lucha: la conexión entre los derechos y la memoria. Ponen de relieve el contraste entre el estatus de los negros y los sujetos poscoloniales como minorías estigmatizadas y embrutecidas, y el lugar simbólico dado en el espacio público a sus opresores, un espacio que también conforma el entorno urbano de nuestra vida cotidiana.

Estallidos de iconoclastia

Es bien sabido que las revoluciones poseen una furia iconoclasta. Ya sea espontánea, como la destrucción de iglesias, cruces y reliquias católicas durante los primeros meses de la Guerra Civil española, o algo más cuidadosamente planeado como la demolición de la columna Vendôme durante la Comuna de París, este estallido de iconoclastia da forma a cualquier subversión del orden establecido.
El director de cine Sergei Eisenstein presentó Octubre, su obra maestra sobre la Revolución rusa, con imágenes de una multitud derribando una estatua del zar Alejandro III, y en 1956 los sublevados de Budapest destruyeron la estatua de Stalin. En 2003, como una confirmación involuntariamente irónica de esta regla histórica, las tropas estadounidenses organizaron el derribo de una estatua de Saddam Hussein en Bagdad, con la complicidad de muchas estaciones de televisión afines, para disfrazar así su ocupación como un levantamiento popular.
A diferencia de ese caso, dondequiera que la iconoclastia de los movimientos de protesta sea auténtica ésta siempre provoca reacciones indignadas. Los comuneros fueron tachados de «vándalos» y Gustave Courbet, uno de los responsables por derribar la columna, fue encarcelado. En cuanto a los anarquistas españoles, éstos fueron condenados como feroces bárbaros. Una indignación similar ha estallado en las últimas semanas.
Boris Johnson se escandalizó cuando una estatua de Churchill recibió la pintada de “racista”, algo sobre lo que existe un consenso académico, vinculado a los debates actuales sobre su caracterización de los africanos y su responsabilidad por la hambruna de Bengala en 1943.
Emmanuel Macron se quejó amargamente de una iconoclastia similar en un mensaje dirigido a la nación francesa que curiosamente nunca mencionó a las víctimas del racismo: “Esta noche les digo muy claramente, queridos conciudadanos, que la República no borrará ninguna huella o cualquier figura de su historia. No olvidará ninguno de sus logros. No derribará ninguna estatua”.
En Italia, el lanzamiento de pintura roja sobre una estatua de Indro Montanelli en un parque público de Milán fue denunciado unánimemente como un acto «fascista» y «bárbaro» por todos los periódicos y medios de comunicación, con la excepción de Il Manifesto. Herido en la década de 1970 por terroristas de izquierda, Montanelli fue canonizado como un heroico defensor de la democracia y la libertad.
Después de esta «ofensa cobarde» infligida a su estatua por los lanzadores de pintura, un editorialista del Corriere della Serainsistía en que ese héroe debía ser recordado como una figura «sagrada». Sin embargo, este acto «bárbaro» resultó fructífero al revelar a muchos italianos los «sagrados» logros de Montanelli: en la década de 1930, como joven periodista, ensalzó el Imperio fascista y sus jerarquías raciales; enviado a Etiopía como corresponsal de guerra de inmediato compró a una niña eritrea de catorce años para satisfacer sus necesidades sexuales y de servicio doméstico. Para muchos comentaristas esas eran las «costumbres de la época» y, por lo tanto, cualquier acusación de apoyo al colonialismo, el racismo y el sexismo eran injustas y estaban injustificadas. Sin embargo, todavía en la década de los años 60, Montanelli condenó el mestizaje como fuente de decadencia civilizatoria, con argumentos tomados directamente del Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas de Arthur Gobineau de 1853-55.
Estos fueron de hecho los mismos argumentos defendidos vigorosamente por el KKK en ese mismo periodo con ocasión de su oposición al movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Y, contra toda evidencia, el padre espiritual de dos generaciones de periodismo italiano negó ferozmente que el ejército fascista hubiera llevado a cabo bombardeos con gas durante la guerra de Etiopía. Los «bárbaros» de Milán sólo querían recordarnos estos simples hechos.
Es ciertamente interesante observar que la mayoría de los líderes políticos, intelectuales y periodistas indignados por la actual ola de «vandalismo» nunca expresaron una indignación similar por los repetidos episodios de violencia policial, racismo, injusticia y desigualdad sistémica contra la que se emprende la protesta. Se han debido sentir bastante cómodos en esa posición.
Muchos de ellos incluso elogiaron la tormenta iconoclasta de signo contrario hace treinta años cuando las estatuas de Marx, Engels y Lenin fueron derribadas en Europa Central. Mientras que la posibilidad imaginaria de vivir entre este tipo de monumentos es intolerable y agobiante, ellos están muy orgullosos de que las estatuas de generales confederados, comerciantes de esclavos, reyes genocidas, diseñadores legales de la supremacía blanca y propagandistas del colonialismo fascista constituyan el patrimonio histórico de las sociedades occidentales. Tal como insisten al señalar que «no borraremos ningún rastro o figura de nuestra historia».
En Francia, demoler los vestigios monumentales del colonialismo y la esclavitud generalmente se caracteriza como una forma de comunitarismo, una palabra que actualmente tiene un sentido peyorativo, ya que implícitamente significa que tales vestigios molestan exclusivamente a los descendientes de esclavos y pueblos colonizados, no a la mayoría blanca que es la que fija las normas estéticas, históricas y conmemorativas que enmarcan el espacio público. De hecho, muy a menudo el supuesto universalismo de Francia tiene un sabor desagradable en forma de comunitarismo blanco.
La furia iconoclasta, que actualmente se extiende por las ciudades a escala mundial, reclama al igual que lo demandaran sus antepasados, nuevas reglas de tolerancia y coexistencia. Lejos de borrar el pasado, la iconoclastia antirracista entraña una nueva conciencia histórica que inevitablemente afecta el paisaje urbano. Las estatuas en disputa celebran el pasado y a sus actores, un simple hecho que legitima su retirada. Las ciudades son cuerpos vivos que cambian de acuerdo con las necesidades, valores y deseos de sus habitantes, y estas transformaciones son siempre el resultado de conflictos políticos y culturales.
Derribar monumentos que conmemoran a los gobernantes del pasado da una dimensión histórica a las luchas del presente contra el racismo y la opresión. Quizás signifique incluso algo más que eso. Es otra forma de oponerse a la gentrificación de nuestras ciudades que supone la metamorfosis de sus distritos históricos en lugares cosificados y fetichizados.
Una vez que una ciudad es clasificada por la UNESCO como «patrimonio de la humanidad» está condenada a morir. Los «bárbaros» que derriban estatuas protestan implícitamente contra las políticas neoliberales actuales que al tiempo que expulsan a las clases bajas de los centros urbanos transforman a éstos en vestigios congelados. Los símbolos de la antigua esclavitud y el colonialismo se combinan con el rostro deslumbrante del capitalismo inmobiliario, y éstos son los objetivos de los manifestantes.

La mirada de los vencidos

La iconoclastia antirracista, según un argumento más sofisticado y perverso, expresa un deseo inconsciente de negar el pasado. Según este argumento, a pesar de lo opresivo y desagradable que fuera el pasado, éste no se puede cambiar. Esto es desde luego cierto. Pero transitar el pasado, particularmente si se trata de un pasado repleto de racismo, esclavitud, colonialismo y genocidios, no implica celebrarlo, como vienen a hacer la mayoría de las estatuas derribadas.
En Alemania el pasado nazi está abrumadoramente presente en las plazas y calles de la ciudad a través de monumentos conmemorativos que celebran a sus víctimas y no a sus perseguidores. En Berlín, el Memorial del Holocausto se erige como una advertencia a las generaciones futuras (das Mahnmal). Los crímenes de las SS no se recuerdan con una estatua que rememore a Heinrich Himmler, sino a través de una exposición al aire libre y bajo techo llamada «Topografía del terror» que se encuentra en la sede de una antigua oficina de las SS.
No necesitamos estatuas de Hitler, Mussolini y Franco para recordar sus fechorías. Precisamente porque los españoles no han olvidado el franquismo es la razón por la que el gobierno de Pedro Sánchez decidió retirar los restos del Caudillo de su monumental tumba. Es solo desacralizando el Valle de los Caídos como este monumento fascista podía consignarse en el reino de la memoria de una sociedad democrática que no olvida.
Por esta razón es profundamente engañoso equiparar nuestra actual iconoclastia antirracista a la intencionalidad de la antigua damnatio memoriae (condena de la memoria). En la antigua Roma, esta práctica tenía como objetivo eliminar las conmemoraciones públicas de emperadores u otras personalidades cuya presencia chocaba con los nuevos gobernantes. Tenían que ser olvidados.
Borrar a León Trotsky de las imágenes oficiales soviéticas bajo el estalinismo fue otra forma de damnatio memoriae, e inspiración para la obra 1984 de George Orwell. Escribió que en el Estado ficticio de Oceanía el pasado se había reescrito por completo: «Estatuas, inscripciones, piedras conmemorativas, los nombres de las calles, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el pasado había sido sistemáticamente alterada».
Estos ejemplos son comparaciones engañosas porque se refieren a la eliminación del pasado por los poderosos. En cambio, la iconoclastia antirracista busca provocativamente liberar el pasado de su control, «cepillar el pasado a contrapelo», al repensarlo desde el punto de vista de los dominados y los vencidos, y no con la mirada de los vencedores.
Sabemos que nuestro patrimonio arquitectónico y artístico está cargado con el legado de la opresión. Como dijera un famoso aforismo de Walter Benjamin: «No hay ningún documento civilizatorio que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie». Quienes derriban estatuas no son nihilistas ciegos: no desean destruir el Coliseo o las pirámides.
Más bien, preferirían no olvidar que, como señalara Bertolt Brecht, estos monumentos admirables fueron construidos por esclavos. Edward Colston y Leopold II no serían olvidados: sus estatuas deberían conservarse en museos y preservarse de manera que no se explicara solo quiénes fueron y sus logros extraordinarios, sino también por qué y cómo sus personas se convirtieron en ejemplos de virtud y filantropía, objetos a venerar – en resumen, la encarnación de su civilización.

Ola global

Esta oleada de iconoclastia antirracista es global y no admite excepciones. Los italianos (incluidos los italoamericanos) y los españoles están orgullosos de Colón, pero las estatuas del hombre que descubrió las Américas no tienen el mismo significado simbólico para los pueblos indígenas.
Tal iconoclastia reclama legítimamente un reconocimiento público y la transcripción de su propia memoria y perspectiva: un descubrimiento que inauguró cuatro siglos de genocidio. En Fort-de-France, la capital de Martinica, dos estatuas de Victor Schœlcher, tradicionalmente celebradas por la República Francesa como un símbolo de la abolición de la esclavitud en 1848, fueron derribadas el 22 de mayo. Como nos dice el diario derechista Le Figaro «Los nuevos censores creen poseer la verdad y ser los guardianes de la virtud».
De hecho, los «nuevos censores» (es decir, jóvenes activistas antirracistas) desean pasar página a una tradición paternalista y sutilmente racista del universalismo francés. Siempre describió la abolición de la esclavitud como un regalo para los esclavos por parte de la República ilustrada, una tradición que Macron resumía bien en el mensaje citado anteriormente.
Los «nuevos censores» comparten el juicio de Frantz Fanon al abordar este cliché en su libro Piel negra, máscaras blancas de 1952: «El hombre negro se contentó agradeciéndole al hombre blanco, y la prueba más palmaria de este hecho es la impresionante cantidad de estatuas que se erigieron por toda Francia y colonias para mostrar a la Francia blanca acariciando el cabello rizado de este bonito negro cuyas cadenas acababan de romperse”.
Trabajar con el pasado no es una tarea abstracta o un ejercicio puramente intelectual. Requiere más bien un esfuerzo colectivo que no puede disociarse de la acción política. Este es el significado de la iconoclastia de estos últimos días. De hecho, si bien ha estallado en el seno de una movilización antirracista global, el terreno ya había sido labrado por años de compromiso contra-memorial y una investigación histórica desarrollada por multitud de asociaciones y activistas.
La iconoclastia, como toda acción colectiva, merece atención y crítica constructiva. Estigmatizar despectivamente es simplemente exonerar una historia de opresión.

Enzo Traverso

Enzo Traverso es historiador y profesor en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York. Su libro más reciente es Melancolía de izquierda (Galaixia Gutenberg, 2019).

lunes, 29 de junio de 2020

«La conectividad del 93% de los estudiantes es un dibujo grosero de Larreta»

Entrevista a la legisladora (MC) Laura Marrone del FIT (IS)

M.H.: Hubo una medida cautelar dictada por el Juez Gallardo, ordenando al Gobierno porteño entregar computadoras portátiles a cada estudiante que se encuentre en situación de vulnerabilidad y el acceso a internet en las villas.
L.M.: Una gran alegría el fallo del juez Gallardo, que no me extraña porque ya en otras oportunidades ha tenido fallos favorables al pueblo trabajador. Después el gobierno de Larreta apela y las instancias superiores anulan sus fallos, pero es un gran paso adelante para visibilizar lo que es hoy uno de los factores de privación del derecho a la educación de muchos niños en nuestra Ciudad y el país.
Este fallo dice efectivamente que el gobierno de la CABA tiene que poner antenas que permitan el acceso a la conectividad en los barrios vulnerables, estamos hablando de las Villas 31, la 21-24, etc., y permitir el acceso a las plataformas como Google y demás, con datos móviles sin límites para aquellas personas que manifiesten que no pueden acceder a estos servicios para poder seguir las clases virtuales.
En nuestra Ciudad sorprendentemente el jefe de Gobierno dijo en una de sus últimas conferencias que el 93% de los estudiantes estaban siguiendo las clases con acceso a conectividad. Yo he sido legisladora, he visto muchas circunstancias en las que el gobierno dibujaba cifras pero esto es tan grosero que me quedé estupefacta. Y no es sólo el tema que en una estadística se diga que en tal familia hay celulares con acceso a internet, el problema es que los datos tienen un límite y una comunicación por video-llamada o en teleconferencia en una hora consume los datos de un mes.
Hay que afinar muchísimo más la punta cuando se delimita qué significa tener acceso al derecho a la educación en un momento en que la presencialidad no puede ser efectiva. Sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires donde todos sabemos que nos estamos acercando a un pico de la pandemia.
El fallo tiene incluso precisiones, le da plazos al gobierno. Estoy recibiendo comunicaciones de directores de escuelas que dicen que se cansan de llamar al número de teléfono que da el gobierno de la Ciudad para desbloquear las notebooks, algunas escuelas tienen de entregas anteriores, y no logran comunicarse para ponerlas en uso. Sabemos que hay escuelas que tienen notebooks y les faltan cargadores, escuelas que tienen cargadores y no tienen las notebooks. Todo eso requeriría un esfuerzo mínimo para poder tener el acceso a las computadoras. Que es una parte, el otro problema es el acceso a la conectividad.
En este aspecto quiero señalar una iniciativa que armaron referentes de terciarios y universidades y también escuelas secundarias, un petitorio extendido al gobierno de la CABA y al gobierno nacional y de las provincias que se considere un Derecho Humano en este momento el acceso a internet y que los distintos gobiernos articulen las medidas necesarias para que se acceda a las plataformas sin límites de datos y se distribuyan gratuitamente a quienes no los posean, tanto estudiantes como docentes, los dispositivos que permiten la conectividad.
Vemos en distintas provincias ataques al salario, a la jubilación y al Estatuto docente
M.H.: Uno de los Derechos Humanos conocidos como de sexta generación que tiene que ver con este tipo de situaciones, como la conectividad a internet.
Hay una serie de situaciones planteadas en varias provincias que no tienen ningún tipo de publicidad, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, que afectan a los docentes.
L.M.: Tengo información de Entre Ríos donde hubo una movilización en Paraná la semana pasada de docentes de distintos niveles, reclamando la reapertura de las paritarias porque en muchas provincias no se garantizó la actualización salarial de acuerdo a la inflación.
M.H.: En Tucumán y Chaco también.
L.M.: Lo de Tucumán fue a principio de año, antes de la cuarentena. El gobernador Manzur es un baluarte de estas políticas de aplastamiento de los derechos de los trabajadores. En varias provincias los docentes están reclamando, en algunas junto a los estatales, que se respete el derecho a la reactualización salarial de acuerdo al costo de vida. A mí me gusta hablar de que estamos pidiendo la actualización, no aumento, aumento no hay, hay una pérdida salarial constante con el tema de paritarias que se venían firmando por debajo de la inflación y en este caso ya es escandaloso una paritaria que no se ejecuta directamente.
En Córdoba, el gobernador Schiaretti estableció una reducción salarial. En Catamarca el gobierno quiere avanzar en una reforma del Estatuto del docente, una ambición largamente postergada desde los 90 que es aplicar la reforma laboral para los docentes liquidando las conquistas de la estabilidad laboral, el salario que no es por productividad sino por antigüedad, etc.
Vemos en distintas provincias ataques al salario, a la jubilación como en Córdoba, ataque al Estatuto docente en Catamarca y una nueva que acabo de descubrir en Chaco. Con Capitanich a la cabeza y su ministra de Educación se está desarrollando un Congreso pedagógico en medio de la cuarentena, donde están discutiendo una reforma de la formación docente, muy al estilo de lo que en su momento propició y quiso imponerse en la Ciudad y que está relativamente congelado, que fue la famosa UNICABA.
M.H.: ¿Un Congreso pedagógico clandestino?
L.M.: No, virtual. En medio de la cuarentena. Y el foco es modificar la Ley superior y la estructura de los Profesorados. Esto está muy vinculado a la discusión que venimos llevando adelante en los Profesorados de Ciudad para defender la presencialidad como matriz del sistema educativo en todos los niveles.
Y detrás, agazapadas las empresas de servicios educativos que quisieran que los ministerios de Educación de las distintas provincias les estén enchufando a los docentes el uso de plataformas para empezar el negocio.
M.H.: En Chubut no cobran los docentes, ni los jubilados, ni los médicos.
L.M.: El gobernador Arcioni dijo que le iba a pagar a la policía pero no a los docentes ni a los médicos ni al personal de salud. Es sumamente doloroso porque además se combina con la intención de entregar los recursos naturales como garantía de la deuda provincial.
M.H.: Contra el 98% de la opinión de los habitantes de Chubut según una encuesta que salió en estos días.
L.M.: Es muy grave, porque es una avanzada de las grandes empresas.
M.H.: Y eso que algunos dicen que viene el comunismo después de la pandemia.
L.M.: Por el contrario, viene una dura lucha por mantener el derecho a la tierra, a la identidad nacional y a la soberanía que cualquier burgués de Siglo XIX hubiera defendido. Acá tenemos una burguesía cipaya que se conforma con ser socia menor de alguna empresa multinacional y de última irse a Miami cuando las papas queman un poco.
Nuestro trabajo es muy grande, además hay que explicarle a la población que no solo luchamos por el salario o una reivindicación parcial, la ofensiva es brutal. El ajuste ha pasado en algunos grados, no todo lo que los empresarios quisieran, pero la pérdida de salario es terrible, las suspensiones, los despidos. Tenemos un país con un 40% de población en negro que ni se registra en las estadísticas oficiales y este es un país en una miseria que no necesita serlo porque tenemos recursos naturales que permitirían el desarrollo de la vida de sus habitantes de una manera digna.

Mario Hernandez

domingo, 28 de junio de 2020

Macri, Michetti y Boudou se acaban de jubilar y entre los tres cobran $1.730.000



Equivalen a 100 haberes mínimos como cobra el 50% de los beneficiarios

El Anses sigue cerrado para todos los trámites jubilatorios o de concesiones de otro tipo de beneficios para el común de los mortales, pero sus puertas se abrieron para que fuera autorizado el pago de las “pensiones vitalicias” -brutales jubilaciones de privilegio- del expresidente Mauricio Macri, a quien le otorgaron un haber de $750.000 mensuales, a la exvicepresidenta Gabriela Michetti, que recibe $560.000 y al también exvice, Amado Boudou, que se hace acreedor a $420.000 mensuales. Todos ellos perciben este haber de por vida por el solo hecho de haber cumplido un período de cuatro años en las funciones y, como beneficio extra, están eximidos del pago de Impuesto a las Ganancias, que si abona una amplia gama de trabajadores de ingresos medios.
La concesión de estas suculentas pensiones se dan cuando, desde el gobierno nacional, se dispuso congelar la movilidad de las jubilaciones ordinarias de millones de beneficiarios que aportaron a las cajas durante 30 o 40 años de su vida laboral y que hoy cobran desde $17.000, por imperio de la “emergencia sanitaria que vive el país”, lo que supone una nueva pérdida frente a la inflación, en estos haberes que apenas llegan a cubrir la tercera parte del costo de la canasta de subsistencia.
Evidentemente, desde el Anses (el gobierno) han considerado que, en este punto, había que cerrar la “grieta” que, desde la oposición política y mediática, habían abierto al cuestionar el otorgamiento de la pensión a Boudou porque el exvicepresidente enfrenta una condena por desfalco al Estado. Es que los tres beneficiados, colocados en distintos lados de la “grieta”, pueden ser medidos por un raseto común ya que todos tienen por delante imputaciones judiciales para nada menores.
El Anses también les reconoció -claro está- el retroactivo correspondiente que, en el caso de Macri, alcanza a $6.000.000; en el de Michetti a 4.500.000 y, en el de Boudou, a poco más de $14.000.000. Los tres deberán esperar para recibir estos montos, aunque no deberán encarar eternos juicios de años como los jubilados sin privilegio, que deben litigar para que el Anses les reconozca sus derechos, sino que la postergación del pago de las retroactividades será solo hasta que “dure la emergencia pública en materia sanitaria”.
Es ilustrativa esta celeridad para asistir a “las necesidades” del personal político de la clase capitalista, para ver con claridad a quienes responde este gobierno que llegó para atender “primero a los que menos tienen”.
Estas jubilaciones, que reciben los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como las altas jerarquías de la Iglesia, como los obispos y los arzobispos, tienen como única justificación el pago de un retiro con la mayor opulencia para quienes se encargan de sostener un sistema general de privilegios para toda la clase capitalista.
Tienen un carácter de privilegio, además, porque ellas no sufrieron ni sufren el congelamiento de ninguna movilidad como los jubilados del régimen general.
Es que los haberes jubilatorios de estos privilegiados equivalen, en el caso de los expresidentes, al 100% del salario de un juez de la Corte y en el de los exvice, al 75% y su movilidad se rige por la de los salarios de esos magistrados. quienes se fijan ellos mismos los incrementos de los sueldos. En el 2019, los integrantes de la Corte se “concedieron” aumentos por un total del 69%, por encima de la inflación y casi el doble de la media que recibieron los trabajadores que revistan en blanco.
Hay que liquidar todos los regímenes de privilegio. Hay que reponer todos los derechos despojados a trabajadores y jubilados. Trabajadores y jubilados tienen por delante una pelea por la subsistencia, contra la miseria, por salarios mínimos que cubran el costo de la canasta familiar, y por jubilaciones mínimas que alcancen al 82% del sueldo en actividad.

Nelson Marinelli

Los cien días de la cuarentena

El anuncio de la nueva cuarentena no se animó a enfrentar una nueva conferencia de prensa. Ocurre que el nuevo aislamiento se destaca por sus flagrantes contradicciones. Aunque reducen a 24 las llamadas “actividades esenciales”, la descripción de cada una de ellas deja ´adentro´ a una parte sustancial de la gran industria. Es donde se están registrando casos de Covid19 entre sus trabajadores. Las limitaciones y controles que se imponen al transporte son de difícil cumplimiento, cuando se admite un funcionamiento económico relativamente amplio. La exposición de estadísticas fue mucho menos rigurosa a la hora de presentar avances en el equipamiento sanitario. Quirós, el ministro de salud de CABA, anunció a la prensa la incorporación de 50 nuevas unidades de UTI (terapia intensiva). A un ritmo de mil contagios diarios en la Ciudad, representa estadísticamente las necesidades de internación de un solo día.

Cien días

Al comienzo de la pandemia, la cuarentena “dura” fue presentada como el recurso para “achatar la curva”. Cien días después, la escalada de contagios y muertes delata las graves falencias en los testeos, la expansión de camas y la incorporación de equipos de cuidado sanitario. El temor ahora es, precisamente, el colapso de la atención hospitalaria.
Fernández dijo “la situación económica es grave”, como consecuencia de la pandemia. No: el Covid-19 se ha limitado a poner en evidencia los perjuicios de la ´economía de mercado´, como llaman los economistas a la anarquía capitalista. No hubo ni siquiera intención de producir una reconversión de la industria para atender a las necesidades sanitarias y sociales. Simplemente se adoptaron operaciones de rescate para mantener a la industria ociosa. El estado financió a la industria ociosa sin tomar a cargo la dirección de ella, sólo para evitar perjuicios a los capitalistas. Peor aún, volvió al sistema de Leliqs, que es una protección a los bancos a cargo del estado – en este caso el Banco Central. Tuvo que imponer restricciones al mercado de cambios, porque las patronales usaban el dinero para especular contra el peso, remitir utilidades al exterior o recomprar acciones. La cuarentena ha sido una operación capitalista, antagónica con las necesidades sanitarias. Habiendo destinado el 3% del PBI al rescate de las empresas - unos cinco billones de pesos-, el gobierno fue incapaz de imponer una reconversión industrial compulsiva, para asegurar la producción de respiradores mecánicos, equipamiento sanitario, unidades de terapia. Por último, y lo más importante, pagó intereses de la deuda externa por un monto igual a todas las ATP juntas, y pretende seguir por esta vía.
Fernández, Kicillof y sus socios macristas de la Ciudad despachan la situación económica con una frase. La dicotomía salud-economía es típicamente capitalista. Pone de manifiesto la importancia de una economía planificada, o sea que no atienda a intereses de lucro del capital, sino que destine una parte de los recursos acumulados a la atención de la crisis sanitaria. La “economía” tiene mucha tela para cortar en función de la emergencia sanitaria.
La pretendida “prohibición de suspensiones y despidos” resultó un fraude, porque el gobierno habilitó los acuerdos de suspensiones y rebaja salarial entre las patronales y la burocracia. Mientras tanto, el único subsidio directo a los trabajadores desocupados consistió en un “ingreso de emergencia” (IFE) de 100 dólares por cabeza, que muchos no llegaron a percibir.

Advertencia

Pero el señalamiento de Fernández sobre la “grave situación económica”, en momentos en que se discute la pandemia, tiene otro significado. El gobierno advierte que la clase capitalista no está dispuesta a más cuarentenas; los muertos no se contabilizan en el rubro de pérdidas de los balances. El palabrerío sobre el “fin de la paciencia ciudadana” o el “mal humor social” es un recurso para justificar la apertura de actividades, sin haber modificado antes las condiciones sociales que harían viable una actividad planificada, supervisada por los trabajadores en los lugares de trabajo. Quieren sobrevivir como lo hicieron cuando la ´gripe española´ (1918/9), a costa de más de cincuenta millones de muertes.
La crisis de la cuarentena tiene que ser vista en el cuadro de una crisis política. Durante la “Argentina en aislamiento”, el gobierno FF aspiraba a poner en caja la cuestión de la deuda externa, para pasar a arreglar la deuda local (u$s65 mil millones), con el FMI y otras instituciones (una cifra similar), la deuda externa de las provincias, los bancos públicos y la del capital privado – todo sumado, unos u$s400 mil millones. Pero la negociación de deuda avanza hacia un acuerdo gravoso para el país, que sin embargo aún no cierra. En estas condiciones, la tentativa de expropiación de Vicentin se ha convertido en una crisis de carácter político, mientras la cuarentena vuelve al primer día.
Ante el programa del capital, los trabajadores han ido desarrollando su propio programa. Por protocolos obreros, control de las condiciones de trabajo, incorporación urgente de trabajadores en hospitales, turno de 6 horas. Centralización de todo el sistema de salud, público y privado. Vigencia irrestricta de las paritarias, ningún recorte a salarios y aguinaldos.
La lección de esta crisis es que el capitalismo es un obstáculo para proteger la salud. Esta planteada la nacionalización integral de la banca, la gran industria y el comercio exterior; un plan único para atender, en principio, la emergencia sanitaria y la crisis social. Es necesario coordinar las luchas sanitarias y sociales, desarrollar plenarios y congresos de delegados, en primer lugar, de los sectores en lucha, como personal de salud, la industria de Santa Fe y el grupo Vicentin, los docentes, y extenderlo a todo el movimiento de los trabajadores.

Marcelo Ramal
27/06/2020

Qué nos dice la discusión sobre ‘seguridad alimentaria’

El proyecto nonato de los Fernández para declarar de “utilidad pública” a Vicentin y proceder a su expropiación, ha dado lugar a lo que quiere parecerse a un debate sobre la “seguridad alimentaria”. Una mínima dosis de picardía sería suficiente, sin embargo, para advertir que estamos ante una cortina de humo, para que la mirada no se pose sobre el costo que implicaría para el estado la nacionalización de Vicentin, tal como la plantea el proyecto oficial. La expropiación por utilidad pública implicaría que el estado se hace cargo de un pasivo de u$s1.500 millones y del pago del resarcimiento que establezcan los tasadores del estado, sin contar las deudas ocultas que hayan dejado las maniobras de esta patronal. El concurso de acreedores busca legalizar un vaciamiento patronal, y habilitar el copamiento del Family Group por parte de algún cuervo internacional. También pone en evidencia la complicidad funcional de los bancos públicos con los vaciamientos empresariales. El relato oficial que incorpora a YPF a una reestructuración del comercio agrícola, tiene el inconveniente que la misma YPF es objetivamente una empresa vaciada.

A seguro lo llevaron preso

El tema de la seguridad alimentaria hizo su ingreso en la literatura económica y también política, como consecuencia de la internacionalización acentuada de la producción de alimentos en la década del 70 del siglo pasado. Países con población numerosa, como India o México, vieron derrumbarse su producción interna frente a la competencia internacional. El NAFTA, por ejemplo, puso fin al autoabastecimiento de maíz que tenía México, que pasó a importarlo de Estados Unidos. De esta crisis nació un movimiento que reivindica un regreso a la producción interna y a la pequeña producción y, más allá de esto, a la lucha contra la modificación genética de las semillas y el uso de agrotóxicos.
La victoria descontada de la producción en gran escala arruinó vastas poblaciones locales, provocó migraciones internas masivas y aumentó considerablemente la pobreza. México perdió el maíz, pero ‘ganó’ las ‘maquiladoras’: el armado de automóviles, a un precio de ganga de la mano de obra, por parte de compañías alemanas, norteamericanas o chinas, con destino a la exportación a Europa, Estados Unidos y Canadá. El país que entró con mayor decisión en la internacionalización de la producción de alimentos fue Argentina, bajo el gobierno de Menem (Duhalde y Kirchner), al punto de reconocer el índice más alto de incorporación (90%) de semilla transgénica. Hasta ahora no se ha escuchado a ningún ‘fan’ de la seguridad alimentaria alentar el cese de las aplicaciones genéticas y diversos pesticidas a la producción argentina. Bajo los doce años del kirchnerismo, el avance de la química en el agro no cesó en ningún momento. El oficialismo no ha hecho siquiera un fugaz comentario al festejo a la reciente legalización, por parte de China, a la importación de alimentos genéticamente modificados.
Como exportador neto de alimentos, Argentina se jacta de poseer una elevada seguridad alimentaria. Lo mismo decía Chávez de la seguridad energética de Venezuela, o Perón con referencia al trigo, que terminó en una aguda escasez de pan hacia fines de los 50. La ‘seguridad’ en materia económica, sin que importe la rama de que se trate, no existe, porque el capitalismo es un sistema de anarquía económica, donde lo que sobra en un momento falta en el otro, transitando por crisis cada vez más severas. Argentina también exporta automotores y eso no la convierte en ‘rodado seguro’, porque lo que tiene que importar para armarlos representa un valor muy superior a los ingresos de exportación del producto terminado. En el rubro agrario, es cierto, todavía existe un excedente entre los insumos que importa y los productos que vende al exterior, pero esto podría modificarse en breve tiempo dado el crecimiento de precios de la industria química internacional, por un lado, y el decrecimiento de los precios y del valor agregado de la exportación.
Varios especialistas en temas agrarios han comenzado a hablar de “capacidad excedente” en la industria agroindustrial. El campo argentino pierde fertilidad debido al monocultivo, falta de rotación y exceso de química. Bien mirado, funciona como una ‘maquiladora’ agraria de la química internacional, o sea que metaboliza la genética y el agrotóxico. Los intentos de añadir el biodiesel a la producción refuerzan esta tendencia, aunque han fracasado por el proteccionismo de Europa y Estados Unidos.
La ‘inseguridad’ capitalista ha crecido con la pandemia y la bancarrota capitalista internacional. Nadie puede conseguir barbijos si no pasa por China, que domina la cadena de producción de la máscara o tapaboca; los demás países deben importar partes del producto o insumos, lo que en la actualidad resulta casi imposible. Por otro lado, todos los gobiernos de los países desarrollados han tomado medidas para evitar que sus ´campeones´ estratégicos sean absorbidos por rivales internacionales, especialmente, ahora, en el rubro farmacéutico, en función del Covid-19 y sus secuelas. El capitalismo es incompatible, históricamente, con cualquier seguridad social. Por eso quiebran los sistemas previsionales y de salud – incluido el más relevante, el de Gran Bretaña. En el capitalismo, para asegurarse hay que comprar un seguro a una compañía de seguros, que seguramente habrá de quebrar, como ya ocurrió con AIG, en 2008, la más importante del mundo.

El turno de una ‘nueva izquierda’

En este marco, la izquierda se ha metido en la polémica esgrimiendo lo evidente: en el país de la seguridad alimentaria la pobreza crece sin parar e incluso, agregamos, la desnutrición. No atribuye, sin embargo, esta pauperización a la decadencia capitalista y las crisis violentas y cada vez más próximas entre sí de las últimas décadas, sino, dice Gabriel Solano (ver Infobae, “La soberanía alimentaria le queda grande al kirchnerismo”), a que los alimentos se encuentran dolarizados y los salarios pesificados. Repite, probablemente sin saberlo, las tesis de los desarrollistas hace sesenta años, cuando iniciaron el ciclo de devaluar el peso y poner retenciones a las exportaciones agrarias. Denunciaban el ´modelo exportador´ porque encarecía lo que llamaban “bienes-salario”, es decir los alimentos y, como consecuencia, los salarios. Era necesario, sostenían, para la industrialización de Argentina, desdoblar el salario local del salario internacional. El intento del desarrollismo, que el peronismo luego intentó hacer suyo, terminó en un completo fracaso. Retomado por el gobierno de Onganía, se hundió con la devaluación de 1969 y el Cordobazo.
Que la izquierda haya retrocedido de un pretendido marxismo al desarrollismo es un salto histórico insuperable, claro que hacia atrás. “Esta contradicción”, dice Solano en Infobae, (“alimentos en dólares y salarios devaluados en pesos”), “es la fuente principal (¡principal!) de creación de pobreza en el país”. No es siquiera un planteo original sino un refrito de Raúl Prebisch, un economista que recorrió todos los intentos de desarrollo de Argentina, desde el derrocamiento de Yrigoyen.
Si el sistema de precios es la ´causa principal´ de la pobreza, el mundo entero debería nadar en la abundancia, desde Estados Unidos hacia abajo. Tres grandes exportadores de cereales, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, deberían estar hundidos en la desnutrición. El hambre y la desnutrición existe en todo el mundo capitalista, en especial en Estados Unidos, donde más de 20 millones de personas viven del ‘stamp’, una tarjeta para comida. Es obvio que la pobreza no es el resultado de una contradicción de las estructuras comerciales, sino del capital y, sobre todo, de las crisis capitalistas.
Para resolver esa contradicción de precios, a Solano no se le ocurre otra cosa que la nacionalización del comercio exterior, gran parte o todo el agro, etc. Propone expropiar el capital para resolver una anomalía del mercado. Es matar un mosquito con un misil. Es obvio, sin embargo, que una vez nacionalizado todo el complejo exportador, la tijera de precios, determinada por el mercado mundial, seguirá intacta. La expropiación del capital y el socialismo no tienen el propósito de estatizar los precios relativos, sino de modificar las condiciones históricas del trabajo por medio de una planificación gestionada por la clase obrera. Si los salarios altos perjudican la industrialización, eso seguirá sucediendo en un sistema estatal. La tesis de Solano, como la de los desarrollistas, es que la industrialización requiere una fuerza de trabajo desvalorizada y un salario inferior a la media internacional. Es eso mismo lo que están haciendo los Fernández.
Solano lo confirma a pleno. Dice: “Se podría conjeturar que una vía distinta para lograr la soberanía alimentaria del pueblo no sería abaratar los alimentos dentro del país, sino aumentar los salarios de toda la población para que pudieran comprarlos a precio dólar. La objeción a este planteo es muy simple: Argentina no puede pagar salarios de ese nivel, porque llevaría a la quiebra a buena parte de su aparato industrial, que no podría sobrevivir con un costo de capital variable tan elevado. Después de todo, el nivel salarial depende de la distribución de la plusvalía entre capitalistas y trabajadores, es decir, de la lucha de clases, pero jamás puede superar el total de la creación de valor en un país”.
Lo transcripto lo suscribiría cualquier directivo de la UIA (y la burocracia cegetista). Obviamente, “el nivel salarial” NO “depende de la distribución de la plusvalía entre trabajadores y capitalistas”, sino que depende del reparto del valor de la producción entre plusvalía, de un lado, y salarios, del otro. Como la tasa de plusvalía en Argentina no ha desaparecido, sino que es, por el contrario, muy elevada, los salarios pueden subir todavía mucho sin quedarse con el valor total del producto, ni provocando la quiebra de nadie. El planteo de Solano es la teoría del ajuste.
El planteo de que un comercio estatizado repartiría de otro modo la renta agraria y la renta extraordinaria de exportación, no beneficia a los trabajadores sino a la burguesía industrial, que se quedaría con una parte de esa renta como consecuencia del abaratamiento relativo de la fuerza de trabajo. Es lo que han hecho todos los gobiernos hasta ahora, en cien años, con instituciones de control o con retenciones. El socialismo no se identifica con políticas de retenciones, IAPI’s, Junta de Granos, o una Corporación de Productores de Carne. Es en particular lo que hizo el kirchnerismo, reforzado incluso por otra pesificación - la de las tarifas. En aquel momento, el Partido Obrero denunciaba que la pesificación de alimentos y tarifas era un subsidio a la burguesía nacional, que lograba el abaratamiento de la fuerza de trabajo. Ahora Solano pide la pesificación porque "la industria (sic) no puede pagar salarios altos". La distancia entre el Partido Obrero de 2008 y el oficialismo del PO actual es, como se ve, cada vez mayor. En Argentina no solamente cae el Producto Bruto por persona – también cae la participación de los ingresos de los trabajadores en ese producto. Cae la parte del capital dedicado a la fuerza de trabajo y sube la plusvalía. También retrocede tendencialmente la participación de la fuerza de trabajo en el PBI, en Estados Unidos. Crece además la miseria social, que es la suma de pobreza, precarización laboral, condiciones de hábitat y la destrucción del medio ambiente. En resumen, es el capital y el estadio histórico de su decadencia.
Recuperar el desarrollismo en una etapa de crisis excepcionales de la economía capitalista, supone una regresión teórica y por lo tanto política. La tendencia democratizante en la izquierda opera como un tumor, es decir que se va apoderando de todo el organismo. Va alumbrando con mayor claridad las delimitaciones políticas que tienen lugar en el campo de la izquierda.

Jorge Altamira
26/06/2020

Grave–Río Negro (Mainque): “ustedes indios de las sierras son unas ratas”

Crianceros de más de 25 años de antigüedad denunciaron al intendente Miguel Petricio de la localidad de Mainque por violentos ataques y amenazas. Petricio se hizo presente, según la denuncia el martes 16 de junio alrededor de las 9 de la mañana junto a camionetas, motoniveladoras, maquinas viales y un grupo de 20 personas con el fin de dar por tierra todo lo que se encontraba levantado en esas tierras. La tierra en cuestión es fiscal, y muchas familias se han trasladado allí, a sabiendas de la falta de servicios públicos, ante la urgencia habitacional que azota a toda la provincia y la localidad. Petricio estaría pretendiendo, como un patrón de estancia, esas tierras para supuestos proyectos que no ha dado a conocer.
En la denuncia pueden leerse los mecanismos propios de Petricio y la vieja escuela peronista de derecha que tanto aflora en la provincia. Atropellos, insultos y prepotencia fueron parte de las palabras lanzadas por el intendente: “esto no va a quedar así, yo voy a volver, si yo quiero pago a dos o tres personas que te hagan cagar con tu familia, porque ustedes indios de las sierras son unas ratas”. Petricio cuenta en sus espaldas con estas denuncias, pero además con otras de vecinos y vecinas del barrio Santa Lucía, que presentaron un amparo judicial para que el municipio cese con la descarga de líquidos cloacales crudos en la zona rural, además pedidos de informes por la obra principal de cloacas local. También pidieron la remediación del basurero a cielo abierto en zona urbana.
Petricio ha tenido durante sus más de 20 años en el poder, al que llegó de la mano de Pichetto, permanentes denuncias por aprietes y amenazas, tanto cuando lo respaldaba el peronismo provincial, como ahora, que lo respalda(ría) Juntos Somos Río Negro. De todos modos, todos los partidos políticos provinciales han acompañado la impunidad que la justicia arroja sobre el intendente (y que se generaliza, como el caso de Ivancich en General Godoy) y no han tomado nunca alguna medida. Tampoco, ni el peronismo ni el oficialismo provincial han actuado nunca ante las denuncias contra el intendente por manejos espurios de los fondos públicos municipales, sin presentar durante años algún tipo de rendición municipal
Vecinos y vecinas de Mainque se han organizando, rechazado y actuado, logrando incluso algunas victorias contra el patrón de estancia Petricio. El debate en la vecina localidad de Mainque crece ante los atropellos y ataques de quienes deberían solucionar las principales necesidades de la localidad, abriendo paso a una salida propia e independiente de la camarilla de Petricio y cía. Petricio tiene que dar un paso al costado, y el Estado y la justicia provincial actuar para dar respuestas de una vez por todas. Por la apertura de los libros municipales del municipio de Mainque, para su conocimiento publico, y así avanzar en un plan de obras populares, como las cloacas o planes de viviendas populares bajo control de los trabajadores/as y la ciudadanía.

Gabriel Musa
Concejal del Partido Obrero de General Godoy

Rectificamos un error cometido en la Legislatura de CABA

Siempre con la causa palestina contra el Estado sionista.

En la sesión del jueves 18 se presentó una tabla para que la Ciudad de Buenos Aires adhiera a la definición de antisemitismo impulsada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Hira). La misma fue votada en un segmento de tablas sin discurso, junto a casi 100 temas referidos a los asuntos más diversos, como ser el pedido para autorizar a paseadores de perros a realizar su trabajo en la cuarentena o el cambio de nombre de un colegio. Se trata de una votación general y en bloque, donde los temas no son analizados por separado. La lista de esas tablas es entregada a la noche del miércoles para ser votadas a la mañana del jueves, sin permitir un estudio a fondo de cada tema, un método absolutamente antidemocrático porque impide cualquier tipo de deliberación y debate.
La tabla referida declara que el “antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a lugares de culto”. Como se ve la definición entraña un problema de fondo. Porque por un lado cuestiona el antisemitismo, pero al hablar de “instituciones” deja abierta la posibilidad de que hasta el Estado de Israel pueda quedar integrado en esa definición que claramente es un Estado opresor del pueblo palestino y gendarme del imperialismo yanqui en Medio Oriente.
El Frente de Izquierda ha venido denunciando la postración al sionismo del gobierno nacional como quedó expresado en el primer viaje de Alberto Fernández a Israel para reunirse con el genocida Netanyahu, quien por estos días avanza con su política de terminar de anexar para el estado sionista a la Cisjordania palestina.
A la luz de lo recién señalado está claro que para el Frente de Izquierda la tabla debía ser votada negativamente. Nuestra lucha a muerte contra el antisemitismo lo hemos desarrollado siempre sobre la base de la denuncia al sionismo y del Estado de Israel, construido a partir de un genocidio y la ocupación y el robo de tierras y bienes al pueblo palestino. Nuestra posición de principios sobre este punto la hemos dejado en claro participando activamente de las manifestaciones que se realizan en nuestro país a la Embajada de Israel y denunciando los permanentes arreglos de todos los gobiernos con el sionismo.
Somos solidarios con el pueblo palestino y su causa. Exigimos la libertad de todos los presos políticos por parte del Estado israelí y todas las demandas palestinas frente a un aumento exponencial de sus penurias desde el surgimiento de la pandemia.
Para dejar clara nuestra posición le mandaremos este texto a la Secretaría Parlamentaria de la Legislatura para informarle cuente nuestro voto de modo negativo.

Myriam Bregman, Gabriel Solano, Alejandrina Barry, diputados de la CABA por el Frente de Izquierda

sábado, 27 de junio de 2020

Vicentin sigue haciéndole goles a los Fernández

Se ha levantado una gran polvareda por la sesión del Senado que votó la formación de una comisión investigadora de las “relaciones crediticias entre el Banco Nación y la empresa Vicentin”. La oposición señala que el proyecto no reunió los dos tercios necesarios, y que su posibilidad de denunciar esa situación fue “cercenada” por CFK. La crisis en torno de esta votación ha roto el acuerdo en torno de las sesiones virtuales.
De todos modos, estamos ante un gran fuego de artificio. La “comisión” se propone investigar algo que ya está completamente claro y difundido, que son las “relaciones crediticias” entre el Nación y Vicentin. Los senadores oficialistas, con CFK a la cabeza, dejaron fuera de la investigación a las empresas off shore de la cerealera o los movimientos contables o dinerarios con las sucursales en Paraguay y Uruguay. La comisión sería una apretada mediática contra el concurso de acreedores que se tramita en Reconquista.
El lío del Senado quiere tender un velo sobre el monumental fracaso del gobierno en la tentativa de expropiación e intervención de Vicentin. Como no tenía los votos para eso en Diputados, ahora desafía a los bloques que rehusaron acompañar la expropiación a que se atrevan a rechazar una comisión que investigue la estafa.
Para salir del rechazo judicial a la intervención del gobierno nacional, los Fernández acogieron el plan del sojero Perotti en favor de una intervención consensuada con el juez concursal, los restantes acreedores y la patronal. Sin resultado, porque el juez del concurso de Vicentin resolvió archivar el plan Perotti. El gobernador de Santa Fe ahora quiere crear un “incidente” judicial apartado del expediente del concurso de acreedores. En buen español, lo cual no modifica la restitución del directorio de la empresa. Animado por esta evolución de la crisis, uno de los directivos de Vicentin, Máximo Padoan, reconocía que continúan las tratativas con Glencore para una venta parcial de los activos de Vicentin, en el marco del concurso. Todavía no aclaró, sin embargo, dónde están los u$s150 millones que recogió de la venta del 16% de la refinería Renova a ese mismo grupo, antes de declararse en cesación de pagos.
El fracaso de la intervención-expropiación oficial devuelve la crisis de Vicentin a un concurso que se encontraba en un completo impasse, después de cuatro meses de trámites. Si la convocatoria se resolviera por medio de una extranjerización de la cerealera, el gobierno quedaría enfrentado a una crisis política mayor, en especial si ocurre antes del arreglo de la deuda externa. Los Fernández no han abandonado la actitud huidiza frente a la quiebra de Vicentin, ya que no responden cómo harán para pagar los pasivos declarados del grupo, que es de u$s1500 millones y los ocultos, de magnitud incierta.

Marcelo Ramal
26/06/2020

Qué tienen en común Wirecard y Vicentín

Wirecard es una de las principales empresas financieras de Alemania. Se dedica a procesar los pagos con tarjeta de créditos (Visa, Mastercard) y los pagos en línea de cadenas de supermercados (Aldi, Lidi); varias aerolíneas y hasta sitios de pornografía en línea. Diariamente procesa decenas de miles de millones de dólares. Compró un banco y se convirtió en una empresa integral de servicios de cobro para sus clientes. Su rápido éxito la llevó a ser considerada una empresa ejemplar en tecnología financiera y fue ubicada como miembro del índice de mayores empresas de la bolsa alemana (Indice DAX).
Los alemanes podían presumir de una empresa líder en tecnología financiera que compitiera con los gigantes de las finanzas mundiales. Su valuación de mercado llegó los 28 mil millones de dólares, que se vino a pique en estos días.
Un olor nauseabundo, para el que nadie tenía olfato
Durante meses el Financial Times denunció las inconsistencias en el balance de Wirecard, ganancias que no se podían demostrar y solvencia dudosa. Lo último fueron sospechas sobre depósitos bancarios que resultaron inexistentes, por cifras que eran la mitad del balance. Se informó que entre las reservas de la empresa figuraba un depósito de 1.900 millones de dólares en un banco de Filipinas. Aunque la empresa defendió su legitimidad, el auditor, una de las mayores empresas del mundo, Ernest&Young, no ha sabido explicar semejante desliz.
Los depósitos resultaron estar respaldados por documentos falsos y las autoridades bancarias dicen que el dinero no está; ahora la pregunta es si alguna vez existió. El hundimiento de Wirecard en la bolsa alemana arrastró al resto de las cotizantes, ante la propagación de temores entre los accionistas.
Aunque las noticias de ganancias dibujadas y fondos inexistentes eran informadas por la prensa, numerosos fondos siguieron invirtiendo y mantuvieron la “confianza” en Wirecard. El fondo alemán DWS invirtió en octubre del año pasado 450 millones de dólares, que hoy se han esfumado.
Las informaciones de fraude contable por parte del FT fueron combatidas por la empresa durante meses, y denunciadas como una campaña contra una empresa alemana. Otra auditora (KPMG) tampoco hallaron los fondos que informaba la empresa.

Inversores impávidos

Pero el fraude no es solo la desaparición de dinero depositado, que todo indica que nunca existió. Las ganancias informadas eran “dibujadas”. Los mayores beneficios de la empresa provenían de empresas fantasmas asentadas en Asia. KPMG necesitó SEIS MESES para descubrir que las informaciones del balance no eran genuinas. Las denuncias que iniciaron esta investigación fueron realizadas por la prensa, los auditores no encontraron evidencias de ellas. Lo que se presentan como empresas “exitosas”, solo son ganancias infladas con préstamos de balances truchos. Los calificadores de riesgo, tampoco advirtieron las falsificaciones del balance.
Los créditos a la empresa no se detuvieron, Los analistas de media docena de bancos siguieron recomendando invertir en la empresa y comprar sus acciones. Varios analistas bancarios incluso pronosticaban subas, el analista de Commerzbank que rechazaba las críticas a Wirecard anunció “una oportunidad de compra”.
Todo cambió en pocas semanas, cuando la empresa reconoció que no puede respaldar las informaciones de sus ganancias ni dar informes sobre los depósitos que habían informado. Confirmando el fraude contable sobre activos inexistentes, el precio de las acciones se desplomó hasta desintegrarse. Las acciones a inicios de año cotizaban en 60 dólares, en estos días han caído debajo de 2 dólares. Una inversión de 1.000 dólares en enero de este año, hoy cotiza a 33,3 dólares.
Cuando quebró el banco de inversión Lehman Brothers su calificación era la mayor disponible - TRIPLE A. Hasta el día anterior a su quiebra, auditores, calificadoras de riesgo, autoridades de control, no advirtieron del mayor fraude bancario de Wall Street.
Si alguien cree que Vicentin es un caso aislado, Wirecard demuestra que hay muchas empresas “exitosas” que se “alimentan” de préstamos bancarios e inversiones, aunque sean una cascara sin nada adentro. Las empresas viven y se desarrolan en un entorno de finanzas amigables, con créditos fáciles y de bajas tasas apoyados por el estado. Antes y durante la pandemia.

Sergio Rivero
26/06/2020

Estados Unidos: la crisis política en punto de ebullición



¿Puede la rebelión popular conquistar sus objetivos?

Las reformas policiales absolutamente parciales dispuestas por Trump, los distintos proyectos en el Congreso y las disposiciones locales no han logrado convencer al movimiento de lucha desatado contra una profunda opresión social que salga de las calles.
Los once asesinados en la represión de este mes. Los cinco hombres negros que aparecieron ahorcados en distintos puntos del país, de Nueva York a Texas y California. Los nuevos casos de brutalidad policial como el de Sean Monterrosa, hijo de argentinos, fusilado por la policía de la ciudad de Vallejo, California, mientras estaba arrodillado y con las manos en la cabeza, supuestamente porque la policía confundió su martillo de carpintero con un arma. O el de Andrés Guardado, un guardia de seguridad de 19 años, de Gardena, California, asesinado por la policía por portar su arma reglamentaria. Las amenazas con sogas anudadas para ahorcar que han aparecido en lugares públicos y que fue dejada al único conductor negro del Nascar. Cada nuevo hecho ha reforzado la disposición a movilizarse, generando nueva convocatorias de centenares o miles para manifestarse.
En Seattle, la zona autónoma de policía establecida alrededor de la jefatura de policía, abandonada por los efectivos, por el momento se mantiene. Una iniciativa interesante es que han emitido un programa de 30 puntos, que cubre desde el planteo de la abolición de la policía y el fin de la persecución judicial para quienes participan en las protestas a demandas sobre el sistema carcelario, educativo, que se congelen los alquileres y que haya acceso gratuito a la universidad. La reunión de asambleas que fijen un programa es una forma de darle voz política a los protagonistas de la rebelión y la base para una unificación del movimiento de lucha en todo el país. Otra zona autónoma se estaría intentando establecer en la zona cercana a la Casa Blanca en Washington DC, donde se realizó la infame represión para que Trump haga una conferencia, posando con una Biblia en una iglesia ocupada por tropa.
Las protestas han llegado a reproducirse en unas 2.000 ciudades y pueblos. Esto incluye manifestaciones en zonas rurales predominantemente blancas, que han sido una sólida base electoral de Trump, y la zona de reclutamiento de grupos racistas, como el Ku Klux Klan u organizaciones neonazis.
Es muy significativo el ingreso de las huelgas y las protestas obreras al proceso de rebelión. El paro activo portuario de la costa oeste, liderado por las seccionales del gremio Ilwu, que se reivindican clasistas, es una de muchas acciones obreras que se inscriben directamente en los reclamos de la rebelión desatada por el asesinato de George Floyd. De conjunto, más de 800 conflictos laborales registrados desde marzo. La mayoría, vinculados con la seguridad frente a la pandemia, a los salarios o despidos, fueron convocados sin participación de la estructura de los sindicatos. La burocracia sindical, que ha precedido un récord de marginalidad de afiliación sindical, adaptándose a la precarización laboral, se está pasando a un coqueteo sin compromiso con la rebelión, promoviendo declaraciones o medidas simbólicas para no quedar descolocados.

Un comandante en jefe sin soldados

Trump trató de reenfocar la pelea política hacia las elecciones, forzando una agenda de actos de campaña cuando en muchos estados sigue rigiendo la cuarentena.
El fracaso de su acto de lanzamiento en Tulsa retrata el grado extremo de aislamiento de Trump en el propio Estado norteamericano. Hemos asistido a una muestra tras otra de la ruptura de la cadena de mando. Empezando por la negativa del mando militar a involucrar a las fuerzas armadas en la represión. Siguiendo con los sucesivos fallos de la Corte Suprema en favor de derechos de la comunidad Lgbti e inmigrantes, equivalen a un desaire a Trump o a la preparación de una adecuación a una nueva etapa política.
La crisis con el intento de hacer renunciar a Geoffrey Berman, fiscal federal encargado del área de Nueva York, expresa la misma tendencia. Berman negó el anuncio del fiscal general William Barr de que él había renunciado a su cargo, forzando a Trump a destituirlo. La decisión estuvo basada aparentemente en que Berman, que había apoyado a Trump en 2016, estaba investigando a distintos socios políticos y económicos del presidente. En el libro de John Bolton, ex consejero de Seguridad nacional de Trump, que se está dando a conocer en estos días contra los intentos legales del gobierno de impedirlo, se le adjudica a Trump la decisión de colocar gente de confianza en esa fiscalía para frenar una investigación contra el banco turco Halkbank, a pedido del presidente Tayyip Erdogan. Lo seguro es que ha dado lugar a nuevas denuncias de un intento de copamiento de la Justicia y a que la comisión de Justicia de la cámara baja del Congreso empiece a emitir citaciones a declarar sobre el tema.
El control de Trump del Partido Republicano está fuertemente cuestionado. A la declaración del ex presidente George W. Bush de que no apoyaría la campaña de Trump, siguieron derrotas internas de los candidatos favorecidos por Trump en las internas de Virgina, Carolina del Norte y Kentucky.
Trump publicó un tweet planteando su disposición a reunirse con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Dirigentes republicanos, como el senador Marco Rubio, de Florida, donde están asentadas las comunidades de emigrados derechistas de Cuba y Venezuela, salieron a diferenciarse de los dichos de Trump, preocupados por un nuevo retroceso en una disputa electoral de resultado dudoso en el Estado.
Todas las encuestas difundidas marcan un crecimiento de la ventaja de Biden, entre un 8 y un 15% a favor. Un cálculo reciente de la revista Economist ha colocado un 13% de posibilidades de que Trump reúna los delegados para conquistar el colegio electoral, con grandes probabilidades de perder estados que fueron clave para su victoria en 2016, como Florida, Michigan o Wisconsin.
Hasta noviembre resta todavía la pelea por la propia organización de las elecciones en la cuarentena, tanto en la posibilidad de votar a distancia como en la distribución de urnas en cada distrito. Esta pulseada por el control de los comicios promete sumar un incidente importante a la crisis política en curso.

Biden, una nulidad en ascenso

Biden está subiendo en las encuestas como beneficiario del impacto de la crisis del manejo de la pandemia y la rebelión contra Trump, no por méritos propios ni un entusiasmo con su programa. El silencio de Biden ayuda a esconder la agenda rabiosamente empresarial que ha defendido toda su vida, evitando desmentir el piropo que le dedicó Noam Chomsky, partidario de Sanders y su Internacional Progresista, que promovió el voto a Biden porque este es un “envase vacío” que carecería de programa propio.
Cada vez más sectores de la clase dominante han decidido soltarle la mano a Trump. La permanencia del magnate en el poder es un factor revulsivo que está haciendo crujir el conjunto del sistema político y puede volverlo ingobernable. La rebelión sigue en desarrollo, con una radicalización de masas que no se ha visto en sesenta años. Este escenario ha terminado por barrer definitivamente el ensayo bonapartista, intentando armar un régimen de poder personal, con el que arrancó su mandato.
Pero el cambio de mando que se prepara para la Casa Blanca, no resuelve de ninguna manera los problemas de fondo que han llevado a esta rebelión. Estamos en presencia de una decadencia histórica de Estados Unidos, lo cual se ha potenciado con el salto que ha pegado la crisis capitalista mundial y, más aún, luego del estallido de la pandemia. El “América first” de Trump no ha logrado detener en estos cuatro años una disminución del declive en la capacidad de dominación hegemonica de la burguesía norteamericana a nivel global en términos económicos, una pérdida de posiciones militares y un descenso de la pérdida de la autoridad política de su Estado sobre las masas de su país.

Izquierda demócrata

En este contexto, el desarrollo de la izquierda demócrata merece un balance. La victoria de Alexandra Ocasio-Cortez en las primarias de Nueva York contra candidatos con financiamiento millonario de Wall Street, que se extendió a la victoria de otros candidatos izquierdistas para diputados en la zona como Jamaal Bowman, son una muestra de una radicalización de la posición política. Pero la apuesta a meter al movimiento de lucha atrás de los partidos políticos del régimen es un camino de cooptación y colaboración con los opresores. La mejor prueba de eso es que más allá de la participación indudable de los militantes de base de los demócratas socialistas y organizaciones parecidas en la rebelión, esta corriente no tiene estrategia ni iniciativa alguna frente a la rebelión y la enorme crisis nacional de la cuarentena y la depresión. La dedicación exclusiva de su dirección y estructura a las tareas electorales (y alguna presentación parlamentaria) en el contexto de esta conmoción nacional muestra que el arribismo y la integración al Estado son mutuamente excluyentes con la construcción de una organización revolucionaria. La necesidad de miles de militantes de construir una organización política que exprese los intereses sociales de la clase obrera tiene como punto de partida la conformación de un partido independiente. Sólo rompiendo con el régimen político de la burguesía yanqui y sus partidos demócrata y republicano podemos desenvolver una lucha común los oprimidos en Estados Unidos y los que se enfrentan a su dominación imperial en el mundo.

Por cada protesta, una asamblea

Muchos militantes de esta izquierda posibilista vienen insistiendo en que la rebelión “ya ganó”. Y muestran las reformas parciales instituidas o prometidas, los cambios cosméticos o donaciones solidarias dispuestos por organizaciones deportivas o empresas como muestras de que “la rebelión ya tiene sus conquistas”. Esto coincide sospechosamente con la voluntad de desmovilizar y canalizar la oposición a Trump en los candidatos del Partido Demócrata.
La rebelión efectivamente ha obligado al Estado y las clases dominantes a retroceder en miles de aspectos parciales. Y esto muestra la gran fuerza que ha desplegado. Pero las causas de la rebelión en la opresión capitalista, la destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora y la cuota especial de esta opresión que sufren los negros y otras comunidades de color en la estructura social de Estados Unidos están lejos de ser superadas. El proceso de crisis capitalista reforzará estas tensiones en el futuro, con un gobierno capitalista de cualquier signo. La militarización de las fuerzas policiales y la violencia sobre los trabajadores y los pobres sirven para sostener esta realidad. La política de desmovilización intenta defender este status quo con concesiones simbólicas.
Para lograr una victoria del movimiento, deben replicarse los Seattle y los Ilwu. Asambleas que definan acciones de lucha y programa de las demandas democráticas, sociales y económicas de los explotados en cada pueblo, barrio, lugar de trabajo, sindicato y lugar de estudio. Unificar la lucha de todos los explotados. Derrotar a Trump hoy sin esperar a noviembre. En este camino, los trabajadores y explotados del mundo entero saludamos a la vanguardia de la rebelión, que discute, elabora, actúa y se reagrupa en el curso de la revuelta popular en Estados Unidos.

Guillermo Kane

viernes, 26 de junio de 2020

El rebrote chino y las olas del Covid-19



La aparición de un rebrote del coronavirus en la capital china despertó los temores a una segunda oleada de la enfermedad en el gigante asiático. Entre el 11 y el 21 de junio, en Beijing hubo más de 200 casos positivos, poniendo fin a casi dos meses sin casos domésticos. El brote se habría originado en el mercado de Xinfadi, que abastece del 70% de los alimentos a la capital china.
Las autoridades impusieron una cuarentena en las zonas próximas al mercado donde se produjeron las infecciones e implementaron testeos masivos. Aseguran que todos los casos están relacionados a dicho lugar; o sea, que la enfermedad estaría relativamente circunscripta y controlada, pero habrá que esperar los resultados de los testeos masivos. En cualquier caso, el gobierno mismo reconoce que se trata del peor brote desde febrero.
El rebrote chino es una severa advertencia contra cualquier triunfalismo respecto del Covid-19. Y muestra, a la vez, que el combate de una pandemia precisa de una estrategia global, algo que el mundo capitalista, con las potencias enfrentadas entre sí y un “sálvese quien pueda” de los diferentes Estados, no puede ofrecer.

La marea del Covid-19 y sus olas

A pesar de la desaceleración de los contagios en Europa, no es correcto decir que la “primera ola” de la pandemia haya sido superada. El 19 de junio hubo un récord de 176 mil casos globales, contra 91 mil del mismo día del mes pasado. En todo caso, lo que corresponde es analizar el desplazamiento de la enfermedad, cuyo epicentro ha pasado a ser el continente americano, lo cual en cierto modo se explica porque es adonde llegó última. Estados Unidos, con más de 100 mil muertos, sigue siendo el país más afectado. Aunque la cantidad de casos diarios, no ha vuelto a llegar al pico de casi 37 mil casos del 24 de abril, se producen más de 20 mil casos por día. El foco de la enfermedad, según algunos medios, se habría desplazado de Nueva York a algunos estados del sur y del oeste.
En América Latina, según los datos que ofrece el mapa de la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos, Brasil -el segundo país más afectado- tuvo el 19 y 21 de junio cifras récord de más de 50 mil casos. México tuvo más de 5 mil infectados el 21, contra 3 mil del mismo día del mes anterior.
Al mismo tiempo, el virus está creciendo en países importantes de Asia y Africa. En la India, la enfermedad viene experimentando un crecimiento sostenido y superó los 15 mil casos diarios el 20 de junio. En este país, los trabajadores de la salud denuncian la falta sistemática de equipos de protección personal. Pakistán registró 12 mil casos diarios el 14 de junio, contra 3 mil del mismo día del mes anterior. La tendencia también es creciente en Bangladesh, que alcanzó los 20 mil casos el 17, contra 1.300 del mismo día del mes anterior. También crece la curva de contagios en Indonesia. En el Medio Oriente, Arabia Saudita registró casi 5 mil casos el 17 de junio contra casi la mitad del 17 de mayo. Irak tocó los 2 mil casos el 20, contra poco más de 100 del mismo día del mes pasado.
En el continente africano, Sudáfrica superó los 20 mil casos el 20/6 (durante el mes de mayo apenas había superado las 2 mil infecciones diarias) y en Egipto las cifras se duplican respecto al mes pasado.
A estos países hay que prestarles particular atención porque son mucho más vulnerables que los países europeos desde el punto de vista sanitario y de las condiciones de vida de su población. Por eso, el más mínimo foco puede desatar una catástrofe. Al respecto, vale señalar que ya se produjo un caso positivo en uno de los campamentos de refugiados de los rohingya, la minoría de origen musulmán perseguida por el gobierno de Myanmar. En esos centros ubicados en Bangladesh se albergan más de 800 mil personas en condiciones de hacinamiento (con una densidad de 40 a 70 mil personas por km2) y dificultades para el acceso al agua potable. Del mismo modo, en Nigeria se advierten sobre las consecuencias calamitosas del potencial ingreso de la enfermedad en los campos de refugiados del norte del país.
Pero volviendo a Europa, así como el ingreso tardío a las cuarentenas y el ajuste previo sobre los sistemas de salud volvieron a la enfermedad mucho más mortífera, ahora se procede a un peligroso discurso sobre el presunto éxito de haber controlado la enfermedad, que es funcional al levantamiento general de restricciones, incluyendo la apertura de fronteras, que reclama la clase capitalista. Este discurso subestima las posibilidades de un rebrote, como el que se acaba de producir en China. La población europea tiene apenas un 5% de su población infectada, lo que está lejos de la “inmunidad de rebaño” requerida para neutralizar la enfermedad.
Cabe recordar, a este respecto, que la gripe española, la fulminante pandemia que se cobró la vida de 50 millones de personas entre 1918 y 1920, fue especialmente mortífera en su segunda e incluso su tercera oleada. Una estrategia seria frente al Covid-19 exige, como punto de partida, tener presente la gravedad de la situación que el mundo está enfrentando. Bajo la forma de nuevos brotes, de una segunda oleada, e incluso de la transformación del Covid-19 en una enfermedad endémica, el continente europeo puede verse otra vez azotado.
Por todo esto, se vuelve particularmente urgente el desarrollo de alguna cura de la enfermedad, pero la investigación de una vacuna aún está en fases preliminares y es campo de choques entre Estados y monopolios.

El impacto económico

El rebrote chino produjo inquietud y una leve caída en las bolsas asiáticas. Es que si el escenario económico ya es penoso con las proyecciones actuales, una segunda oleada en este país y en el continente europeo, que obligue a sus gobiernos a volver a imponer medidas de aislamiento social, haría más catastrófica la situación. La OCDE ha elaborado dos escenarios. En el más optimista, 2020 terminaría con una caída del 6% del PBI global y un desempleo del 9,2% (casi el doble del de fines de 2019). En caso de un rebrote y un endurecimiento de las cuarentenas, la caída del PBI se extendería al 7,6% y el desempleo ascendería al 10%.
La gravedad de la pandemia, de la que a nivel global ni siquiera hemos pasado aún su primera ola, refuerza la necesidad de un programa de los trabajadores, que parta de la centralización de los sistemas de salud y la protección de su personal, y que incluya una agenda de medidas para que los trabajadores no paguen las consecuencias económicas: prohibición de despidos, pago íntegro de los salarios, seguro al parado, comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y los barrios.
La pandemia ilustra el fracaso del capitalismo y muestra de manera urticante la necesidad de otro tipo de organización social.

Gustavo Montenegro

jueves, 25 de junio de 2020

Deuda privada: Argentina es una gran Vicentin



Uno de los más interesados en que se acelere un arreglo con los bonistas es el empresariado nacional. Está muy en el candelero la deuda pública, pero viene pasando relativamente desapercibida la deuda privada, que llega a la friolera de más de 80.000 millones de dólares.

En el “sector privado no financiero”, la mayor parte del endeudamiento es por créditos y anticipos comerciales que totalizan 50,4 mil millones de dólares. Semejante cifra ya nos da una idea de que lo de Vicentin está lejos de ser una excepción. Tenemos una parte de las empresas en una situación económica seriamente comprometida. La deuda que señalamos se refiere al giro comercial. Dicha deuda, que en condiciones “normales” se renueva, tropieza con dificultades crecientes para refinanciarse y lo viene haciendo a plazos cada vez más cortos y a un costo más elevado.
Esto es lo que explica que paralelamente a la deuda comercial crezca la deuda financiera. Los títulos y préstamos en el exterior son otros 27.600 millones de dólares (aquí se incluyen ya líneas de créditos de los bancos), de los cuales 2.300 millones de dólares vencen antes de fin de año y otros 4.100 millones en 2021. En total, 6.440 millones de dólares en 18 meses.

Modus operandi

Esto incluye obligaciones negociables en dólares y deuda en dólares de las empresas con bancos locales, básicamente para financiar exportaciones por unos 7.600 millones de dólares. Viene al caso señalar que los cerca de 290 millones de dólares que Vicentin adeuda al Banco Nación son apenas el 3,8% de esa suma. Esto pone de relieve que la operatoria, que en el caso del grupo santafesino provocó un gran revuelo político, es moneda corriente e involucra también a la banca estatal. El Banco Nación y el resto de la banca pública debería dar conocer la lista de deudores, y probablemente tengamos la evidencia de un gran desfalco, que estamos frente a un modus operandi del conjunto de la burguesía y, en especial, de los grupos líderes.
Los mecanismos que han salido a la luz con el caso Vicentin se replican en las cerealeras, perjudicando a los productores agropecuarios a quienes se les pedalea el pago y terminan cobrando precios sensiblemente inferiores respecto de los que dichas corporaciones comercializan los productos. A lo que se agrega las maniobras de sobrefacturación y subfacturación, y el contrabando liso y llano por medio de una triangulación con empresas fantasma radicadas en Paraguay y Uruguay. Pero esta práctica se extiende a los grandes pulpos de otras ramas de la economía.
No se nos puede escapar tampoco la fuga de capitales. En los 50.000 millones de dólares que señalamos como deuda comercial se incluyen créditos entre empresas relacionadas. Esto también es materia de manipulación, pues en lugar de invertir directamente las casas matrices optan por hacerlo en forma de crédito, lo que viene siendo utilizado para enmascarar giro de utilidades y sortear las limitaciones vigentes. Es la vía para obtener dólares al tipo de cambio oficial “baratos”, desplumar las reservas del Banco Central y provocar una hemorragia de divisas al exterior. Y, al mismo tiempo, para inflar gastos en concepto de intereses y reducir sus utilidades o fabricar pérdidas, y de esa forma evadir impuestos.
Las propias empresas, en reiteradas oportunidades, están de los dos lados del mostrador. Esto es una razón más para que se abran los libros de las empresas, sus cuentas, y que su movimiento productivo, comercial y financiero sean sometidos al escrutinio popular y de los trabajadores. Repudiar la deuda espuria y evitar que este manejo fraudulento termine de provocar un vaciamiento de las empresas, dejando un tendal de deudas y dejando en la calle a miles de trabajadores. Este desfalco, sin embargo, se ha vuelto cada vez más insostenible en el tiempo, pues es el propio Estado el que está en concurso de acreedores y de conjunto, la economía nacional está en colapso, atravesada por la crisis capitalista y la pandemia. El Estado no tiene los recursos ni la capacidad para un salvataje generalizado y resta ver si reúne las condiciones para hacerlo por Vicentin. Lo cierto es que hay un pelotón de empresas que están pidiendo pista para presentarse en convocatoria cuando se reabran los tribunales. Por lo pronto, ya han cerrado sus puertas Molinos Cañuelas y Latam, entre otras.

A favor de los bonistas

Expuesto este panorama, no debe sorprender que los principales grupos empresarios se hayan convertido en uno de los lobbistas más insistentes para que el gobierno cierre un acuerdo con los acreedores, cediendo a sus exigencias y condicionamientos leoninos. La masa de acreedores de la deuda incluye accionistas y dueños de las empresa locales, que integran la burguesía nacional. Pero, aparte de ello, el interés es que un arreglo podría refinanciar sus deudas y abrirles las puertas a un nuevo ciclo de endeudamiento. Primeras en la fila para capitalizar un eventual nuevo acuerdo se encuentran YPF, que tiene agendado un vencimiento de 1.000 millones de dólares en marzo; Pan American Energy, la petrolera de los Bulgheroni, tiene el propio en mayo, por 300 millones de dólares, mientras que, en junio, Telecom y Edesa suman otros 500 millones de dólares. Ya a principios del segundo semestre se anotan los vencimientos de Mastellone y Raghsa.
No podemos perder de vista que existe una gran liquidez internacional y las empresas argentinas podrían atraer hacia el ámbito privado alguna porción de esos capitales ociosos internacionales, que muy probablemente sean reticentes en prestarle al Estado. En una reciente reunión vía zoom con el ministro Martín Guzmán, organizada por el petrolero Miguel Galuccio,”varios de los más grandes empresarios de la Argentina insistieron en la necesidad de que el país alcance rápidamente un acuerdo con los acreedores (…) a diferencia del gobierno nacional, muchas de las más grandes compañías tienen expectativa de recuperar cuanto antes el acceso al crédito en el mercado de capitales global” (Infobae, 2/6)
A la hora de analizar el hipotecamiento del país no se puede circunscribir a la deuda estatal. La experiencia indica que la deuda privada termina siendo estatizada. El de Vicentin es un buen ejemplo, pues mientras, por un lado, el gobierno proclama una quita de la deuda en nombre de su sustentabilidad, no tiene el menor reparo en cargarle al Estado los pasivos por 1.300 millones de dólares de dicha empresa. Los trabajadores deben tomar nota de este escenario, pues el caso de la cerealera en concurso es aleccionador de cómo funciona el Estado capitalista, que termina siendo un factor crucial en el despojo del ahorro nacional y en la transferencia de ingresos en favor la clase capitalista. Estamos en presencia de un salvataje del capital en crisis -y no tan en crisis- que , por otra parte, es inviable, pues se trata de una deuda impagable. Es necesario invertir la fórmula. En lugar de privatizar los fondos públicos, los mismos deben ser utilizados para una reorganización del país sobre nuevas bases sociales bajo la dirección de los trabajadores, dando satisfacción a las grandes y perentorias necesidades populares.

Pablo Heller